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PLAZA ABIERTA || Insulto a nuestra inteligencia 

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Lorenzo Córdova no tenía necesidad de responderle a la presidenta Sheinbaum las acusaciones sobre Guadalupe Taddei Zavala. Al menos las personas que tenemos conciencia tanto política como histórica sabemos que su trabajo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo sus polémicas, pero siempre fue imparcial y con apego a los principios de la democracia. Responderle, es rebajarse a la narrativa de la presidenta y generar un falso debate para que, mientras dure el entretenimiento, sea Córdova el foco y no Taddei y así, sus corruptelas pasen a segundo plano y se cumpla el pacto de impunidad; pero que no se nos olvide, a Guadalupe Taddei la pusieron AMLO y Morena, le dieron súper poderes al frente del INE y no hubo disposición alguna que no beneficiara al grupo en el poder. Distinto con Lorenzo Córdova, que al mantenerse siempre en apego a los principios de la república se le llamó “adversario del régimen” y “deshonesto”.

Culpar al pasado por las corruptelas de este régimen, se está volviendo una costumbre que ya, lejos de ser un argumento, en verdad es ridículo. La presidenta pretende insultar la inteligencia de los mexicanos al aseverar que la responsabilidad de llevar a la tristemente célebre Guadalupe Taddei fue de Lorenzo Córdova y no de ellos. Esa afirmación la secundan personajes como Camila Martínez, Citlali Hernández y demás afines al régimen que tratan de vernos la cara de tontos, pensando que imponer ese discurso va a ser suficiente. ¡Por favor! La responsabilidad de Taddei y su cochinero en el INE es de la 4T. ¿Qué hubiera pasado si esos escándalos hubieran sido de Lorenzo Córdova y no de una de ellos? En efecto, ya estaría en la cárcel. Por lo pronto, se desconoce el paradero de Taddei. 

CONTRAFUEGO || Irresponsables voladas

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Aurelio Ramos Méndez

El gobierno federal ya cuenta con un “tablero” con los nombres de los columnistas que considera más influyentes y “peligrosos”, a quienes intenta “inhibirlos o cancelarlos, aunque no se sabe hasta dónde quieran llegar en Palacio Nacional”.

Tan grave y alarmante revelación fue hecha por el periodista Raymundo Riva Palacio, en una chapucera columna titulada “Periodistas, enemigo #1 de Palacio”, sin el glosario indispensable acerca del alcance que el autor les confiere a los términos “inhibirlos” y “cancelarlos”.

Peor aún, con una potente carga malintencionada oculta en la sibilina frase “aunque no se sabe hasta donde quieran llegar en Palacio Nacional”, que da para cualquier cosa que las audiencias puedan imaginarse.

Según el columnista, la caída de Guadalupe Taddei en el INE implicó el reconocimiento por el gobierno de que su narrativa sobre la situación del país se está agotando, y como consecuencia el Ejecutivo se embarcó en una nueva fase –la tercera en ocho años de cuatroteísmo– para tratar de frenar el trabajo de la prensa crítica.

La perversa elucubración fue publicada en el periódico El Financiero, el miércoles pasado (27), mismo día en que fue difundida la noticia de que en la víspera el juez federal Jed S. Rakoff, del tribunal del distrito sur de Nueva York, emitió una orden de captura en contra del propietario de dicho diario, Manuel Arroyo Rodríguez.

El arresto fue ordenado debido a que el dueño de Grupo Lauman y operador de Fox Sports México desvió más de 12 millones de dólares, mediante un centenar de transacciones bancarias realizadas a pesar de una orden de restricción impuesta por el tribunal, en un litigio con Fox Corporation. Asunto cuyo monto por multas por desacato ya acumula 70 millones de dólares.

A principios del sexenio anterior este periodista saturó la atmósfera con publicaciones en las cuales declaró extintos los contrapesos institucionales, como si los poderes Legislativo y Judicial y otros órganos constitucionales de control hubiesen sido disueltos. 

Y, como si no existiesen más la prensa, las organizaciones sociales, empresariales, sindicales, civiles, académicas y hasta la iglesia…

Ahora se ufanó de que la caída de Taddei fue consecuencia de… investigaciones periodísticas; es decir, del accionar de un contrapeso que según él ya no existía.

Dijo que la sonorense se derrumbó debido a revelaciones que la hicieron indefendible, aunque Sheinbaum tuvo “la tentación autoritaria” de tapar las fechorías. 

Tal como –añadió Riva Palacio desde un plano de superioridad intelectual, profesional y moral– la mandataria ha intentado hacer en casos de narcopolíticos y de “la caterva de incompetentes que tiene a su alrededor”.

Habría sido así porque –sostuvo– Taddei es herencia del expresidente López Obrador y, duro y dale, “pieza instrumental de la 4T en la destrucción de los órganos autónomos, que servían de contrapeso al gobierno”.

El colaborador del empresario periodístico que ha sido protagonista de numerosos escándalos de corrupción, entre otros el de haber obtenido un polémico crédito por 2.400 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto, puntualizó que la crisis en el INE “volvió a subrayar que el principal enemigo del régimen de la 4T son los medios y periodistas críticos”.

A partir de semejante conclusión, hizo interpretaciones temerarias, a cual más alarmante, que le imponen la obligación ética de explicarlas a cabalidad.

En su primera acepción, dice el diccionario, “inhibir” significa impedir, reprimir, cohibir, contener o prohibir el ejercicio de facultades, hábitos o acciones. 

Y “cancelar” es, entre otras cosas, suspender algo previamente anunciado. Sus sinónimos o afines, entre muchos, anular, suprimir, abolir, rescindir, revocar, derogar, pagar, saldar, finiquitar, liquidar.

Difícil acertijo el que les planeó a sus lectores el autor de Estrictamente Personal, pues no se sabe si sus dichos corresponden a la verdad o son irresponsables voladas.

Aseguró que el actual gobierno “se ha embarcado en una nueva fase (la tercera) para intentar frenar su trabajo crítico”, y precisó que la primera fase fue operada por el exvocero Jesús Ramírez, quien, fracasado, fue sustituido (segunda fase) por Iván Silva. 

La tercera está a cargo de Andrea de Anda, especialista en comunicación digital, y Ana Areche de Anda, de nacionalidad española.

Areche –asevera el columnista de El Financiero —“ha desarrollado un nuevo esquema de medición sobre el impacto de periodistas a quienes consideran más “peligrosos”, por el impacto que están teniendo sus columnas o mensajes en redes sobre el gobierno y el movimiento de la ‘4T’”.

No lo dijo, pero cabe suponer que está convencido de ser el número uno de la lista de los más influyentes y “peligrosos”. 

Que él tiene en sus manos el cuerno nórdico para dar el arranque del remo vikingo, debidamente sincronizado, en el que participan medios y periodistas del montón.

El nuevo esquema –detalló– se enfoca más en la penetración que en la reproducción de los escritos.

“Lo que han encontrado es que un columnista no tiene más peso por el número de seguidores y retuits, sino (¡ah… oh…!)  por el tipo de penetración que tienen sus publicaciones en las redes sociales”. Método éste en que se valora menos la cobertura que la influencia. Algo más viejo que andar a pie.

Tomó vuelo y en farragosa parrafada, con indisimulable perversidad, acusó al gobierno de espiar y jaquear a periodistas:

“La española diseñó un tablero donde colocó a quienes midió como los más influyentes, a partir de una metodología distinta a la que estaban aplicando en Palacio Nacional, que incluye su red de vínculos, que en el primer plano es superficial, pero que con un análisis más sofisticado permite identificar si los columnistas sobre quienes están poniendo más atención en Palacio Nacional, tienen alianzas con políticos de oposición o empresarios, así como también si son parte de una estructura política, nacional o extranjera, opositora. En acompañamiento de esta estrategia se incluyen programas que roban sus datos de WhatsApp y TikTok, que les aporta más información sobre sus relaciones y sus fuentes de información”.

Así, sobre un terreno bien abonado, lanzo su advertencia acerca de los enigmáticos propósitos del gobierno, la cual merece mayor explicación voluntaria del comunicador o la intimación de éste por las autoridades, con fines de aclaración.

¿Qué más sabe este periodista o que tanto más intenta enturbiar el ya enrarecido ambiente mediático?

BRASAS

Jorge Castañeda publicó en las redes una foto del 6 de julio de 1988, en la cual aparece, sonriente, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Monsivais. “Gran dolor”, escribió, en obvia alusión al deceso este miércoles del excandidato presidencial. 

Omitió recordar que mientras se fotografiaba ya tenía boleto como pasajero del microbús de Carlos Salinas de Gortari, como uno de los llamados “intelectuales orgánicos” del sistema.

Y que, para mayor agravio a sus amigos de la izquierda, después sería colaborador como canciller de Vicente Fox.

Desde ese cargo, Castañeda preconizó el fin de los nacionalismos y el arribo, definitivo e irreversible, de la globalización. ¡Vaya despiste!

Apenas tres lustros después, en 2017, el ultranacionalista Donald Trump llegó al poder y exhibió el error del famoso analista y comentócrata.

Boga con bandera de oráculo el excanciller, pero sus desatinos ya son proverbiales. 

La semana pasada dijo que el delito de traición a la Patria es “una pendejada del siglo XIX”. 

Le parece inocuo el entreguismo de políticos y periodistas que con descaro invocan la intervención –si militar, mejor– de Estados Unidos en nuestro país.  Y el colaboracionismo de gobernadores como Maru Campos y Mauricio Kuri.

No es improbable que también desdeñe la reforma sobre nacionalidad única para aspirar a la presidencia. 

Como si no supiera que Salinas, tan pronto concluyó su mandato, acogió la nacionalidad española, en un gesto que dice mucho del amor a la patria que malgobernó seis años. 

Ni que Fujimori en su momento, amparado en su doble nacionalidad, huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia del Perú. 

O que el brasileño e italiano Flavio Bolsonaro escapó como rata por el drenaje hacia EU, tan pronto percibió que la lumbre de la justicia le llegaba a los aparejos.

Y que el argentino Javier Milei, cuyo gobierno se antoja copia fiel del fujimorato –respaldo gringo y de las fuerzas armadas, drástica reducción de la inflación mediante políticas de choque, a costa de los más pobres; corrupción rampante, divorcio de la casta política— tiene a la mano su pasaporte italiano por si las moscas.

Por cierto, el más dichoso por noticia que a Castañeda le causa “gran dolor” es Salinas de Gortari, quien ahora podrá intensificar la operación lejía con que intenta lavar su nombre ante la historia.

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De los gobiernos de Estados Unidos, más allá de su ideología, no se debe creer la mitad de lo que dicen y la otra mitad hay que ponerla en duda. 

De cara a esta proverbial recomendación de prudencia, no obstante, conviene dar por buena la afirmación del embajador Ronald Johnson, relativa a que su país no se propone invadir México. “No buscamos lanzar bombas”, dijo.

Explicó que la designación como terroristas de los cárteles del narcotráfico tiene la finalidad de “poder emplear otros mecanismos, como herramientas financieras, sanciones económicas, medidas contra el apoyo al terrorismo para abordar la red en su totalidad”.

Remarcó que “mucha gente piensa que se hizo para poder justificar una intervención militar y lanzar bombas sobre los cárteles, pero esa no fue la razón”, e insistió en que con dicha designación se pretende actuar contra las redes completas a escala internacional, no limitarse a la persecución de sus integrantes en México.

Disipada la duda por el diplomático, resta conocer las explicaciones de numerosos periodistas mexicanos afines a la oposición, que durante años han propalado, mañana, tarde y noche, la versión de que es inminente una incursión militar terrestre para capturar no sólo a narcos y francos delincuentes, sino también a político coludidos con estos.

¿Han sido inventos de la mente calenturienta de esos comunicadores, filtraciones gringas interesadas que se han tragado sin masticarlas, distractores del gobierno o de grupos en México, o chismes de peluquería?

Ni mu han dicho nuestros más conspicuos líderes de opinión.

RESCOLDOS

Fue capturada, ¡por fin!, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, esposa del principal empresario facturero del país, Víctor Manuel Álvarez Puga. Cinco años anduvo a salto de mata, hasta que cayó en Miami. Sobre ella pesaban por lo menos tres órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Dese por seguro que su arresto destapará un verdadero un pozo de corrupción, una cloaca en la que chapalean empresarios y ex altos funcionarios. Y es de esperarse también que el rancio apellido de la sobrina del exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, no la salvará de tener que saldar las cuentas que tiene pendientes con la justicia.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Imparte Poder Judicial seminario sobre responsabilidad médica y primeros auxilios

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• La jornada reunió conocimientos jurídicos y herramientas de atención inmediata para fomentar la prevención y el cuidado de la salud entre el personal judicial

 

Oaxaca, Oax., 30 de octubre de 2026.- Con el tema “La responsabilidad médica y sus implicaciones jurídicas”, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, organizó un seminario en el que se abordaron los aspectos legales relacionados con el ejercicio de la medicina, así como las obligaciones y consecuencias jurídicas derivadas de la atención médica, con el propósito de fortalecer y ampliar los conocimientos sobre esta materia.

 

La actividad, realizada en el auditorio “Benito Juárez”, del edificio sede de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro,fue impartida por el doctor Pablo Francisco Muñoz Díaz, abogado especializado en derecho constitucional y administrativo, quien compartió aspectos de la relación entre el ejercicio profesional de la medicina y el marco legal que lo regula, así como la importancia de conocer las obligaciones y las posibles consecuencias jurídicas derivadas de esta práctica.

 

En este marco, personal de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) impartió el taller “Primeros auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar (RCP)”, con prácticas para actuar ante situaciones de emergencia y brindar una primera respuesta ante un posible riesgo para la salud o la vida.


Ambas actividades se desarrollaron en el segundo día de la reciente jornada “Salud y Justicia: Prevención y responsabilidad médica”, organizada por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial, como un espacio de formación y sensibilización en materia de salud, prevención y responsabilidad médica.

Brasil: la derrota de lo inevitable

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Alberto Benítez Tiburcio

Durante tres semanas, la elección brasileña pareció resuelta. Flávio Bolsonaro había obtenido 47.03 por ciento de los votos, aventajaba a Lula por más de dos millones y podía recibir buena parte del apoyo de los candidatos eliminados que en su mayoría eran consercadores. La suma favorecía a la derecha. El 25 de octubre ocurrió lo contrario. Lula alcanzó 51.79 por ciento, reunió cerca de 64.3 millones de votos y se convirtió en el primer candidato de la democracia brasileña que gana la Presidencia después de quedar en segundo lugar en la primera vuelta.

Sería un error interpretar el resultado como una conversión ideológica de Brasil. Casi 60 millones de personas votaron por el hijo de Jair Bolsonaro. La derecha conserva una presencia considerable en el Congreso y el bolsonarismo mantiene apoyos en sectores empresariales y religiosos. Lula ganó en un país dividido, no en un país reconciliado. Precisamente por eso su victoria importa. Detuvo una corriente política que había cuestionado las elecciones, acosado a los tribunales y justificado el asalto a las instituciones.

En muchas democracias comienza a aceptarse una explicación demasiado cómoda. La inseguridad económica genera resentimiento y ese resentimiento se entrega a gobiernos autoritarios de derecha. La repetición del fenómeno ha terminado por presentarlo como una ley inevitable. Brasil introdujo una duda saludable. El descontento no tiene una orientación política predeterminada. Depende de quién consiga explicarlo, de los responsables que señale y de las posibilidades de acción que ofrezca.

El origen de ese malestar puede observarse en la distribución de la riqueza. Un estudio sobre el mercado bursátil estadounidense encontró que entre 1952 y 1988 el crecimiento de la economía explicó prácticamente todo el aumento del valor de las acciones. Por el contrario, entre 1989 y 2017 explicó apenas una cuarta parte. En el otro lado, cerca de 40 por ciento de las ganancias provino de un reparto del ingreso que favoreció a los accionistas frente a los trabajadores. Mientras los activos se apreciaban, numerosos salarios perdían terreno y el crédito ocupaba el lugar de los ingresos insuficientes.

Esa transformación no explica todos los problemas económicos, pero ayuda a entender una experiencia compartida por millones de personas. La economía crece y, pese a ello la vida cotidiana se vuelve más incierta. Quien posee empresas, acciones o inmuebles participa en la revaluación de sus activos. Quien vive de su salario es cada vez más pobre y trabaja dentro de la misma economía sin recibir una parte equivalente de sus beneficios.

La extrema derecha entra en esa grieta y modifica el mapa de responsabilidades. Acepta que el trabajador ha perdido algo, confirma su sensación de abandono y después le entrega un culpable. El enojo deja de dirigirse contra la concentración económica y cae sobre el migrante, las minorías o las familias que reciben ayuda pública. La pobreza termina atribuida a otros pobres. Los grandes propietarios salen de escena sin tener que defenderse.

El paso siguiente consiste en presentar los controles democráticos como refugios de una élite hostil. Los jueces conspiran, la prensa miente y las autoridades electorales traicionan al pueblo. Poco a poco, los límites al poder adquieren apariencia de abuso. El neofascismo contemporáneo puede convivir con las urnas mientras reduce la independencia de las instituciones que hacen posible la alternancia. Mantiene la fachada y altera el edificio por dentro.

La izquierda contribuyó a su propio debilitamiento cuando abandonó la discusión económica. Defendió con razón las instituciones, aunque durante años tuvo poco que decir sobre la pérdida salarial, la deuda de los hogares y la concentración empresarial. Ofreció administrar con mayor competencia un orden que muchas personas consideraban injusto. Para una familia que no llega a fin de mes, la eficiencia administrativa resulta una promesa bastante modesta.

Lula devolvió a la contienda una pregunta elemental. ¿Para quién trabaja el gobierno? Desde enero de 2026, quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales quedaron exentos del impuesto sobre la renta. Los ingresos más altos comenzaron a realizar una aportación adicional. La medida tiene un alcance limitado frente a la desigualdad de Brasil, pero vuelve visible una decisión política. Millones de trabajadores pagan menos porque quienes tienen mayor capacidad económica pagan más.

Esa respuesta material necesitaba una estrategia capaz de circular fuera de los espacios tradicionales. Después de la primera vuelta, André Janones asumió una función central en la campaña digital. El canal de WhatsApp Exército do Lula superó los diez millones de seguidores. Su verdadero valor apareció cuando esa multitud recibió tareas concretas. Los simpatizantes difundieron materiales, conversaron con personas cercanas y llevaron la movilización a sus comunidades. Dejaron de esperar instrucciones como público de una campaña y comenzaron a actuar dentro de ella.

El canal cuenta únicamente una parte de la remontada. La abstención disminuyó, el transporte gratuito facilitó la participación y la estructura territorial del Partido de los Trabajadores volvió a funcionar. También pesaron los errores de Flávio Bolsonaro y el temor de votantes moderados ante otra embestida contra las instituciones. WhatsApp sirvió porque había personas organizadas en las calles. Sin esa conexión, diez millones de seguidores habrían producido una cifra impresionante pero quizá muy pocos votos adicionales.

La experiencia brasileña permite mirar de otra manera a la oligarquía digital. Las plataformas deciden el acceso a las audiencias, cambian sus algoritmos sin explicación y obligan a los partidos a pagar para comunicarse con ciudadanos que alguna vez los siguieron voluntariamente. Una porción creciente de la conversación pública ocurre dentro de espacios privados. La campaña de Lula utilizó uno de ellos, aunque logró formar una red que podía actuar fuera de la pantalla. No venció al algoritmo. Consiguió depender un poco menos de él.

Pix ofrece una lección distinta. Este sistema de pagos instantáneos, creado por el Banco Central de Brasil, procesó cerca de 80 mil millones de operaciones durante 2025. Las personas pueden utilizarlo gratuitamente y los pequeños comercios pagan mucho menos que en las redes tradicionales de tarjetas (Visa y Master Card). Estados Unidos lo consideró perjudicial para sus empresas de pagos. El reclamo terminó revelando el tamaño del negocio amenazado.

Pix modificó la competencia sin prohibir tarjetas ni expulsar compañías. Creó un camino por el que el dinero podía circular sin pagar los peajes habituales. A veces el poder de una corporación se reduce cuando una regla le impone límites. Otras veces basta con construir un servicio mejor que permita prescindir de ella. Brasil hizo esto último y millones de usuarios tomaron la decisión por sí mismos.

Tampoco conviene convertir la victoria en leyenda. Lula gobernará frente a una oposición poderosa y con un Congreso adverso. El sector agroindustrial conserva una enorme influencia. Lo mismo ocurre con las iglesias evangélicas y los grandes intereses financieros. El bolsonarismo perdió la elección, pero sus causas sociales permanecen. Si el nuevo gobierno fracasa, la derecha tendrá nuevamente material para reconstruirse.

México debería observar la experiencia sin copiar sus apariencias. Un canal con millones de seguidores sirve de poco si carece de organización territorial. Un discurso sobre la justicia pierde fuerza cuando no produce cambios reconocibles en la vida diaria. También necesitamos discutir nuestra dependencia de las empresas que controlan los pagos y la circulación de información. Una parte de la soberanía contemporánea se juega dentro de infraestructuras que casi nunca vemos, aunque las utilicemos todos los días.

Brasil no aseguró el futuro de la izquierda. Hizo algo más concreto. Impidió que una derrota probable se convirtiera en destino. Lula logró que millones de ciudadanos volvieran a sentirse necesarios en una elección que parecía perdida. El poder económico sigue ahí y el neofascismo también. Desde el domingo sabemos que ninguno de los dos es inevitable.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Taddei, a la reja

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Aurelio Ramos Méndez

La renuncia que Guadalupe Taddei presentaría este lunes a la presidencia del Consejo General del INE allana el camino hacia la inevitable consignación penal de esta funcionaria. Será así, debido a la gravedad de las irregularidades administrativas que le han sido atribuidas no solo por miembros de la oposición sino aun del partido gobernante.

La anunciada separación de la presidencia, exime a la sonorense de un sinuoso juicio político, pero abrevia la resolución final del caso, que apunta hacia la punibilidad carcelaria.

Sería una sanción más que merecida, dadas las evidencias de corrupción en el manejo operativo del INE, entre las cuales lo de menos es la designación de empleados con regios e injustificables salarios.

Hay indicios que apuntan al aprovechamiento del instituto electoral como si fuera botín de un grupo de amigazos, a la manera de los mejores tiempos de la presidencia de Lorenzo Córdova.

Es de esperarse que esta vez imperará la ley y se evitará la burla de los vividores del erario a todos los mexicanos, lacras de quienes debe decirse que su responsabilidad es mayor si se repara en que llegaron envueltos en la bandera de la honestidad y bajo el lema de “no somos iguales”.

Está claro que el escándalo, si bien mayúsculo, atañe al aspecto administrativo del Instituto, pues en lo estrictamente político-electoral las decisiones adoptadas durante la gestión de Taddei Zavala –apenas la tercera parte del periodo de nueve años, 2023-2032– fueron adoptadas democráticamente, de manera colegiada, por mayoría de votos.

Además de los consejeros, de entre quienes Taddei fue electa presidenta, el Consejo General del INE cuenta con representación de los partidos y el Congreso de la Unión, por lo que mal podrían ser descalificadas sus resoluciones con el argumento de que fueron tomadas por el equipo de la inminente expresidenta.

La también exmandamás del Instituto Sonorense de Transparencia saltó de la sartén a las brasas, del muy probable juicio político a la vulnerabilidad más absoluta, pues sus trapacerías han sido ventiladas desde los cuatro puntos cardinales, incluso por personajes de Morena. Así y todo, el proceso rumbo a las elecciones del año próximo está a salvo.

Entre las irregularidades atribuidas a la virtualmente exfuncionaria está el haber permitido la conformación de toda una red de influencias en áreas delicadas del INE por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, mediante la cual han sido capturados suculentos gajos del presupuesto del Instituto, vía adquisiciones y licitaciones amañadas.

Ni con la mejor voluntad pude decirse que Taddei desconocía el tinglado de corrupción armado por el proveedor mencionado. Grabaciones de llamadas telefónicas de origen desconocido y documentos diversos la incriminan. 

El contenido y tono de los audios filtrados a medios incondicionales de la oposición dejan ver que la consejera presidenta fue menos imprudente que desafiante. Consintió las extralimitaciones de su proveedor consentido sin la cautela de quien debería saberse vigilada 24/7 y con todos los recursos técnicos, legales y de los otros. 

Optó por proceder como si tuviese impunidad garantizada, en tiempos en que la corrupción es combatida así sea de a poquitos. O, mejor, combatida un poco más ahora que en el sexenio pasado.

A la luz de la abundante información disponible, no deberán pasar muchos días antes de que la titular de la Secretaría Anticorrupción, la dura Raquel Buenrostro, tome la decisión de encausar al combo de involucrados en este pestilente caso, Taddei, proveedores, funcionarios medios del INE, entre otras fichitas. 

Corresponderá a la justicia determinar el grado de responsabilidad que le corresponde a la ahora expresidenta del máximo órgano electoral. La secretaría referida ya tiene avanzada una investigación de oficio. Y desde el Ejecutivo hay señales de que se busca hacer de este asunto un caso ejemplarizante, como no puede ser de otra manera.

BRASAS

Se quedaron con los crespos hechos quienes celebraron de forma anticipada la caída de Brasil en la buchaca de la ultraderecha. Lula mantuvo a su país en el sendero del progresismo.

Y junto con la presidenta Sheinbaum y un puñado de gobiernos de países geográfica, demográfica y económicamente pequeños conformará un trabuco que para Donald Trump no será fácil desdeñar.

La presidenta mexicana fue la primera en felicitar a Luiz Inácio da Silva, cuya victoria frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro constituye la peor noticia en años para el mandatario gringo.

Trum ya se frotaba las manos para hacer de las suyas en el país de la samba, tal como hace en la Argentina del patético –desagradable, histriónico, abotagado y violento– Javier Milei, quien se salvó de ser desplazado por Bolsonaro como el principal promotor de la política internacional gringa en Brasil y América Latina en general.

Milei, a quien Ricardo Salinas Pliego le ha copiado con descaro sus modos, lemas y hasta su coprolalia, sigue siendo lacayo del gringo, pero ya no tendrá respaldo económico de la Casa Blanca.

Hasta antes del triunfo de Lula, Trump estaba embarcado en el muy democrático proceso de comprar votos para el gaucho chiflado que habla con perros muertos. ¿Cómo? Mediante la promesa de darle a la Argentina carretadas de dinero sólo si Milei gana las elecciones intermedias del año próximo.

Lástima. El personero del gringo pirado en la tierra de Gardel tiene ahora la franca animadversión del presidente brasileño, a quien insultó a gritos y en su tierra, seguro de que éste sería superado por Bolsonaro. No ocurrió.

Milei seguirá como sirviente del presidente estadunidense, por más que ya a nadie entusiasma. Tal como pudo verse en España la semana pasada, cuando hasta los representantes de la derecha y la ultraderecha –PP y Vox– se negaron a recibirlo, por su claro perfil de espantavotos.

Triste condición de ahuyentador de votos la del argentino… Fama ésta que fue corroborada en la elección brasileña. 

De nada sirvió que Milei viajase al gigante sudamericano para hacer campaña por el retoño del golpista Jair Bolsonaro. 

Habrá que ver si, en lo sucesivo, alguien aparte de Salinas Pliego aceptará que el argentino que exuda corrupción y se cae a pedazos en las encuestas, le eche la mano.

RESCOLDOS

Por cierto, haciéndose el tonto, el despreciable Trump deslizó hace días un insulto para la Presidenta de México. “Era bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a Presidenta de México. ¿Cómo diablos pasó eso?”, dijo. Fingió ignorar la diferencia entre bailarina en la única acepción que al parecer conoce, y la de alguien que cultiva el arte en la danza o que, en todo caso, se dedicó a la danza como pasatiempo previo a su incursión en la ciencia. Se entiende. La bella Melania Trump de veinteañera andaba en la farándula y hasta posó desnuda en Max Magazine y New York Post Office. Y mejor ni hablar de la bailarina y actriz porno Stormy Daniel, que en más de un sentido le ha quitado el sueño en los últimos años…

El columnista Jorge Fernández Menéndez volvió a la mentira. Se preguntó qué pasa, en qué delitos incurren funcionarios que entregan sus estados o municipios al crimen. Y “qué delito comete un jefe del Centro Nacional de Inteligencia que entrega nombres de agentes de Estados Unidos y del propio CNI a rusos y cubanos. ¿No es traición a la patria?”. No entendió o se pasó por la faja el rudo desmentido del embajador de EU Chirstopher Landau. Duro de entender.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Fortalece PJEO colaboración institucional para impulsar estudios de posgrado de la Escuela Judicial

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• La magistrada presidenta Erika Rodríguez da seguimiento a acciones de coordinación con la Secretaría de Educación Pública

 

Oaxaca, Oax., 26 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones de coordinación y alianzas estratégicas, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Educación Pública en la entidad, Anahí Sarmiento Pérez, con el propósito de dar seguimiento a las iniciativas conjuntas orientadas al fortalecimiento de los estudios de posgrado que ofrece la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura.

 

Durante la reunión, se abordó la importancia de consolidar una oferta educativa especializada que permita al personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca ampliar y actualizar sus conocimientos, en favor del desarrollo de competencias profesionales que contribuyan a una mejor impartición de justicia.

 

A través de la Escuela Judicial, se promueven espacios de formación continua que incluyen estudios de especialidad para personal judicial y diplomados dirigidos a abogadas y abogados externos, entre otras actividades encaminadas a fortalecer el ejercicio profesional y brindar herramientas para atender los desafíos actuales de la administración de justicia.

PLAZA ABIERTA || Todo lo que tocan, lo corrompen

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

El escándalo actual y del que es protagonista Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), es algo de lo que al menos yo, no tengo memoria. Esto vuelve una bagatela aquel estrépito de cuando Lorenzo Córdova remedó la forma de hablar de un líder indígena y que, por cierto, quienes vociferaron de forma escandalosa ese hecho, fueron los simpatizantes del expresidente López Obrador, que eran oposición en esos días. La vida de frivolidad y lujo de Taddei, la relación con su “asistente especializado”, el desvío de millones de pesos y tener a Paris a los pies de sus hijos, colocan al INE y a su presidenta en el ojo público, porque hasta que fue tocado por López Obrador y su partido, era uno de los institutos que gozaba de mayor confianza entre los mexicanos. 

Los mexicanos tenemos que hacer conciencia de eso. ¿Por qué todo lo que toca o crea Morena y sus servidores públicos lo convierten en corrupto?, instituciones como el INE, o el ejército, la marina, el sistema de salud, el poder judicial, la mayoría de las secretarías, el cacaraqueado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), que por congruencia debería ser el Instituto para robarle al pueblo lo devuelto, Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), el tren interoceánico, el tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, Mexicana de Aviacion y algún otro que se me pase, son realmente emblemas de lo que tanto prometieron combatir: la corrupción. No hablemos de los estados gobernados por ese partido en donde la violencia, la injusticia, la persecución a periodistas, el saqueo y la desconfianza es el común denominador. La salida de Taddei del INE debe ser inminente y con ello, esperamos que ahora sí, realmente el instituto, que tanto trabajo costó levantar, garantice elecciones limpias y transparentes, para poder tener algo de certeza de que comenzará un cambio. Aunque su renuncia, seguramente, también vendrá acompañada de un pacto de impunidad, muy al estilo del partido en el poder. 

Impulsa Poder Judicial de Oaxaca cultura de prevención y cuidado de la salud

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• Inició la jornada “Salud y Justicia: Prevención y Responsabilidad Médica”, que promueve el bienestar del personal judicial y el diálogo entre los ámbitos médico y jurídico

 

Oaxaca, Oax., 22 de octubre de 2026.-  Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud en el ámbito institucional, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca inició la jornada “Salud y Justicia: Prevención y Responsabilidad Médica”, un espacio integral de formación, sensiblización e intercambio de conocimientos que vincula los ámbitos médico y jurídico para promover el bienestar y el ejercicio responsable de sus funciones.

 

Al inaugurar las actividades, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika María Rodríguez Rodríguez, destacó que quienes trabajan en la impartición de justicia también deben priorizar su salud física y psicoemocional.

 

Acompañada del presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, Carlos Rigoberto Chacón Pérez, señaló que el bienestar del personal repercute en sus familias y en la atención que se brinda a la ciudadanía, por lo que llamó a asumir el cuidado de la salud como un compromiso cotidiano.

 

En el primer día de actividades, se contó con la participación del doctor Carlos Alberto Cruz Pineda, coordinador de Vinculación y Extensión de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien impartió la conferencia “La salud y la función pública”. 

 

Asimismo, se abordó el tema “Funciones y atribuciones de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO)”, a cargo del doctor David Miguel Polo, consultor médico de esa institución.

 

Este viernes, las actividades continuarán en el Auditorio Benito Juárez de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro, con acciones orientadas a fortalecer la prevención, el conocimiento de las responsabilidades médicas y el diálogo entre los ámbitos de la salud y el derecho.

Magistrada Erika Rodríguez revisa el funcionamiento de juzgados en Huatulco y Pochutla

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• El recorrido permitió a la titular del Poder Judicialidentificar áreas de mejora y dar seguimiento a los retos operativos para agilizar la atención y resolución de asuntos

 

Oaxaca, Oax., 20 de octubre de 2026.-  Como parte de las acciones para fortalecer la impartición de justicia en la Costa de Oaxaca, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez recorrió los juzgados de Santa Cruz Huatulco y San Pedro Pochutla, donde conoció las condiciones de trabajo, los principales desafíos operativos y las áreas de oportunidad para mejorar la atención a la ciudadanía.

 

Acompañada por el consejero de la Judicatura Amado Gómez Gómez, en Santa Cruz Huatulco, uno de los temas centrales fue la próxima apertura de un Juzgado Laboral, para la cual se analizaron las condiciones necesarias para su funcionamiento; la agenda también contempló aspectos de organización y operación de los juzgados civiles y familiares, con el propósito de identificar medidas que contribuyan a mejorar sus servicios.

 

En San Pedro Pochutla, la Magistrada Presidenta revisó los retos relacionados con el rezago en la emisión de sentencias y la distribución de las cargas de trabajo. Estos factores son relevantes para identificar alternativas que permitan agilizar la resolución de los asuntos y reducir los tiempos de espera para las personas usuarias del sistema de justicia.

 

Las visitas permitieron conocer de manera directa las necesidades de los órganos jurisdiccionales y dar seguimiento a aspectos que requieren atención, a fin de orientar las decisiones institucionales conforme a las condiciones particulares de cada distrito judicial.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada: la consulta que la nueva Constitución de Oaxaca exige

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Ernesto Ruiz

El pasado 3 de septiembre, el Gobernador presentó al Congreso del Estado la iniciativa para reformar de manera integral la Constitución de Oaxaca: una nueva “Constitución Política e Intercultural” de 81 artículos que aspira, según su exposición de motivos, a la reparación histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos. Reconozco sus avances: reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, eleva sus sistemas normativos a fuente del derecho y declara que los ríos tienen derecho a fluir. Precisamente por eso me preocupa que una reforma de este calado se apruebe sin las garantías que ella misma proclama.

El 8 de octubre, en San Juan Bautista Tuxtepec, el Ejecutivo y el Congreso arrancaron la etapa informativa de una “Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada”. Es una buena noticia y hay que reconocerla. Pero cambia la pregunta: ya no es si habrá consulta, sino si la consulta que comenzó cumple con los estándares que la hacen válida. Esa es la vara con la que propongo medirla.

Un foro no es una consulta

Según la exposición de motivos, la iniciativa se construyó con 25 encuentros regionales y temáticos y ocho mil 932 asistentes. Valoro el esfuerzo, pero ¿sí tenemos claro que un foro no es una consulta indígena? El artículo 2° constitucional, reformado en 2024, obliga a consultar a los pueblos de buena fe, antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarles (apartados A, fracción XIII, y B, fracción XV), con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo; el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT exige además procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas y de buena fe.

Una reforma que dedica un título completo a los pueblos indígenas y afromexicanos les afecta por definición. Desde el caso Cherán -controversia constitucional 32/2012-, la Suprema Corte ha sostenido que las reformas a constituciones locales en materia indígena requieren consulta, y ha invalidado otras leyes estatales por omitirla. La paradoja es dolorosa: si la consulta que hoy arranca no cumple los estándares, lo primero que podría caer en tribunales es justamente lo que protege a las comunidades.

¿La consulta que arrancó cumple los estándares?

Con la información pública disponible al 16 de octubre, hay cinco preguntas que el Congreso debe responder:

  1. ¿Se dictamina en paralelo? El 22 de septiembre, las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y de Interculturalidad instalaron una sesión permanente y anunciaron que “desde este día” iniciaban los trabajos de dictaminación. En realidad no existe un compromiso público de esperar a que la consulta concluya. ¿No cree usted que consultar mientras se dictamina convierte la consulta en un mero trámite?
  2. ¿Hubo acuerdos previos con los pueblos? La propia Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca (artículo 32) establece una etapa preparatoria y otra de acuerdos previos antes de la informativa. Las comisiones aprobaron el 29 de septiembre una convocatoria, un cuadernillo de lectura fácil y un plan de trabajo, pero no hay constancia pública de que esos instrumentos se hayan acordado con las autoridades representativas de los pueblos.
  3. ¿Quién informa? El órgano técnico de la consulta es la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (artículo 19 de la misma ley), que depende del Ejecutivo que presentó la iniciativa. Que el promovente de la consulta explique su propia propuesta no es informar con imparcialidad. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como órgano garante (artículo 23), tiene aquí un papel decisivo.
  4. ¿En qué lenguas? Las notas del arranque mencionan cinco lenguas: zapoteco, mixteco, mazateco, chinanteco y cuicateco. La iniciativa reconoce dieciséis pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Entonces, ¿Habrá información para todos?.
  5. ¿Con qué calendario? El Gobernador aseguró que en la etapa deliberativa “serán únicamente los pueblos quienes decidan”, sin participación del Ejecutivo, y que se realizará cuando ellos lo determinen. Respetar los tiempos de las comunidades es correcto, pero sin un calendario público y con la dictaminación en marcha, el riesgo es que el dictamen llegue antes que la voz de los pueblos.

Una armonización que se queda corta

Además del procedimiento, al comparar la iniciativa con el artículo 2° federal aparecen retrocesos de fondo:

  1. Consulta. El artículo 2°, apartado A, fracción XIII, de la Constitución federal dice que la consulta busca “llegar a un acuerdo”; mientras que el artículo 19, numeral 8.21, de la propuesta solo dice “procurar” un acuerdo, un juego de palabras que sin duda puede resultar de riesgo cuando de decisiones sobre el territorio se trate.
  2. Recursos naturales. El artículo 2°, apartado A, fracción IX, de la Constitución federal reconoce a las comunidades el uso y disfrute preferente de los recursos naturales; el artículo 19, numeral 8.16, de la propuesta omite la palabra «preferente».
  3. Presupuesto sin autonomía. El artículo 2°, apartado B, fracción II, de la Constitución federal ordena que las asignaciones presupuestales sean administradas directamente por los pueblos y comunidades; la nueva propuesta lo omite.

Tampoco se prevé que se deba lograr el consentimiento para el traslado de un pueblo fuera de sus tierras (artículo 16 del Convenio 169 y artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) ni siquiera para la realización de proyectos de gran escala, tal y como lo estableció la Corte Interamericana en el caso Saramaka Vs. Surinam; una omisión grave ante la presión que viven algunas regiones del Estado como el Istmo y la Costa. Una consideración que debe encender las alarmas es que el artículo 80 de la propuesta permitiría aprobar las adecuaciones derivadas de reformas federales con la mitad más uno de las y los diputados presentes, sin consulta: lo que significa que lo que hoy se ha reconocido podría anularse mañana con muy pocos votos.

Comunidad indígena y núcleo agrario: otro silencio

En Oaxaca, la comunidad indígena y el núcleo agrario no siempre coinciden. El artículo 27 constitucional reconoce personalidad jurídica a los ejidos y comunidades agrarias, y ahora la propuesta reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público (artículo 19, numeral 6). ¿Qué ocurre cuando ambas figuras se superponen sobre el mismo territorio y no coinciden en quién decide? La iniciativa no establece ninguna regla. Se limita a promover la conciliación en conflictos por límites ejidales o comunales (artículo 5, numeral 3) y a prever una Junta de Conciliación Agraria cuyos integrantes nombra el Gobernador (artículo 48). Sin una regla clara, las decisiones sobre la tierra y sus recursos quedan peligrosamente expuestas al conflicto.

Escazú, el gran ausente

El Acuerdo de Escazú, vigente en México desde el 22 de abril de 2021, obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras. Ninguno de esos pilares aparece en la propuesta como garantía ambiental, que además omite los principios de precaución y no regresión. Declara a la naturaleza y a los ríos sujetos de derechos -algo que celebro-, pero no dice quién puede defenderlos ni ante qué tribunal: un derecho sin quien lo reclame es apenas una buena intención.

La omisión pesa más en Oaxaca, que en 2024 fue el estado con más agresiones a personas defensoras ambientales: 15 de los 94 eventos documentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Y ni qué decir de que el procedimiento también debe medirse con el artículo 7 de Escazú, que pide asegurar la participación del público desde etapas iniciales, con plazos razonables y tomando debidamente en cuenta sus resultados antes de decidir.

Lo que falta para que la consulta sea válida

Los criterios de la Suprema Corte (acción de inconstitucionalidad 81/2018), el Convenio 169, la Ley de Consulta de Oaxaca y Escazú ya trazan el camino:

  1. Compromiso formal de no dictaminar. El Congreso debe acordar públicamente que no votará el dictamen hasta concluir la consulta, con presupuesto suficiente e intérpretes en cada lengua.
  2. Acuerdos previos. Convenir con las autoridades representativas de los dieciséis pueblos indígenas y del pueblo afromexicano el protocolo: sedes, calendario, lenguas y formas de participación, respetando a las asambleas.
  3. Información imparcial. Versiones claras y traducidas a todas las lenguas, con asesoría técnica independiente elegida por las comunidades y difusión en radios comunitarias.
  4. Deliberación interna. Las comunidades discuten en sus asambleas, en sus tiempos y sin presencia ni presión de servidores públicos, como lo prometió el propio Ejecutivo.
  5. Diálogo y acuerdos. Mesas regionales donde las comunidades presenten propuestas y el Congreso responda punto por punto.
  6. Decisión y seguimiento. El dictamen incorpora los acuerdos o justifica por qué no; se crea un comité de seguimiento y se consulta también cada ley de desarrollo constitucional.

En paralelo, conforme a Escazú, el Congreso debe abrir la participación ambiental a toda la ciudadanía: información técnica pública, plazos razonables, audiencias en las ocho regiones, respuestas por escrito y espacios propios para mujeres y juventudes indígenas y afromexicanas.

¿Llevará más tiempo? Seguro. Pero una Constitución no se escribe para un sexenio, sino para generaciones. No estoy en contra de una nueva Constitución para Oaxaca; la necesitamos, pero que sea bien hecha. Si la iniciativa adopta como lema “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, debe existir la congruencia, y esto exige que la consulta sea real y no solo un paso del calendario legislativo. Una Constitución intercultural no se decreta desde el escritorio: se construye en las asambleas, en las lenguas y en los tiempos de los pueblos. De lo contrario, será intercultural solo de nombre, pero no de origen.

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