El uso excesivo de la prisi贸n preventiva pone en entredicho la credibilidad en el sistema de justicia

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Adri谩n Ortiz Romero Cuevas

A pesar de que en 2016 se concret贸 en M茅xico un cambio fundamental en el sistema de justicia penal, hoy pareciera que, con el abuso en el uso de la figura de la prisi贸n preventiva oficiosa y justificada, vivimos un complejo proceso de regresi贸n y estancamiento en el cumplimiento del principio de progresividad en el goce de los derechos fundamentales de las personas. Quien paga los platos rotos, en todos los casos, es por un lado la ciudadan铆a que ve inerme, c贸mo se vulneran sus derechos m谩s b谩sicos; y, por el otro, los paga el nuevo sistema de justicia que r谩pidamente pierde credibilidad y legitimidad frente a esta circunstancia.

En efecto, en los 煤ltimos tiempos hemos visto casos paradigm谩ticos relacionados con la justicia penal, como el de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, o el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. A la primera, se le ha mantenido en prisi贸n a pesar de que por todos lados existen evidencias de lo innecesaria y violatoria de derechos que resulta esa medida cautelar; mientras que al segundo se le permiti贸 un trato de privilegio hasta que el peso de las acusaciones, la presi贸n ciudadana, y la imposibilidad de cumplir con los par谩metros del criterio de oportunidad, hicieron que el Estado se viera pr谩cticamente obligado a mantenerlo en prisi贸n.

A Rosario Robles, el 13 de agosto de 2019 le fue dictada la medida cautelar de prisi贸n preventiva justificada, al considerar el juez de la causa que exist铆a riesgo de que se fugara. En su defensa ella present贸 diversos medios de prueba relacionados con el arraigo en su domicilio y su voluntad de someterse al proceso penal voluntariamente. El Ministerio P煤blico present贸 documentos que luego fueron calificados como alterados, con los que sosten铆a que Robles no ten铆a un domicilio fijo y que por sus relaciones pol铆ticas y empresariales exist铆a alto riesgo de fuga. 

Han pasado m谩s de dos a帽os, en los que su defensa jur铆dica ha combatido diversas determinaciones de los sucesivos jueces que han conocido del procedimiento, pero de todos modos no ha habido el eco esperado para que se le dicte una medida distinta a la prisi贸n preventiva justificada. A ella se le acus贸 de la comisi贸n de los delitos de ejercicio indebido del servicio p煤blico, y omisi贸n, los cuales bajo los par谩metros tradicionales no eran considerados como delitos graves. A pesar de ello, bajo la l贸gica del nuevo sistema de justicia penal 鈥攓ue se supone que es m谩s garantista鈥, lo que deb铆a jugarle a favor r谩pidamente se torn贸 en su contra. 

En contraparte est谩 el caso de Emilio Lozoya. A 茅l se le acusa de haber recibido sobornos por 6 millones de d贸lares de Odebrecht y lavar 1 mill贸n 385 mil d贸lares en el sistema financiero. La Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) dice tener pruebas para demostrar que Lozoya recibi贸 m谩s de 9 millones de d贸lares en sobornos por parte de la constructora brasile帽a, y que el dinero se ocult贸 en empresas fachadas donde estar铆an involucrados familiares. Y se espera que en los pr贸ximos d铆as la FGR presente la segunda acusaci贸n formal en contra de Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, causa penal en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de d贸lares para que Pemex comprara a sobreprecio una planta chatarra.

LA JUSTICIA, CASTIGADA 

驴Cu谩l es la diferencia entre uno y otro? Que mientras a Robles se le ha mantenido en prisi贸n por m谩s de dos a帽os, a pesar de que existen innumerables evidencias de que esta es una medida excesiva, comenzando porque ella voluntariamente se present贸 ante el juez a conocer las acusaciones penales que se hab铆an formulado en su contra; en contraparte, y a pesar de que Emilio Lozoya fue capturado en Espa帽a y extraditado a M茅xico, al llegar a nuestro pa铆s recibi贸 un trato de privilegio, se le permiti贸 inicialmente no pisar la c谩rcel e incluso 鈥攁unque se dijo que estar铆a recluido en prisi贸n domiciliaria鈥 no se le dict贸 medida alguna que le impidiera salir a la calle. Fue s贸lo la difusi贸n de fotograf铆as en las que el ex funcionario pe帽ista depart铆a con amigos en un lujoso restaurante en la Ciudad de M茅xico, lo que llev贸 a la Fiscal铆a a solicitar el cambio de medida, y de trato, a este personaje que pr贸ximamente ser谩 juzgado, pero al que se le hab铆a dado trato de privilegio.

Todo esto 鈥攁dem谩s de los casos locales, como el del ex Rector de la UABJO, al que la v铆spera se le dict贸 prisi贸n preventiva justificada, en un caso aparentemente de poca trascendencia y cuant铆a, pero en un contexto pol铆tico por dem谩s complejo鈥 hace pensar que, a pesar del cambio de paradigma del sistema de justicia penal, de todos modos, se siguen utilizando los mecanismos judiciales como ariete para resolver asuntos pol铆ticos o para perseguir a personajes determinados. El problema es que, en todo esto, lo que queda claro es que la gran sacrificada sigue siendo la propia justicia, porque si el nuevo sistema de justicia acusatorio se implement贸 para fortalecer la confianza de la ciudadan铆a en el sistema, ahora queda claro que su utilizaci贸n bajo par谩metros distintos puede generar problemas mucho m谩s complejos de los que pretend铆a resolver.

Pues todo parte de la idea err贸nea de la llamada 鈥減uerta giratoria鈥, bajo la cual ahora se justifican decisiones que no resultan del todo claras como mantener en prisi贸n a una persona que bien podr铆a continuar sujeta a proceso, pero sin implicar el derecho a la libertad personal que, se supone, deb铆a ser defendido hasta el l铆mite de las capacidades.

Y es que, a quienes se帽alan al sistema acusatorio como una 鈥減uerta giratoria鈥 habr铆a que recordarles que el Ministerio P煤blico tiene la facultad de solicitar prisi贸n preventiva para cualquier caso en el cual la consideren necesaria. Sin embargo, a diferencia del sistema anterior, la determinaci贸n de la prisi贸n preventiva no ocurre en autom谩tico, sino que debe ser discutida con evidencia que pruebe la existencia de la posibilidad de fuga o de un riesgo para el proceso, la v铆ctima o los testigos. 

El hecho de que esto no ocurra no es culpa de fallas en el dise帽o normativo sino consecuencia de deficiencias institucionales que son responsabilidad directa de las autoridades que hoy critican al modelo. Los ministerios p煤blicos requieren fortalecer sus capacidades para integrar investigaciones s贸lidas, as铆 como argumentar frente al juez de forma convincente sobre la medida cautelar necesaria. Esto 煤ltimo resulta casi imposible si consideramos que, salvo honrosas excepciones, las unidades de servicios previos al juicio -encargadas de generar la informaci贸n para determinar la medida cautelar- brillan por su ausencia tanto en el 谩mbito local como federal.

EPITAFIO 

Lo pol铆tico debe dirimirse en la arena pol铆tica y, como Perogrullo, lo judicial en el 谩mbito de la justicia. Seguir pensando en resolver lo pol铆tico a trav茅s de la justicia es seguir condenando a M茅xico al atraso y los resquemores que tanto da帽o nos han hecho como sociedad.

@columnaalmargen

@ortizromeroc

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