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Con el pueblo todo, sin el pueblo nada: la consulta que la nueva Constitución de Oaxaca exige

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Con el pueblo todo, sin el pueblo nada: la consulta que la nueva Constitución de Oaxaca exige

Ernesto Ruiz

El pasado 3 de septiembre, el Gobernador presentó al Congreso del Estado la iniciativa para reformar de manera integral la Constitución de Oaxaca: una nueva “Constitución Política e Intercultural” de 81 artículos que aspira, según su exposición de motivos, a la reparación histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos. Reconozco sus avances: reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, eleva sus sistemas normativos a fuente del derecho y declara que los ríos tienen derecho a fluir. Precisamente por eso me preocupa que una reforma de este calado se apruebe sin las garantías que ella misma proclama.

El 8 de octubre, en San Juan Bautista Tuxtepec, el Ejecutivo y el Congreso arrancaron la etapa informativa de una “Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada”. Es una buena noticia y hay que reconocerla. Pero cambia la pregunta: ya no es si habrá consulta, sino si la consulta que comenzó cumple con los estándares que la hacen válida. Esa es la vara con la que propongo medirla.

Un foro no es una consulta

Según la exposición de motivos, la iniciativa se construyó con 25 encuentros regionales y temáticos y ocho mil 932 asistentes. Valoro el esfuerzo, pero ¿sí tenemos claro que un foro no es una consulta indígena? El artículo 2° constitucional, reformado en 2024, obliga a consultar a los pueblos de buena fe, antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarles (apartados A, fracción XIII, y B, fracción XV), con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo; el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT exige además procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas y de buena fe.

Una reforma que dedica un título completo a los pueblos indígenas y afromexicanos les afecta por definición. Desde el caso Cherán -controversia constitucional 32/2012-, la Suprema Corte ha sostenido que las reformas a constituciones locales en materia indígena requieren consulta, y ha invalidado otras leyes estatales por omitirla. La paradoja es dolorosa: si la consulta que hoy arranca no cumple los estándares, lo primero que podría caer en tribunales es justamente lo que protege a las comunidades.

¿La consulta que arrancó cumple los estándares?

Con la información pública disponible al 16 de octubre, hay cinco preguntas que el Congreso debe responder:

  1. ¿Se dictamina en paralelo? El 22 de septiembre, las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y de Interculturalidad instalaron una sesión permanente y anunciaron que “desde este día” iniciaban los trabajos de dictaminación. En realidad no existe un compromiso público de esperar a que la consulta concluya. ¿No cree usted que consultar mientras se dictamina convierte la consulta en un mero trámite?
  2. ¿Hubo acuerdos previos con los pueblos? La propia Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca (artículo 32) establece una etapa preparatoria y otra de acuerdos previos antes de la informativa. Las comisiones aprobaron el 29 de septiembre una convocatoria, un cuadernillo de lectura fácil y un plan de trabajo, pero no hay constancia pública de que esos instrumentos se hayan acordado con las autoridades representativas de los pueblos.
  3. ¿Quién informa? El órgano técnico de la consulta es la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (artículo 19 de la misma ley), que depende del Ejecutivo que presentó la iniciativa. Que el promovente de la consulta explique su propia propuesta no es informar con imparcialidad. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como órgano garante (artículo 23), tiene aquí un papel decisivo.
  4. ¿En qué lenguas? Las notas del arranque mencionan cinco lenguas: zapoteco, mixteco, mazateco, chinanteco y cuicateco. La iniciativa reconoce dieciséis pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Entonces, ¿Habrá información para todos?.
  5. ¿Con qué calendario? El Gobernador aseguró que en la etapa deliberativa “serán únicamente los pueblos quienes decidan”, sin participación del Ejecutivo, y que se realizará cuando ellos lo determinen. Respetar los tiempos de las comunidades es correcto, pero sin un calendario público y con la dictaminación en marcha, el riesgo es que el dictamen llegue antes que la voz de los pueblos.

Una armonización que se queda corta

Además del procedimiento, al comparar la iniciativa con el artículo 2° federal aparecen retrocesos de fondo:

  1. Consulta. El artículo 2°, apartado A, fracción XIII, de la Constitución federal dice que la consulta busca “llegar a un acuerdo”; mientras que el artículo 19, numeral 8.21, de la propuesta solo dice “procurar” un acuerdo, un juego de palabras que sin duda puede resultar de riesgo cuando de decisiones sobre el territorio se trate.
  2. Recursos naturales. El artículo 2°, apartado A, fracción IX, de la Constitución federal reconoce a las comunidades el uso y disfrute preferente de los recursos naturales; el artículo 19, numeral 8.16, de la propuesta omite la palabra «preferente».
  3. Presupuesto sin autonomía. El artículo 2°, apartado B, fracción II, de la Constitución federal ordena que las asignaciones presupuestales sean administradas directamente por los pueblos y comunidades; la nueva propuesta lo omite.

Tampoco se prevé que se deba lograr el consentimiento para el traslado de un pueblo fuera de sus tierras (artículo 16 del Convenio 169 y artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) ni siquiera para la realización de proyectos de gran escala, tal y como lo estableció la Corte Interamericana en el caso Saramaka Vs. Surinam; una omisión grave ante la presión que viven algunas regiones del Estado como el Istmo y la Costa. Una consideración que debe encender las alarmas es que el artículo 80 de la propuesta permitiría aprobar las adecuaciones derivadas de reformas federales con la mitad más uno de las y los diputados presentes, sin consulta: lo que significa que lo que hoy se ha reconocido podría anularse mañana con muy pocos votos.

Comunidad indígena y núcleo agrario: otro silencio

En Oaxaca, la comunidad indígena y el núcleo agrario no siempre coinciden. El artículo 27 constitucional reconoce personalidad jurídica a los ejidos y comunidades agrarias, y ahora la propuesta reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público (artículo 19, numeral 6). ¿Qué ocurre cuando ambas figuras se superponen sobre el mismo territorio y no coinciden en quién decide? La iniciativa no establece ninguna regla. Se limita a promover la conciliación en conflictos por límites ejidales o comunales (artículo 5, numeral 3) y a prever una Junta de Conciliación Agraria cuyos integrantes nombra el Gobernador (artículo 48). Sin una regla clara, las decisiones sobre la tierra y sus recursos quedan peligrosamente expuestas al conflicto.

Escazú, el gran ausente

El Acuerdo de Escazú, vigente en México desde el 22 de abril de 2021, obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras. Ninguno de esos pilares aparece en la propuesta como garantía ambiental, que además omite los principios de precaución y no regresión. Declara a la naturaleza y a los ríos sujetos de derechos -algo que celebro-, pero no dice quién puede defenderlos ni ante qué tribunal: un derecho sin quien lo reclame es apenas una buena intención.

La omisión pesa más en Oaxaca, que en 2024 fue el estado con más agresiones a personas defensoras ambientales: 15 de los 94 eventos documentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Y ni qué decir de que el procedimiento también debe medirse con el artículo 7 de Escazú, que pide asegurar la participación del público desde etapas iniciales, con plazos razonables y tomando debidamente en cuenta sus resultados antes de decidir.

Lo que falta para que la consulta sea válida

Los criterios de la Suprema Corte (acción de inconstitucionalidad 81/2018), el Convenio 169, la Ley de Consulta de Oaxaca y Escazú ya trazan el camino:

  1. Compromiso formal de no dictaminar. El Congreso debe acordar públicamente que no votará el dictamen hasta concluir la consulta, con presupuesto suficiente e intérpretes en cada lengua.
  2. Acuerdos previos. Convenir con las autoridades representativas de los dieciséis pueblos indígenas y del pueblo afromexicano el protocolo: sedes, calendario, lenguas y formas de participación, respetando a las asambleas.
  3. Información imparcial. Versiones claras y traducidas a todas las lenguas, con asesoría técnica independiente elegida por las comunidades y difusión en radios comunitarias.
  4. Deliberación interna. Las comunidades discuten en sus asambleas, en sus tiempos y sin presencia ni presión de servidores públicos, como lo prometió el propio Ejecutivo.
  5. Diálogo y acuerdos. Mesas regionales donde las comunidades presenten propuestas y el Congreso responda punto por punto.
  6. Decisión y seguimiento. El dictamen incorpora los acuerdos o justifica por qué no; se crea un comité de seguimiento y se consulta también cada ley de desarrollo constitucional.

En paralelo, conforme a Escazú, el Congreso debe abrir la participación ambiental a toda la ciudadanía: información técnica pública, plazos razonables, audiencias en las ocho regiones, respuestas por escrito y espacios propios para mujeres y juventudes indígenas y afromexicanas.

¿Llevará más tiempo? Seguro. Pero una Constitución no se escribe para un sexenio, sino para generaciones. No estoy en contra de una nueva Constitución para Oaxaca; la necesitamos, pero que sea bien hecha. Si la iniciativa adopta como lema “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, debe existir la congruencia, y esto exige que la consulta sea real y no solo un paso del calendario legislativo. Una Constitución intercultural no se decreta desde el escritorio: se construye en las asambleas, en las lenguas y en los tiempos de los pueblos. De lo contrario, será intercultural solo de nombre, pero no de origen.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Plaza abierta || Sistema de salud en México: La bomba explotó

Ismael Ortiz Romero
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Plaza abierta || Sistema de salud en México: La bomba explotó

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Andrés Manuel López Obrador recibió un sistema de salud con más de 44 millones de personas afiliadas, entre IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, sobre todo este último representaba una forma de acceso a la salud a quienes no tenían un empleo formal. Claudia Sheinbaum lo recibió con un poco más de 20 millones de afiliados; en efecto, una bomba de tiempo. Hay que aceptar también que ese mismo sistema, siempre ha tenido áreas de oportunidad para mejorar, pero el gobierno de la cuarta transformación con AMLO en el poder y con el único objetivo de dar sentido a su fantasía deshizo el Seguro Popular acusándolo de corrupción sin presentar una sola prueba y dejó sin acceso a la salud a más de la mitad de los usuarios que recibió cuando entró al gobierno en 2018. 

Después vinieron desvaríos como el Insabi o aquel de que la vacuna Patria saldría al poco tiempo para combatir la pandemia de la COVID-19, que los médicos eran quienes debían poner el material para trabajar, la mega farmacia, y la mentira más infame: “tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”. Que los médicos y trabajadores de la salud salieran a las calles a protestar era solo cuestión de tiempo. Las condiciones en las que laboran son verdaderamente infames sin decir que las circunstancias en que tienen a los pacientes es poco menos que criminal. La postura oficial vuelve a ser la misma de siempre: la culpa es del pasado; incluso, responsabilizando de este colapso a sindicatos, directores de clínicas, trabajadores y hasta a los médicos; un despropósito que es difícil de creer y que solo se tragan los oficialistas y simpatizantes de este régimen. Y por más que la presidenta Sheinbaum descalifique las protestas, lo cierto es que la realidad, la ‘pinche’ realidad, vuelve a darle seco en la cara. Otro problema que ella no generó, pero que por lealtad a ‘ya saben quién’, debe cubrir y no sabemos si resolver, a toda costa. 

CONTRAFUEGO || Inaplazable reforma fiscal

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CONTRAFUEGO || Inaplazable reforma fiscal

Aurelio Ramos Méndez

Demandan aumento de diez por ciento a sus sueldos trabajadores del IMSS. Entró en pausa por falta de dinero el programa público Jóvenes construyendo el futuro. El sector privado propone limitar al monto de la inflación los incrementos al salario mínimo. Y hasta Donald Trump exige que nuestro gobierno destine mayor presupuesto para combatir al narco. ¿No va siendo hora de emprender una reforma fiscal de gran calado?

Es inaplazable dotar al Estado de recursos suficientes para cumplir sus obligaciones más apremiantes y atender la cascada de peticiones de aumentos de sueldo, para lo cual no hay economía que alcance o ni siquiera atempere, sin robustecimiento del erario.

El gobierno federal procura sin éxito inversión privada para producir el automóvil nacional Olinia y en la lista de solicitantes de aumento de salarios están los trabajadores de la UNAM (STUNAM), el magisterio disidente del SNTE (CNTE) y trabajadores activos y jubilados de Pemex, entre muchos, algunos como reclamo legítimo y otros irresponsablemente acicateados por intereses políticos y electorales.

Desde la llegada del obradorismo al poder, hace ocho años, el esquema fiscal no se ha movido y los derechos y tarifas de servicios públicos han experimentado apenas ajustes para resarcir la inflación. 

El empresariado, que en los inicios del régimen cuatroteísta se decía presto a colaborar con el gobierno e invertir en diversos rubros, ahora promete lo mismo, jugársela con el país, pero en los hechos se muestra mezquino, renuente a contribuir dinamizar la economía.

Los más acaudalados han hecho propio el argumento politiquero de la derecha político-partidista, relativo a la supuesta fragilidad del estado de derecho y la falta de garantías derivada de la reforma judicial.

La celebración del L aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, el pasado martes, fue oportunidad para la renovación de promesas empresariales, la pronunciación de buenos discursos sin traducción en la realidad, y el deslizamiento nada sutil de desafíos al Estado, tal como este organismo cúpula ha hecho desde su formación en 1976 cuando trató de influir en la sucesión de Luis Echeverría.

En aquel tiempo –podría recordarlo cualquiera con algo de memoria– la IP se confrontó en forma abierta y rutinaria con el gobierno, aunque en el balance final resultó que había hecho negocios jugosos como nunca en la historia.

El pasado martes (13) el presidente del CCE, José Medina Mora, dijo mentirosamente ante la Jefa del Estado que “el CCE no es oficialismo ni es oposición; el CCE es institución”. Sono bien, pero los hechos dicen otra cosa.

El Consejo que aglutina a catorce organismos de la iniciativa privada rezuma oposicionismo por los cuatro costados. No necesitaba su presidente haber dicho “es cierto que tenemos diferencias y seguiremos expresándolas”.

Menos haber afirmado que sus integrantes no buscan sustituir políticas públicas, sino asumir el rol que corresponde al sector privado. “Presidenta, como usted ha señalado al conocer este modelo de desarrollo inclusivo (el que promueve la IP), tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Estamos listos para seguir trabajando sobre esas coincidencias y llevarlas a resultados”.

“De lengua, me como un plato”, reza el refrán. En la realidad, los hombres de negocios buscan participar por encima de lo que permite la rectoría del Estado en áreas estratégicas de la economía mixta.

Medina Mora mencionó los retos que desde su punto de mira encara el país: 

Preservar el grado de inversión, cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y acompañar a quienes viven en la informalidad para que puedan incorporarse a la economía formal; lograr una revisión exitosa del T-MEC, acelerar la inversión e integrar a más empresas mexicanas a las cadenas productivas.

“Éstas son tareas de Gobierno, empresas y sociedad”, dijo, y precisó que los ejes del modelo de desarrollo inclusivo de la IP son libertad en lo económico, democracia en lo político y Estado de derecho en todos los ámbitos de la vida nacional. 

O sea, exactamente los puntos que la oposición considera aniquilados por la 4T.

De nada sirvió que en el festejo la presidenta de la República anunciara en lugar de una reforma fiscal a fondo una serie de incentivos fiscales, entre otros que quienes tengan deudas con Hacienda puedan pagar sin recargos ni multas.

“Vamos a bajar el déficit fiscal, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable”, dijo la mandataria, con lo que canceló al menos por ahora la factibilidad de una reforma fiscal para hacer pagar más a quienes más tienen.

Se plegó al criterio de quienes se resisten a una reforma impositiva con el cuento de que el nuestro es un Estado maniroto, que dilapida recursos en obras faraónicas e innecesarias; quienes, además, buscan recortar la participación que les corresponde a los estados más pobres.

A mayor rechazo gubernamental para una reforma de calado hondo, mayor el desafío de quienes aspiran a que nuestro país sea no una confederación de estados solidarios entre sí, sino una asociación de entidades mezquinas, en la que cada cual se rasque con sus uñas.

Resultaría lamentable que un gobierno con amplio respaldo popular, superior a 70 por ciento, siga sacándole el bulto a una reforma fiscal digna de este nombre. Más aún cuando se avizora difícil mantener altos niveles de aceptación si no son atendidas a cabalidad –por escasez de recursos– las demandas sociales.

BRASAS

El desmentido del exembajador de Estados Unidos Christopher Landau al columnista de Excelsior y “simpatizante” de la guerrillera argentina Montoneros, Jorge Fernández Menéndez, fue de una contundencia demoledora:

“Por lo menos en cuanto se refiere a mí, este reportaje es absolutamente falso e inventado. Jamás había oído de este tema durante mi gestión en México, jamás tuve ocasión de plantear este tema al entonces presidente, y jamás este tema tuvo algo que ver con mi salida de México”. ¿Así o con dibujitos?

De este modo tan concluyente, el diplomático descalificó el texto titulado “Landau y las traiciones de Audomaro”, saturado de mentiras, conjeturas, decires y chismes tan descarados que Landau se dio el gusto de mofarse hasta el escarnio:

“Además, no soy ‘el actual subsecretario de Estado encargado de América Latina’ –soy el actual vicesecretario de Estado”.

En el denso sancocho de chismarrajos cocinado sin pudor ni la menor noción de la ética por Fernández Menéndez, flotaba una supuesta filtración de datos del Centro Nacional de Inteligencia a los gobiernos ruso y cubano, y al cartel de Sinaloa, relativos a las operaciones de agentes estadunidenses en México.

El dizque izquierdista y actual colaborador de Ricardo Salinas Pliego aseguró que Landau conoció y se mantuvo al tanto del asunto, que habló de ello con el presidente López Obrador, intentó elevar el caso al Departamento de Estado y, al final, le dijo a Trump “ahí está el arpa, ya no toco”.

El asunto da para preguntarse en qué momento un periodista pierde la vergüenza y deja de importarle su credibilidad, a la manera de ciertas chicas que se echan a andar revoleando el bolso a la mitad de la calle.

Y, en qué momento los dueños y directivos de medios –Excelsior, en este caso—dejaron de sancionar al menos con una amonestación o una suspensión temporal de labores a periodistas patentemente mendaces.

Fernández Menéndez, a quien supuestas amenazas de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina le permitieron trabajar de asilado político, durante varios lustros, en Brasil, Suecia y México, no dijo ni pío ante el tajante desmentido de Landau.

Su columna del día después, “El Cartel del Noreste y los Caballos”, no mencionó aquel asunto, aunque tuvo la virtud de balconear a otro liderazo de opinión, famoso por la apasionada defensa que suele hacer del malandrinaje: Ciro Gómez Leyva.

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La columna de Fernández Menéndez, bordó sobre el comunicado relativo a las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU les impuso, el martes pasado, a cuatro mexicanos y 11 empresas de Tamaulipas y Nuevo León, supuestamente vinculadas con el Cártel del Noreste.

Emporio empresarial-delictivo semejante a un pastel mil hojas, pues –según el comunicado gringo— cada involucrado aporta una capa de “servicios” a la operación del conglomerado.

Sobresale en el holding el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar, ya que las carreras de caballos son señaladas como uno de los principales mecanismos utilizados para lavar dinero.

El columnista resaltó lo que consideró más importante del boletín: que parte de los recursos de esas personas y empresas se destinó a financiar campañas políticas, sobre todo en Tamaulipas.

Y mencionó a los personajes sobresalientes, Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías –responsable del control del dinero a campañas–; Pablo César Guajardo Álvarez, El Takia y Francisco Javier Inzunza Partida.

Por ese camino, sin querer queriendo, dijo que la historia a veces se repite, y recordó que en 2012 fue detenido en EU José Treviño Morales, hermano del Z-40, Miguel Ángel Treviño. 

José era el coordinador de lavado de dinero para Los Z, mediante la compra-venta de caballos de carreras desde el rancho Zule Farms, en Oklahoma.

Ligado con Treviño Morales –recordó Fernández Menéndez–, fue detenido por la DEA y la PGR y acusado formalmente de lavado de dinero Francisco Pancho Colorado.

¡Eureka! Pancho Colorado, quien en 2016 murió en prisión en EU mientras purgaba una sentencia –ratificada en apelación– a 20 años de cárcel por lavado de dinero. 

Personaje éste a quien Gómez Leyva le abrió su columna La historia en breve, las páginas de Milenio y las cámaras y micrófonos de Radio Fórmula y Milenio TV y lo apoyó con sus mejores oficios como periodista –viajó a EU para entrevistarlo– para que se defendiese de modo personal o por sus abogados Chris Flood y Camen de León.

Todavía resuenan las duras recriminaciones de este columnista al presidente Peña Nieto –pueden ser consultadas en las hemerotecas y en la red–, debido a la “inacción” de nuestro gobierno para defender a un mexicano que en EU sufría maltrato, racismo, xenofobia, prejuicios, estereotipos y discriminación, y era injustamente procesado.

RESCOLDOS

La justicia cojea, pero llega. La FGR aprehendió al ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Lo acusa de presunta traición a la Patria, al haber autorizado la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento, en abril, de un narcolaboratorio en aquella entidad. Bien hecho. La investigación, que abarcó más de cien aspectos, no deja lugar a dudas. Resta ver si la lumbre alcanzará las enaguas de la gobernadora Maru Campos.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

El laberinto de la justicia || Pedimentos prehispánicos en San Bartolomé Quialana

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El laberinto de la justicia || Pedimentos prehispánicos en San Bartolomé Quialana

Antonio Gutiérrez

Los pedimentos son reviviscencias de prácticas prehispánicas. Mediante ceremonias sagradas las comunidades indígenas piden a los dioses la realización de sus deseos. 

Así, por ejemplo: la población de San Bartolomé Quialana cada primero de enero implora al Dios Cocijopara propiciar las lluvias, desde su cosmovisión es la deidad zapoteca que les envía el líquido sagrado que hace posible la vida sobre la tierra. 

“El Calvario” y “El Picacho” son dos sitios sagrados de esta comunidad donde se realizan ceremonias rituales. Sobre estos sitios reposan los recuerdos que les han dado identidad a lo largo del tiempo. Ahí se cuentanlos mitos y leyendas transmitidos por los ancestros; evocaciones cíclicas de las enseñanzas de los abuelos y tatarabuelos. 

En estos sitios es donde mejor se aprecia la simbiosis entre culturas prehispánica y católica europea. Ante la cruz ofrendan comidas, bebidas, flores, copal y velas.Se entabla la comunicación entre culturas, reinicia el diálogo intercultural 

Diríase que es así como cíclicamente se reactivan las normas de convivencia. Los integrantes de la comunidad no sólo realizan ceremonias y rezos, también se reúnen para elaborar figuras de barro y dar forma a los objetos de sus deseos; juegan al como sícon una solemnidad que espanta.  

Primero, trabajan jugando, con sus manos dan forma de objetos al barro, luego, y una vez moldeados los deseos, los transportan a los sitios sagrados. El camino a los altares está poblado de tierra, son lomeríos de rocas y plantas silvestres. 

La mayoría de las veces mezclan los comportamientos ceremoniales y los rezos prehispánicos y católicos. Nombran los objetos sagrados en sus lenguas, la lengua española y la lengua zapoteca, que aquí, caminan como si fueran hermanas encarnadas en un solo ser, el colectivo indígena.   

En ambas lenguas los integrantes de esta comunidad no sólo interactúan, sino que, también recuerdan y repasan su pasado reciente y remoto, decíamos que juegan al como sí: como si esta representación fuera una casa, o como si fuera un animal o como si fuera una planta o un trabajo que deseo tener, de modo que, a fuerza de jugar y jugar el deseo se hace realidad. 

Y así van, como si jugaran trabajando para preservar lo eterno, lo asumible por todos y todas, pues los procesos de comunicación, interacción y convivencia, no son otra cosa, sino lo que verdaderamente nos hace más sociables y más humanos.

A los dioses de su devoción le piden los colectivos indígenas más salud y bienestar para la comunidad. Agua para obtener buenas cosechas. En estas manifestaciones predominan los sentimientos y los pensamientos del grupo por encima de las preferencias individuales. 

Lo mismo acontece en otras comunidades de la entidad, donde la interculturalidad se muestra cada vez más viva y más robusta. 

Más aún, a partir del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; bien podría decirse que desde la cosmovisión indígenala última reforma constitucional publicada en el (DOF) el 30 de septiembre de 2024, se está transmutando en la concreción de un pedimento largamente ensayado por los pueblos y comunidades indígenas de México.  

Y que dicho reconocimiento formal nos está enseñando el camino para voltear a ver las formas rituales de convivencia que constituyen la fuente del derecho consuetudinario, y que los operadores de justicia del Estado han venido instituyendo como implementación de la Nación Pluricultural que somos.

PLAZA ABIERTA || Arrebatos e ineptitudes 

Ismael Ortiz Romero
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PLAZA ABIERTA || Arrebatos e ineptitudes 

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Ir al Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca es un verdadero martirio para los oaxaqueños. Cada vez hay menos espacios para estacionarse, los restaurantes y lugares tienen precios inaccesibles y en algunos de ellos, hasta te ‘pelusean’ cuando les dices que eres local, el tráfico vehicular es realmente pesado y todo lo implementado por las autoridades, nos alejan en vez de que nos motiven a acercarnos a nuestro Centro. Y esta semana, le añadimos que el lunes y martes hubo un plantón que complicó más esa situación. Quienes teníamos que ir al Centro por cuestiones de trabajo, realmente padecimos los caprichos de un sindicato que exige a baladros el derecho de sus agremiados, agraviando el de los ciudadanos. 

Los oaxaqueños hemos normalizado las pataletas de la Sección XXII de la CNTE que solo busca el beneficio de sus líderes utilizando a sus bases para lograrlo. Ya no nos sorprende y cuando eso sucede, resulta que nos hemos vuelto expertos en buscar ‘vías alternas’ o bien, no salir de casa hasta que sus líderes, seguramente con negociaciones en lo oscurito, decidan que volvamos a tener nuestras actividades normales y hasta que se embravezcan de nuevo. Lo grave es que las autoridades, sean del partido que sean, les han permitido ejercer esa presión afectando a todos, menos a los verdaderos responsables de las carencias (cuales sean) por las que luchan. Y lo peor del caso, es que con el fin de que la imagen de los gobiernos sea de que no son represores, quienes seguimos padeciendo los berrinches del sindicato y las incompetencias del gobierno, somos quienes ni culpa tenemos. 

CONTRAFUEGO || Conspiración en marcha

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CONTRAFUEGO || Conspiración en marcha

Aurelio Ramos Méndez

El muy probable triunfo electoral de Donald Trump en cuerpo ajeno en Brasil, dentro de dos semanas, y la predictibilidad de los cambios institucionales que su alter ego Flávio Bolsonaro buscaría consumar desde la presidencia del gigante sudamericano, aconsejan proteger con el blindaje más alto y resistente la “nueva Constitución” de la que se enorgullece la presidenta Sheinbaum. 

La derecha internacional, tiene razón la mandataria, trata de intervenir en nuestro país en busca de un cambio de gobierno. Mejor dicho, la injerencia ya está en marcha –se antoja ingenuo no percatarse de ello—por la vía de una patente conspiración operada por el embajador Ronald Johnson.

Colaboran alborozados en esta acometida por lo menos dos gobiernos estatales, los de Maru Campos, en Chihuahua –apuntalado por una pandilla de panistas de dimensión nacional–, y Mauricio Kuri, en Querétaro, además de ya no sólo periodistas en lo individual sino empresas mediáticas resentidas porque la 4T les alzó la canasta. 

En Brasil la intromisión gringa ha sido clara. La contienda electoral allá no se libra entre el vástago del condenado a 27 años de prisión por golpista, Jair Bolsonaro, y Luiz Inácio Lula da Silva, sino entre éste y un Trump empecinado en consumar el pretendido destino manifiesto de América para los estadunidenses.

La campaña del brasileño –pudo verlo el mundo entero– fue lanzada el 26 de mayo pasado mediante una foto en la Casa Blanca, en la cual aparecían Trump y los hermanos Flávio y Eduardo Bolsonaro, y ha merecido vigoroso respaldo del gobernante gringo.

De concretarse los pronósticos de triunfo derechista el próximo 25, sólo quedarían México y Canadá como naciones grandes en resistencia para evitar la concreción del denominado corolario de Trump a la doctrina Monroe.

Si bien Bolsonaro, como presidente, no conseguiría convertir a su extenso país en protectorado norteamericano, por la sencilla razón de que la realidad –en especial la economía– se impone, esto no sería obstáculo para que intentase borrar la impronta de Lula, meterles reversa a los cambios sociales y económicos instaurados por la izquierda.

Brasil está lejos de ser el paraíso, pero de acuerdo con economistas incluso del FMI y del Banco Mundial, tiene gran estabilidad, enormes reservas en el Banco Central, moneda vigorosa, alrededor de 77 mil millones de dólares en inversión extranjera el último año, y notables avances en inclusión social y combate a la pobreza.

El desempleo se halla en el nivel más bajo (5.3 por ciento) en décadas, y la economía en crecimiento (3,4% en 2024 y 2,3% en 2025), con inflación a la baja.

No se necesita bola de cristal para anticipar que si por gajes de la democracia, tendencia política regional o intervencionismo trumpista sobreviniese en nuestros lares un cambio de régimen, el desmonte de las reformas enfocadas a devolverle su orientación social a la Carta Magna sería prioridad del prianato redivivo.

Tal cambio de rumbo nada tendría que ver con el desempeño de los gobiernos cuatroteístas, que sin ser prodigioso ha sido aceptable. De ahí la necesidad de blindaje táctico nivel 10.

Nuestra derecha renacida emprendería la vuelta atrás de estas transformaciones y aceleraría la reinstauración del “estado de derecho”, que al cabo de tres décadas en el poder dejó inacabado en 2018 y el obradorismo lanzó en gran parte al cesto de la basura.

Todavía resuenan los ruegos de José Antonio González Anaya, a la sazón secretario de Hacienda, exdirector de Pemex y exdirector del IMSS, quien a sólo semanas de las elecciones de aquel año expresó ante un grupo de periodistas encabezados por el recién fallecido, don Jorge Kahwagi Gastine: “¡Ojalá que no gane López Obrador!”.

Con la actitud de quien les reza a todos los santos por la continuidad del prianato, el funcionario explicó el motivo de su desasosiego: 

“Ya falta muy muy poco para la culminación y consolidación del estado de derecho, y con ello la imposibilidad de revertir los cambios realizados”.

Se refería, obviamente, al entramado jurídico e institucional, los cambios estructurales que el viejo régimen no consiguió completar conforme a sus deseos; la carta de navegación que llevó al país al desastroso punto en que se hallaba a la llegada de la 4T.

La injerencia de Trump por la tierra de la samba se da con disimulo tanto por la dimensión geográfica, demográfica, económica y aún militar de ese país, como por su intensa relación económica con China, verdadera némesis del Tío Sam.

Y por la adscripción al grupo político y económico BRIC, formado por Brasil, Rusia, India y China, lo cual inhibe mínimamente los desafueros del ocupante de la Casa Blanca, insolente y grosero con quien puede no con quien quiere.

Bien visto el asunto, señalan los internacionalistas más ecuánimes, de salir airosa la derecha en la nación de la bandera verde-amarela ni siquiera habría ganado el presidente de EU, sino que habría perdido el oficialismo. Lo cual –sostienen–, estaría acorde con la tendencia observada en América Latina desde hace una década.

De 2018 a la fecha en la región se han realizado 20 elecciones presidenciales, en 17 de las cuales el oficialismo –de izquierda o de derecha– ha sido derrotado; las excepciones, Paraguay en 2018 y 2023, y Ecuador 2025. 

Quienes sostienen que la izquierda se está desmoronando, deberían recordar que en 2022 el oficialismo de derecha perdió incluso en Colombia, el país más conservador del vecindario, donde por primera vez en la historia la izquierda accedió al poder con Gustavo Petro.

¿A qué se deben las derrotas electorales, democráticas, de los gobiernos, con independencia de su signo ideológico? ¿Podría ocurrir en México 2030? 

Con ayuda de EU para imponer un gobierno títere, desde luego que sí podría reeditarse esta tendencia. 

Y, en cuanto a las causas, no se requiere perspicacia para apuntar a la incapacidad de la democracia para resolver el cúmulo de problemas nacionales reales, a cual más acuciante, gran parte de estos derivados de la aplastante hegemonía estadunidense.

Ejemplo –uno entre muchos—, el narcotráfico. Cáncer cuya existencia se debe a la ilegalidad de las drogas decretada por EU como pretexto intervencionista, el cual durante seis décadas ha obstruido el desarrollo del subcontinente. 

Agréguense la expoliación de las riquezas naturales, la asimetría económica, los chantajes comerciales –con el gas por estos días–; castigos arancelarios, acoso y condicionamientos políticos…

La Presidenta ha dado señales de que le tiene bien tomado el pulso a la coyuntura.

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problemas. Ninguno. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo. Y vamos a seguir trabajando por el pueblo”, dijo.

De acuerdo. Pero no estaría de más el blindaje de grosor extremo.

BRASAS

Mal se vio la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, al exhortar a quienes no militan en Morena abstenerse de usar la imagen del expresidente López Obrador “con fines electorales” rumbo al 2027.

Pero peor se vio el exmandatario al “autorizar” sólo a Morena y a nadie más el uso político-electoral de su nombre, imagen, siglas y hasta mote, debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La decisión del tabasqueño plasmada en su libro Pueblo, como diría el clásico, puede ser legal pero es también inhibitoria de la libertad de expresión e inconveniente para su partido.

El sólo hecho de que tales signos de identidad hayan sido registrados oficialmente exhibe rasgos de megalomanía, que ofrecen abundantes insumos para la crítica a quienes lo han acusado de mesiánico.

¿Qué de malo tiene el que militantes del Verde, el PT o cualesquiera otras fuerzas coreen su nombre o porten pancartas con su efigie, si son aliados electorales o simpatizantes del guinda?

¿Esperaba el Peje no tener que resentir perjuicio alguno cuando, necesitado de votos, “autorizó” hacerles a aquellos partidos la propuesta indecorosa de amancebarse?

El llamado de Ariadna no califica jurídicamente como ataque a la libertad de expresión, pues la ley ampara al expresidente; pero políticamente constituye un esparadrapo en la boca, un golpe innecesario y hasta humillante a sus coequiperos.

La limitación, por añadidura, es absolutamente impráctica.

¿Qué sucedería si un grupo de petistas, verdes o panistas y priistas, decidiese emigrar a Morena y acudiera en marcha multitudinaria a matricularse, coreando las siglas AMLO y portando pancartas con su efigie? 

¿Permitiría el Peje semejante transgresión a los derechos protegidos por el IMPI? O, en caso contrario, ¿quién o quiénes, y cómo lo impedirían?

El exmandatario, para bien o para mal, ya cumplió su responsabilidad como jefe del Estado. Se decía –con razón o sin ella– conductor de la cuarta transformación. ¿Habrá imaginado alguna vez si Morelos, Juárez o Madero hubieran procurado la protección del IMPI para su imagen?

Y, si por voluntad propia pasó a retiro, ¿no lo razonable es permitir que la historia haga su parte, y si hay quienes quieren aclamarlo, que lo aclamen, y si otros optan por deturparlo debería tomarlo como gajes de la democracia?

RESCOLDOS

El dirigente panista Jorge Romero no sólo traicionó su compromiso de hacer que el PAN compita solitario en las elecciones, sino que ahora implora alianzas. Para colmo, busca coligarse con lo más maloliente del barrizal para competir en Chihuahua, el PRI de AlitoMoreno. Pobre.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Latinobarómetro 2026: la erosión democrática

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Latinobarómetro 2026: la erosión democrática

Alberto Benítez Tiburcio

Esta semana se publicó el informe Latinobarómetro 2026. Desde 1995, este estudio mide cómo cambian las opiniones sobre la democracia, la economía y las instituciones en América Latina. Es el estudio sobre democracia más longevo de la región y ha permitido evaluar, a lo largo del tiempo, la evolución de las instituciones democráticas y de la percepción ciudadana. No es una encuesta electoral ni puede explicar por sí solo el voto histórico de las personas, en Latinoamerica pero ha servido para reconocer el clima en el que los gobiernos intentan conservar la confianza democrática.

La primera cifra parece alentadora. El 52% de los latinoamericanos prefiere la democracia, el mismo nivel de 2024 y por encima del mínimo de 48% registrado en 2023. Pero la perspectiva cambia cuando recordamos que en 2010 el apoyo rondaba el 63%. Además, ese mismo 52% dice que aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país; en 2002 respondía así el 44%. Por otro lado, el 63% está de acuerdo con que “un poco de mano dura no viene mal”. Son preguntas distintas, pero juntas sugieren que la democracia conserva respaldo mientras gana terreno la idea de que sus reglas pueden hacerse a un lado si alguien ofrece eficacia y resuelve los problemas de la ciudadanía.

El informe ayuda a entender de dónde viene esa impaciencia. Solo el 26% cree que el Estado ha hecho mucho o algo por la gente, mientras el 73% siente que ha hecho poco o nada; Solo alrededor de un tercio percibe avances contra la corrupción y al mismo tiempo, el 79% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder. Las elecciones conservan legitimidad, pero esa confianza no se extiende con la misma fuerza a los partidos, los congresos ni la justicia, instituciones que la ciudadanía comienza a percibir como prescindibles y poco dignos de confianza. La gente todavía quiere conservar el poder de cambiar a sus gobernantes, pero también espera que ese cambio sirva para resolver los problemas que más le duelen.

En México, la advertencia toma una forma particular. La preferencia declarada por la democracia bajó del 49% en 2024 al 45% en 2026. A la vez, el 53% aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas y solo el 35% percibe avances en el combate a la corrupción. En uno de los datos más preocupantes, el 88% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder No existe una contradicción necesaria entre esas respuestas, pues una mide la convicción democrática y la otra, cuánto pesa la promesa de eficacia. Lo inquietante es que cada vez más personas parecen dispuestas a contestar “me da lo mismo”.

Esa indiferencia no aparece de un día para otro. Se instala cuando la democracia se reduce a un ritual electoral y el Estado no alcanza a cumplir sus tareas más elementales. La libertad política se vuelve una idea distante si denunciar un delito no sirve, si el crimen organizado es cada vez más poderoso y la seguridad pública no puede garantizarse o si la corrupción permea todos los contactos de la ciudadanía con la autoridad. La población también resiente la falta de ingresos suficientes, empleos formales y una economía en la que sea posible progresar sin depender de la corrupción.

Brasil tuvo elecciones el pasado domingo. Flavio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos y Lula da Silva, el 45.16%. Como ninguno superó la mitad, volverán a competir el 25 de octubre en una segunda vuelta. El costo de vida, las deudas y la inseguridad pesaron sobre la campaña de Lula, junto con el desgaste de un dirigente que lleva cuatro décadas en la política brasileña y la falta de un sucesor capaz de renovar su proyecto. También influyeron los escándalos y las denuncias de corrupción que alcanzaron a actores del gobierno y de su entorno.

Flavio Bolsonaro heredó el movimiento de ultraderecha de su padre y propone una respuesta de mano dura al problema de la inseguridad. Plantea cárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, reducir la edad penal y aplicar la castración química a violadores. También quiere llamar “narcoterroristas” a los grupos criminales y ha prometido amnistiar a su padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado. Donald Trump ha elogiado públicamente a Bolsonaro y ha mostrado su respaldo a su movimiento, a sus posturas autoritarias y a su defensa de un capitalismo voraz. La injerencia estadounidense fue visible, pero no consiguió desplazar de la conversación electoral las preocupaciones inmediatas de los brasileños, como la seguridad pública, el costo de vida y la percepción de corrupción.

El resultado brasileño no demuestra que sus votantes hayan renunciado a la democracia ni que las medidas de excepción vayan a resolver la violencia. Muestra el terreno en el que esas promesas ganan atractivo. Cuando la inseguridad se vuelve parte de la rutina y el Estado parece ausente, el hartazgo puede transformarse en permiso para concentrar el poder. Latinobarómetro no prueba que esa haya sido la causa del voto por Bolsonaro, pero sí ofrece un marco para entender por qué una oferta de eficacia autoritaria puede encontrar tantos oídos dispuestos.

México debería mirar esa advertencia con cuidado. El crimen organizado no se repliega con discursos y la corrupción que lo protege tampoco desaparece con buena voluntad. Si el Estado no garantiza seguridad pública, mejores condiciones de vida y movilidad social, crecerá la demanda de pulsiones autoritarias que prometan eficacia.

Ninguna democracia puede sobrevivir indefinidamente pidiendo paciencia a una sociedad que vive con miedo, carestía y corrupción. Cuando las instituciones no ofrecen resultados, el autoritarismo deja de percibirse como una amenaza y comienza a venderse como una solución. México todavía está a tiempo de evitar ese engaño, pero no basta con defender la democracia en discursos. Tenemos que que demostrar en la vida cotidiana que la libertad también puede producir seguridad, justicia y bienestar. Porque si la democracia no resuelve, tarde o temprano alguien prometerá resolver sin ella.

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PLAZA ABIERTA || Leña de la estatua caída  

Ismael Ortiz Romero
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PLAZA ABIERTA || Leña de la estatua caída  

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

El pasado jueves, supuestos simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, entraron al Complejo Cultural de Los Pinos y vandalizaron la ya caída estatua del ex presidente Felipe Calderón, haciendo una especie de “humillación” pública al golpearla, orinarla y decapitarla, después de su aparición en el foro “América libre” que, entre otras organizaciones, realizó el Partido Acción Nacional (PAN) y donde Calderón afirmó que nuestro país vive la dictadura perfecta con los gobiernos de Morena. 

Y como el oficialismo ha declarado a Calderón el enemigo público número uno por haberse robado elección, cosa que hasta este día no se ha probado, no falta quienes quieran proclamarse caudillos y cometer un acto de vandalismo dentro de un recinto oficial, haciendo daño al patrimonio público. Y claro, el Gobierno Federal nada había hecho por restaurar la estatua que tenía más de un año en el suelo después de que un fenómeno natural la derribara; como simbolismo, es como quieren ver a Calderón y a cualquiera que se atreva a discrepar de ellos. Lo preocupante, es que la antigua residencia oficial se encuentra resguardada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, por lo que la “espontánea” irrupción al recinto huele a montaje, es decir, alguien autorizó su ingreso y les abrieron la puerta sin ningún problema. La situación es que, parece que el Gobierno Federal, en un afán de legitimar su discurso y su postura, permite que el vandalismo sea un acto sin consecuencias y hasta aplaudido por simpatizantes; sí es de terror. Y lo peor, quisieron humillar a Calderón sin lograrlo; le dieron pantalla, lo victimizaron y si se atontan, en una de esas, le vuelven a dar juego político: “La estatua dice poco de mi y mucho de ellos, son unos miserables” aseguró el ex presidente. Que no se les olvide a los gobiernos de Morena que, mucha gente ya los tilda como uno de los gobiernos más corruptos de la historia moderna de México. 

CONTRAFUEGO || Andy, ¿incauto o cómplice?

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CONTRAFUEGO || Andy, ¿incauto o cómplice?

Aurelio Ramos Méndez

Va de anécdota. En tiempos de Ruiz Cortines hizo carrera una historia elocuente sobre los beneficios que, sin necesidad de cargo público alguno, puede reportarles a inescrupulosos o vivales la simple cercanía con los hombres del poder, en particular los integrantes del gobierno, en la cual encastra perfecto la situación que atraviesan Andy López Beltrán y su amigazo Amilcar Olán.

Historia elocuente también sobre la demagogia política, si se considera que aquel presidente veracruzano alcanzó fama no sólo de cuidadoso sino aun de avaro en el ejercicio del gasto público, la austeridad republicana de aquel tiempo.

Recordaban la anécdota hace ya algunos años, entre desaprobatorios y envidiosos, periodistas veteranos que en su momento conocieron el real o supuesto episodio de manera directa o de oídas.

Narraban que, tras su triunfo en las urnas, el mandatario electo buscó tener un gesto de gratitud con uno de los periodistas que de manera más decidida lo había apoyado en su carrera política, en especial durante la campaña electoral.

“Bueno, mi amigo, ya ganamos… Ahora estoy en la posibilidad de agradecerte tu respaldo y compromiso con mi candidatura. Dime, entre estas opciones, cual puesto te interesa para arreglar de inmediato tu nombramiento”, contaban que le dijo al periodista el candidato triunfante cuyo lema de campaña había sido “Austeridad y trabajo”. 

La respuesta sorprendió a más de uno. “Señor presidente, de verdad le agradezco esta deferencia, pero comprendo que usted tiene muchos compromisos políticos pendientes con quienes lo respaldaron y no quiero ser elemento que le impida disponer de los cargos para atender esos compromisos.

“Yo no aspiro a cargo alguno, mi apoyo ha sido incondicional, me basta contar con su amistad y me daré por bien servido con su saludo, cada vez que se dé la ocasión de encontrarnos. Su amistad y saludo es lo único que aspiro a conservar”.

A partir de entonces Ruiz Cortines comenzó a derrochar efusividad en su saludo, cada vez que entre las multitudes avistaba a su amigo el periodista. Diestra en alto mostrando el dorso y agitándola levemente para decir “gracias”, expresiones de camaradería que no dejaban lugar a dudas: amigo, lo que se llama amigo. Como Amilcar y Andy.

Hasta los menos perspicaces pudieron percatarse de la estrecha cercanía, de la aparente relación sin restricciones. 

Y, entre la alta burocracia, tal vínculo amical se tradujo en la certeza de que incluso la más leve sugerencia o recomendación del comunicador provenía del Jefe del Estado y merecía ser atendida sin discusión ni dilaciones.

El señor periodista devino coyote y empezó a capitalizar la amistad y el público saludo presidencial, vía el tráfico de influencias. Por consecuencia, empezó a cortejarlo una legión de logreros y chanchulleros.

Empresarios interesados en abreviar trámites, políticos tras alguna candidatura, constructores en busca de contratos, proveedores ansiosos por venderle al gobierno bienes y servicios, y hasta gobernadores y funcionarios estatales y municipales urgidos de concretar el flujo de recursos federales para obras públicas…

Tal como, con toda certeza le ocurrió al segundo vástago del expresidente López Obrador, uno de cuyos reales o aparentes beneficiarios fue el empresario Jorge Amilcar Olán Aparicio.

Y tal como Raúl Salinas de Gortari –Mr. ten per cent— procuró que le sucediese masivamente a lo largo del sexenio 1988-94.

De Olán Aparicio se afirma que amasó una fortuna colosal, real o supuestamente gracias a negocios turbios con el Estado, vía contratos asignados de modo directo o mediante licitaciones amañadas, costos inflados y toda suerte de trácalas.

¿Intercedió Andy para favorecer las trapacerías de Amilcar, y de haber sido así lo habría hecho tajada o comisión de por medio o sólo por amor al arte? Enigma.

La oposición, faltaba más, sostiene –sin pruebas convincentes, aparte de la cantaleta de que no hay quien lo dude — que el nene del Peje fue valedor y cómplice no sólo amigo l empresario.

¿Puede, sin embargo, esperarse algo distinto de adversarios políticos en cuyo fuero interno late la convicción de que han sido vilipendiados por el tabasqueño y, por lo mismo, destilan odio cerval hacia éste y toda su dinastía?

Las reacciones de Amilcar ante el aluvión de acusaciones por la prensa “independiente” no han contribuido a eximir de responsabilidad en presuntos cochupos al hijo del expresidente. 

Huyó a Europa con paradero desconocido para los mexicanos del común, excepto para un puñado de políticos, empresarios y mercenarios que, calladitos y con estrategias de inteligencia, le han seguido la huella con la intención de acosarlo, hacerle la vida imposible y asociarlo con Andy como la uña y la mugre.

Y volvió a huir en cuanto la audacia reporteril de Ricardo Salinas Pliego lo “descubrió” –se lo dijeron sus soldados de fortuna– dándose vida de jeque, en Lugano, Suiza.

El “hallazgo” del concesionario de TV Azteca trastornado por el odio a la 4T fue hecho aparecer como producto de la viveza del reportero Irving Pineda, quien gracias a “un telefonema anónimo” se habría enterado del punto exacto de residencia del ¿amigo? ¿cómplice? de Andy.

El reportero logró autorización y viáticos de su empresa, viajó a aquella ciudad y, ¡bingo!, logró captar imágenes exclusivas de Amilcar en short y desasosegado.

Se necesita desconocer cómo fluye la información en las redacciones para tragarse el cuento de que los golpes informativos son todos producto de la audacia, sagacidad y olfato de los reporteros para la noticia, no entregas de datos interesados vía manos perversas a dueños y directivos de medios.

Desconocer, por ejemplo, que durante el proceso electoral de 2006 –cuya pulcritud Felipe Calderón defiende con pasión por estos días– algunas de esas manos aviesas fueron las de Juan Molinar Horcasitas, quien con ello se habría ganado la dirección del IMSS y la secretaria de Comunicaciones con Calderón.

Molinar es recordado llegando a las redacciones de “medios amigos” del candidato panista llevando gruesos legajos con información negra sobre el oponente López Obrador, presentada luego como ejemplo de periodismo de investigación.

La primicia de Irving no incluyó ni una sola prueba atendible por la justicia, pero aportó insumos para el escándalo mediático. Y pasó al olvido tan pronto Amilcar volvió a escabullirse.

Hasta la próxima develación de Salinas Pliego.

RESCOLDOS

Por cierto que el concesionario de TV Azteca continúa labrando su candidatura presidencial por la ultraderecha, a imagen y semejanza del argentino Javier Milei: a punta de exabruptos y leperadas. La presentación por el expresidente López Obrador de su libro Pueblo le dio oportunidad al empresario de lanzar, echando espuma verde por la boca, una catarata de improperios. Rapto de cólera que dice mucho de su salud mental…

Un empleado del PRI fue detenido en flagrancia mientras robaba dinero –decenas de fajos de billetes, la mayoría de 500 pesos– de una de dos cajas fuertes instaladas en el área del despacho de Alito Moreno. La noticia circuló con profusión, pero la dirigencia priista desmintió que el hecho hubiese ocurrido en oficinas de este dirigente. El desmentido resultó verosímil. Se antojaba increíble que en el PRI aún quedase algo atractivo para los ladrones. Y más increíble que aún quedase dinero cercano de las oficinas de Alito. Las autoridades ya investigan el caso…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

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