Adrián Ortiz Romero Cuevas
Este viernes 21 de agosto, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya anunció su reincorporación al gobierno de aquella entidad, luego de haber estado cuatro meses bajo los efectos de una licencia temporal al cargo de Gobernador derivado de las acusaciones que formuló en su contra el gobierno de los Estados Unidos y, según, para facilitar las investigaciones de la FGR sobre esos señalamientos. Unas horas después de ese anuncio, tanto el gobierno federal, las bancadas legislativas federales del oficialismo, el partido Morena, y 23 gobernadores, se deslindaron de las decisiones de Rocha. Lo que siga hacia adelante, pondrá a prueba al olvidado y ahora desacreditado federalismo mexicano.
En efecto, la misma tarde de este viernes tanto el gobierno de la República, como Morena, se deslindaron de la decisión tomada por Rocha Moya. Algo similar hicieron las representaciones de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ya entrada la noche, los 23 gobernadores de Morena y partidos aliados, publicaron una carta en la que llaman al mandatario sinaloense “a la madurez y a la responsabilidad”. Rechazan que los proyectos políticos o de facción tengan cabida “cuando se contrapesan con el bienestar de la nación. Y calificaron como desmesura y “decisiones de facción” las tomadas, afirmando que eso atenta contra los principios de honestidad y lealtad que juraron defender.
Es decir, políticamente, Rocha Moya se quedó solo. Y jurídicamente, lo que tendría que proceder es que el sistema federal actúe en consecuencia para restablecer el orden que la propia mayoría morenista considera quebrantado. Si bien no existe un mecanismo en la Constitución federal que permita la remoción de un gobernador, sí existen dos mecanismos: uno, a través de la figura de la desaparición de poderes (contenida en la fracción V del artículo 76 constitucional como facultad exclusiva del Senado); y dos, a través de la declaratoria de procedencia (quinto párrafo del artículo 11 constitucional), para retirarle la inmunidad constitucional (el fuero, pues) y pudiera ser procesado judicialmente.
Ninguno de los dos caminos parece viable, si no fuera por la circunstancia política. En el caso de la declaratoria de procedencia, la Constitución señala que ésta se aplicaría para permitir que un gobernador responda ante la justicia por la presunta comisión de delitos federales (delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, etcétera), pero que, en este supuesto, este supuesto, “la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. En este punto, si hoy la Legislatura de Sinaloa le permitió al Gobernador reasumir sus funciones, entonces ya se puede prever el resultado.
El otro camino estaría en la desaparición de poderes, para corregir este “exceso” por parte de Rocha. Si está solo políticamente, sin el apoyo expreso de la Presidenta, sin el respaldo de las cámaras federales ni de los gobernadores, entonces queda claro que podría existir un acuerdo político de todos ellos para desaparecer los poderes en Sinaloa.
De hecho, es claro que hoy existe ya un consenso político sobre el quebranto al pacto interno del morenismo. Por eso los deslindes institucionales, los “llamados a la civilidad”, y el rechazo a las decisiones de facción. La Presidenta, queda claro, no lo respalda; tampoco los gobernadores, ni las cámaras federales.
¿Qué queda? Que ese consenso en contra se traduzca en el hecho teórico/práctico de que cada uno de los 23 gobernadores del oficialismo, más los opositores, consensen que su representación en la cámara alta proceda con la desaparición de poderes. El Senado, recordemos, representa no al pueblo sino a las entidades federativas. Y si todas están a favor en un mismo sentido, lo que quedaría es su formalización.
Paradójicamente aquí habría una motivación criminal, más que política. Nunca en el pasado reciente se había contemplado la posibilidad de remover a un gobernador por otra causa que no fuera la política. No obstante, el bienestar de la nación está en juego, reconocen los gobernadores. Y la única forma que tendrían para cortar ese cáncer está en la Constitución y en el sistema federal, a través de los mecanismos ya señalados. ¿Será el momento en que Morena y la presidenta Sheinbaum decidan amputar a uno de sus ejes, antes de que la gangrena ponga a todo el sistema en un franco peligro de muerte?
@ortizromeroc
