+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

La historia de la magistrada Frida

Date:

Una lucha contra el autoritarismo desde el litigio estratégico

Edgar Adair Pérez Ortiz 

Frida Jiménez Valencia es una mujer y abogada oaxaqueña con amplia experiencia en el servicio público. Siempre buscó compatibilizar su trabajo con la importante actividad de madre de familia. Fue jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca durante más de 10 años. Como jueza impartía justicia con sabiduría y equidad.  

En el año 2011, el gobernador Gabino Cúe, la propuso, por su perfil incorruptible, para ser magistrada de un recién creado Tribunal de Fiscalización. El congreso ratificó la propuesta y la designó por un plazo de ocho años. 

El perfil de Frida era garantía de un gran trabajo. 

Aun cuando su nombramiento está fechado el cuatro de marzo de 2012, el Tribunal de Fiscalización inició labores el 21 de marzo de 2014, por lo que el plazo de ocho años vencería el día 21 de marzo de 2022.

En el 2015, el Tribunal de Fiscalización sé integró al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Durante seis años hizo un gran trabajo que incomodó a sus pares. Analizaba sus asuntos con equidad y justicia y eso no era del agrado de los demás integrantes del tribunal. 

Por su actuación imparcial, sufrió violencia de género y discriminación.  En las actas de las sesiones aparecen las manifestaciones de Frida levantando la voz por sus derechos. 

Pero el extremo de violencia llegó el día cuatro de marzo de 2020: la presidencia del TJA le notificó que había concluido su encargo, no obstante que le faltaban dos años de ejercicio y la posibilidad de ser reelecta.

Nada de eso importó a la presidencia del TJA. Se le impidió ingresar a su oficina. En su pequeño espacio de trabajo quedaron resguardados su computadora portátil y sus objetos personales. Nunca se los devolvieron.

La explicación que recibió es que el gobernador en funciones necesitaba espacios para darle trabajo a sus amigos. Entonces, Frida inició la lucha por sus derechos: el derecho como mujer a desempeñar el cargo de magistrada por el tiempo que el Congreso la designó. 

Varias veces pensó en iniciar una huelga de hambre y protestar en las plazas públicas.

Pero optó por la lucha jurídica: promovió un juicio de amparo. Con Mariana Yáñez y Carlos Morales, abogados especialistas en derechos humanos de Litigio Estratégico Indígena A.C. ¾asociación que busca materializar derechos de las víctimas, medio ambiente y defensa de servidores públicos¾ luchó codo a codo para que la demanda de amparo fuera admitida. 

Todo se agravó por la pandemia. 

Durante cinco meses, las oficinas del Poder Judicial de la Federación estuvieron cerradas. La incertidumbre siempre estuvo presente, pero no fue motivo para abandonar la lucha.

El trabajo fue arduo. El juicio de amparo duró casi tres años. El argumento central ha sido que Frida tiene un derecho que proviene del derecho internacional de los derechos humanos: el derecho a desempeñar el cargo por el tiempo en que fue designada. Las sentencias de la Corte IDH han explicitado ese derecho.

En el juicio de amparo el TJA tuvo que admitir que la fecha de inicio de cargo fue el 21 de marzo de 2014. Quedó acreditado que le faltaban dos años en el ejercicio del cargo. 

Ante la certeza de la violación a los derechos humanos, el juez segundo de Distrito concedió a Frida el amparo: deberá ser restituida en el cargo de magistrada, o en caso contrario, se le tendría que restituir de manera integral el daño causado.

La sentencia de amparo fue impugnada por el magistrado presidente del TJA pero lo hizo de manera extemporánea. Cometió un error garrafal: se les fue el término. El único recurso pendiente era el promovido por el consejero jurídico representando al gobernador.

Finalmente, el día 30 de diciembre de 2022, el Tribunal Colegiado de Oaxaca, bajo la ponencia del magistrado Meixueiro, le dio la razón a Frida: confirmó la sentencia que le otorgó el amparo. 

El anhelo de justicia se cumplió. 

Ahora es necesario seguir empujando para que la sentencia se cumpla. Pero ya se ha avanzado mucho. El caso de Frida es un precedente contra las decisiones autoritarias que buscan reducir los espacios a las mujeres.

“Luchamos por un mundo sin techos de cristal y sin asimetrías” es la divisa de Litigio Estratégico Indígena A.C. Falta mucho por hacer. Pero nada se hará sin voluntad.

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