CONTRAFUEGO || Impunidad social

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Aurelio Ramos Méndez

¡Linda, nuestra clase política! Mientras los mexicanos anhelan que el combate a la corrupción constituya el punto número uno en los programas de todos los partidos rumbo al 2024, los políticos –sobre todo de la oposición– intentan desollar al presidente López Obrador por su arenga de “¡muera la corrupción!”, proferida desde el balcón del Palacio Nacional.

La deshonestidad es uno de los problemas más graves, si no el principal. Una hidra de mil cabezas, en apariencia imposible de arrancar, porque está enraizada en lo más hondo el entramado político, el aparto judicial y la sociedad toda.

Habla muy mal de quienes están dedicados a la cosa pública, incluidos AMLO y los integrantes de la 4T, el que a estas alturas del nuevo régimen no se haya declarado, en los hechos, tolerancia cero a este fenómeno.

Pero habla peor la aberración de tratar de enderezar las baterías de la crítica en contra de quien al menos señala de manera pública el problema, y propone combatirlo, así sea con escasa eficiencia.

Durante el actual gobierno la corrupción ha sido clasificada como delito grave; pero, en la realidad, ha regido una patente amnistía a corruptos de todo pelaje, públicos y privados.

Está probado hasta la exasperación: Ni un pez gordo ha sido sancionado como merece, con el despojo de la totalidad de lo robado, la sanción pecuniaria y el castigo corporal que la ley reserva a su conducta.

En el gobierno del cambio los ladrones de cuello blanco devuelven una parte insignificante de lo hurtado y salen luego a disfrutar de su colosal fortuna malhabida y cosechar la impunidad política, judicial y social reinante.

En modo alguno puede decirse que el tabasqueño engañó o les mintió a los ciudadanos. 

Desde inicios del sexenio expuso su criterio consistente en no castigar la corrupción conforme a la ley, sino con la devolución de lo robado. De una porción ínfima, debe acotarse.

Semejante lenidad ha repercutido en varias cosas: Lavado de cara para funcionarios y empresarios megacorruptos, purificación de patrimonios negros, invitación a seguir delinquiendo, cruel burla a los ciudadanos, y en últimas dejar viva a la tepocata de la inmoralidad.

Son de agradecerse, en tales condiciones, los gritos de “¡muera la corrupción!”, pero se agradecería más la acción ejemplarizante de la ley y la justicia.

Si por el gobierno la corrupción es combatida de manera sólo retórica, desde el ámbito político-partidista de oposición peces con escamas de oro están siendo más apapachados que nunca, en una genuina feria de la impunidad.

Es cosa de mirar la lista de operadores, estrategas y prospectos de la oposición a puestos de elección popular avalados por el Frente Amplio por México, empezando por la carta fuerte a la Presidencia, Xóchitl Gálvez.

Este revoltijo de panistas, priistas, perredistas, empresarios y advenedizos de toda laya, reparte alegremente avales a cuanto ladrón se le acerca con obvio propósito de encaramarse en el poder para continuar la robadera. 

En la confrontación del gobierno con sus detractores la victimización alharaquienta se ha vuelto parte del libreto. 

Basta que algún contradictor del obradorismo sea acusado –con documentos, testimonios, pruebas, pelos y señales– de rata y transa para que se diga blanco de represalias y calumnias, perseguido político y hasta mexicano con su integridad física en alto riesgo.

De esta forma el presunto delincuente halla inmediato cobijo bajo el alero del Frente Amplio. Sus correligionarios hacen declaraciones a su favor y medios y periodistas que han perdido la brújula y la vergüenza le extienden constancia de inocencia y credencial de frentista ejemplar.

Pillazos de siete suelas han conseguido así vigorosa impunidad social, esa que les brindan ciudadanos precariamente informados, acríticos, desentendidos del quehacer político, quienes les prodigan aplausos y los trata con deferencia, sin reparar en su extenso prontuario delictivo. 

En los casos en que el asunto llega a los tribunales, un Poder Judicial que ha cambiado casi nada desde el lejano 1900, cuando los Flores Magón fundaron Regeneración con intención de depurarlo y moralizarlo, los reviste de un grueso caparazón de respetabilidad.

Dos personajes ilustran por estos días la impunidad social en nuestro medio, la frentista Gálvez y la narca Emma Coronel.

La panista ya acumula un vasto catálogo de acusaciones de corrupción y gruesos delitos, los cuales han dañado gravemente a los mexicanos.

Ella, empero, no ha pisado la cárcel, sigue tan campante y hasta hay ingenuos que le prometen votos y desprevenidos que la invitan a pernoctar en su casa.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán acaba de dejar la prisión, donde estuvo, ciertamente, apenas unos cuantos meses. En todo caso, cumplió condena pese a que, a diferencia de Xóchitl, el daño infligido a la sociedad mexicana es harto discutible.

Coronel no sólo no usufructuó dinero público, sino que junto con su cónyuge, jugando con las reglas del capitalismo más salvaje, les vendió a los gringos lo que pedían a gritos y le inyectó recursos al circuito financiero mexicano y al erario.

La sociedad, sin embargo, exalta por igual a una y otra de estas famosas mujeres.

Xóchitl compite por la Presidencia. Ema recibe envidiable cobertura de medios sin norte, y hasta tendrá su serie en Streaming: Sinaloa’s First Lady.

Si la sociedad acuerpa a los corruptos, ya pueden nuestros políticos y gobernantes desgañitarse gritando mueras.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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