Adrián Ortiz Romero Cuevas
Uno de los valores intangibles más importantes en la vida pública de cualquier sociedad es la confianza. Su existencia facilita el funcionamiento de todos los sistemas de convivencia; incluso la obligatoriedad de las normas se atenúa, pues se entiende que, aun en el ámbito de lo coercitivo, existe certidumbre en el conjunto de normas, principios e instituciones que fundamentarán y resolverán un conflicto. El Estado, en general, basa la gran mayoría de sus procesos en este intangible que hoy, sin embargo, ha sido fuertemente cuestionado por los regímenes gobernantes en muchos países, incluido el nuestro.
En efecto, si consideramos la economía de una sociedad, la confianza actúa como un pegamento que la mantiene unida. Cuando la confianza es alta, la economía tiende a prosperar. Por el contrario, su ausencia genera incertidumbre, miedo y una disminución de la actividad económica, lo que puede derivar en recesiones y crisis. Por lo tanto, construir y mantener la confianza es un objetivo fundamental para cualquier economía que aspire a la estabilidad y al crecimiento sostenible. La certidumbre sostiene diversos efectos basados en ella, como la confianza de los consumidores, de los agentes económicos, de los empresarios e inversores, y en las instituciones que la regulan.
Ahora bien, en términos políticos, la confianza también es esencial. En ciencia política, constituye un elemento vital para la legitimidad, la estabilidad y el buen funcionamiento de cualquier sistema político. Permite la cooperación, facilita la gobernabilidad y fortalece la resiliencia democrática. La falta de confianza, por otro lado, puede erosionar la legitimidad, generar descontento, dificultar la gobernanza y, en casos extremos, conducir a la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque la confianza es el basamento clave para el rechazo a flagelos como la corrupción, la opacidad, la manipulación de la democracia y el sistema electoral, o la falta de rendición de cuentas, entre muchos otros. En un sistema donde no hay confianza en el ejercicio de la política, se abren las puertas a los excesos y la corrupción.
Incluso en el derecho, la confianza es un pilar fundamental para su eficacia y legitimidad. Se manifiesta en la creencia en la integridad de las instituciones jurídicas, en la buena fe de las relaciones legales y en la predictibilidad y justicia del sistema en general. La erosión de la confianza en cualquiera de estos aspectos puede debilitar el estado de derecho, dificultar la resolución de conflictos y socavar la cohesión social. Por ello, el sistema legal se esfuerza por establecer mecanismos que fomenten y protejan la confianza, como la transparencia, la rendición de cuentas, la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.
¿Podemos realmente entender la importancia del intangible de la confianza en las sociedades actuales? Porque, en sentido contrario, la falta de certidumbre es lo que está corroyendo rápidamente muchos de los factores de cohesión social. Tener gobernantes cuestionados públicamente —e internacionalmente— por sus relaciones peligrosas o por sus presuntos actos de corrupción; una economía cuyas reglas se modifican arbitrariamente para mantener el apoyo de ciertos sectores que históricamente han buscado el sometimiento de los factores económicos; o un sistema de justicia sometido a un profundo proceso de incertidumbre, son reflejos de que, a mediano y largo plazo, se pagará un costo —alto— por la erosión de la confianza que la sociedad, la política, la economía y el derecho deberían tener recíprocamente.
Parece algo intrascendente; pero sin duda el daño será profundo. Quizá sea uno más de los signos de nuestro tiempo.
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