Aurelio Ramos Méndez
Más de un año le llevó al acucioso, perspicaz y muy atento escritor, historiador y periodista Héctor Aguilar Camín percatarse de que “el Estado policiaco”, que según él y sus adláteres rige en nuestro país, salió a “buscar en las yerbas marginales de la pradera a un presunto miembro de la tribu huachicola, para presentarlo como el huachicolero mayor”, Ernesto Ruffo Appel.
El emblemático político tricachuchista –del PAN, PRI y Somos México—fue investigado ¡durante más de un año! antes de ser detenido y encarcelado, acusado de haber contrabandeado por lo menos 15 millones de litros de hidrocarburos, con daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos, noticia de la cual está claro que no se enteró el director de Nexos, a quien Carlos Salinas le llenaba de oro la faltriquera.
Ruffo estaba siendo indagado desde antes del 22 de julio de 2025, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó tal noticia no mediante filtración o chisme –“trascendido”, lo denominan ciertos medios cultores del “periodismo con carácter”—sino en conferencia de prensa.
En una columna titulada Ruffo y la arbitrariedad legalizada, el historiador criticó la semana pasada cómo es que “estando la pradera llena de huachicoleros impunes, todos de Morena”, el gobierno detuvo a Ruffo, “un adversario político, histórico por el PAN y actual, por la pertenencia al consejo del nuevo partido de oposición, Somos México”.
El texto de ese Día con día fue inspirado por otro columnista –Gil Gamés—también convencido de que el arresto de Ruffo fue inopinado, como si el 16 de julio los jefes de las fuerzas de seguridad se hubiesen reunido por la mañana y uno de ellos hubiera preguntado “¿hoy, a quién detenemos?”, a lo cual otro hubiere respondido de bote pronto: “¡A Ruffo!”.
Gamés motivó a Aguilar Camín y éste a su vez estimuló a Sergio Sarmiento, quien hasta tomó como acápite para su columna un párrafo –“Lo de Ruffo es un exceso, un abuso de la ley y una advertencia. La arbitrariedad es el mensaje”– del escritor chetumaleño, y así, como en bici tándem y acompañados por otros de su jaez pedalearon el tema. Sarmiento de plano le confirió al bajacaliforniano la condición de “preso político”.
Al historiador, confeso nostálgico de los apapachos de Salinas, Gamés lo sedujo con un párrafo del tenor siguiente:
“Mientras en un operativo de alta gama detuvieron a Ruffo, Rocha Moya (el gobernador de Sinaloa) asoma la cabeza y dice que él está tranquilo en su casa, que como la Martina allí se ha estado sentado, no se ha movido de ahí”.
Mintió Gamés e indujo a la mentira a Aguilar Camín. El sinaloense no asomó la cabeza de manera simultánea con el desarrollo del “operativo de alta gama”, sino una semana antes, cuando despejó la atmósfera saturada de falsedades sobre su paradero e informó que él ha permanecido en su casa de Culiacán.
Lapso semanal que sería irrelevante, si no fuera porque denota grave, deliberado y muy elocuente enredo de fechas y circunstancias, conveniente para la sucia maniobra de intentar hacer creer que se actúa en contra del prianista porque ahora, además, es integrante del Consejo Ciudadano de Somos.
A tan afamados escritores, Gamés y Aguilar Camín, les parece trivial que a Ruffo se le haya investigado justo el tiempo que la Martina demoró en pasar del concubinato a la deslealtad, pues –a decir de la ranchera– ella entregó su amor a los 15 y a los 16 cumplidos una traición le jugó al concubino ausente.
Alguien debió al menos haber intentado convencer al fabulador e ideólogo de la derecha de que el primer gobernador dizque no priista –formalmente era del PAN, pero para llegar al gobierno de BC fue “inflado” por el PRI de Salinas–, y que en modo alguno de trata del súbito arresto de un inocente.
Si el peón de la democracia salinista de hace 37 años está libre de culpa, esto es algo que deberán decir los tribunales, no los intelectuales orgánicos del sexenio 1988-94. Por ahora cabe solo presumir que, como investigador, se necesitaría ser harto chambón para fallar en una averiguación que insumió más de doce meses.
En otras palabras, hay razones fundadas para presumir que a Ruffo lo tienen prendido de su parte más vulnerable.
Los columnistas confabulados para defender a este político buscan sembrar la idea de que fue detenido injustamente por su adhesión al partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo. Lo que debieran preguntarse es por qué fue convocado en marzo a integrar dicho Consejo, si hasta las piedras –menos, claro, Aguilar Camín, Gamés y Sarmiento—sabían que sobre él pesaban fundadas sospechas de que contrabandeaba hidrocarburos.
Sarmiento buscó equiparar al icónico panista con Hilario Ramírez, el saltimbanqui exalcalde de San Blas, Nayarit –PAN, “independiente”, Panal–, quien sin ambages confesó que como munícipe del blanquiazul “sí robé, pero poquito”.
“La procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó en octubre de 2025 que las pérdidas por contrabando de combustible ascendían a 600 mil millones de pesos”, escribió el brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego, y minimizó el daño estimado del bajacaliforniano a las arcas públicas:
“4,456 millones de pesos serían así sólo 0.7%, y los 106.8 millones (por evasión del IVA), 0.02%. ¿De verdad es Ruffo el líder de la mayor red de huachicol fiscal?”.
Respuesta: Quizá no. Tal vez también sólo robó poquito.
RESCOLDOS
El que sabe, sabe. José Carreño Carlón, exvocero oficial y ahora oficioso de Carlos Salinas, celebró brincando en una pata el que “quedó nublado por delitos de alto impacto –que ocuparon la agenda informativa—el costoso despliegue propagandístico de la semana para presumir grandes avances en el combate al crimen”.
Despliegue propagandístico –ilustró– consistente en “titulares de diarios, entradas de noticieros, invasión de redes socio-digitales y columnas que celebraron la reducción de homicidios y la captura de miles de delincuentes”.
Frente a tanta sagacidad, se impone preguntarle al exvocero presidencial ¿de dónde tan conocedor de las estrategias de manipulación informativa desde el poder? ¿Sabe por experiencia propia de lo que habla?
Y, además, cual es la razón por la que festejó este fracaso, pues en el colmo de la ruindad, henchido de felicidad, añadió:
“Pero no pudieron contra la carga de noticias que reafirman la percepción extendida de omnipresencia criminal, fuera de control. Quedó viva una sensación de inseguridad insuperable con cifras y gráficas”.
El fundador de diarios por encargo y con dinero público para lavarle la cara a Salinas y su dinastía, dijo, sin sonrojarse, que el actual régimen “ha uniformado la información y los encuadres de buena parte de medios, como no se veía acaso desde Díaz Ordaz”.
Falso. Si época hubo en que se uniformaron la información y los encuadres mediáticos esa fue el salinato, cuando desde la campaña electoral fueron cooptados algunos de los periodistas más destacados, ya fuese por su talento o por el medio que representaban. Joaquín López Dóriga, por mencionar solo uno.
Instalado en la más cínica falacia, Carreño Carlón aseveró que lectores y audiencias tienen ahora “la experiencia de un sistema más libre de comunicación pública en décadas pasadas”.
Y que “aún en las épocas más oscuras de control de los medios” por los gobiernos, “los periodistas desarrollaron habilidades para ejercer sus libertades informativas, como ahora se persevera en varios medios”.
Hay que creerle al comunicólogo del prianato cuando dibuja una estampa propia de las dictaduras sudamericanas de los 70, cuando las juntas militares nombraban interventores en diarios, radios y televisoras, y los periodistas debían ingeniárselas para burlar la censura.
Hay que creerle porque sólo él sabe a quiénes les confió el triste encargo de representar los intereses del gobierno en los medios durante el sexenio 1988-94.
RESCOLDOS
Flaco favor le hicieron a Ruffo, el expresidente Fox y los exgobernadores panistas Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez. Conformaron un frente dizque en defensa del presunto huachicolero mayor, pero se concretaron a exigir que el proceso judicial en contra de éste se conduzca con plena transparencia y estricto apego al Estado de derecho. O sea, exactamente lo que el gobierno tiene que hacer, no como concesión ni por encono sino porque así lo marca la ley. ¡Ni modo que el proceso sea ilegal y opaco! Lo que debieron haber pedido es que la ley se tuerza a su favor, porque una ayudadita canalla es lo que el bajacaliforniano necesita para salvar su pellejo.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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