Alberto Benítez Tiburcio

Hasta hace muy poco había una parte de nuestra vida que no dejaba expediente. Pensamientos absurdos, deseos que nos avergonzaban, resentimientos pasajeros, preguntas que jamás habríamos formulado en público. Pensábamos, exagerábamos, cambiábamos de opinión y buena parte de aquello desaparecía sin consecuencias. La vida interior era siempre provisional. La inteligencia artificial comienza a modificar esa condición: convierte dudas, impulsos, hipótesis y conversaciones íntimas en registros persistentes, almacenados y potencialmente recuperables.

No se trata de un fenómeno marginal. Más de 70% de las conversaciones de consumidores con ChatGPT corresponde a actividades no laborales y una parte creciente se relaciona con orientación personal, decisiones privadas, salud, apoyo emocional y organización de la vida cotidiana. Hay cierta lógica en ello: una máquina no se decepciona, no juzga, no se cansa y está disponible a cualquier hora. La usamos para ordenar una decisión antes de tomarla, ensayar una explicación o formular preguntas que preferimos no hacer delante de nadie.

Ahí comienza el verdadero problema constitucional: los chats con inteligencia artificial pueden servir como evidencia, pero cuanto más íntima sea la información que revelan, más estrictos deben ser los límites para acceder a ella. Control judicial, justificación, proporcionalidad y prohibición de búsquedas indiscriminadas deberían ser el punto de partida. 

Algunos tribunales estadounidenses han comenzado a autorizar el acceso a conversaciones concretas con la IA, aunque su jurisprudencia constitucional ha reconocido que entregar datos a una empresa tecnológica no equivale a renunciar a toda expectativa de privacidad frente al Estado. Europa avanza en la misma tensión; a partir del 18 de agosto de 2026 entrará en vigor su nuevo régimen de evidencia electrónica, que permitirá a autoridades judiciales ordenar directamente a proveedores la preservación o entrega de datos digitales, incluso a través de fronteras, pero bajo requisitos de necesidad, proporcionalidad y protección de derechos fundamentales. La tendencia parece clara: facilitar el acceso a evidencia digital, sin convertir la intimidad almacenada en territorio libre para la investigación. 

Suele presentarse esta discusión como un nuevo episodio del conflicto entre seguridad y privacidad. Creo que esa descripción se queda corta. Lo que está en juego es algo más elemental: la diferencia entre lo que una persona piensa y aquello que finalmente decide hacer. La condición humana es menos coherente de lo que aparenta. Podemos odiar por unos minutos a una persona que amamos durante décadas, imaginar una venganza y descartarla, ensayar un argumento para descubrir que es incorrecto o preguntar por una posibilidad precisamente porque queremos evitarla. La conciencia está llena de borradores, tachaduras y contradicciones. Nadie debería ser definido por las versiones preliminares de sí mismo.

Por eso hay una secuencia que el derecho no puede permitirse olvidar: imaginar no es querer, querer no es intentar e intentar no es ejecutar. Entre cada una de esas etapas existe una distancia psicológica, moral y jurídica. Buena parte de lo que llamamos libertad ocurre precisamente dentro de esa distancia.

El derecho penal de un Estado constitucional no castiga almas imperfectas ni pensamientos impuros. Persigue conductas. Puede reconstruir intención para explicar un acto, pero no debería convertir cada pensamiento incómodo en evidencia anticipada de culpabilidad. La presunción de inocencia exige bastante más que encontrar palabras que, observadas en retrospectiva, parezcan inquietantes.

La inteligencia artificial vuelve esa frontera más frágil porque registra aquello que antes era efímero. Guarda la pregunta que descartamos, la hipótesis que exploramos y la decisión que finalmente no tomamos. Además, la conversación no es un monólogo. La IA propone alternativas, completa razonamientos, introduce conceptos y reorganiza argumentos. Por eso un chat no puede leerse como una fotografía transparente del pensamiento humano. Puede contener elementos probatorios relevantes, pero su significado depende del contexto de la interacción.

Nada de esto significa que esas conversaciones deban convertirse en un santuario de impunidad. Si el Ministerio Público cuenta con datos objetivos que relacionan a una persona con un delito y existen razones específicas para considerar que determinadas conversaciones pueden aportar elementos para esclarecerlo, el Estado debe poder preservarlas y solicitar su acceso conforme al procedimiento aplicable y bajo estricto control judicial.

La cuestión está en el orden constitucional de la investigación: primero los indicios, después la persona, finalmente los datos necesarios. Cuando esa secuencia se invierte aparece una forma distinta de poder.

Los llamados reverse prompt warrants muestran con claridad el problema. Ya no se trataría de investigar las conversaciones de una persona previamente individualizada, sino de pedir a una plataforma que identifique quién formuló determinadas preguntas o utilizó determinadas expresiones. “Dígame quiénes preguntaron esto para decidir a quién investigar” empieza a pertenecer al Estado policial.

En el ejemplo, la intimidad de millones de personas se convierte en el lugar donde el Estado sale a pescar sospechosos. Nuestro artículo 16 constitucional fue construido precisamente contra esa lógica. La fundamentación y motivación, el control judicial sobre determinadas intervenciones y la protección de las comunicaciones privadas no son obstáculos burocráticos para dificultar la procuración de justicia. Son límites deliberados a la capacidad invasiva del poder.

Una orden para acceder a conversaciones de inteligencia artificial debería exigir una motivación reforzada, relación directa con el hecho investigado, delimitación material y temporal estricta, minimización de información ajena y control judicial efectivo. Explorar indiscriminadamente años de conversaciones para encontrar algo incriminatorio sería un abuso autoritario.

La privacidad protege algo más que secretos: protege la posibilidad de vivir sin estar permanentemente expuestos a la mirada del poder. La vigilancia modifica el comportamiento de quien sabe que puede ser vigilado. Si asumimos que una pregunta formulada hoy podrá ser reinterpretada dentro de diez años por una fiscalía, un gobierno o un algoritmo, comenzaremos a autoinhibirnos. Evitaremos ciertas palabras, abandonaremos algunas curiosidades y aprenderemos a autocensurar nuestras dudas antes incluso de formularlas.

El constitucionalismo tendrá que aprender a proteger ese nuevo territorio sin convertirlo en refugio de impunidad. La privacidad, en el fondo, protege precisamente eso: el derecho a no convertir cada duda en confesión, cada impulso en intención y cada pensamiento en evidencia. El derecho a pensar en privado.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Antonio Gutiérrez

Doña Carmelita Jiménez Mata es una maestra jubilada hablante de la lengua mixteca. Es originaria de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, y radicada en el Municipio de Santiago Tlazoyaltepec, Distrito de Etla. Oaxaca. 

Como maestra, como madre y como principal transmisora de la cultura comunitaria, durante una entrevista realizada en el mes de abril de 2022, Carmelita nos compartió sus observaciones sobre la forma como aprenden la lengua materna los integrantes de las comunidades de las regiones donde ella ha vivido, la Sierra Sur y los Valles Centrales de Oaxaca

Sobre este proceso de enseñanza aprendizaje, que en las comunidades indígenas sucede de manera natural, directa y sencilla, ella dice:

“Lo primero que les sucede a los recién nacidos es que sus madres los toman en sus manos, los levantan, los abrazan; los aprietan contra sus senos y luego les dicen en mixteco las palabras que ambos necesitan escuchar”. Aquí las escribimos:

”nene, come, leche, toma, mamá”, conalgunas variantes, esas son las primeras palabras que aprenden los recién nacidos para familiarizarse con la familia, con la lengua y con la comunidad. 

“Después de escuchar esas palabras, y solitos sin que nadie los obligue, siguen libremente hablando en mixteco”, no obstante, como ejemplo, aclara; “en otras comunidades nene pequeño en mixteco se dice suchi yɨkɨn”. 

Según el testimonio de Carmelita no es exagerado decir que en las comunidades indígenas las madres entregan a sus hijos toda la cultura a través de la lengua. Veamos si no: 

Primero les dan el alimento para que crezcan sanos y fuertes; a través de la lengua materna les trasmiten los significados de las palabras; el nombre de las cosas y de las personas; les enseñan las prácticas y las ideas; entretejen en ellos los afectos y las relaciones sociales; les enseñan las normas de comportamiento, los valores y los principios, lo permitido y lo prohibido al interior del grupo; en otras palabras, a través del habla de su propia lengua les transmiten la idea de comunidad y de mundo. Son las madres quienes más aportan a la construcción de la cosmovisión indígena. 

Este es tan sólo un ejemplo de cómo en las comunidades indígenas las lenguas maternas, la comunidad y los niños nacen crecen y se desarrollan simultáneamente.

Tal vez por eso las culturas indígenas de México han resistido tanto al silencio, la indiferencia y los intentos de olvido, siempre florecen.

Los niños efectivamente nacen en el seno de una familia, pero la familia no vive desligada de la comunidad.

Los niños van a la escuela, conocen otras personas, hacen nuevos amigos, y en la misma lengua intercambian sus experiencias, juegan y jugando pasan a formar parte del colectivo.  Aquí sí, la cultura se hace jugando. 

Por eso es muy difícil que los recién nacidos cuando llegan a la adultez no recuerden los primeros ruidos, los tonos y los ritmos de sus lenguas. Lo que los estudiosos han dado en llamar las variantes lingüísticas. Yo me imagino que así, más o menos, lo mismo pasa con todas las lenguas que se hablan en México, dice Doña Carmelita Jiménez Mata.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Ernesto Ruiz

• “El manglar no cuenta las heridas del viento, cuenta las raíces que brotan después de la tormenta.” 

En la Costa de Oaxaca existe un rincón mágico, un lugar al que desde que llegas provoca que te desconectes del mundo humano y hagas conexión con la naturaleza, te conviertes en testigo de la relación especial que la comunidad guarda con su territorio.

Hace 28 años, los hombres y mujeres que a finales de los 70 se asentaron en esta comunidad, decidieron que era hora de buscar una nueva forma de subsistir, hasta entonces era una comunidad de pescadores que habían vivido durante muchos años de la pesca, de la matanza de la tortuga marina y de la depredación de sus recursos. La veda de la tortuga les cambió la jugada, ya no podían seguir por ese rumbo porque la presión del gobierno era mucha. La evolución surgió de varias ideas y ejemplos: “si no podemos vender productos, vendamos servicios”. Así nace lo que se convertiría en unos de los proyectos comunitarios más exitosos  de conservación: La Ventanilla.

Hablar de La Ventanilla es presenciar un pequeño milagro de resiliencia, en donde la perturbación hacia su entorno se convierte en apropiación territorial y esa conexión que se establece se convierte en el eje cultural y la concepción de entorno. Un proyecto insigne no solo por su trabajo comunitario de conservación, sino por su trabajo enfocado en el cocodrilo de río (Crocodylus acutus) especie en peligro de extinción que convirtieron en su estandarte.

La Ventanilla se convirtió así en punta de lanza en la conservación de esta especie. Aquí, la comunidad aprendió a monitorear sus poblaciones, a proteger sus sitios de anidación y a entender su comportamiento. Pero también descubrieron que al cuidar al gran reptil, cuidaban también la red vital del manglar: la circulación de nutrientes, el equilibrio de los peces y la salud integral del humedal, así no solo se convirtieron en los guardianes de nuestra última frontera, sino también de las especies vinculadas a los humedales, dunas y playas como las tortugas marinas, iguanas, tortugas dulce acuícolas, una diversidad de aves, tejones, mapaches, venados, etc.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, cuando la naturaleza ha apretado los dientes —con huracanes devastadores que llegaron a dejar el paisaje en ruinas—, la gente de Ventanilla no abandonó a su Laguna. Volvió al agua en sus pangas, limpió las entradas de la laguna, reforestó mangle y reconstruyó el hábitat. Ese es el verdadero valor de la conservación comunitaria: no se hace por un contrato ni por una moda pasajera; se hace porque la vida de la gente y la vida del ecosistema se volvieron una sola.

En un mundo que nos insiste en que el progreso requiere desarrollo voraz y grandes infraestructuras que alteran el paisaje, La Ventanilla responde con una provocación serena y hermosa. Su modelo de economía social y solidaria demuestra que se puede vivir con dignidad protegiendo a la fauna nativa.

Aquí la cooperativa es el motor donde el sustento se distribuye con justicia. El ingreso que genera la llegada de visitantes para observar su pedazo de paraíso  y especialmente al cocodrilo en libertad no nutre a un corporativo lejano: se queda en las cocinas comunitarias, en los guías que conocen cada animal por su nombre, en los viveros de mangle y en el resguardo del territorio. Es una economía con rostro humano y sentido ambiental, donde la tierra no se debe vender porque se entiende sagrada.

En la escala regional, La Ventanilla es la encarnación viva de la comunalidad oaxaqueña: esa capacidad de tomar decisiones colectivas, de organizarse en asamblea y de entender que el bienestar del vecino —y de la fauna que comparte el humedal— es el bienestar de todos.

Para México, de cara al 23 de agosto, Día Nacional del Cocodrilo, este proyecto representa el recordatorio de que la coexistencia entre comunidades humanas y depredadores no solo es posible, sino próspera. Y para un planeta enfrentado a la crisis climática y a la pérdida masiva de biodiversidad, La Ventanilla es la prueba de que la restauración ambiental guiada por las manos locales realmente funciona.

Mirar las aguas tranquilas de La Ventanilla después de tantos años, ver la silueta antigua de un cocodrilo deslizándose en silencio entre las raíces del mangle, llena el pecho de esperanza. En la mirada amable de los guías y en el pulso firme de su gente, se lee una lección que trasciende fronteras: la tierra y sus criaturas solo sanarán cuando aprendamos a cuidarlas. La Ventanilla es tierra de magia y amigos.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Alberto Benítez Tiburcio

Cada vez que asesinan a un periodista en México ocurre, además del crimen, una liturgia. Esta semana fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista oaxaqueño y autor de la columna política El Zumbido del Moscardón. Antes fueron muchos otros. De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000 alrededor de 180 periodistas han sido asesinados en el país. México aparece, año tras año, entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de un contexto formal de guerra. Sin embargo, quizá lo más inquietante no sea la repetición de los asesinatos, sino la normalidad con la que hemos aprendido a recibirlos. El crimen ocurre; llegan los comunicados oficiales; se promete una investigación exhaustiva; se condenan los hechos; se asegura que no habrá impunidad. Después sobreviene el silencio. Hemos perfeccionado el ritual del pésame mientras la indignación se desvanece con una rapidez cada vez mayor.

La muerte de un periodista nunca representa únicamente la pérdida de una vida. También significa la desaparición de una mirada crítica sobre la realidad. El miedo no sólo mata periodistas; también produce autocensura, desalienta la investigación y empobrece el debate público. El silencio, como casi siempre ocurre, termina favoreciendo al poder.

Solemos decir que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Lo es, pero esa definición resulta insuficiente. En realidad, constituye el mecanismo que permite que todos los demás derechos dejen de ser simples promesas constitucionales para convertirse en derechos vivos. Un abuso que nadie se atreve a denunciar, un acto de corrupción que nadie puede revelar o una arbitrariedad que permanece oculta terminan convirtiendo los derechos en declaraciones vacías. La diferencia entre una Constitución viva y una meramente simbólica suele depender de que exista algún periodista dispuesto a contar aquello que el poder preferiría mantener en secreto.

Por eso la libertad de expresión no protege únicamente a quien habla. Protege, sobre todo, el derecho de toda la sociedad a saber. La democracia necesita información no por una razón romántica, sino por una necesidad práctica. Los ciudadanos sólo pueden controlar al poder si conocen cómo ejerce ese poder. Para elegir no basta con depositar una boleta en una urna. Hace falta comprender qué decisiones se tomaron, quién se benefició de ellas, cuánto costaron, quién cumplió con su responsabilidad y quién abusó de ella. Sin información independiente, el voto deja de ser una decisión racional para convertirse en un acto de confianza ciega.

La democracia tampoco se agota el día de la elección. Los ciudadanos necesitan información para elegir a sus gobernantes, pero también para evaluarlos mientras ejercen el cargo y decidir, llegado el momento, si merecen continuar o ser sustituidos. El periodismo permite distinguir entre gobiernos eficaces e ineficaces, entre funcionarios íntegros y servidores públicos corruptos, entre quienes honran la confianza ciudadana y quienes la defraudan. Hace posible premiar a los buenos gobiernos y retirar democráticamente del poder a los malos. La denuncia periodística precede, casi siempre, a la evaluación ciudadana del poder.

Con frecuencia se presenta al periodismo como un adversario de los gobiernos. Es exactamente lo contrario. Los buenos gobiernos necesitan una prensa libre. Ningún gobernante es infalible ni dispone de toda la información. El poder tiende al aislamiento y a la autocomplacencia. El periodismo rompe ese círculo: detecta errores, revela abusos y obliga a corregir decisiones antes de que sus costos sean irreparables. La crítica no debilita al poder democrático, por el contrario, mejora la calidad de sus decisiones. Una prensa libre no sólo protege a la sociedad frente al poder; también protege al propio poder de sus errores y de la ilusión de que nunca se equivoca.

Quien decide asumir un cargo público acepta, al mismo tiempo, someterse a un escrutinio más intenso que el resto de los ciudadanos. No se trata de ataques personales, sino de una exigencia inherente a la función pública. Quien administra recursos, toma decisiones y ejerce autoridad debe rendir cuentas. La crítica, la sátira y el cuestionamiento no son excesos de la democracia; constituyen algunos de sus mecanismos de control más eficaces.

Precisamente por eso resultan preocupantes los intentos por inhibir la crítica desde el propio poder. La utilización de figuras jurídicas ambiguas para sancionar expresiones en medios y redes sociales, o el uso de litigios, fiscalías y tribunales para hostigar a periodistas críticos, revelan una preocupante intolerancia al escrutinio público. Aunque estas medidas suelen presentarse como mecanismos para combatir la desinformación o proteger derechos, su efecto consiste en elevar el costo de cuestionar al poder y empobrecer la deliberación democrática. Cuando el poder pretende decidir qué críticas son legítimas y cuáles deben callarse, deja de comportarse como un poder limitado por la Constitución y comienza a actuar como si la Constitución estuviera subordinada a su voluntad.

Las democracias no suelen morir mediante un solo acto espectacular. Se erosionan lentamente. Primero se desacredita a la prensa crítica. Después se multiplican las demandas judiciales. Más tarde aparecen leyes que prometen proteger a la sociedad, pero terminan protegiendo a los gobernantes del escrutinio ciudadano. Poco a poco, el espacio para disentir se reduce, la conversación pública se empobrece y los ciudadanos dejan de contar con la información necesaria para vigilar a quienes gobiernan. Es entonces cuando la democracia comienza a vaciarse desde dentro, aun cuando las elecciones continúen celebrándose con aparente normalidad.

Por eso el asesinato de un periodista, la censura de una caricatura, la intimidación judicial contra un reportero o el intento de castigar a un ciudadano por criticar a un gobierno en redes sociales no son episodios aislados. Forman parte de un mismo fenómeno: la tentación permanente del poder de reducir el espacio de la crítica. Ése ha sido, históricamente, el primer síntoma del deterioro democrático. Porque la democracia no empieza a perderse cuando se dejan de celebrar elecciones. Empieza a perderse mucho antes: el día en que el poder deja de aceptar que alguien pueda decirle, públicamente, que está equivocado.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.