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Aurelio Ramos Méndez
Layda Sansores tiene que ser destituida del gobierno de Campeche de modo expedito. Algún procedimiento jurídico debe haber para que esto suceda –no es asunto de leyes sino de voluntad política–, ante la complicidad manifiesta de la mandataria con su secretario de Desarrollo Económico, el presidiario Jorge Luis Lavalle Maury, verdadero coleccionista de causas penales por corrupción, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Incurren en lamentable error la Presidenta Sheinbaum y la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, entre otros funcionarios y dirigentes políticos que defienden la libertad sin taxativas de Sansores para nombrar a sus colaboradores, y eximen de responsabilidad al partido respecto al desempeño de los funcionarios emanados de sus filas.
En el colmo del desatino, tanto la Jefa del Ejecutivo como la dirigente morenista se han abstenido de ordenar una investigación, en sus respectivas esferas de competencia, acerca de los motivos del fichaje de un individuo con brazalete de geolocalización porque se halla bajo arresto domiciliario y se teme que escape de la justicia.
Resulta insuficiente y aun contradictorio y desconcertante que la Presidenta haya dicho que ella no hubiera invitado a Lavalle, pues también apuntó que el reclutamiento de este pájaro de cuentas involucrado por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht y en la compra de senadores del PAN para apoyar la reforma energética de Peña Nieto “es una decisión de Layda”.
Semejante deslinde fue un vigoroso apoyo a la palmaria cómplice del convicto. Apoyo al cual se sumó Alcalde, quien expresó que “la gobernadora es extraordinaria… Layda tiene toda la vida en Morena”.
Consideró que la hija de quien fue líder nacional del PRI, Carlos El Negro Sansores, tomó la decisión del nombramiento “con la responsabilidad que conlleva”, aunque a la vez reafirmó “nuestro respaldo a nuestra gobernadora, que ha sido consecuente siempre”.
El espaldarazo fue inequívoco, si bien la exsecretaria de Gobernación tuvo el acierto de indicar un camino para evitar mayor daño al gobierno, Morena y la 4T toda. Hizo notar que dentro de Morena “existe la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad a través de la Comisión de Honestidad y Justicia”.
Y hasta desbrozó el sendero:
“En caso de que alguna persona integrante del partido considere que la decisión va en contra de los estatutos, podría recurrir a la instancia para resolver la situación. Eso siempre ha sido lo mejor”.
Sobre Lavalle pesan graves acusaciones que de tan copiosas y verosímiles no necesitan cursar todas las instancias judiciales para ser validadas y, por consiguiente, punibles, tanto en su caso como en el de Sansores.
La sucesora de Alito en el gobierno de Campeche debe ser inducida a solicitar licencia de su cargo o, de mediar resistencia, destituida de plano vía el juicio político, y adicionalmente expulsada de Morena, merecida sanción política por el grave daño reputacional que su conducta ha causado.
Una de las acusaciones en contra del ahora alto funcionario campechano corrió por cuenta de quien fue su hombre de confianza en la Cámara alta, Rafael Caraveo, balconeado en 2020 mediante un video recibiendo un montón –no es figuración, es descripción– de fajos de billetes, en la penumbra de un estacionamiento.
Al ser pillado, Caraveo confesó que cumplió encargos del entonces senador del PAN, quien habría ordenado que le fuesen entregadas en total ¡15 maletas con millones de pesos!
El caso Odebrechet y los archimillonarios sobornos a legisladores del blanquiazul para que votaran la hoy abrogada reforma energética son sólo dos de numerosos episodios de corrupción protagonizados por Lavalle.
Ringlera de delitos respecto a los cuales no se requiere perspicacia para presumir, con fundada razón, el involucramiento de la gobernadora, a juzgar por la ardorosa defesa que ella hace de su impresentable paisano.
Y que, por añadidura y con rigurosa concatenación, lleva a suponer si no complicidad sí responsabilidad política de la Presidenta y la dirigente de Morena, a menos que en vez de cohonestar pillerías contribuyan a remover el cochambre de la vida pública.
Lavalle ha sido exonerado de las acusaciones en su contra; es inocente, está cometiéndose con él un acto de injusticia, dictaminó mentirosamente la gobernadora, al término de un acto con trabajadores de limpieza del Senado.
Ni una palabra dijo acerca de por qué si entre los requisitos de contratación para los burócratas más modestos, trabajadores de limpieza o auxiliares de oficina, está la presentación de constancia de antecedentes penales, ella contrató sin más a un individuo con fama de ladrón, sujeto a proceso, preso en su mansión y con brazalete de seguridad.
Sansores no puede refugiarse en las facultades de su cargo ni en la soberanía de su estado para proteger bajo el alero del gobierno a delincuentes, pillos que llevan sobre la espalda, como mochila con piedras, incontables causas penales.
La Presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el presidente del Senado –guardián del Federalismo—, Gerardo Fernández Noroña, y la dirigente de Morena no deberían soslayar su responsabilidad en la procuración de sanciones penales o políticas a los corruptos.
El desafío de Layda y la pasividad de la Jefa del Estado y la lideresa del partido en el gobierno constituyen una invitación a los deshonestos para esconderse en el sector público.
Y, hacen añorar los tiempos en que los mandatarios estatales por lo menos reparaban en el fulminante poder presidencial antes de cometer tropelías.
BRASAS
El gobierno federal encubre al responsable del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva y construye una “verdad jurídica” en torno de ese hecho, la cual permitirá a las autoridades cerrar el caso.
Esta calenturienta aseveración fue publicada en El Financiero, del modo más ligero, sin la menor prueba, a propósito de que este domingo se cumplieron dos años del condenable ataque.
Semejante volada puede leerse empero como obvia alusión a una posible venganza de Carlos Salinas de Gortari, interesado –¡cómo no!– en crear un clima de inestabilidad y crisis política similar al que en 1994 sepultó a su gobierno.
En la columna Estrictamente Personal se dijo que la responsabilidad de la agresión se ha limitado a los presuntos autores materiales, sin autor intelectual, y que la investigación conduce al Cartel Jalisco Nueva Generación, pero soslayando otras hipótesis.
La más importante, que no fue un atentado relacionado con el narcotráfico sino uno de carácter político por las críticas de Gómez Leyva al presidente López Obrador.
En una hilarante volada autorreferencial, el columnista cita dos hipótesis dejadas de lado:
Una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, según la cual el atentado lo ordenó “un militante de Morena –en ese entonces diputado federal–, que actuó por iniciativa propia pensando que le haría un favor” a Amlo.
Este legislador –según la delirante elucubración– tenía conexiones con la Familia Michoacana, grupo que le facilitó los contactos de una célula criminal, la cual se habría encargado de hacer ese trabajo.
La otra hipótesis, surgida de “otras áreas de inteligencia civil”, apuntaba a “un sospechoso en el Senado”, donde “uno de los líderes de Morena, molesto por la indiferencia de López Obrador hacia él y la forma cómo después de utilizarlo lo marginó”, buscó crear “un clima de inestabilidad”, “una crisis política” que afectara al tabasqueño.
Inestabilidad y crisis de cuya instigación algo deben saber el Presidente 1988-94 y los suyos.
El senador –dijo el periodista– fue llamado a Palacio Nacional tiempo después y “salió con una docilidad insólita”.
No necesitó ponerle nombre y apellidos a su mafufada para dar a entender que tal “sospechoso” es zacatecano, preside la cámara baja y libra un pugilato con Adán Augusto López.
La vileza del columnista no tiene límites. Llegó al extremo de sostener, sin la más tenue prueba, que en el mismo diciembre del ataque “López Obrador dio instrucciones de que no se investigara más el crimen”.
¡Y pensar que se dicen amigos de Ciro quienes propalan semejantes invenciones para enmarañar el caso!
Como diría el periodista a quien lo salvó el blindaje 7 de su camioneta: “Eso no se le hace a un amigo”.
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Como en el chiste sobre cretinos, malamente aplicado a los argentinos, el mejor negocio del mundo sería comprar al abonero Ricardo Salinas Pliego en lo que vale y venderlo en lo que cree que vale.
Este “empresario”, cuyo mayor orgullo es creerse insuperablemente rico y burlarse de los pobres, está viendo desplomarse su imperio económico debido a sus trácalas en México y Estados Unidos.
El destino empresarial de Salinas Pliego a nadie le importaría, de no ser porque, despreciado en el mundo de los negocios, se ha tomado en serio la idea de que puede convertirse en el Milei mexicano.
“Ya nadie quiere hacer negocios con él”, dijo, refiriéndose al concesionario de TV Azteca, el influenciador Jorge Gómez Naredo, que se ganó así una catarata de improperios de quien en realidad es sólo artífice de tejemanejes al amparo del poder público.
En un solo día, la semana pasada, el saldista perdió la mitad del patrimonio –quedó en cuatro mil millones de dólares—que ha forjado como testaferro de otros Salinas, el expresidente Carlos y su hermano narco, Raúl, entre otras bellas personas.
Sin la formación económica ni la vena política, la capacidad retórica y la audacia del presidente argentino, nuestro Milei ya enseñó el cobre.
En el choque con Gómez Naredo exhibió su condición de ladrón del talento ajeno, plagiador de ideas políticas, imitador del ultraderechista gaucho.
Ajeno a la certeza de que Milei hay sólo uno, saturó un mensaje suyo con el rosario de insultantes frases autoría del huésped de la Casa Rosada:
“¡Zurdos de mierda!”, “¡Comunistas!”, “puñito de feos fracasados…” Y se ufanó de que “las fuerzas del cielo me favorecen”.
También radicalizó su discurso:
“Ser socialista, comunista, colectivista es vivir en la obscuridad. Son seres malignos en carne y hueso, resentidos, fracasados, atormentados, inútiles; incapaces de generar dinero, simpatía o algo bueno para el mundo (…) Resentidos socialistas a los que me he propuesto a sacar (sic) a patadas y regresarlos a donde pertenecen”.
¡Debería cobrarle derechos de autor el Milei real al impostor mexicano! Porque a éste sólo le faltó empuñar a modo de metralleta una motosierra, como hace su patético arquetipo.
RESCOLDOS
Convicto de ¡34 delitos! y con fama de rufián, Donald Trump fue declarado Personaje del Año por la revista Time. La justificación fue un sofisma: ganó la elección presidencial. Deplorable exaltación de los peores antivalores y la degradación del ser humano por un medio de comunicación que debería ser luz y faro de la extraviada sociedad norteamericana…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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