Aurelio Ramos Méndez
Analizado como “caso central” para la elaboración del polémico Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el estado de violencia inaudita registrado en Coahuila entre 2009 y 2016 exige del gobierno federal –al margen de la aceptación o no del reporte— investigación a fondo y sin el menor resquicio para la impunidad.
Exige indagar, sobre todo, el rol de los gobernadores sucesivos de 2005 a 2017 de esa entidad federativa, los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez, concretamente en la desaparición de unas 2 mil 210 personas.
El imperativo de investigación deriva de afirmaciones –por su boca muere el pez– formuladas por el actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el 3 de febrero de 2015, en Ginebra, ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU.
Ese día el mandatario presentó al Comité la Ley de Ausencia por Desaparición Forzada, entonces recién aprobada por el congreso coahuilense. “En esta reunión de trabajo Coahuila dejó una grata impresión”, se ufanó ese mismo día en un boletín de prensa de su gobierno.
Informó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto impulsaba una ley de alcance nacional sobre desaparición forzada, la cual contendría un capítulo relativo al concepto de “declaración de ausencia”, semejante al de Coahuila, estado “que avanzó mucho en ese sentido”.
Indicó que en la norma coahuilense “no se quiso eliminar la posibilidad de que una persona estuviera en una prisión cuando se le mantiene como desaparecida”, y al explicar la causa, develó lo que por lo visto fue una anomalía ordinaria aquellos años y hoy motiva una catara de interrogantes.
“Porque en México no existe cédula de identidad… Entonces, cuando una persona es detenida en flagrancia puede dar otro nombre y puede que nadie de su familia sepa que está presa”, dijo Rubén Moreira.
De cara al informe del Comité de la ONU –atinadamente rechazado por el gobierno federal “por tendencioso y falto de rigor jurídico”, y cuya intención ultima es darle oxígeno a la enclenque oposición doméstica, a costas de la imagen internacional de México— y lo dicho por Moreira, van algunas preguntas:
¿Cuántos “detenidos en flagrancia”, que dieron otro nombre, fueron encarcelados durante su gobierno, y de paso el de su hermano Humberto?
¿Por la comisión de cuáles delitos habrían sido detenidos en flagrancia, robo famélico de un bolillo, narcotráfico, secuestro, robo a banco, homicidio?
¿Qué previsiones tomaron los gobiernos de los Moreira para evitar que fiscales o policías corruptos consignaran a inocentes, bajo la falsa pero inapelable acusación de la detención en flagrancia?
¿Era de verdad complejo y costoso, una misión imposible para el gobierno de Moreira, indagar la identidad de los detenidos bajo nombre falso, antes de que fueran sentenciados o remitidos a esa especie de fosa común penitenciaria que es la prisión preventiva, en la que se hallan sin sentencia, muertas en vida, decenas de miles de personas en todo el país?
¿Cuántos de esos “desconocidos”, detenidos “en flagrancia”, corrieron peor suerte y fueron entregados a grupos delictivos, en calidad de reclutados para el sicariato o trabajos forzados, o peor aún fueron asesinados por agentes corruptos del estado o por francos delincuentes?
Y, ¿cuántos detenidos en tales condiciones siguen en la cárcel veintiún años después de que iniciaron los sucesivos gobiernos de los hermanos, en 2005? ¿Cuántos y quiénes pasaron del separo a la tumba?
Si Rubén Moreira inició una ley y hasta llevó este asunto a la ONU, es obvio que conoció del tema y que se trató no de uno o dos casos, sino de un fenómeno extendido en la entidad que él gobernaba…
¿Qué hizo para evitar que personas “anónimas”, sin identidad comprobada, terminaran en cárceles estatales o municipales, en fosas o simplemente “desaparecidas”, y qué hicieron los gobiernos federales?
¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Sabían de esta aberración los alcaldes y funcionarios estatales, ministerios públicos, jueces y magistrados, y las autoridades federales?
Y, lo más preocupante, ¿en cuántos y cuáles otros estados los gobernadores han incurrido en prácticas semejantes a las que Rubén Moreira –y presumiblemente su hermano Humberto—consintieron u ordenaron ejecutar en Coahuila?
Para la elaboración del informe que, entre odas a la colaboración, el estado de derecho y los compromisos internacionales, desliza la amenaza de llevar el tema a la Corte Penal Internacional –y poner a México en el ojo de un escándalo mediático mundial–, fueron “analizados” los casos de otros ocho estados:
Jalisco –puntero nacional en desapariciones–, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Morelos. Real muestrario de pluralidad partidista.
Coahuila, sin embargo, tiene un cogollo por demás interesante:
A la explicación del Comité acerca de cómo policías estatales y municipales ejecutaron detenciones arbitrarias –¡secuestros!– y entregaron las víctimas a la delincuencia organizada, se añade la revelación del entonces gobernador sobre la factibilidad de que las prisiones estén llenas de presos sin nombre o con identidad enigmática.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas estima que entre 2010 y 2021 en ese estado ocurrieron 3 mil 683 desapariciones, 60 por ciento de las cuales –los 2 mil 210 referidos—habrían sucedido en el lapso analizado por el comité de la ONU; es decir, entre 2012 y 2016.
O sea, durante los gobiernos sucesivos de los hermanos Moreira, incluido el interinato de once meses, enero-noviembre de 2011, de Jorge Torres López. Todos priistas.
Las restantes mil 473 desapariciones –40 por ciento del referido total de 3 mil 683– habrían acaecido en 2010 y 2011—con Humberto Moreira en la gubernatura y Felipe Calderón en la Presidencia—, no comprendidos en el lapso materia de estudio del comité. Y en 2017 –Rubén Moreira y Enrique Peña Nieto–, tampoco incluido en el análisis de aquel grupo de trabajo.
Una parte residual de ese 40 por ciento, habría sucedido durante los gobiernos estatales de los priistas Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez, sexenio de López Obrador y lo que va del mandato de la presidenta Sheinbaum.
Remanente éste que, desde luego, también tiene que ser investigado como una obligación del Estado mexicano, sin que ello implique atender ni hacerle el caldo gordo al parcializado Comité del organismo internacional.
BRASAS
Una sucesión de gobiernos pusilánimes en varios estados ha privado durante medio siglo a los niños y jóvenes de esas entidades –destacadamente Oaxaca– del cabal derecho a la educación. ¿Cómo? Dándole indebida prioridad sobre este derecho a la libertad –impunidad—sindical, en perjuicio de los más pobres.
De cara a esta realidad, que además afecta a Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y Michoacán, y en menor medida Veracruz, Hidalgo, Zacatecas y otras entidades, el lema cuatroteísta Por el bien de todos, primero los pobres, debería ser matizado.
La cercanía del Día del Maestro y el inminente arranque del proceso para la renovación de 17 gubernaturas en 2027, ha detonado el pernicioso activismo de la CNTE –formada a finales de los 70—, que por añadidura trastorna la vida y la economía de ciudades enteras.
Los derechos, entendidos como herramientas para progreso social, han perdido razón de ser en el campo de la educación, donde priman los intereses corporativos del magisterio.
Una corporación que –por cierto–, en 50 años no ha alcanzado su objetivo original de democratizar el SNTE, y en cambio se ha convertido en jugoso modus vivendi de sus dirigentes, quienes han ocupado alcaldías, diputaciones, senadurías, puestos burocráticos estatales y federales, y otros suculentos huesos…
El derecho a la educación está en la Constitución pero no cabalmente en la realidad. Y, en esencia, debería servir para la movilidad social de los sectores más vulnerables, excluidos del desarrollo por la pobreza. No ha sido así.
El sindicalismo como negocio y la debilidad y pusilanimidad gubernamental han sido factores adicionales –tras de gordo, hinchado– que acentúan la pobreza, contribuyen al deterioro educativo y revictimizan a los pobres.
Están enteramente normalizados los paros, marchas y mítines, el ausentismo de maestros vía abusivas prestaciones que incluyen cursos, talleres, días festivos, jornadas políticas, campañas electorales, eventos gremiales…
¿Consecuencia? El cumplimiento a la mitad o menos del calendario escolar, para no hablar de la calidad de la enseñanza.
La prioridad otorgada a la CNTE ha sido elemento que ha contribuido al grave deterioro educativo. ¿Hasta cuándo?
***
¿Si hay un potentado periodista que usa el pseudónimo de El abogado del pueblo, el cual a la luz de su ejercicio profesional le queda inmensamente grande, por qué Lenia Batres no podía registrar y usar, si le calza como un guante, el apelativo de La ministra del pueblo?
¡Bien por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa! Por medio de su Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual le enmendó la plana al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El Tribunal revirtió la resolución que le impedía a Batres registrar el sobrenombre con el cual, de manera legítima, desea ser reconocida.
Está por verse –le restan 13 años en el cargo– si el pueblo al que apela le adjudica, con aval jurídico o sin él, el remoquete; pero es imposible sostener que carece de derecho para registrar tal denominación.
Mal podía el IMPI negar la inscripción como marca de la autodesignación de Batres, si ha validado apodos tales como “Máynez Presidente de México”, “Yúnez Mi Senador”, “Diputado en línea”, o “Presidente”, el destilado que algunos tienen por alusivo a Felipe Calderón.
Agravia la memoria de Louis Brandeis –el original Abogado del Pueblo— el periodista que se hace llamar como el célebre juez de la Corte estadunidense defensor de las causas sociales, pues el título le queda más holgado que al cosplayer Calderón su camisola de militar.
Batres, en cambio, hasta ahora ha honrado la memoria del famoso juez promotor de la transparencia y defensor de la libertad de expresión –“el mejor desinfectante es la luz del sol”–, a quien no sólo el pueblo sino hasta The Economist le encasquetó una corona de laureles al considerarlo Un Robin Hood de la ley.
RESCOLDOS
Muy bien le fue a la presidenta Sheinbaum en Barcelona, donde participó en el encuentro de Movilización Progresista Mundial. Pronunció un discurso que fue bien recibido –el aplausómetro dio la medida–, en el cual, acendradamente juarista, abogó por la paz y el respeto entre las naciones. No quedó bien –al parecer tampoco lo buscaba—con la oposición, que criticaba a López Obrador porque era un mandatario de cabotaje, y a ella la critica por haber acudido a un encuentro dizque ni fu ni fa. En clave de chilena: “no hay silla que te acomode/ni reata que te detenga”.
aurelio.contrafuego@gmail.com
————————————————
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.
