Nematini Vladimir Acevedo Silva
Durante el periodo que ya lleva la cuarentena provocada por el COVID-19, me ha tocado escuchar el testimonio tanto de manera directa y a través de las distintas redes sociales, de cómo mujeres y hombres han perdido sus empleos o en su caso, han visto reducidas sus horas de trabajo, teniendo como consecuencia que su fuente de ingreso se vea disminuidas de gran manera, lo cual les conlleva grandes repercusiones.
Su preocupación es totalmente legítima ya que en México la mayor parte de las y los jóvenes que han pasado por un viacrucis para conseguir aquel empleo en el que si bien, no contaban con seguridad social, prestaciones de ley, perciben bajos salarios o peor aún, habían sido subcontratados, esa fuente de trabajo les era útil para sufragar diferentes pagos como el de la colegiatura, comida, ropa y alquiler.
Según los datos más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tan solo durante el mes de abril el país perdió un total de 555,247 empleos formales, lo que significó unos 18,500 despidos diarios en promedio. A estas se suman las 130,593 bajas laborales en el mes de marzo, con lo cual se tiene que en total en esos dos meses se han contado un total de 685,840 despidos netos.
En contraparte, el IMSS informó que entre la población menor de 29 años el empleo registró una caída anual del 6.8%, es decir, la mayor entre todos los rangos de edad. Es decir, de los 685,840 empleos formales que desparecieron en los meses de marzo y abril, un total de 375,714 plazas pertenecían a menores de 29 años.
Esta situación es sumamente alarmante, ya que corre el riesgo de que sea la población juvenil quien se conviertan en el sector más pobre o en su caso, que sean quienes pasen a sumarse al sector informal.
Hasta el momento el Gobierno Federal no ha implementado estrategia alguna para poder contener esta tendencia de desempleo que va al alta y que afecta a cientos de miles de jóvenes, quienes miran profunda tristeza su ya de por sí, su raquítica situación financiera. Y en caso de que no se formule alguna solución a este problema, las consecuencias pueden durar por años.
Sin embargo, la administración morenista ha señalado que será a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el medio idóneo con el cual se combatirá el desempleo que ha originado el COVID-19, afectando así al sector juvenil. Pareciera que si bien este programa que actualmente beneficia a un total de un millón 317 mil 833 jóvenes, el cual pertenece a una pequeña parte de los 30 millones 600 mil jóvenes que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGÍ), no resolverá los problemas de pobreza, desigualdad o desempleo, esto en palabras de Dayra Vergara, Coordinadora de Jóvenes Construyendo el Futuro.
A esta situación también se suma la deserción escolar de miles de chicas y chicos, quienes, al verse limitados económicamente para pagar sus respectivas colegiaturas, abandonarán sus estudios y, por ende, sus aspiraciones a encontrar un puesto de trabajo mejor remunerado se verán imposibilitado.
Así mismo, parte de esta problemática recae también en los gobiernos locales, quienes, al no contar con programas emergentes y políticas públicas adecuadas, tratan de sofocar esta problemática con microcréditos, los cuales a falta de un empleo son imposibles de poder liquidar a largo plazo. Los mismo ocurre con el Gobierno de la República, con sus “Tandas para el Bienestar”, ya que, al vivir en un estado de incertidumbre financiera, se corre el riesgo de contraer una deuda que, en vez de servir como un beneficio, terminará siendo una problemática a la larga.
A esto se suma lo que se señala en el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual refiere que “La pandemia inflige un triple impacto sobre los jóvenes. No sólo destruye sus empleos, sino también su formación, y coloca grandes obstáculos en el camino de quienes buscan entrar en el mundo del trabajo o de cambiar empleo”.
A consecuencia de esto, es imperativo que el gobierno mexicano empiece a trabajar realmente en políticas públicas integrales, mediante las cuales se tenga como objetivo principal, el garantizarles a las y los jóvenes un empleo o en su caso, analizar la forma por el cual se puedan modificar y ajustar los programas actuales para que, a través de estos, se puedan ofrecer las plazas requeridas para disminuir el alto índice de desempleo que hay en nuestro país.
A la par, se debe coincidir con las distintas agrupaciones patronales para que estas puedas ofrecer mejores oportunidades de empleo, con una mayor remuneración, capacitación continua y una política de no discriminación hacía los jóvenes que ingresen a sus filas, ya que son las empresas quienes al valerse de la inexperiencia de estos la usan para dar por terminada su relación de trabajo, valiéndose pues de prácticas abusivas.
Es necesario que el gobierno de México ponderé el bienestar social de sus jóvenes con aquellos proyectos de desarrollo que en el contexto actual que ha impuesto el CORONAVIRUS, deberían de ser pausados justamente. El estado tiene la oportunidad histórica de cambiar el futuro de las y los jóvenes que tanto anhelan.
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