Adrián Ortiz Romero Cuevas
Si históricamente México ha sido una nación de contrastes, hoy se encuentra, sin duda, al límite. Las elecciones presidenciales de 2018, y su confirmación en 2024, evidenciaron que el país ya no soportaba el antiguo régimen. Sin embargo, las condiciones actuales sugieren que es urgente un ajuste significativo en la dirección nacional.
La precaria situación de las finanzas públicas y privadas, el recrudecimiento de la inseguridad y las presiones internacionales sobre el partido en el poder para que clarifique los vínculos de algunos de sus miembros con grupos bajo investigación judicial, nos obligan a reconocer una realidad ineludible: más allá de triunfalismos o críticas gratuitas, existen problemas apremiantes que demandan soluciones inmediatas.
LA DIPLOMACIA EN EL LÍMITE
Hemos sido testigos de cómo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se han deteriorado a niveles quizás nunca antes vistos. Si bien es cierto que el gobierno de Donald Trump ha erosionado el prestigio internacional de la Unión Americana, en el caso de México, esta tensión ha expuesto las profundas grietas institucionales que persisten en nuestro país y que se insisten en ignorar.
La reciente cancelación de la visa a la Gobernadora de Baja California —considerando que Tijuana es el cruce fronterizo más transitado e importante del mundo— sin una justificación oficial, es una señal preocupante. Esto no solo revela la falta de confianza de Estados Unidos en su contraparte mexicana, sino que confirma lo que muchos sospechan (a voz baja): que algunos mandatarios estatales, especialmente en el norte del país, podrían enfrentar problemas con la justicia, ya sea en México o, en su defecto, en Estados Unidos.
EL “DERECHO DE ADMISIÓN” DIPLOMÁTICO
En este escenario, Estados Unidos parece estar aplicando una versión inusual del “derecho de admisión” a la clase política mexicana. Esta conocida declaración, común en la entrada de establecimientos públicos como bares o tiendas, implica que el propietario tiene la facultad de decidir quién ingresa y permanece en sus instalaciones. Es precisamente lo que el gobierno estadounidense está haciendo, no con la ciudadanía mexicana en general (a la que ya aplica políticas de visado o deportación), sino específicamente con la clase gobernante de México.
LA INSEGURIDAD: UN FLAGELO PERSISTENTE
Todo lo anterior se entrelaza con la alarmante situación de la inseguridad. Amplias regiones del país están hoy asoladas por fenómenos criminales que van mucho más allá del narcotráfico. La extorsión, el cobro de derecho de piso, el tráfico de personas y mercancías ilegales, y la trata, son solo algunos ejemplos. Ninguno de los actos de violencia más aberrantes que hemos presenciado, antes y ahora, podría ocurrir sin la colusión de funcionarios gubernamentales y responsables de la administración pública —en áreas como seguridad pública, aduanas, fronteras y carreteras— con las fuerzas criminales.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Esto nos empuja al límite. Es insostenible seguir justificando el presente a partir del pasado. Una cosa, en términos simples, no justifica la otra. Los límites se acercan rápidamente, y más allá de la filiación o la simpatía por algún partido, sea gobernante u opositor, es imperativo que el interés por el país prevalezca sobre los proyectos políticos individuales y la polarización. Esta última, si bien fue útil para acelerar el cambio de régimen, corre el riesgo de convertirse en un nuevo flagelo si no se controla a tiempo y se encauzan sus consecuencias de manera correcta.
@ortizromeroc
@columnaalmargen
Nos leemos en: http://columnaalmargen.mx
