Derechos humanos: a pesar de todo, más vigentes que nunca

+ Reformas constitucionales: por una salvaguarda más efectiva

A pesar de que en los cursos clásicos del derecho constitucional básico, se menciona siempre que la parte del Texto Constitucional en el que se establece el capítulo de las garantías individuales tiene el nombre de “dogmática”, lo cierto es que aquel es un conjunto de derechos que se encuentran en constante dinamismo, y que, a pesar de las resistencias de la práctica del poder, tienen un desarrollo ascendente. Prueba de ello son las recientes modificaciones a la Constitución federal, que están en proceso de ser aprobadas y adquirir el carácter de norma vigente.

¿De qué hablamos? De que, apenas el pasado jueves, el Senado de la República aprobó con 96 votos a favor las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos así como su salvaguarda, incluso en una declaratoria de estado de excepción. De hecho, el dictamen aprobado modifica el nombre del capítulo primero de la Constitución Política, el cual se denominará “Los derechos humanos y sus garantías”, con lo que, por primera vez en la historia constitucional del país habrá un reconocimiento expreso de lo que conocemos por garantías individuales, pero que más bien tienen el nombre contemporáneo de “derechos humanos”.

Esta reforma habrá de ser trascendental. Aunque nuestra Constitución mexicana fue una de las que marcó la pauta a nivel mundial en la práctica del constitucionalismo, al contemplar de manera específica los derechos sociales (o de “segunda generación”, como los refieren en el mundo académico), hoy nuestra Carta Fundamental presenta diversos rezagos que necesariamente deben ser modificados para prever mejores mecanismos ante posibles casos en los que los derechos fundamentales pudieran estar en riesgo.

Uno de ellos, que es el que esencialmente el que se protege con esta reforma, tiene que ver con la posibilidad de que el Presidente de la República, en uso de sus facultades, declare un estado de excepción. ¿Qué es eso? El artículo 29 constitucional actual, da la pauta. De acuerdo con el numeral, son “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Dicho Estado de Excepción, sólo puede ser declarado por el Ejecutivo Federal para “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, estableciendo como única limitación, que dicha suspensión sea por un periodo corto de tiempo.

Sin embargo, tal y como se encuentra en su redacción actual, las garantías que pueden ser suspendidas pueden ser las mínimas, pero también todas; esto, porque la decisión y el alcance de ésta queda al arbitrio y a la discrecionalidad del Jefe de la Nación, pudiendo con ello ocasionar perjuicios a la población, si dichas facultades se exceden o suspenden también garantías que se encuentran protegidas por el marco jurídico internacional sobre derechos humanos, al que se ha adherido nuestro país en las décadas recientes.

LA REFORMA,

¿Y QUÉ SIGUE?

De acuerdo con información del periódico La Crónica, difundida ayer viernes, “las reformas establecen un paquete de garantías que no podrán ser suspendidas aún ante una declaratoria de estado de excepción: el derecho a la no discriminación, el respeto a la vida, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre, a la protección de la familia, la nacionalidad, los derechos e los niños, los derechos políticos, la prohibición de la esclavitud, las libertades de conciencia y de religión. Tampoco podrán ser suspendidas garantías como la protección a la persona, la libertad de pensamiento, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición a la desaparición forzada de personas y la prohibición a la tortura.”

¿Eso qué significa? Que sólo podrán establecerse ciertas limitaciones que no implicará la suspensión de las garantías que son inherentes al ser humano, a la libertad y a la dignidad humana. Por eso, se establecen limitaciones a la personalidad jurídica, a la integridad, a la libertad de pensamiento, al principio de legalidad y debido proceso, y la prohibición expresa de toda forma de discriminación, desaparición forzada, esclavitud y tortura.

Este es, sin duda, un triunfo de los derechos humanos y de la legislación internacional sobre la materia. Aunque el Senado de la República inició este proceso como parte de la Reforma Política que actualmente se impulsa en el país, lo cierto es que estas reformas son parte de una presión internacional para que México continúe adecuando sus normas internas a la legislación internacional, que otorga mayores beneficios y protección a los derechos humanos.

Esto es más que evidente. Diversos tratados, acuerdos y pactos internacionales establecen, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte; en el Pacto de San José, México se adhirió a esa disposición, y también se comprometió a eliminar de su Constitución dicha penalidad y a no volverla a estipular nunca. Algo similar ocurre con las reformas al sistema penal y al de justicia para adolescentes. Éstos tampoco podrán tener regresiones, sino adecuaciones para su perfeccionamiento.

Así, estas reformas potenciales a la Constitución son parte de ese mismo proceso. Las libertades y garantías que estarán garantizadas aún ante un posible estado de excepción, están ya protegidas por normas internacionales que tienen aplicación y fuerza en nuestro país. Por eso, para estar en concordancia, la Constitución federal paulatinamente ha comenzado a hacer registro de dichos avances, y ha cumplido con sus acuerdos al hacerlos parte del derecho interno.

DERECHOS HUMANOS

Así, ¿Cómo negar la importancia actual de los derechos humanos? Esto no es parte de un dogma sino de una realidad que es plenamente visible y perceptible, y que debe de continuar en una evolución que, como tal, debe ser ascendente. Se debe buscar una salvaguarda cada vez más efectiva a los derechos fundamentales. Y, aunque eso parezca un idealismo, todo debe comenzar por la ley.

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Matrimonios entre homosexuales: ¿Una regresión?

+ Iglesia: el deber (incompleto) de sostener su moral

 

Prácticamente a todos los niveles de la jerarquía social conservadora y diversos grupos ligados al catolicismo, se han escuchado palabras de condena a la aprobación de los llamados “matrimonios gays”, en la capital del país.

Esta que actualmente se escribe, es exactamente la misma historia que se acuñó hace dos años cuando, también en el Distrito Federal, se reformaron diversas normas legales, para permitir la práctica de los abortos dentro de las primeras 12 semanas de la gestación. Más allá del estruendo y los escandalizados, de los dogmas y los atavismos, con ello podemos corroborar nuestra pertenencia a una sociedad mucho más conservadora, bipolar e incluso de doble moral, de lo que imaginamos.

En primer término, habría que distinguir cuáles son las implicaciones estrictamente jurídicas que trae aparejadas la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En los códigos civiles “normales” —como el de Oaxaca—, se establece que el matrimonio es “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida”. La reforma ocurrida en el Distrito Federal, eliminó del concepto lo relativo al hombre y la mujer, y lo que tiene que ver con la procreación.

Eso fue lo que desató la aversión de la Iglesia Católica y de diversos grupos conservadores. La eliminación del requisito del hombre y la mujer, abrió la puerta para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Las razones de esa apertura, evidentemente, tienen mucho más que ver con conceptos relacionados con lo que se conoce como “seguridad jurídica”, que con lo puramente relacionado con la familia y la procreación.

¿Por qué? Porque homosexuales han existido desde que la humanidad se reconoce como tal. Del mismo modo, desde siempre ha habido parejas del mismo sexo que conviven en la misma casa y comparten los mismos bienes, deberes, derechos y espacios. Y desde siempre ha habido un problema no religioso ni moral ni ético, sino estrictamente legal, por la inseguridad jurídica en que conviven dichas personas.

La inseguridad jurídica sobreviene, por ejemplo, cuando una de las personas depende económicamente de la otra; cuando al fallecer uno de ellos, el otro se ve imposibilitado para apersonarse en un posible juicio sucesorio intestamentario; o cuando se pudieran derivar responsabilidades económicas de uno hacia el otro. Esto es exactamente lo mismo que ocurriría con una pareja de hombre y mujer; sólo que en este caso, la pareja sería de personas del mismo sexo y no como “tradicionalmente” ocurre.

Así, todo esto debemos considerarlo y verlo no como una aberración, o como algo que no debería ocurrir. Todo se basa en que esta no debería ser una discusión moral o religiosa que diera pie a la homofobia o los ataques. Independientemente de que la neguemos o aceptemos, o nos escandalicemos, la realidad es una sola. Y ésta indica que más allá de las “desviaciones morales”, las personas tienen problemas de tipo legal relacionadas con su estado civil y patrimonial, independientemente de sus preferencias sexuales.

 

DEFENSA CONSERVADORA

Seguramente, al consolidarse la reforma que permitirá los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica y sus representaciones políticas conservadoras, buscarán la manera de apersonarse en Acciones de Inconstitucionalidad, para tratar de que la Suprema Corte invalide la disposición de la ALDF.

No debería de extrañarnos que, como consecuencia del fracaso de ese recurso de defensa constitucional, dentro de no mucho tiempo las Legislaturas de los estados comenzaran a modificar sus constituciones locales, para impedir que esa disposición se reprodujera en el interior de la República, afianzando en el concepto del matrimonio, la ideal de que éste sólo puede celebrarse entre un solo hombre y una sola mujer. Reiterando: ocurriría algo muy parecido a la guerra política silenciosa, que hoy se vive entre quienes están a favor de los abortos, y quienes dicen estar “a favor de la vida”.

Lo cierto es que nada sería suficiente para terminar con dicha tendencia, como nada ha sido suficiente para “revertir” las preferencias homosexuales de millones de hombres y mujeres que en casi todas las épocas de la humanidad, han sido señalados, segregados y condenados; y que ni con “curas” médicas, psicológicas, psiquiátricas o violentas, han podido ser “reformados” y “reintegrados” a la vida “normal”. Esto nunca ha podido ocurrir, ni ocurrirá, porque la homosexualidad no es una enfermedad o una degeneración; y porque la “normalidad” de las personas, no depende exclusivamente de si a un hombre le gustan las mujeres o sus semejantes, o si una mujer se encuentra en esa misma circunstancia.

En realidad, es el conservadurismo y las resistencias de ciertos núcleos de la sociedad, los que han bloqueado y satanizado estos intentos por plantear esquemas parecidos a los tradicionales. Con una medida así, la familia ni se reforzaría ni se destruiría, porque las parejas homosexuales han existido siempre independientemente de que estén reconocidas o no por la ley; y la legalización de ese tipo de matrimonios, ni invitará al heterosexual a cambiar sus preferencias, como tampoco generará avalanchas de homosexuales haciendo filas para casarse.

Al contrario: habrá de reconocerse una situación de hecho que no tiene sustento alguno en la ley. Es hasta cierto punto comprensible la postura de la Iglesia Católica, porque es quien se ha erigido como el más grande contenedor de la moral en México. Sin embargo, la satanización y la descalificación rayan en la intolerancia y en la manipulación, que sí afectan a la convivencia pacífica entre las personas.

 

ILEGALIDAD Y NEGOCIOS

Al final, negarse a la realidad es tanto como seguirle haciendo el juego a quienes hacen negocios cobijados por la ilegalidad: en el DF, con la aprobación del aborto, se le terminó el negocio a los llamados “espanta cigüeñas”; ¿Cuántas adopciones ilegales, por ejemplo, ocurren entre quienes tienen el legítimo deseo de ser padres pero están impedidos naturalmente para la procreación? Ese millonario y abominable negocio —que ocurre a diario, se acepte o no— también se acabaría con una regulación estricta. Como podemos ver, esto nada tiene que ver con moral o religión. Es un asunto de legalidad, de seguridad y de orden, que por atavismos morales prefiere evadirse, haciendo el favor a quienes viven de las lagunas que prevalecen en algunas las leyes.

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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