Aurelio Ramos Méndez
El primer ejercicio electoral de revocación de mandato de un gobernador, el oaxaqueño Salomón Jara Cruz, el domingo pasado, puso en evidencia que en nuestro medio este instrumento democrático es absolutamente innecesario, redundante y hasta contrario al espíritu de la Constitución. Y que, por lo mismo, lo conveniente es su revocación.
Desde su propósito y la denominación de la normatividad que lo rige se perciben intenciones prejuiciosas, pues eso de pretender de antemano la revocación por pérdida de confianza, no la evaluación sobria del trabajo gubernamental –y el razonable despido en caso de reprobación— se revela desenfocado.
De nada serviría sin embargo un cambio de perspectiva, porque desde la exposición de motivos esta herramienta político-electoral rezuma demagogia.
Suena bonito eso de que el pueblo pone y el pueblo quita, pero convocar al pueblo para evaluar o peor aún revocar a la mitad del ejercicio, equivale a reducir a tres años un periodo de gobierno que la Constitución marca de seis –excepto los alcaldes, claro– y los ciudadanos aceptaron en las urnas.
El funcionario de que se trate –del Presidente a los gobernadores y munícipes—y la fuerza política que lo aupó a la silla, deberían tener la capacidad de decirles a quienes les exigen resultados y cumplimiento prematuro, inmediato de planes y programas: “me eligieron para seis, no para tres: ¡paciencia!”.
A nadie se le puede ocurrir que un gobernante no está obligado a trabajar con tenacidad y buen criterio desde el minuto uno de su gestión, pues si así no lo hiciere…
Conviene, no obstante, reparar en el destino de las obras grandes y trascendentales, cuya ejecución puede rebasar el lapso del mandato.
La interrupción de trabajos en los tres órdenes de gobierno podría convertirnos en un país en obra negra. Peor, dado el adanismo de nuestros mandamases, cada uno de los cuales asume el puesto presto a descubrir el hilo negro, como si nada se hubiese hecho antes de que él llegara.
Sobra decir que las acciones de los servidores públicos están sujetas a la ponderación en todo momento por las instituciones y órganos de control permanente, constitucionales y de facto.
¿Sería necesario esperar hasta las votaciones de revocación para enviar a casa a un gobernador que incurriese en delitos, errores graves o incompetencia manifiesta?
Puesto de otro modo: ¿Para qué están los Poderes Legislativo y Judicial? ¿Y la prensa, los partidos políticos y los poderes fácticos? ¿De adorno?
¿Están nada más pintados el empresariado, los sindicatos, el enjambre de oenegés, las universidades, la iglesia y los contrapesos que según el grueso de los medios y la delirante oposición ya no existe en nuestro país, cuando ellos son parte de este tupido entramado democrático?
Oaxaca fue el primer estado en ensayar a escala estatal el jueguito que a nadie excepto a Jara Cruz dejó contento.
El mandatario llegó al poder con un robusto 60 por ciento de votos a favor, pero ha hecho un gobierno que, en la más benévola valoración, ha sido ni fu ni fa.
Al final de la jornada, el domingo de revocación, el gober salió debilitado pero eufórico, con la actitud de un inimputable que no se percata de su nueva y triste realidad de amplio rechazo popular.
Del total de 935 mil 500 votos registrados, 58 por ciento –alrededor de 550 mil– se pronunció a favor de que se mantenga en el cargo. Y 39.16 por ciento, más de 357 mil, gritaron “¡que se vaya!”.
Menos contenta aun quedó la oposición –ínfima, extraviada, desprestigiada, sin credibilidad–, indignada porque los ciudadanos no despacharon a su rancho al mandatario, sin darse cuenta de su propia, absoluta insignificancia y vacuidad.
Plañidera, critica con libreto y desmesura del ejercicio de votación, ha desatado un alud de acusaciones magnificadas y sin pruebas, carente de seriedad.
¿Que hubo dinero del erario en la propaganda oficial? ¡De seguro! Toda una historia avala semejante dicho; pero, ¿de verdad es imposible para los adversarios de Jara demostrar con documentos no sólo con rollo tal aserto?
¿Que el gasto fue excesivo y son muchas las necesidades sociales? Quizá. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Algún contrato, un recibo, una orden de inserción o de pago?
Y, de verdad, ¿con el dinero real o supuestamente malversado se habrían resuelto las carencias seculares del pueblo oaxaqueño?
O estamos ante pura y simple demagogia al decir que esos recursos –importantes, sí, pero ínfimos frente a la cordillera de necesidades– debieron ser canalizados a hospitales, aulas y obras públicas.
¿Hubo coacción a vecinos, campesinos y empleados públicos para que votasen en tal o cual sentido? Puede ser. Sólo que ¿resultan creíbles tales dichos, si provienen de activistas de la CNTE? ¿De dónde tan conocedores los denunciantes?
La revocación no pasó en Oaxaca la prueba del ácido. Dejó un gobierno debilitado y una oposición plañidera, empeñada en ganar en los medios y a punta de choro el respaldo que le negaron los ciudadanos.
Mal podrían esperar los antagonistas de Jara apoyo popular, si en tres años han permanecido inanes, faltos de imaginación, aturdidos por la derrota del 22, inexistentes para todo efecto electoral.
La revocación denota prejuicio, pero de nada serviría que el mecanismo constitucional normativo de esta herramienta de democracia directa, la Ley Federal de Revocación de Mandato, cambiase de denominación y enfoque. Que fuese nombrada –por ejemplo– Ley Federal de Confirmación o Ley de Evaluación de Mandato.
La Constitución manda y marca seis años para Presidente y gobernadores. Atengámonos a eso. Y cumplan su deber los contrapesos. Lo demás es combustible para el conflicto social.
BRASAS
El expresidente Carlos Salinas, por lo visto, cree llegado el momento de emplearse a fondo en la misión imposible de limpiar su nombre ante la historia.
¿Cómo? Lanzándoles cubetadas de agua sucia a sus detractores más emblemáticos, atribuyéndoles errores, desaciertos y gruesos delitos, iguales o peores que los cometidos por él, su parentela y los de su entorno.
La finalidad es obvia: Reducir la estatura política y devaluar la trascendencia de sus antagonistas, hasta equipararlos con él a nivel de alcantarilla.
Busca descalificar en especial a los miembros del gobierno y líderes o continuadores del movimiento político surgido de la escisión del PRI en 1987 y el fraude electoral de 1988.
Percatado de que su nombre está más cerca del conspirador y asesino Victoriano Huerta que de Madero, desde el minuto uno de su gobierno Salinas se trazó el propósito de lavarse la cara y reivindicarse a costas de sus adversarios, sobre todo Cuauhtémoc Cárdenas.
Supo que mientras Cárdenas viva él será siempre un presidente espurio, un usurpador del poder. Por ello se propuso aniquilar aquel movimiento. “Al PAN, lo que pida; al PRD, ¡ni agua!”, fue consigna durante el salinato.
Con un hermano probado capo del narcotráfico –lo demostró el gobierno de Suiza cuando el hermano incómodo blanqueó por aquellos lares cerca de 150 millones de dólares– es difícil que la imagen del expresidente pueda quedar bruñida.
Peor aún, con Adriana Salinas, la hermana a quien la nación entera pudo escuchar real o fingidamente peleando con Raúl por teléfono, diciendo éste que Carlos estaba debidamente enterado de todo, de sus correrías delictivas y quizá homicidas.
Es un enigma el origen y autenticidad o falsedad de la grabación referida. Hay quienes sostienen que se trató de un montaje, cuya finalidad era asentar la versión de que el dinero a Raúl se lo dieron “los empresarios”, no el narco.
Durante los gobiernos de Fox y Calderón, Raúl Salinas fue exonerado de cuatro de los cinco delitos que afrontaba: homicidio, peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero. Linda la mafia del poder.
A un vano intento de asepsia debe atribuirse, pues, la machacona cantaleta de los amanuenses del expresidente que, duro y dale, mañana, tarde y noche, propalan la especie de que rige un narcogobierno.
Que la presidenta Sheinbaum es una marioneta, el expresidente López Obrador el jefe de jefes, y los hijos y hermanos de éste chapalean en la corrupción.
Todo bajo la divisa nazi de la mentira que, repetida mil veces, se vuelve verdad.
RESOLDOS
Ya está a punto de hervor la iniciativa presidencial de reforma electoral. Pero el arroz que ya se coció es el del PRIAN: La “sobrerrepresentación excesiva” de Morena en el Congreso será el arma secreta para tratar de tumbar esta reforma. Los espadachines de la derecha se preparan para rebatir a quienes señalan que la integración de la presente Legislatura no está a discusión, pues fue debatida en 2024. “¡No me vengan con que la ley es la ley! ni me hablen de definitividad de las resoluciones judiciales”, alegan prianistas.
Abocados de lleno a la pepena, los dirigentes del PRIAN se frota las manos ante la posibilidad de cachar a émulos de Lilly Téllez. Sí, a quienes vivieron una experiencia inmersiva en Morena y no les gustó. Cifran su esperanza en algunos verdes como el senador Luis Armando Melgar, y en petistas de Oaxaca que ya pusieron tienda aparte del guinda. Huelga decirlo: en la derecha los tránsfugas son premiados, cubiertos con un manto de beatitud y pureza. Se olvidan y encubren sus pillerías, pues…
Por medio de su embajada y otras instancias en Washington el gobierno gringo dijo que el narco canadiense Ryan Wedding no fue capturado en México, sino que se entregó de manera voluntaria en la legación diplomática de EU. En el opinódromo de la oposición, nadie les cree. Están montados en su macho, necios con que Wedding fue arrestado en una operación rocambolesca del FBI.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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