Alberto Benítez Tiburcio
Esta semana se publicó el informe Latinobarómetro 2026. Desde 1995, este estudio mide cómo cambian las opiniones sobre la democracia, la economía y las instituciones en América Latina. Es el estudio sobre democracia más longevo de la región y ha permitido evaluar, a lo largo del tiempo, la evolución de las instituciones democráticas y de la percepción ciudadana. No es una encuesta electoral ni puede explicar por sí solo el voto histórico de las personas, en Latinoamerica pero ha servido para reconocer el clima en el que los gobiernos intentan conservar la confianza democrática.
La primera cifra parece alentadora. El 52% de los latinoamericanos prefiere la democracia, el mismo nivel de 2024 y por encima del mínimo de 48% registrado en 2023. Pero la perspectiva cambia cuando recordamos que en 2010 el apoyo rondaba el 63%. Además, ese mismo 52% dice que aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país; en 2002 respondía así el 44%. Por otro lado, el 63% está de acuerdo con que “un poco de mano dura no viene mal”. Son preguntas distintas, pero juntas sugieren que la democracia conserva respaldo mientras gana terreno la idea de que sus reglas pueden hacerse a un lado si alguien ofrece eficacia y resuelve los problemas de la ciudadanía.
El informe ayuda a entender de dónde viene esa impaciencia. Solo el 26% cree que el Estado ha hecho mucho o algo por la gente, mientras el 73% siente que ha hecho poco o nada; Solo alrededor de un tercio percibe avances contra la corrupción y al mismo tiempo, el 79% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder. Las elecciones conservan legitimidad, pero esa confianza no se extiende con la misma fuerza a los partidos, los congresos ni la justicia, instituciones que la ciudadanía comienza a percibir como prescindibles y poco dignos de confianza. La gente todavía quiere conservar el poder de cambiar a sus gobernantes, pero también espera que ese cambio sirva para resolver los problemas que más le duelen.
En México, la advertencia toma una forma particular. La preferencia declarada por la democracia bajó del 49% en 2024 al 45% en 2026. A la vez, el 53% aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas y solo el 35% percibe avances en el combate a la corrupción. En uno de los datos más preocupantes, el 88% considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder No existe una contradicción necesaria entre esas respuestas, pues una mide la convicción democrática y la otra, cuánto pesa la promesa de eficacia. Lo inquietante es que cada vez más personas parecen dispuestas a contestar “me da lo mismo”.
Esa indiferencia no aparece de un día para otro. Se instala cuando la democracia se reduce a un ritual electoral y el Estado no alcanza a cumplir sus tareas más elementales. La libertad política se vuelve una idea distante si denunciar un delito no sirve, si el crimen organizado es cada vez más poderoso y la seguridad pública no puede garantizarse o si la corrupción permea todos los contactos de la ciudadanía con la autoridad. La población también resiente la falta de ingresos suficientes, empleos formales y una economía en la que sea posible progresar sin depender de la corrupción.
Brasil tuvo elecciones el pasado domingo. Flavio Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos y Lula da Silva, el 45.16%. Como ninguno superó la mitad, volverán a competir el 25 de octubre en una segunda vuelta. El costo de vida, las deudas y la inseguridad pesaron sobre la campaña de Lula, junto con el desgaste de un dirigente que lleva cuatro décadas en la política brasileña y la falta de un sucesor capaz de renovar su proyecto. También influyeron los escándalos y las denuncias de corrupción que alcanzaron a actores del gobierno y de su entorno.
Flavio Bolsonaro heredó el movimiento de ultraderecha de su padre y propone una respuesta de mano dura al problema de la inseguridad. Plantea cárceles inspiradas en el modelo de Nayib Bukele, reducir la edad penal y aplicar la castración química a violadores. También quiere llamar “narcoterroristas” a los grupos criminales y ha prometido amnistiar a su padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado. Donald Trump ha elogiado públicamente a Bolsonaro y ha mostrado su respaldo a su movimiento, a sus posturas autoritarias y a su defensa de un capitalismo voraz. La injerencia estadounidense fue visible, pero no consiguió desplazar de la conversación electoral las preocupaciones inmediatas de los brasileños, como la seguridad pública, el costo de vida y la percepción de corrupción.
El resultado brasileño no demuestra que sus votantes hayan renunciado a la democracia ni que las medidas de excepción vayan a resolver la violencia. Muestra el terreno en el que esas promesas ganan atractivo. Cuando la inseguridad se vuelve parte de la rutina y el Estado parece ausente, el hartazgo puede transformarse en permiso para concentrar el poder. Latinobarómetro no prueba que esa haya sido la causa del voto por Bolsonaro, pero sí ofrece un marco para entender por qué una oferta de eficacia autoritaria puede encontrar tantos oídos dispuestos.
México debería mirar esa advertencia con cuidado. El crimen organizado no se repliega con discursos y la corrupción que lo protege tampoco desaparece con buena voluntad. Si el Estado no garantiza seguridad pública, mejores condiciones de vida y movilidad social, crecerá la demanda de pulsiones autoritarias que prometan eficacia.
Ninguna democracia puede sobrevivir indefinidamente pidiendo paciencia a una sociedad que vive con miedo, carestía y corrupción. Cuando las instituciones no ofrecen resultados, el autoritarismo deja de percibirse como una amenaza y comienza a venderse como una solución. México todavía está a tiempo de evitar ese engaño, pero no basta con defender la democracia en discursos. Tenemos que que demostrar en la vida cotidiana que la libertad también puede producir seguridad, justicia y bienestar. Porque si la democracia no resuelve, tarde o temprano alguien prometerá resolver sin ella.
