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Zicatela, el cemento y la ley: cuando el desarrollo ignora las dunas

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“La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano tan vital como el agua o el buen pan.”

Edward Abbey

Ernesto Ruiz

En la costa de Oaxaca, hablar de territorio costero no es referirse únicamente a una franja de arena con alto valor inmobiliario o turístico. Las playas, dunas, humedales y sistemas lagunares forman parte de un equilibrio ecológico complejo donde convergen procesos naturales indispensables para la vida marina, la seguridad de las poblaciones costeras y la propia economía regional. Sin embargo, ese equilibrio vuelve a verse amenazado por decisiones de infraestructura tomadas sin rigor técnico ni respaldo legal. El caso más reciente ocurre en Zicatela, donde el Ayuntamiento de Santa María Colotepec impulsa la construcción de un estacionamiento sobre la franja costera.

Esta obra resulta todavía más grave si consideramos el momento histórico que vive este litoral. En marzo pasado, Puerto Escondido —con Zicatela como uno de sus ejes emblemáticos— fue consagrado oficialmente como la 14ª Reserva Mundial de Surf por la coalición internacional Save The Waves, un reconocimiento que abarca cerca de 10 kilómetros de costa y ocho olas de clase mundial. Aunque no es una declaratoria con fuerza legal, tampoco es un simple trofeo turístico: conlleva un plan local de conservación, entre cuyas prioridades está atender la erosión de Zicatela, y supone un compromiso público con la protección de las dunas y la prevención del desarrollo costero insostenible. Contradecir ese estatus metiendo maquinaria y cemento en el frente de playa es dar la espalda al mundo y poner en riesgo el patrimonio natural que sostiene la identidad de la región.

Durante los últimos años, bajo la bandera del “reordenamiento urbano” o del impulso al turismo, diversas autoridades municipales han caído en la tentación de confundir desarrollo con planchas de concreto. Nadie niega que la movilidad y la falta de espacios para vehículos en Zicatela y Brisas de Zicatela representen un problema cotidiano. El error radica en pretender resolver un conflicto vial sacrificando ecosistemas altamente vulnerables. Hay alternativas: estacionamientos ubicados fuera de la franja costera, conectados con la playa mediante transporte local y andadores peatonales.

Esto plantea una pregunta fundamental: ¿puede una autoridad municipal ejecutar obras de infraestructura junto al mar sin contar con autorizaciones ambientales federales? La respuesta es contundente: no. Y no solamente por una razón de prudencia ecológica, sino por mandato expreso de la legislación ambiental mexicana.

De acuerdo con el artículo 28, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las obras y actividades en ecosistemas costeros, así como en sus litorales o zonas federales, requieren previamente la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la SEMARNAT. Y la propia ley no deja lugar a dudas sobre lo que esto abarca: su artículo 3, fracción XIII Bis, define como ecosistemas costeros a las playas y a las dunas costeras. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha exhibido públicamente ninguna autorización en materia de impacto ambiental para esta obra.

A ello se suma un segundo frente de ilegalidad. Si la obra ocupa la Zona Federal Marítimo Terrestre, el Ayuntamiento necesita además una concesión o un acuerdo de destino otorgado por la SEMARNAT; sin ese título no puede disponer de un bien de la nación. Y como a las playas de Oaxaca arriban cada temporada tortugas marinas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, cualquier obra en la franja de arena debe respetar la NOM-162-SEMARNAT-2012, que establece las especificaciones para proteger su hábitat de anidación.

Desde el punto de vista científico, la importancia de las dunas costeras está ampliamente documentada. La doctora Patricia Moreno-Casasola, investigadora del Instituto de Ecología (INECOL) y referente obligado en el estudio de las costas mexicanas, ha documentado en diversas obras que las dunas protegen a la costa durante tormentas y huracanes, funcionan como una barrera que impide que el agua de mar salinice los pozos y terrenos costeros, y son hábitat de numerosas plantas y animales, entre ellos las tortugas marinas que necesitan la playa para desovar. Además, actúan como reservorios naturales de arena que alimentan las playas y las rompientes. Compactar la arena, remover vegetación pionera o verter concreto sobre estos sistemas rompe el intercambio de arena entre la duna y el mar, acelera la erosión de la playa, puede alterar la calidad de la ola de Zicatela y aumenta el riesgo de inundaciones para los propios habitantes y prestadores de servicios.

Paradójicamente, el verdadero desarrollo no está peleado con el medio ambiente; por el contrario, depende de su conservación. Destruir la franja natural de Zicatela para meter más automóviles hasta la orilla de la playa es una contradicción urbana y económica: se deteriora precisamente el ecosistema que sostiene la declaratoria de Reserva Mundial de Surf y la vida turística y deportiva de toda la costa.

Por ello, desde este espacio expreso mi plena solidaridad con la comunidad surfista, los comités de gestión de la Reserva Mundial de Surf, los colectivos ambientalistas, las personas vigilantes de playa y los vecinos de Zicatela y Brisas de Zicatela que han levantado la voz en defensa de su territorio costero. Su exigencia no es un capricho ni un obstáculo al progreso; es la defensa legítima del derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución.

Según la información con la que cuento, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se han presentado alrededor de cien denuncias por esta obra. La Procuraduría no puede guardar silencio: el artículo 191 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) la obliga a notificar a cada denunciante, dentro de los 10 días siguientes a su presentación, el trámite que le dio a su denuncia. Hago, en consecuencia, un llamado enérgico a la Profepa para que actúe sin dilación e inicie el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia que corresponde, ordene la clausura inmediata de las obras que carezcan de autorización en materia de impacto ambiental y, en su caso, presente ante la Fiscalía General de la República las denuncias penales que procedan, como se lo exige el artículo 182 de la misma ley. Y a quien todavía no lo haya hecho: cualquier persona puede presentar una denuncia popular ante la Profepa (artículo 189 de la LGEEPA).

Al final del día, defender las dunas y las playas de Zicatela no es solamente una causa ambiental. Es una exigencia de legalidad, congruencia institucional y justicia intergeneracional. La ley ambiental no admite excepciones cuando el infractor es una autoridad municipal; por el contrario, el gobierno debe ser el primero en cumplirla. En tiempos donde la crisis climática golpea con mayor fuerza nuestras costas, estoy seguro de que el futuro de Oaxaca no se construye sepultando sus ecosistemas bajo el cemento, sino respetando la naturaleza y haciendo valer el Estado de derecho.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

PLAZA ABIERTA || Como decía Polo Polo: “En este país, todos somos licenciados”

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Aceptar un puesto para el que no estás preparado o no tienes las credenciales para desempeñarlo, también es corrupción. No fue ocurrencia de que se exigiera a los servidores públicos desde hace varios años que, cuando su nombre fuera antecedido por las siglas “Lic.”, “Ing.”, “Dr/a.”, o “Mtro/a”., existiera un título universitario y una cédula que avalara el grado. En el 2005, recuerdo que varios servidores públicos tanto estatales como federales, tuvieron que retirar de sus nombres esos grados, porque, dejen ustedes que fueran pasantes, había casos en que solo tenían concluida la secundaria. Ahora sí, que como el chiste de desaparecido Polo Polo: “Eres licenciado, porque en este país, todos somos licenciados”. 

Y este ha sido uno de los sellos del gobierno de la cuarta transformación, que, si bien es cierto, un título universitario no es obligatorio para el ejercicio del servicio público, los ciudadanos esperamos cierto nivel de quienes están encargados de tomar decisiones en nuestra representación. Así, tanto en el gobierno estatal como en el federal nos encontramos con personas que hacen tres maestrías y un doctorado en poco más de cinco años, como Lenia Batres. El caso estatal no pinta distinta la cosa; nos encontramos con titulaciones exprés, de personas sin perfil para los puestos que ocupan, de chicos recién egresados de la universidad sin ninguna experiencia en la administración pública o diputados a quienes de repente, les apareció un título universitario cuando hace unos pocos años, su último grado de estudios era la secundaria. La falta de preparación pero, sobre todo, el escaso criterio, hace que tengamos servidores públicos que solo repiten como merolicos los “logros” del gobierno y enjuicien a los personajes que el régimen considera sus opositores, sin que aporten un solo argumento. Otra prueba más del famoso “10% de conocimiento, 90% de obediencia”.

PLAZA ABIERTA || Buscando culpables hasta debajo de las piedras

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Parece que el afán de proteger a Guadalupe Taddei Zavala por parte de las autoridades llega a niveles que, al menos yo, no imaginé nunca. La cantidad de maromas y aseveraciones ridículas que han hecho desde el discurso oficial va más allá de una justificación, más bien parece ya una burla o un intento desesperado por mantener la más grande mentira que este gobierno nos ha dicho a los mexicanos, esa de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Han sido ellos mismos quienes con sus acciones han demostrado que tiene más valor un cacahuate que esa corroída promesa. 

Desde culpar a Lorenzo Córdova, hasta a personajes que no han tenido nada qué ver con el INE, como Guadalupe Acosta Naranjo, han llegado los dichos oficiales que, buscan justificar a toda costa el cochinero que Taddei y su proveedor estrella tenían dentro del instituto y que, de ninguna forma han convencido a los mexicanos y han convertido a la presidenta y su equipo, como Raquel Buenrostro, en burla nacional e internacional. Lo que el pueblo realmente quiere, es que los culpables de todos esos actos corruptos rindan cuentas, sean puestos a disposición de las autoridades como los delincuentes que son y que no haya pacto de impunidad como la lógica hace pensar que hay; la imagen de los políticos y defender un discurso desgastado y sobre todo, mentiroso, es algo que la verdad no interesa en lo absoluto. 

CONTRAFUEGO || Fox y el Tamagochi

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Aurelio Ramos Méndez

¡Da grima pensar que en manos de este culebrero cínico, pedestre y autoritario estuvo el gobierno del país durante seis años por voluntad de casi 16 millones de electores! 

Vicente Fox salió de su tumba política en la festividad del Día de Muertos para decirles como si nada a los mexicanos que, en la elección de 2006, desde su cargo de Presidente de la República, “hice que ganara Calderón”.

Luego, al parecer arrepentido ante la generalizada reprobación a su dicho –hasta las piedras interpretaron que orquestó un fraude electoral–, junto con otros irredimibles caradura como Luis Carlos Ugalde, Alejandro Alito Moreno y Jorge Romero, intentó verles cara de estúpidos a los mexicanos.

En una entrevista con el periodista español Juan Luis Cebrián publicada el domingo 1, en la cual, a lo Cantinflas, así como dijo una cosa también dijo la contraria, Fox habló del discurrir de nuestro país durante el priismo y de su lucha como opositor “para parar los 70 años o más del PRI y establecer una verdadera democracia”, y de la elección de 2006.

Dijo que su triunfo electoral en el 2000 “fue una victoria histórica porque el pueblo de México decidió que era importante y urgente un cambio hacia una democracia pura y llana”. Y, enseguida, admitió que como Presidente, democrático lo que se llama democrático no lo fue, sino que más bien operó como potencial golpista.

“En 2006 viene la siguiente elección, que ganó Calderón… O, lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón. Aunque no es muy democrático decir eso… Pero yo me dije a mí mismo (así de pleonástico habla él) que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos de mi partido político.

“Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN. Si me hubiera tocado uno de otro partido, no le hubiera entregado la banda presidencial”. Así dijo. Hay voz e imagen.

Lo que quiso decir el boquiflojo exmandatario es que, en tal hipótesis, hubiera aullado como el mico trepado en la palma de coco: “ni me subo, ni me bajo, ni me quedó aquí tampoco”. Golpismo por donde se mire.

Notoriamente convencido de que aún hay incautos que le creen o convenencieros a quienes no les importan las sandeces que vocifera, a condición de que golpee al régimen, le añadió burla a la ofensa.

Dijo que no dijo lo que pueden ver y escuchar en las redes quienes se interesen en ello, sino que fue intencionalmente malinterpretado. 

Que haber ayudado a Calderón a ganar significaba haber hecho un buen gobierno. Algo que debió estar en su ánimo desde el minuto uno de la administración, con Calderón o sin él como candidato.

Ayuda y buen gobierno que, para mayor desatino, debe decirse, fueron harto precarios, si se repara en la insignificante diferencia oficial de votos del panista frente al segundo lugar oficial de la contienda.

No hay que hurgar mucho en la memoria ni haber trabajado en una redacción para haber constatado la manera como desde el Ejecutivo se entregaba información lesiva para el principal adversario del panista. 

Si bien Calderón no fue su delfín, el guanajuatense defiende ahora la victoria del panista con la vehemencia del artífice del Gólem. Y la nación entera pudo ver que lo protegía con la dedicación de quien cuida una mascota virtual portátil, un Tamagochi…

Cualquiera que haya sido la realidad, está claro que Calderón no hubiera accedido al poder sin el apoyo del entonces Presidente, lenguaraz que, por otra parte, no es esta la primera vez en que se arroga la victoria oficial de aquellos comicios. De modo que su carácter de delincuente electoral hace rato que está establecida.

Sería interesante, de cara a la confesión del guanajuatense, saber que opinan de todo esto personajes que ayudaron al michoacano en la comisión del descomunal fraude electoral.

De Ugalde, quien en 2006 era presidente del muy democrático, limpísimo, incorruptible y austero IFE, ya se escuchó la calificación a Fox como un irresponsable. De Alito, que Fox “lo ayudó en su calidad de miembro del PAN”. Y de Romero que el de las botas fue malinterpretado. ¡Como si los mexicanos fuésemos una raza de imbéciles!

Están en falta de explicaciones los encuestadores de cabecera de Calderón, Ricardo de la Peña y Guillermo Valdés Castellanos.

Los magistrados electorales María del Carmes Alanís, Constantico Carranza Daza, Flavio Galván, Manuel González Oropeza, Salvador Nava, Pedro Antonio Penagos, Alejandro Luna Ramos.

Y, desde luego, los periodistas que en sus redacciones recibían información lesiva para la oposición, en especial para el candidato López Obrador. Pilas de documentos, audios, fotos, videos y textos mostrencos, que les servían a sus audiencias como producto de la sagacidad de sus periodistas.

Su declaración convierte a Fox en corresponsable del desgobierno de Calderón, pues bien dice el refrán que si es tuya la vaca, es tuyo el becerro.

Corresponsable, por ejemplo, de haber sacado a las calles las fuerzas armadas con objeto de inhibir protestas populares, con el disfraz de la guerra contra el narcotráfico, funesta determinación cuyas consecuencias hoy todavía ahogan el país en un baño de sangre.

No fue la única perla del político con alma de golpista. También dijo que como empresario sabe que operar con éxito un negocio requiere prever a quién se va a dejar la empresa; “¿a quién le voy a dejar las riendas?”. En tal reflexión, “yo me dije a mi mismo (sic): “Vicente, tú vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar. Tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país”.

No detalló si, como debería haber sido, se formuló esta reflexión en el minuto uno de su administración, y que luego se arremangó y se puso a trabajar, o si absurdamente desperdició cinco años y fue sólo hasta el inicio del proceso electoral 2006 cuando se percató de que tenía que ponerse a trabajar “para que ganara Calderón”.

En el curso de la extensa entrevista Fox también develó al Bukele que lleva dentro. “Una vez que saquemos a Sheimbaum y al lopezobradorismo del poder, lo que vamos a elegir es un hombre duro, de carácter, de derechas”. Lo que no dijo es cómo logrará su objetivo. 

Y, a todo esto, ¿qué ha dicho la criatura que Fox alimentó y cuidó y a quien le impuso la banda presidencial en una Cámara de Diputados convertida en herradero? Ni mu. Aunque, de seguro, lo escuecen las ganas de decir “¡cállate, chachalaca!”.

Guarda silencio porque sabe que el que come callado come dos veces, y a eso le tira haciéndose el beodo.

BRASAS

Ver para creer. ¡Hasta el pequeño Paraguay le ha dado una lección de fortaleza institucional y activa democracia a los Estados Unidos!

En el país sudamericano –6.1 millones de habitantes, 400 000 kilómetros cuadrados, economía mundial número 95, PIB per cápita de 9.371 dólares, o sea puesto 101 a escala global—el presidente Santiago Peña fue destituido, detenido y encarcelado.

Fue el corolario de la crisis en la institución financiera Ueno Bank, que recibió abundantes recursos públicos y acabó por confiscar los ahorros de sus clientes, entre estos 32 mil jubilados.

La situación de Paraguay contrasta patentemente con la de EU, donde las trapacerías de Doanald Trump, los abusos en todos los órdenes, el oneroso egocentrismo y su enriquecimiento personal y familiar desde el poder, se han normalizado de modo vergonzoso. 

En el juicio político en contra de Peña legisladores denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares “del pueblo paraguayo” por el cierre de Ueno Bank y tildaron al ex mandatario “el desfalcador más grande de la historia” del país, mientras en las calles la gente mostraba carteles con la leyenda: “Santi, rata, devolvé la plata”.

Ciertamente la lección paraguaya no es exclusiva para EU sino para otros muchos países, pero la situación de Trump es, con mucho, la más vistosa, grotesca y elocuente.

Vale señalar que tanto ideológicamente como por su praxis política Peña se inscribe en el bloque derechista, trumpista, latinoamericano.

Para más señas, era bueno de mostrar, el gobernante ejemplar del argentino Javier Milei, quien es a su vez el trumpista más abyecto de AL. Ni como ayudarlos.

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Derrotado y en apariencia acabado políticamente, Donald Trump es un peligro para los Estados Unidos. Y para el mundo.

En el tiempo que le resta en el poder aún podrá gobernar, o mejor dicho hacer de las suyas a base de decretos, resoluciones ejecutivas, vetos y otros instrumentos constitucionales y legales, o a punta de autoritarismo. 

En las urnas, el martes pasado, recibió merecida paliza, con la intensidad propia de las zurras que en las zonas tuguriales suele denominarse con vocablos más contundentes. Ni con mucho, sin embargo, puede extendérsele su acta de defunción política.

Si bien perdió el control del Congreso, tanto del Senado como la Cámara de Representantes, podría no ser el suyo el primer caso de un gobernante que aún sin bancadas camerales logre en poco tiempo constituir mayoría legislativas.

Cuenta para ello con dinero personal y del gobierno, puestos burocráticos, mecanismos de coacción y chantaje, y total ausencia de escrúpulos.

Uno de los casos más conocidos en nuestra región es el del colombiano Álvaro Uribe, que llegó al poder en patética condición de minoría y en pocas semanas consiguió configurar una mayoría que incluso le permitió modificar la Constitución para hacerse relegir en la presidencia. Cuidado.

Poderoso caballero… 

RESCOLDOS

Lo dicho: el gobierno federal se propone hacer del caso Taddei un episodio ejemplar de combate a la corrupción. Pasará el trapo húmedo por todos los rincones. Incluirá en la limpia no sólo a la gestión de Lorenzo Córdoba, sino más atrás. Intentará demostrar que la democracia es cara, pero no tanto; que no falta dinero, sino que sobran ladrones.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Estados Unidos y el regreso de los contrapesos

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Alberto Benítez Tiburcio

Estados Unidos nació como la primera democracia constitucional de la era moderna y se convirtió en un referente para quienes creemos que el poder debe estar dividido, limitado y sujeto a la ley. Su historia, desde luego, está llena de contradicciones. La libertad proclamada en Filadelfia convivió durante décadas con la esclavitud, la segregación y la exclusión política de millones de personas. Pero su gran aportación fue otra. Comprender que ninguna persona, por popular o poderosa que sea, debe concentrar todo el poder. 

Por eso las elecciones intermedias estadounidenses han importado mucho más allá de sus fronteras. No solamente estaba en juego el control del Congreso. También se decidía si el sistema constitucional conservaba la capacidad de corregir una concentración excesiva de poder mediante sus propias reglas.

El resultado fue contundente. Los demócratas recuperaron ambas cámaras y obtuvieron victorias inesperadas en estados que durante décadas habían favorecido a los republicanos. Texas fue el caso más visible. James Talarico ganó la elección al Senado y Gina Hinojosa obtuvo la gubernatura. Hubo también cambios importantes en Ohio, Iowa, Kansas y Maine.

En Estados Unidos, una elección intermedia suele ser un examen para el partido que gobierna. Esta vez fue también una pregunta sobre los límites del poder. Donald Trump pidió que los votantes imaginaran su nombre en la boleta. Lo hicieron y el resultado fue un rechazo de gran amplitud pues los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso y obtuvieron victorias en estados donde hasta hace poco parecía improbable que pudieran competir. 

Las cifras ayudan a entender la dimensión del mensaje. Según las encuestas de salida, dos tercios reprueba la gestión de Trump; tres cuartas partes dijeron estar enojadas o insatisfechas con el rumbo del país. La economía fue el tema más mencionado, y dos tercios consideraron que las políticas del presidente habían empeorado la situación. 

Pero una elección no habla con una sola voz. La inflación ha convertido el malestar económico en una experiencia cotidiana. Los altos precios de los alimentos, la vivienda, la gasolina, la electricidad y los servicios siguen pesando sobre los hogares. Los aranceles han trasladado parte de sus costos a los consumidores y la guerra con Irán habria elevado los costos energéticos y contradecía la expectativa de evitar nuevos conflictos. A ello se habían sumado los señalamientos de corrupción, los conflictos de interés y la impresión de que el presidente había utilizado el cargo para favorecer intereses personales y familiares. Inflación, guerra y corrupción terminaron por desgastar la confianza que había llevado a Trump nuevamente a la Casa Blanca.

El resultado tampoco significa que el país se haya enamorado de los demócratas. Una parte de quienes apoyaron a sus candidatos mantenía una opinión desfavorable de dicho partido. Más que una adhesión entusiasta, hubo una demanda de cambio y vigilancia. Cerca de siete de cada diez personas consultadas consideraban que el Congreso no estaba haciendo lo suficiente para controlar al presidente.

Ahí se encuentra el significado constitucional más profundo de la elección. Durante los primeros años de esta nueva administración, el Congreso republicano había renunciado en buena medida a ejercer sus facultades de supervisión. Había acompañado o tolerado decisiones presidenciales sobre el gasto, los aranceles, la política migratoria y la guerra. El Legislativo comenzaba a comportarse menos como un poder independiente y más como una extensión del Ejecutivo.

La nueva mayoría demócrata podrá investigar, citar a funcionarios, revisar el uso de los recursos públicos y bloquear parte de la agenda presidencial. Trump conservará el veto y amplias atribuciones ejecutivas, especialmente en política exterior y arancelaria. El cambio no hará desaparecer su poder, pero volverá más difícil ejercerlo sin explicaciones ni consecuencias.

Ese reequilibrio llega en un momento crítico. Los populismos de derecha han avanzado en América y otras regiones explotando un malestar real con gobiernos lentos, instituciones distantes y economías incapaces de ofrecer seguridad a las mayorías. Su promesa suele ser seductora. Menos deliberación, menos controles y más poder para un dirigente que asegura saber lo que debe hacerse.

El procedimiento democrático comienza entonces a presentarse como un obstáculo. El Congreso estorba, los jueces retrasan, la prensa incomoda y los organismos independientes encarecen las decisiones. En nombre de la eficacia se empieza a desmontar todo aquello que puede impedir la arbitrariedad. Poco después, la seguridad pública sirve para justificar abusos y la voluntad popular se utiliza para debilitar los derechos de las minorías.

Estados Unidos tiene ahora la posibilidad de reconstruir parte de su democracia, devolver al Congreso su condición de poder independiente y recuperar la idea de que la Constitución es algo más que un documento ceremonial. No bastará con investigar a Trump. Será necesario atender el costo de la vida, reducir la desigualdad y responder al abandono que había alimentado el descontento. Si la democracia no mejora la vida de las personas, volverá a dejar el camino abierto a quienes ofrecen orden sin libertades y eficacia sin controles.

Para México, el resultado ofrece cierto alivio, aunque no permite bajar la guardia. Un Congreso opositor puede investigar abusos y moderar algunas decisiones. Sin embargo, la revisión del T-MEC seguirá siendo compleja y las presiones migratorias y de seguridad tienen apoyos en ambos partidos. Las facultades presidenciales sobre aranceles y política exterior tampoco desaparecieron con la derrota republicana.

La elección no ha terminado con el trumpismo ni ha detenido por sí sola a los populismos de derecha sin embargo ha abierto la modesta posibilidad de mostrar que la democracia puede corregirse, producir resultados y proteger a las personas frente al abuso del poder.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

PLAZA ABIERTA || Insulto a nuestra inteligencia 

Ismael Ortiz Romero Cuevas 

Lorenzo Córdova no tenía necesidad de responderle a la presidenta Sheinbaum las acusaciones sobre Guadalupe Taddei Zavala. Al menos las personas que tenemos conciencia tanto política como histórica sabemos que su trabajo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo sus polémicas, pero siempre fue imparcial y con apego a los principios de la democracia. Responderle, es rebajarse a la narrativa de la presidenta y generar un falso debate para que, mientras dure el entretenimiento, sea Córdova el foco y no Taddei y así, sus corruptelas pasen a segundo plano y se cumpla el pacto de impunidad; pero que no se nos olvide, a Guadalupe Taddei la pusieron AMLO y Morena, le dieron súper poderes al frente del INE y no hubo disposición alguna que no beneficiara al grupo en el poder. Distinto con Lorenzo Córdova, que al mantenerse siempre en apego a los principios de la república se le llamó “adversario del régimen” y “deshonesto”.

Culpar al pasado por las corruptelas de este régimen, se está volviendo una costumbre que ya, lejos de ser un argumento, en verdad es ridículo. La presidenta pretende insultar la inteligencia de los mexicanos al aseverar que la responsabilidad de llevar a la tristemente célebre Guadalupe Taddei fue de Lorenzo Córdova y no de ellos. Esa afirmación la secundan personajes como Camila Martínez, Citlali Hernández y demás afines al régimen que tratan de vernos la cara de tontos, pensando que imponer ese discurso va a ser suficiente. ¡Por favor! La responsabilidad de Taddei y su cochinero en el INE es de la 4T. ¿Qué hubiera pasado si esos escándalos hubieran sido de Lorenzo Córdova y no de una de ellos? En efecto, ya estaría en la cárcel. Por lo pronto, se desconoce el paradero de Taddei. 

CONTRAFUEGO || Irresponsables voladas

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Aurelio Ramos Méndez

El gobierno federal ya cuenta con un “tablero” con los nombres de los columnistas que considera más influyentes y “peligrosos”, a quienes intenta “inhibirlos o cancelarlos, aunque no se sabe hasta dónde quieran llegar en Palacio Nacional”.

Tan grave y alarmante revelación fue hecha por el periodista Raymundo Riva Palacio, en una chapucera columna titulada “Periodistas, enemigo #1 de Palacio”, sin el glosario indispensable acerca del alcance que el autor les confiere a los términos “inhibirlos” y “cancelarlos”.

Peor aún, con una potente carga malintencionada oculta en la sibilina frase “aunque no se sabe hasta donde quieran llegar en Palacio Nacional”, que da para cualquier cosa que las audiencias puedan imaginarse.

Según el columnista, la caída de Guadalupe Taddei en el INE implicó el reconocimiento por el gobierno de que su narrativa sobre la situación del país se está agotando, y como consecuencia el Ejecutivo se embarcó en una nueva fase –la tercera en ocho años de cuatroteísmo– para tratar de frenar el trabajo de la prensa crítica.

La perversa elucubración fue publicada en el periódico El Financiero, el miércoles pasado (27), mismo día en que fue difundida la noticia de que en la víspera el juez federal Jed S. Rakoff, del tribunal del distrito sur de Nueva York, emitió una orden de captura en contra del propietario de dicho diario, Manuel Arroyo Rodríguez.

El arresto fue ordenado debido a que el dueño de Grupo Lauman y operador de Fox Sports México desvió más de 12 millones de dólares, mediante un centenar de transacciones bancarias realizadas a pesar de una orden de restricción impuesta por el tribunal, en un litigio con Fox Corporation. Asunto cuyo monto por multas por desacato ya acumula 70 millones de dólares.

A principios del sexenio anterior este periodista saturó la atmósfera con publicaciones en las cuales declaró extintos los contrapesos institucionales, como si los poderes Legislativo y Judicial y otros órganos constitucionales de control hubiesen sido disueltos. 

Y, como si no existiesen más la prensa, las organizaciones sociales, empresariales, sindicales, civiles, académicas y hasta la iglesia…

Ahora se ufanó de que la caída de Taddei fue consecuencia de… investigaciones periodísticas; es decir, del accionar de un contrapeso que según él ya no existía.

Dijo que la sonorense se derrumbó debido a revelaciones que la hicieron indefendible, aunque Sheinbaum tuvo “la tentación autoritaria” de tapar las fechorías. 

Tal como –añadió Riva Palacio desde un plano de superioridad intelectual, profesional y moral– la mandataria ha intentado hacer en casos de narcopolíticos y de “la caterva de incompetentes que tiene a su alrededor”.

Habría sido así porque –sostuvo– Taddei es herencia del expresidente López Obrador y, duro y dale, “pieza instrumental de la 4T en la destrucción de los órganos autónomos, que servían de contrapeso al gobierno”.

El colaborador del empresario periodístico que ha sido protagonista de numerosos escándalos de corrupción, entre otros el de haber obtenido un polémico crédito por 2.400 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto, puntualizó que la crisis en el INE “volvió a subrayar que el principal enemigo del régimen de la 4T son los medios y periodistas críticos”.

A partir de semejante conclusión, hizo interpretaciones temerarias, a cual más alarmante, que le imponen la obligación ética de explicarlas a cabalidad.

En su primera acepción, dice el diccionario, “inhibir” significa impedir, reprimir, cohibir, contener o prohibir el ejercicio de facultades, hábitos o acciones. 

Y “cancelar” es, entre otras cosas, suspender algo previamente anunciado. Sus sinónimos o afines, entre muchos, anular, suprimir, abolir, rescindir, revocar, derogar, pagar, saldar, finiquitar, liquidar.

Difícil acertijo el que les planeó a sus lectores el autor de Estrictamente Personal, pues no se sabe si sus dichos corresponden a la verdad o son irresponsables voladas.

Aseguró que el actual gobierno “se ha embarcado en una nueva fase (la tercera) para intentar frenar su trabajo crítico”, y precisó que la primera fase fue operada por el exvocero Jesús Ramírez, quien, fracasado, fue sustituido (segunda fase) por Iván Silva. 

La tercera está a cargo de Andrea de Anda, especialista en comunicación digital, y Ana Areche de Anda, de nacionalidad española.

Areche –asevera el columnista de El Financiero —“ha desarrollado un nuevo esquema de medición sobre el impacto de periodistas a quienes consideran más “peligrosos”, por el impacto que están teniendo sus columnas o mensajes en redes sobre el gobierno y el movimiento de la ‘4T’”.

No lo dijo, pero cabe suponer que está convencido de ser el número uno de la lista de los más influyentes y “peligrosos”. 

Que él tiene en sus manos el cuerno nórdico para dar el arranque del remo vikingo, debidamente sincronizado, en el que participan medios y periodistas del montón.

El nuevo esquema –detalló– se enfoca más en la penetración que en la reproducción de los escritos.

“Lo que han encontrado es que un columnista no tiene más peso por el número de seguidores y retuits, sino (¡ah… oh…!)  por el tipo de penetración que tienen sus publicaciones en las redes sociales”. Método éste en que se valora menos la cobertura que la influencia. Algo más viejo que andar a pie.

Tomó vuelo y en farragosa parrafada, con indisimulable perversidad, acusó al gobierno de espiar y jaquear a periodistas:

“La española diseñó un tablero donde colocó a quienes midió como los más influyentes, a partir de una metodología distinta a la que estaban aplicando en Palacio Nacional, que incluye su red de vínculos, que en el primer plano es superficial, pero que con un análisis más sofisticado permite identificar si los columnistas sobre quienes están poniendo más atención en Palacio Nacional, tienen alianzas con políticos de oposición o empresarios, así como también si son parte de una estructura política, nacional o extranjera, opositora. En acompañamiento de esta estrategia se incluyen programas que roban sus datos de WhatsApp y TikTok, que les aporta más información sobre sus relaciones y sus fuentes de información”.

Así, sobre un terreno bien abonado, lanzo su advertencia acerca de los enigmáticos propósitos del gobierno, la cual merece mayor explicación voluntaria del comunicador o la intimación de éste por las autoridades, con fines de aclaración.

¿Qué más sabe este periodista o que tanto más intenta enturbiar el ya enrarecido ambiente mediático?

BRASAS

Jorge Castañeda publicó en las redes una foto del 6 de julio de 1988, en la cual aparece, sonriente, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Monsivais. “Gran dolor”, escribió, en obvia alusión al deceso este miércoles del excandidato presidencial. 

Omitió recordar que mientras se fotografiaba ya tenía boleto como pasajero del microbús de Carlos Salinas de Gortari, como uno de los llamados “intelectuales orgánicos” del sistema.

Y que, para mayor agravio a sus amigos de la izquierda, después sería colaborador como canciller de Vicente Fox.

Desde ese cargo, Castañeda preconizó el fin de los nacionalismos y el arribo, definitivo e irreversible, de la globalización. ¡Vaya despiste!

Apenas tres lustros después, en 2017, el ultranacionalista Donald Trump llegó al poder y exhibió el error del famoso analista y comentócrata.

Boga con bandera de oráculo el excanciller, pero sus desatinos ya son proverbiales. 

La semana pasada dijo que el delito de traición a la Patria es “una pendejada del siglo XIX”. 

Le parece inocuo el entreguismo de políticos y periodistas que con descaro invocan la intervención –si militar, mejor– de Estados Unidos en nuestro país.  Y el colaboracionismo de gobernadores como Maru Campos y Mauricio Kuri.

No es improbable que también desdeñe la reforma sobre nacionalidad única para aspirar a la presidencia. 

Como si no supiera que Salinas, tan pronto concluyó su mandato, acogió la nacionalidad española, en un gesto que dice mucho del amor a la patria que malgobernó seis años. 

Ni que Fujimori en su momento, amparado en su doble nacionalidad, huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia del Perú. 

O que el brasileño e italiano Flavio Bolsonaro escapó como rata por el drenaje hacia EU, tan pronto percibió que la lumbre de la justicia le llegaba a los aparejos.

Y que el argentino Javier Milei, cuyo gobierno se antoja copia fiel del fujimorato –respaldo gringo y de las fuerzas armadas, drástica reducción de la inflación mediante políticas de choque, a costa de los más pobres; corrupción rampante, divorcio de la casta política— tiene a la mano su pasaporte italiano por si las moscas.

Por cierto, el más dichoso por noticia que a Castañeda le causa “gran dolor” es Salinas de Gortari, quien ahora podrá intensificar la operación lejía con que intenta lavar su nombre ante la historia.

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De los gobiernos de Estados Unidos, más allá de su ideología, no se debe creer la mitad de lo que dicen y la otra mitad hay que ponerla en duda. 

De cara a esta proverbial recomendación de prudencia, no obstante, conviene dar por buena la afirmación del embajador Ronald Johnson, relativa a que su país no se propone invadir México. “No buscamos lanzar bombas”, dijo.

Explicó que la designación como terroristas de los cárteles del narcotráfico tiene la finalidad de “poder emplear otros mecanismos, como herramientas financieras, sanciones económicas, medidas contra el apoyo al terrorismo para abordar la red en su totalidad”.

Remarcó que “mucha gente piensa que se hizo para poder justificar una intervención militar y lanzar bombas sobre los cárteles, pero esa no fue la razón”, e insistió en que con dicha designación se pretende actuar contra las redes completas a escala internacional, no limitarse a la persecución de sus integrantes en México.

Disipada la duda por el diplomático, resta conocer las explicaciones de numerosos periodistas mexicanos afines a la oposición, que durante años han propalado, mañana, tarde y noche, la versión de que es inminente una incursión militar terrestre para capturar no sólo a narcos y francos delincuentes, sino también a político coludidos con estos.

¿Han sido inventos de la mente calenturienta de esos comunicadores, filtraciones gringas interesadas que se han tragado sin masticarlas, distractores del gobierno o de grupos en México, o chismes de peluquería?

Ni mu han dicho nuestros más conspicuos líderes de opinión.

RESCOLDOS

Fue capturada, ¡por fin!, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, esposa del principal empresario facturero del país, Víctor Manuel Álvarez Puga. Cinco años anduvo a salto de mata, hasta que cayó en Miami. Sobre ella pesaban por lo menos tres órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Dese por seguro que su arresto destapará un verdadero un pozo de corrupción, una cloaca en la que chapalean empresarios y ex altos funcionarios. Y es de esperarse también que el rancio apellido de la sobrina del exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, no la salvará de tener que saldar las cuentas que tiene pendientes con la justicia.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Imparte Poder Judicial seminario sobre responsabilidad médica y primeros auxilios

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• La jornada reunió conocimientos jurídicos y herramientas de atención inmediata para fomentar la prevención y el cuidado de la salud entre el personal judicial

 

Oaxaca, Oax., 30 de octubre de 2026.- Con el tema “La responsabilidad médica y sus implicaciones jurídicas”, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, organizó un seminario en el que se abordaron los aspectos legales relacionados con el ejercicio de la medicina, así como las obligaciones y consecuencias jurídicas derivadas de la atención médica, con el propósito de fortalecer y ampliar los conocimientos sobre esta materia.

 

La actividad, realizada en el auditorio “Benito Juárez”, del edificio sede de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro,fue impartida por el doctor Pablo Francisco Muñoz Díaz, abogado especializado en derecho constitucional y administrativo, quien compartió aspectos de la relación entre el ejercicio profesional de la medicina y el marco legal que lo regula, así como la importancia de conocer las obligaciones y las posibles consecuencias jurídicas derivadas de esta práctica.

 

En este marco, personal de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) impartió el taller “Primeros auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar (RCP)”, con prácticas para actuar ante situaciones de emergencia y brindar una primera respuesta ante un posible riesgo para la salud o la vida.


Ambas actividades se desarrollaron en el segundo día de la reciente jornada “Salud y Justicia: Prevención y responsabilidad médica”, organizada por el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial, como un espacio de formación y sensibilización en materia de salud, prevención y responsabilidad médica.

Brasil: la derrota de lo inevitable

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Alberto Benítez Tiburcio

Durante tres semanas, la elección brasileña pareció resuelta. Flávio Bolsonaro había obtenido 47.03 por ciento de los votos, aventajaba a Lula por más de dos millones y podía recibir buena parte del apoyo de los candidatos eliminados que en su mayoría eran consercadores. La suma favorecía a la derecha. El 25 de octubre ocurrió lo contrario. Lula alcanzó 51.79 por ciento, reunió cerca de 64.3 millones de votos y se convirtió en el primer candidato de la democracia brasileña que gana la Presidencia después de quedar en segundo lugar en la primera vuelta.

Sería un error interpretar el resultado como una conversión ideológica de Brasil. Casi 60 millones de personas votaron por el hijo de Jair Bolsonaro. La derecha conserva una presencia considerable en el Congreso y el bolsonarismo mantiene apoyos en sectores empresariales y religiosos. Lula ganó en un país dividido, no en un país reconciliado. Precisamente por eso su victoria importa. Detuvo una corriente política que había cuestionado las elecciones, acosado a los tribunales y justificado el asalto a las instituciones.

En muchas democracias comienza a aceptarse una explicación demasiado cómoda. La inseguridad económica genera resentimiento y ese resentimiento se entrega a gobiernos autoritarios de derecha. La repetición del fenómeno ha terminado por presentarlo como una ley inevitable. Brasil introdujo una duda saludable. El descontento no tiene una orientación política predeterminada. Depende de quién consiga explicarlo, de los responsables que señale y de las posibilidades de acción que ofrezca.

El origen de ese malestar puede observarse en la distribución de la riqueza. Un estudio sobre el mercado bursátil estadounidense encontró que entre 1952 y 1988 el crecimiento de la economía explicó prácticamente todo el aumento del valor de las acciones. Por el contrario, entre 1989 y 2017 explicó apenas una cuarta parte. En el otro lado, cerca de 40 por ciento de las ganancias provino de un reparto del ingreso que favoreció a los accionistas frente a los trabajadores. Mientras los activos se apreciaban, numerosos salarios perdían terreno y el crédito ocupaba el lugar de los ingresos insuficientes.

Esa transformación no explica todos los problemas económicos, pero ayuda a entender una experiencia compartida por millones de personas. La economía crece y, pese a ello la vida cotidiana se vuelve más incierta. Quien posee empresas, acciones o inmuebles participa en la revaluación de sus activos. Quien vive de su salario es cada vez más pobre y trabaja dentro de la misma economía sin recibir una parte equivalente de sus beneficios.

La extrema derecha entra en esa grieta y modifica el mapa de responsabilidades. Acepta que el trabajador ha perdido algo, confirma su sensación de abandono y después le entrega un culpable. El enojo deja de dirigirse contra la concentración económica y cae sobre el migrante, las minorías o las familias que reciben ayuda pública. La pobreza termina atribuida a otros pobres. Los grandes propietarios salen de escena sin tener que defenderse.

El paso siguiente consiste en presentar los controles democráticos como refugios de una élite hostil. Los jueces conspiran, la prensa miente y las autoridades electorales traicionan al pueblo. Poco a poco, los límites al poder adquieren apariencia de abuso. El neofascismo contemporáneo puede convivir con las urnas mientras reduce la independencia de las instituciones que hacen posible la alternancia. Mantiene la fachada y altera el edificio por dentro.

La izquierda contribuyó a su propio debilitamiento cuando abandonó la discusión económica. Defendió con razón las instituciones, aunque durante años tuvo poco que decir sobre la pérdida salarial, la deuda de los hogares y la concentración empresarial. Ofreció administrar con mayor competencia un orden que muchas personas consideraban injusto. Para una familia que no llega a fin de mes, la eficiencia administrativa resulta una promesa bastante modesta.

Lula devolvió a la contienda una pregunta elemental. ¿Para quién trabaja el gobierno? Desde enero de 2026, quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales quedaron exentos del impuesto sobre la renta. Los ingresos más altos comenzaron a realizar una aportación adicional. La medida tiene un alcance limitado frente a la desigualdad de Brasil, pero vuelve visible una decisión política. Millones de trabajadores pagan menos porque quienes tienen mayor capacidad económica pagan más.

Esa respuesta material necesitaba una estrategia capaz de circular fuera de los espacios tradicionales. Después de la primera vuelta, André Janones asumió una función central en la campaña digital. El canal de WhatsApp Exército do Lula superó los diez millones de seguidores. Su verdadero valor apareció cuando esa multitud recibió tareas concretas. Los simpatizantes difundieron materiales, conversaron con personas cercanas y llevaron la movilización a sus comunidades. Dejaron de esperar instrucciones como público de una campaña y comenzaron a actuar dentro de ella.

El canal cuenta únicamente una parte de la remontada. La abstención disminuyó, el transporte gratuito facilitó la participación y la estructura territorial del Partido de los Trabajadores volvió a funcionar. También pesaron los errores de Flávio Bolsonaro y el temor de votantes moderados ante otra embestida contra las instituciones. WhatsApp sirvió porque había personas organizadas en las calles. Sin esa conexión, diez millones de seguidores habrían producido una cifra impresionante pero quizá muy pocos votos adicionales.

La experiencia brasileña permite mirar de otra manera a la oligarquía digital. Las plataformas deciden el acceso a las audiencias, cambian sus algoritmos sin explicación y obligan a los partidos a pagar para comunicarse con ciudadanos que alguna vez los siguieron voluntariamente. Una porción creciente de la conversación pública ocurre dentro de espacios privados. La campaña de Lula utilizó uno de ellos, aunque logró formar una red que podía actuar fuera de la pantalla. No venció al algoritmo. Consiguió depender un poco menos de él.

Pix ofrece una lección distinta. Este sistema de pagos instantáneos, creado por el Banco Central de Brasil, procesó cerca de 80 mil millones de operaciones durante 2025. Las personas pueden utilizarlo gratuitamente y los pequeños comercios pagan mucho menos que en las redes tradicionales de tarjetas (Visa y Master Card). Estados Unidos lo consideró perjudicial para sus empresas de pagos. El reclamo terminó revelando el tamaño del negocio amenazado.

Pix modificó la competencia sin prohibir tarjetas ni expulsar compañías. Creó un camino por el que el dinero podía circular sin pagar los peajes habituales. A veces el poder de una corporación se reduce cuando una regla le impone límites. Otras veces basta con construir un servicio mejor que permita prescindir de ella. Brasil hizo esto último y millones de usuarios tomaron la decisión por sí mismos.

Tampoco conviene convertir la victoria en leyenda. Lula gobernará frente a una oposición poderosa y con un Congreso adverso. El sector agroindustrial conserva una enorme influencia. Lo mismo ocurre con las iglesias evangélicas y los grandes intereses financieros. El bolsonarismo perdió la elección, pero sus causas sociales permanecen. Si el nuevo gobierno fracasa, la derecha tendrá nuevamente material para reconstruirse.

México debería observar la experiencia sin copiar sus apariencias. Un canal con millones de seguidores sirve de poco si carece de organización territorial. Un discurso sobre la justicia pierde fuerza cuando no produce cambios reconocibles en la vida diaria. También necesitamos discutir nuestra dependencia de las empresas que controlan los pagos y la circulación de información. Una parte de la soberanía contemporánea se juega dentro de infraestructuras que casi nunca vemos, aunque las utilicemos todos los días.

Brasil no aseguró el futuro de la izquierda. Hizo algo más concreto. Impidió que una derrota probable se convirtiera en destino. Lula logró que millones de ciudadanos volvieran a sentirse necesarios en una elección que parecía perdida. El poder económico sigue ahí y el neofascismo también. Desde el domingo sabemos que ninguno de los dos es inevitable.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Taddei, a la reja

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Aurelio Ramos Méndez

La renuncia que Guadalupe Taddei presentaría este lunes a la presidencia del Consejo General del INE allana el camino hacia la inevitable consignación penal de esta funcionaria. Será así, debido a la gravedad de las irregularidades administrativas que le han sido atribuidas no solo por miembros de la oposición sino aun del partido gobernante.

La anunciada separación de la presidencia, exime a la sonorense de un sinuoso juicio político, pero abrevia la resolución final del caso, que apunta hacia la punibilidad carcelaria.

Sería una sanción más que merecida, dadas las evidencias de corrupción en el manejo operativo del INE, entre las cuales lo de menos es la designación de empleados con regios e injustificables salarios.

Hay indicios que apuntan al aprovechamiento del instituto electoral como si fuera botín de un grupo de amigazos, a la manera de los mejores tiempos de la presidencia de Lorenzo Córdova.

Es de esperarse que esta vez imperará la ley y se evitará la burla de los vividores del erario a todos los mexicanos, lacras de quienes debe decirse que su responsabilidad es mayor si se repara en que llegaron envueltos en la bandera de la honestidad y bajo el lema de “no somos iguales”.

Está claro que el escándalo, si bien mayúsculo, atañe al aspecto administrativo del Instituto, pues en lo estrictamente político-electoral las decisiones adoptadas durante la gestión de Taddei Zavala –apenas la tercera parte del periodo de nueve años, 2023-2032– fueron adoptadas democráticamente, de manera colegiada, por mayoría de votos.

Además de los consejeros, de entre quienes Taddei fue electa presidenta, el Consejo General del INE cuenta con representación de los partidos y el Congreso de la Unión, por lo que mal podrían ser descalificadas sus resoluciones con el argumento de que fueron tomadas por el equipo de la inminente expresidenta.

La también exmandamás del Instituto Sonorense de Transparencia saltó de la sartén a las brasas, del muy probable juicio político a la vulnerabilidad más absoluta, pues sus trapacerías han sido ventiladas desde los cuatro puntos cardinales, incluso por personajes de Morena. Así y todo, el proceso rumbo a las elecciones del año próximo está a salvo.

Entre las irregularidades atribuidas a la virtualmente exfuncionaria está el haber permitido la conformación de toda una red de influencias en áreas delicadas del INE por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, mediante la cual han sido capturados suculentos gajos del presupuesto del Instituto, vía adquisiciones y licitaciones amañadas.

Ni con la mejor voluntad pude decirse que Taddei desconocía el tinglado de corrupción armado por el proveedor mencionado. Grabaciones de llamadas telefónicas de origen desconocido y documentos diversos la incriminan. 

El contenido y tono de los audios filtrados a medios incondicionales de la oposición dejan ver que la consejera presidenta fue menos imprudente que desafiante. Consintió las extralimitaciones de su proveedor consentido sin la cautela de quien debería saberse vigilada 24/7 y con todos los recursos técnicos, legales y de los otros. 

Optó por proceder como si tuviese impunidad garantizada, en tiempos en que la corrupción es combatida así sea de a poquitos. O, mejor, combatida un poco más ahora que en el sexenio pasado.

A la luz de la abundante información disponible, no deberán pasar muchos días antes de que la titular de la Secretaría Anticorrupción, la dura Raquel Buenrostro, tome la decisión de encausar al combo de involucrados en este pestilente caso, Taddei, proveedores, funcionarios medios del INE, entre otras fichitas. 

Corresponderá a la justicia determinar el grado de responsabilidad que le corresponde a la ahora expresidenta del máximo órgano electoral. La secretaría referida ya tiene avanzada una investigación de oficio. Y desde el Ejecutivo hay señales de que se busca hacer de este asunto un caso ejemplarizante, como no puede ser de otra manera.

BRASAS

Se quedaron con los crespos hechos quienes celebraron de forma anticipada la caída de Brasil en la buchaca de la ultraderecha. Lula mantuvo a su país en el sendero del progresismo.

Y junto con la presidenta Sheinbaum y un puñado de gobiernos de países geográfica, demográfica y económicamente pequeños conformará un trabuco que para Donald Trump no será fácil desdeñar.

La presidenta mexicana fue la primera en felicitar a Luiz Inácio da Silva, cuya victoria frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro constituye la peor noticia en años para el mandatario gringo.

Trum ya se frotaba las manos para hacer de las suyas en el país de la samba, tal como hace en la Argentina del patético –desagradable, histriónico, abotagado y violento– Javier Milei, quien se salvó de ser desplazado por Bolsonaro como el principal promotor de la política internacional gringa en Brasil y América Latina en general.

Milei, a quien Ricardo Salinas Pliego le ha copiado con descaro sus modos, lemas y hasta su coprolalia, sigue siendo lacayo del gringo, pero ya no tendrá respaldo económico de la Casa Blanca.

Hasta antes del triunfo de Lula, Trump estaba embarcado en el muy democrático proceso de comprar votos para el gaucho chiflado que habla con perros muertos. ¿Cómo? Mediante la promesa de darle a la Argentina carretadas de dinero sólo si Milei gana las elecciones intermedias del año próximo.

Lástima. El personero del gringo pirado en la tierra de Gardel tiene ahora la franca animadversión del presidente brasileño, a quien insultó a gritos y en su tierra, seguro de que éste sería superado por Bolsonaro. No ocurrió.

Milei seguirá como sirviente del presidente estadunidense, por más que ya a nadie entusiasma. Tal como pudo verse en España la semana pasada, cuando hasta los representantes de la derecha y la ultraderecha –PP y Vox– se negaron a recibirlo, por su claro perfil de espantavotos.

Triste condición de ahuyentador de votos la del argentino… Fama ésta que fue corroborada en la elección brasileña. 

De nada sirvió que Milei viajase al gigante sudamericano para hacer campaña por el retoño del golpista Jair Bolsonaro. 

Habrá que ver si, en lo sucesivo, alguien aparte de Salinas Pliego aceptará que el argentino que exuda corrupción y se cae a pedazos en las encuestas, le eche la mano.

RESCOLDOS

Por cierto, haciéndose el tonto, el despreciable Trump deslizó hace días un insulto para la Presidenta de México. “Era bailarina. No sé cómo diablos pasó de bailarina a Presidenta de México. ¿Cómo diablos pasó eso?”, dijo. Fingió ignorar la diferencia entre bailarina en la única acepción que al parecer conoce, y la de alguien que cultiva el arte en la danza o que, en todo caso, se dedicó a la danza como pasatiempo previo a su incursión en la ciencia. Se entiende. La bella Melania Trump de veinteañera andaba en la farándula y hasta posó desnuda en Max Magazine y New York Post Office. Y mejor ni hablar de la bailarina y actriz porno Stormy Daniel, que en más de un sentido le ha quitado el sueño en los últimos años…

El columnista Jorge Fernández Menéndez volvió a la mentira. Se preguntó qué pasa, en qué delitos incurren funcionarios que entregan sus estados o municipios al crimen. Y “qué delito comete un jefe del Centro Nacional de Inteligencia que entrega nombres de agentes de Estados Unidos y del propio CNI a rusos y cubanos. ¿No es traición a la patria?”. No entendió o se pasó por la faja el rudo desmentido del embajador de EU Chirstopher Landau. Duro de entender.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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