Por: Antonio Gutiérrez Rodríguez
“Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”.
Marc Bloch nos recuerda el proverbio árabe.
En el horizonte de los pueblos y comunidades indígenas de México asoma, como una constelación de nuevas estrellas, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El Protocolo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que dará sustento al diálogo para su aprobación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio de 2026. Con ello inicia una etapa que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos que habitan este territorio desde mucho antes de la fundación de la República.
Vamos, pues, rumbo a la consulta previa, libre e informada, en busca de colocar en el lugar que les corresponde derechos históricos que, pese a su legitimidad y vigencia, permanecen insuficientemente comprendidos por amplios sectores de la sociedad. No se trata de derechos nuevos; son derechos largamente postergados por más de dos siglos de construcción estatal edificada, en gran medida, bajo una lógica homogeneizadora.
Durante más de doscientos años prevalecieron las normas y estructuras jurídicas del Estado como único referente legítimo de organización social. Sin embargo, los pueblos indígenas mantuvieron viva la memoria de sus propios sistemas normativos, de sus formas de gobierno, de sus mecanismos de resolución de conflictos y de sus principios comunitarios.
La continuidad de estas instituciones constituye una de las expresiones más notables de resistencia cultural y de permanencia histórica en México.
La convocatoria delineada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y respaldada por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no representa únicamente un procedimiento legislativo. También abre una oportunidad excepcional para colocar en el centro del debate nacional conceptos fundamentales sobre los que podría edificarse un diseño institucional más incluyente, plural y acorde con la diversidad cultural del país.
Comunidad, ley, autoridad, autonomía, libertad, derechos humanos, territorio y justicia son apenas algunos de los conceptos que merecen ser revisados con rigor intelectual y sentido crítico. La discusión no es menor. De la manera en que estas nociones sean comprendidas y articuladas dependerá, en buena medida, la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos.
En este ejercicio de reflexión conviene recordar la observación del sacerdote y erudito francés Richard Simon, retomada por Marc Bloch en su célebre Introducción a la historia. La crítica, escribió, es una “especie de antorcha que nos ilumina y nos conduce por las rutas oscuras de la Antigüedad, haciéndonos distinguir lo verdadero de lo falso”. Esa misma actitud crítica será indispensable para analizar los alcances de la iniciativa, reconocer sus fortalezas, identificar sus limitaciones y contribuir a que el debate público se traduzca en instituciones más justas y democráticas.
Reconocer la legitimidad de las normas consuetudinarias y nombrarlas por lo que son —verdaderos sistemas jurídicos construidos por generaciones enteras— no ha sido una tarea sencilla. Detrás de este proceso se encuentran miles de mujeres y hombres indígenas que durante décadas han defendido sus conocimientos, sus formas de organización, sus principios éticos y sus modos de entender la justicia y la vida comunitaria.
Resulta imposible mencionar en unas cuantas líneas a todas las personas que han contribuido a esta transformación. Sin embargo, no deja de ser significativo que este momento histórico coincida con la presencia de profesionistas indígenas en espacios estratégicos de decisión pública. Como si distintas trayectorias individuales convergieran para abrir una nueva etapa en la vida institucional del país.
Entre quienes se autoadscriben como indígenas y que hoy ocupan cargos de alta relevancia, destacan Adelfo Regino Montes, al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Camelia Gaspar Martínez, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Norma González Jiménez, en la Fiscalía General de la República; Víctor Leonel Juan Martínez, en la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte; y, de manera particularmente significativa, Hugo Aguilar Ortiz, jurista mixteco y actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y como es de conocimiento público, la Corte no legisla, por eso la Convocatoria dice que participa como OBSERVADORA.
La presencia de un indígena mixteco al frente del máximo tribunal constitucional del país posee una dimensión que trasciende lo biográfico. Representa el reconocimiento de una larga lucha colectiva y simboliza la posibilidad de que las instituciones nacionales comiencen a dialogar, en condiciones más equitativas, con las realidades jurídicas y culturales de los pueblos originarios.
Existen, desde luego, innumerables mujeres y hombres indígenas, dentro y fuera de México, aportando desde la academia y desde los pueblos y comunidades, el servicio público, la investigación, la judicatura y la organización comunitaria, nuevos contenidos para fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias a ese trabajo persistente, los sistemas normativos indígenas dejan de ser vistos como una curiosidad antropológica para asumirse como parte sustancial de la vida jurídica y política de la nación.
La consulta que hoy comienza no sólo discutirá una ley. También pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para reconocerse plenamente como lo que la Constitución afirma desde hace décadas: una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Tal vez por ello, más que una reforma legislativa, lo que tenemos enfrente es una oportunidad histórica para reconciliar la memoria de los pueblos con el futuro de las instituciones.
