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CONTRAFUEGO || México-Argentina, a restañar heridas

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Aurelio Ramos Méndez

El argentino es un pueblo maravilloso, prejuiciosa e injustamente estigmatizado a escala internacional como petulante, altanero y soberbio, al cual, sin embargo, ni remotamente lo representa el mentiroso periodista Eduardo Feinmann, quien por estos días pasó de la fama al ridículo al haber confesado, a modo de pueril desquite, que detesta con el alma a los mexicanos.

Imposible saber qué motivó la animadversión del comunicador de Radio Mitre, conocido desde hace tres lustros –en sus tiempos de Radio 10– como el facho cool, si bien cabe aventurar un comprensible e ingrato recuerdo –todo hay que decirlo– del estadio Azteca repleto y desclasado, apoyando no a la Argentina sino a Inglaterra en la final del México 86.

Era sólo futbol, es cierto, pero hemerotecas, videotecas y fonotecas pueden corroborar, cuatro décadas después, la absurda, vergonzosa y prejuiciosa empatía de la afición y los medios mexicanos no con el país latinoamericano con el cual nos hermanan el idioma, la historia, la cultura, la geografía y la similitud de intereses políticos y económicos, sino con la pérfida Albión.

Acicateados por los estentóreos comentaristas deportivos de la Televisa de entonces y de todavía –incluido Enrique El Perro Bermúdez, el narrador de la voz impostada modelo 1950–, más prácticamente la totalidad de los medios radiofónicos e impresos, los aficionados exacerbaron su predisposición frente al estereotipo de los compatriotas de Gardel.

Deglutieron sin masticar el cliché de que, en el asentamiento fundado por indígenas y esclavos africanos a orillas del Río de la Plata, tierra de promisión después para inmigrantes procedentes de Europa en busca de mejor suerte, hoy habita una comunidad de fanfarrones y jactanciosos.

Como de seguro ingieren sin sentido crítico el cuento de que los franceses son cultos, los ingleses flemáticos, los jarochos alegres, los pastusos de Colombia torpes, los alemanes trabajadores, los gringos incultos y los oaxaqueños nobles… ¡Como si no hubiera de todo en la viña del Señor!

En el rugiente Azteca del 86 de nada valió el espíritu latinoamericanista, la comunidad identitaria de argentinos y mexicanos, la admiración y el respeto que allá se tenía por Amado Nervo, cuya inspiración también nutrió la música más emblemática, el tango; o por el primer embajador de nuestro país (1927), Alfonso Reyes; el asilado en Buenos Aires (1933-35) José Vasconcelos, o el también asilado (1933) David Alfaro Siqueiros.

Establecida la sacrosanta libertad de elegir equipo, la antipatía de los mexicanos ochenteros no fue muy distinta de la estulticia de Feinmann y coterráneos suyos que ahora apoyaron no a México sino ¡a la potencia que busca despojarlos de las Malvinas!

Soslayaron esos pampeanos el aprecio y aun la fascinación que – ideologías políticas aparte– en nuestros lares se ha tenido siempre por una legión de artistas, escritores, políticos, periodistas, actores, músicos y diplomáticos de país austral.

Del autor de Don Segundo Sobra, Ricardo Güiraldes, que visitó México en 1912 y una de cuyas obras, El Cencerro de Cristal, guarda –según los críticos—notable similitud con el ensayo Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, al expresidente Héctor J. Cámpora, asilado casi dos años en la embajada mexicana en Buenos Aires.

O la admiración que aún hoy se tiene por el Martín Fierro, de José Hernández, materia de estudio entre la literatura hispanoamericana en las escuelas, y por Borges.

Para no hablar del alud de exiliados de las dictaduras de los 70, que encontraron hospitalidad en México y no pocos decidieron permanecer en estos lares, ni de los incontables folkloristas, baladistas, tangueros y rockeros que han actuado o residido en México. 

De Libertad Lamarque, que en nuestros pagos estreno El Choclo, al lado de Jorge Negrete, en la película mexicana de Luis Buñuel Gran Casino –sobre los abusos de las empresas inglesas y gringas en la industria petrolera anterior a la nacionalización–, a Hugo del Carril, la incomparable Susana Rinaldi, Astor Piazzola o Sandro…

O Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache, que pisó la capital mexicana en 1944, halló un amor fuera de la cancha en la periodista de Excélsior Raquel Díaz de León, con quien en un segundo viaje (1947) procreó un hijo y así extendió su sangre en tierra azteca.

Carece de justificación la actitud de los futboleros mexicanos ante la selección de Bilardo, Maradona y Valdano. Valga, sin embargo, como atenuante, el que se trató de una rivalidad deportiva. Rivalidad que, por lo visto, le dejó a Feinmann –para entonces un varón de 28 años con psique de infante– un trauma insuperable.

Esto explica por qué ahora, tras quedar exhibido como un periodista descaradamente mentiroso –no pudo probar su falacia según la cual cinco futbolistas ecuatorianos habían sido amenazados por un cartel para dejarse ganar por la selección mexicana–, en su mente se incubó el desquite y desde ahí lanzó su declaración de antipatía. 

Inspirado por la estupidez, el turiferario de los corruptísimos gobernantes hermanos Milei esparció su odio:

“¡La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos!… No solamente en el fútbol…, en todo, en todo. Nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné”. No dan la talla, pues.

Este mendaz personaje, que intentó luego borrar con el codo lo que escribió con la mano –“no solamente en el fútbol…, en todo, en todo”– diciendo que no habló en general del pueblo de México sino sólo del futbol, es el mismo que, en el empeño de pasar por modélico no ha tenido empacho en agraviar a sus colegas.

En abril de 2025, tras el deceso del Papa Francisco, criticó con acritud, ante el periodista Pedro Rosemblat, al diario Perfil y su director Jorge Fontevecchia, a propósito de un titular según el cual “El próximo Papa estuvo en el funeral de Francisco, pero nadie sabe quién es”.

–¿Eso es periodismo?, ¿eso es periodismo? –se preguntó, escandalizado, el Facho cool

Y embistió a quien es uno de los periodistas más respetados de aquellos rumbos: “¡Eso es una pelotudez! ¡Basura! ¡Una porquería! Como todo lo que hace Perfil y todo lo que hace Fontevecchia”. 

Más allá de la mendacidad de este convencido de que difundir bulos eso sí es buen periodismo, se impone de lado y lado trabajar para restañar heridas, superar malentendidos, respetar la idiosincrasia de cada pueblo y reforzar la cohesión geopolítica.

Tiene que ser así pues hoy, más que nunca, cobran valor las palabras del gaucho matrero Martín Fierro, quien habló en tiempos del arribo masivo a su patria de capitales ingleses, y los últimos coletazos de la esclavitud:

“Los hermanos sean unidos/Porque esa es la ley primera/Tengan unión verdadera/En cualquier tiempo que sea/Porque si entre ellos pelean/Los devoran los de afuera”.

En cuanto a Feinmann, bien podríamos cantarle el futbolero tango Patadura, con énfasis en los versos que recomiendan dedicarse a otra cosa por estar siempre fuera de lugar: “Piantate de la cancha/dejale el puesto a otro/De puro patadura/estás siempre en orsay”.

BRASAS

Del nado sincronizado al sainete de payasos transitaron los más furibundos periodistas anti 4T, a quienes ahora se les puede ver en el escenario dándose empellones, propinándose porrazos, chocando entre sí y escenificando caídas y persecuciones.

Dos de ellos, Carlos Loret y Raymundo Riva Palacio, les ofrecieron a sus audiencias, el mismo día y con respecto al mismo asunto, dos informaciones distintas, ambas entregadas por confidentes de altísimo rango. Se vale reir.

Loret, a quien si la imaginación pone su parte uno puede verlo con nariz sarmentosa y colorete en las mejillas, escribió en El Universal:

“Según me revelan fuentes de primer nivel, de manera intempestiva fuerzas federales acudieron al sitio donde se refugia el morenista gobernador con licencia de Sinaloa (Rubén Rocha Moya) y lo cambiaron de ubicación. Recibieron la información de que el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo”.

Riva Palacio, a quien uno puede figurárselo con saco de retazos y zapatotes multicolores, aseguró en El Financiero que tras solicitar licencia de su cargo Rocha se escondió “en un rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, bajo vigilancia especial del Ejército”.

Luego, ¡faltaba más!, soltó la primicia:

“Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado. Ahí está resguardado, en secreto”.

Al comunicador famoso por sus montajes televisivos y al autor de Estrictamente Personal los desmintieron el propio Rocha, el Gabinete de Seguridad y la presidenta Sheinbaum.

El mandatario con licencia refirió que desde el 1 de mayo “he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, y tildó de “absolutamente falso” lo que escribe Loret.

La Presidenta, tras de reiterar que en su administración no se protegerá a ningún culpable, expresó:

“Que el Gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa es absolutamente falso. El señor está en su casa y ni siquiera tiene protección federal”.

Y el Gabinete de Seguridad, refiriéndose a la supuesta movilización para que el Ejército oculte y proteja al sinaloense, asentó en un comunicado: “Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito”.

Además, “es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”.

Inútil. Cada clown defendió su versión, expresó total credibilidad a sus fuentes e hizo aprestos para seguir el sainete.

Los cánones del periodismo aconsejan que si una fuente ha intentado engañar, si se corrobora que la información proporcionada fue intencionalmente falsa, el reportero está en la obligación de revelar la identidad de tal fuente, sin incurrir por ello en capitulación ética.

Los bufones, claro, tienen otra ética.

RESCOLDOS

Empachado de sapos debe estar el exembajador gringo Ken Salazar, de quien ya sabíamos que es chismoso y ahora sabemos además que es mentiroso y cobarde. Le mintió a nuestro gobierno al asegurar que ninguna agencia de EU intervino en el secuestro de El MayoZambada. Y muestra pavor de desmentir a la administración Trump, que le adjudicó al FBI el mérito de aquella operación y hasta exhibe como trofeo la avioneta del plagio. La intromisión gringa desencadenó una confrontación entre Los chapitos –“narcoterroristas” conchabados con EU– y La mayiza, que ha dejado unos tres mil muertos. ¿Quién responde por esas vidas? 

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Desde las regiones, Oaxaca impulsa el debate nacional sobre la nueva justicia civil y familiar

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• La Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial del Estado colocó nuevamente a Oaxaca como referente nacional en los retos del nuevo modelo de justicia

Con un recorrido por la Sierra Sur, la Costa y el Istmo de Tehuantepec, y bajo la premisa de que una reforma de alcance nacional debe considerar la diversidad, la pluriculturalidad y los desafíos particulares que enfrenta cada entidad, se realizó en Oaxaca el II Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dos realidades, un mismo reto. Reflexiones sobre la implementación, disparidad entre entidades federativas”.

Organizado por la Comisión para la Implementación del Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, el encuentro se desarrolló durante tres días en las sedes de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Cruz Huatulco y Salina Cruz, donde especialistas, magistradas y magistrados, académicos, litigantes, estudiantes, operadores jurídicos y representantes de distintos sectores, compartieron puntos de vista sobre el modelo que entrará en vigor en 2027.

Al clausurar los trabajos, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez reconoció la labor de la Comisión para la Implementación y afirmó que Oaxaca ha decidido anticiparse a los retos que implica la reforma. “Oaxaca no se va a detener”, expresó al reiterar que el Poder Judicial continuará impulsando acciones de capacitación y preparación gradual para que la entidad llegue en condiciones óptimas a la entrada en vigor del Código.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza resaltó que esta actividad se realiza sin intervención del presupuesto del Poder Judicial y en su mensaje de bienvenida mencionó que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos, no solo por la compleja orografía, sino por otras razones de peso: La primera, es porque las personas y comunidades indígenas demanda redoblar esfuerzo para caminar de la mano con nuestros pueblos originarios y llevar la agilidad y humanización que el Código promete a todos los rincones de nuestro estado. La segunda por el rezago estructural y tecnológico que tenemos, y la ausencia de una partida presupuestal para la inversión necesaria.

Los desafíos para el cambio

Durante los trabajos, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el Código Nacional representa mucho más que una nueva legislación: supone una transformación institucional orientada a unificar criterios en todo el país, fortalecer la oralidad, simplificar los procedimientos y garantizar una justicia más eficiente, cercana y equitativa. No obstante, advirtió que el mayor desafío será preparar a las instituciones y a quienes operarán el sistema para hacer realidad ese cambio.

Ese diagnóstico se enriqueció durante el panel “Ventajas y desventajas de operar el CNPCyF en entidades federativas como Oaxaca”, en el que especialistas coincidieron en que la implementación no puede ser uniforme en todo el país.
La diversidad territorial, social e institucional obliga a diseñar estrategias acordes con la realidad de cada estado, haciendo de la capacitación, la coordinación y el intercambio de buenas prácticas elementos indispensables para el éxito de la reforma.

Asimismo, la dimensión práctica del nuevo modelo quedó de manifiesto durante la simulación de una audiencia preliminar en materia familiar, dirigida por la jueza de Chihuahua, Sabela Patricia Asiain Hernández, quien mostró cómo la oralidad, la inmediación judicial y la flexibilidad procesal permiten privilegiar la solución efectiva de los conflictos por encima del exceso de formalismos.

Entre las y los especialistas que participaron en las conferencias y paneles destacaron Alejandro Zegbe Camarena, quien presidió el Comité Redactor del Código; el doctor Yaopol Pérez Amaya; el especialista en derecho digital Erik Alejandro Grifaldo Maldonado; el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Juan Contreras Bustamante y el juez de Oralidad de la Ciudad de México, Enrique de Jesús Durán Sánchez.

Supervisa Infonavit trabajos de limpieza y reposición enfrente de obra del fraccionamiento Bosques de Rio Medio

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El INFONAVIT informa que, derivado de las fuertes lluvias registradas la noche de ayer, se presentó un arrastre de material en un frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio, ubicado en Veracruz.
La zona involucrada corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción y en la que permanecía pendiente el colado de un tramo de banquetas y guarniciones, por lo que la empresa constructora ya realiza los trabajos de limpieza y reposición correspondientes, mismos que quedarán concluidos este mismo día.
Es importante precisar que el incidente ocurrió exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y por la misma razón no están habitadas, por lo que en ningún momento representó riesgo para las y los derechohabientes.
De acuerdo con la empresa constructora, las precipitaciones extraordinarias provocaron el arrastre superficial de material en una sección de la obra que permanecía pendiente de colado, condición propia de un frente de construcción aún no concluido. Esta situación no corresponde a una afectación de las viviendas ni a una falla en la construcción del desarrollo, sino a un efecto derivado de las lluvias sobre un elemento que aún se encontraba en ejecución.
Asimismo, el INFONAVIT mantendrá una supervisión permanente de este conjunto habitacional para verificar que los trabajos de reposición concluyan conforme a la normatividad aplicable y que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos, en beneficio de las y los futuros acreditados y sus familias.


Gobierno de Oaxaca y UABJO anuncian acciones históricas para fortalecer la Universidad rumbo a su Bicentenario

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El Gobernador Salomón Jara Cruz y el Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Farid Acevedo López, anunciaron una agenda histórica de fortalecimiento para la máxima casa de estudios de la entidad, resultado del trabajo coordinado entre ambas instituciones. Entre las principales acciones destacan el incremento sin precedentes en la aportación estatal, la rehabilitación integral del Edificio Central, la creación del primer Hospital Universitario, la entrega de nuevas unidades de servicio y atención, así como el programa conmemorativo por el Bicentenario de la Universidad.

Como parte del fortalecimiento financiero de la institución, se informó que la aportación del Gobierno del Estado al convenio de financiamiento pasará del 12.89 al 26 por ciento, al incrementarse en 256 millones de pesos respecto al último ejercicio, pasando de 185 millones a 442 millones de pesos. Farid Acevedo López destacó que este respaldo permitirá brindar estabilidad financiera a la Universidad, atender su déficit presupuestal y avanzar en la consolidación de la gratuidad de la educación superior, en cumplimiento con la reforma educativa de 2019.

En materia de infraestructura y servicios universitarios, Salomón Jara Cruz anunció una inversión de 65 millones de pesos para la rehabilitación integral del Edificio Central, donde se habilitará un Centro Cultural Universitario. Asimismo, dio a conocer la creación del primer Hospital Universitario, que se establecerá en las instalaciones del antiguo Hospital Civil de Oaxaca, fortaleciendo la formación académica y la prestación de servicios de salud. A estas acciones se suma la entrega de nuevas unidades de servicio para la Universidad, entre ellas un camión cisterna, una unidad móvil veterinaria y una ambulancia para urgencias veterinarias, destinadas a fortalecer la atención que la institución brinda a la sociedad.

El Rector de la máxima casa de estudios de Oaxaca también anunció que preparan un amplio programa de actividades para conmemorar el Bicentenario de la Universidad, fundada en 1826 e inaugurada en 1827. La celebración se desarrollará del 26 de agosto de 2026 al 8 de enero de 2027 con actividades académicas, científicas, culturales y artísticas que rendirán homenaje a los 200 años de historia de la institución y proyectarán una nueva etapa de desarrollo para la educación superior en Oaxaca.

Decálogo para preservar la Democracia

Alberto Benítez Tiburcio

Las democracias contemporáneas atraviesan una paradoja inquietante. Conservan elecciones, partidos, congresos y tribunales, sin embargo, por debajo de esa normalidad institucional se ha ido desgastando algo menos visible y más decisivo: la confianza democrática. La gente vota, pero desconfía de las instituciones; escucha hablar de derechos, pero sabe que la justicia no llega igual para todos; cree en el esfuerzo, pero advierte que el origen social, el apellido, el color de piel, la escuela y las relaciones siguen decidiendo el futuro.

Ese malestar no apareció de pronto. Durante décadas, las doctrinas económicas dominantes ordenaron las prioridades públicas alrededor de variables macroeconómicas y dejaron en segundo plano lo que no cabía en una gráfica, como la dignidad, el reconocimiento y la movilidad social. A millones de personas se les educó en una promesa sencilla: vota, estudia, trabaja, esfuérzate, respeta las reglas y, tarde o temprano, saldrás adelante. La realidad fue menos generosa. La pobreza persistió, la desigualdad siguió marcando destinos, la corrupción continuó operando como un lenguaje informal del poder, la inseguridad condicionó la vida cotidiana y la justicia fue lenta, costosa e inaccesible. Para las mayorías, la democracia terminó pareciéndose menos a una promesa de libertad y esperanza de movilidad, y más a una maquinaria de reproducción de privilegios de las élites.

Por eso el enojo social contemporáneo no puede despacharse como irracionalidad. Muchas veces es memoria de abandono. Es la respuesta de una sociedad que pidió moderación a quienes no tenían oportunidades, paciencia a quienes vivían en la urgencia y confianza a quienes nunca fueron tratados con igualdad. Ese enojo tiene causas legítimas. El problema comienza cuando es capturado por liderazgos que prometen justicia, pero entregan concentración de poder; que ofrecen castigo a las élites, pero debilitan los derechos y libertades de todos y que invocan la eficacia, pero desmantelan los contrapesos que hacen posible una República. Ejemplos en el mundo sobran. Trump en Estados Undios, Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, solo por mencionar a algunos.

Ésa es la ruta conocida del populismo contemporáneo. No siempre inventa la herida, sin embargo, a menudo la traduce en clave emocional. Toma el resentimiento de las mayorías, identifica culpables, simplifica problemas complejos y ofrece una salida emocionalmente satisfactoria: menos límites, menos prensa crítica, menos instituciones que estorben. La promesa seduce porque parece eficaz, pero el riesgo está en que el poder sin límites puede ser más rápido, pero también más peligroso.

Frente a ese deterioro conviene recuperar la intuición central del libro de Richard Haass, La carta de obligaciones: los diez hábitos de los buenos ciudadanos: una democracia no se sostiene únicamente sobre los derechos de los ciudadanos, sino también sobre sus obligaciones. No basta exigir libertad; hay que practicar ciudadanía. No basta votar; hay que informarse, participar, deliberar, cuidar la verdad pública y defender las reglas comunes incluso cuando no favorecen a los nuestros. 

Desde esa convicción propongo este sencillo decálogo para preservar nuestra democracia.

1. Informarnos antes de juzgar y cuidar la verdad pública.

Cuando una sociedad pierde hechos compartidos, la democracia se queda sin suelo común. La propaganda viaja rápido, la mentira se disfraza de certeza y la posverdad gana terreno con una facilidad preocupante. Antes de compartir, hay que verificar; antes de condenar, hay que entender. En una democracia intoxicada por redes sociales, algoritmos e indignación permanente, pensar con calma se ha vuelto una forma de resistencia.

2. Construir y defender el Estado de derecho por encima de cualquier proyecto político.

Cuando la ley sólo se aplica contra los adversarios, la República empieza a convertirse en facción. Las reglas deben valer para todos, no únicamente para quienes incomodan al poder o para quienes pertenecen al grupo contrario. Cuando la legalidad depende de quién gobierna, deja de ser regla común y se vuelve instrumento de dominación partisana.

3. Conocer y defender nuestros derechos fundamentales y la democracia constitucional: 

Cuando una sociedad ignora sus libertades básicas, resulta más fácil que la concentración del poder las erosione poco a poco, casi siempre en nombre de la eficacia, la seguridad, la transformación o la voluntad popular. La democracia constitucional no consiste solamente en votar. También consiste en limitar a quien gana. Los pesos y contrapesos protegen al ciudadano frente al abuso del poder. Por eso deben defenderse la división de poderes, los tribunales independientes, los congresos que deliberan, la transparencia, la libertad de prensa y los derechos humanos. Todo ello forma parte de una misma arquitectura: impedir que una persona, un partido o una mayoría puedan decidir sin controles.

4. Exigir la generación condiciones de inversión, empleo y bienestar.

Una democracia que no genera bienestar deja vacío el terreno para quienes prometen orden y castigo, pero quieren ejercer un poder sin límites. La democracia no se sostiene sólo con discursos de libertad: necesita producir bienestar concreto. Cuando una economía no genera empleos formales, ingresos suficientes, inversión productiva y oportunidades reales de desarrollo y movilidad social, la confianza democrática se erosiona. La gente no vive de abstracciones institucionales; vive del salario, del transporte, de la seguridad, de la escuela y de la posibilidad de imaginar un futuro. En ese escenario, la redistribución de la riqueza se vuelve tan importante como su generación.

5. Pagar impuestos y exigir una reforma fiscal progresiva y verdaderamente justa.

Una democracia no puede pedir sacrificios iguales a quienes viven realidades desiguales. No hay democracia sólida sin un Estado capaz de financiar derechos, seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura. Pero tampoco hay legitimidad democrática cuando la carga fiscal se percibe injusta: cuando pagan proporcionalmente más quienes menos margen tienen, mientras quienes más concentran riqueza reducen su contribución efectiva mediante litigios, excepciones, deducciones o planeaciones fiscales agresivas.

Una república necesita una reforma fiscal progresiva. Todas y todos deben contribuir, pero deben hacerlo más quienes más tienen. Hay que cerrar privilegios fiscales, combatir la evasión y la elusión. La justicia fiscal no es castigo a la riqueza, es coresponsabilidad democrática.

6. Construir una sociedad más igualitaria, sin racismo ni clasismo, donde el mérito y la movilidad social puedan ser reales.

Una democracia no puede consolidarse si millones de personas sienten que su destino está condicionado desde el nacimiento por el color de su piel, su apellido, su género, su acento, su colonia, su escuela o la comunidad de la que vienen. No podemos seguir hablando de mérito mientras toleramos estructuras silenciosas de exclusión que hacen que algunos empiecen la carrera varios metros adelante y otros nazcan prácticamente derrotados.

Combatir el racismo, el clasismo y la pigmentocracia no es un gesto de corrección política: es una condición democrática. La verdadera meritocracia no consiste en repetir “échale ganas”, sino en construir un piso común suficientemente digno para que el esfuerzo, la disciplina y la excelencia puedan abrirse camino hacia una movilidad social efectiva. Una sociedad sin movilidad social se llena de frustración, y una sociedad frustrada empieza a desconfiar de la democracia.

7. Participar activamente, deliberar y discrepar sin deshumanizar.

Sin ciudadanos que participen y adversarios que puedan seguir hablando, la democracia se vuelve solo un ritual electoral. La ciudadanía no termina en la urna e implica organizarse, exigir cuentas, hacer comunidad, vigilar al poder y cuidar lo público. Los ciudadanos debemos participar más activamente en la reconstrucción democrática del estado derecho. Una democracia donde la gente sólo participa cada tres o seis años deja demasiado espacio a quienes sí participan todos los días: los grupos de interés, los partidos, las burocracias y los poderes económicos.

8. Mantener la civilidad y rechazar toda forma de violencia, especialmente la política.

Cuando el miedo sustituye a la palabra, la democracia deja de deliberar y empieza a obedecer. La democracia necesita pasión, desacuerdo y conflicto, pero no puede sobrevivir cuando la política se convierte en amenaza, intimidación o agresión. La violencia destruye el espacio común porque reemplaza la palabra por el miedo. 

9. Pensar en las próximas generaciones.

Una democracia responsable protege agua, bosques, biodiversidad, clima y futuro. La crisis ambiental no es un tema accesorio, porque gobernar democráticamente implica no hipotecar el porvenir para resolver comodidades presentes. Cuidar el agua, los bosques y la biodiversidad no es romanticismo verde, sino responsabilidad democrática con el futuro.

10. Poner la República por encima de cualquier partido, líder o proyecto personal.

La República no se hereda completa: se defiende todos los días o se pierde poco a poco. Los partidos pasan, los gobiernos cambian, los liderazgos terminan, pero las instituciones republicanas deben permanecer porque pertenecen a todos. La democracia se degrada cuando confundimos lealtad política con obediencia ciega, o cuando creemos que defender a un líder importa más que defender las reglas comunes. Cuando el poder deja de tener límites, tarde o temprano deja también de servir a la libertad.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Y ¿si sí?

Ernesto Ruiz

¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?

¿Y si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagará qué ha pasado con el recurso para mantenimiento de la refinería Antonio Dovalí Jaime y los ductos?

¿Y si está violando nuestros Derechos Humanos?

La narrativa oficial y corporativa se ha vuelto experta en el arte de la ingeniería del deslinde. Cada vez que una mancha negra devora una playa, un río o un campo de cultivo en nuestro estado, el guion institucional es casi idéntico: fue una toma clandestina, un acto de vandalismo o una desafortunada anomalía fortuita. Pero quienes conocemos las tripas de la administración ambiental y hemos caminado el territorio oaxaqueño, sabemos que aquí el olor a amoníaco y chapopote no es un accidente; es síntoma de una sistemática simulación.

De Salina Cruz a Palomares, los desastres no son anomalías de la naturaleza, sino las cicatrices abiertas de una infraestructura obsoleta que colapsó hace años. En el puerto de Salina Cruz se acumulan más de 60 derrames en el último lustro, con crisis urbanas y costeras recurrentes que asfixian bahías como La Ventosa. La herida en la zona norte del Istmo cala de forma distinta: En octubre de 2022, el tramo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Salina Cruz reventó en San Juan Güichicovi, el petróleo crudo convirtió al río El Corte y al Arroyo Tonto en cementerios flotantes de tortugas, ganado y aves, dejando los pozos artesanales de comunidades indígenas como El Triunfo, Tolosita y Sarabia inservibles y oliendo a muerte. 

Apenas dos meses después, en diciembre de ese mismo año, el ducto en la agencia de Donají, Matías Romero, exhaló una nube tóxica de amoniaco que provocó el desplazamiento forzado de más de 1,200 almas y quemó los maizales. En febrero de 2023, fue el rugido invisible del gas isobutano el que obligó a evacuar familias en plena noche ante el pánico de una explosión.

El mapa de México se está tiñendo de negro a una velocidad alarmante. Datos oficiales revelan que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la petrolera estatal registró un total de 1,490 derrames y fugas a nivel nacional. En el 2025 se consolidó esta tendencia crítica con 1,015 desastres operativos, la inmensa mayoría de ellos catalogados bajo la causa de “falla industrial”. No es el huachicol; es el envejecimiento de la infraestructura y la criminal falta de mantenimiento.

Frente a la terca realidad de los datos y el testimonio de ingenieros y exfuncionarios de la refinería Antonio Dovalí Jaime que han denunciado cómo el presupuesto de integridad de ductos se esfuma en el laberinto de la corrupción interna, la pregunta que da título a esta columna deja de ser una hipótesis técnica para convertirse en un reclamo político urgente: ¿Y si sí?

¿Y si resulta que los técnicos tienen razón? ¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?

Imaginemos por un momento un México donde las instituciones encargadas de la gobernanza y la justicia ambiental no fueran meros espectadores de adorno. ¿Cuál sería nuestra realidad si la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ejerciera sus facultades de inspección y vigilancia con rigor? Entre 2015 y 2022, Pemex reportó casi 6,000 incidentes en sus informes de sustentabilidad, pero la ASEA solo emitió 14 sanciones. Una impunidad del 99.7%. ¿Qué pasaría si en lugar de actuar como una condescendiente oficina de trámites de escritorio, la ASEA clausurara las instalaciones que son una bomba de tiempo en el Istmo?

¿Cuál sería la realidad si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rascara a fondo en las partidas presupuestales de mantenimiento preventivo, encontrara los desvíos y pusiera nombres y apellidos al dinero desaparecido que debió usarse para sustituir las líneas de distribución en Oaxaca y dar mantenimiento a la Refinería Antonio Dovalí Jaime?.

¿Y qué pasaría si la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera su trabajo y dejara de usar la coartada perfecta? Cuando se presenta una denuncia —como las cinco que la Procuraduría Ambiental Estatal (PROPAEO) interpuso formalmente ante la federación en febrero de 2023—, la FGR se apresura a catalogar a Pemex como la “víctima” del robo de combustible. El caso se archiva bajo el argumento de que el daño no fue intencional por parte de la empresa, sino una consecuencia del “Huachicoleo” dejando intacta la responsabilidad de los altos mandos por omisión. ¿Qué pasaría si la FGR judicializara con seriedad las carpetas por los daños ambientales contra los funcionarios responsables?.

La respuesta es clara para quienes hemos estado en la trinchera del servicio público: si esas tres instituciones —ASEA, ASF y FGR— hicieran su trabajo, la impunidad petrolera se terminaría mañana. Los ríos de Oaxaca correrían limpios, los pescadores podrían tener un sustento seguro y el desarrollo regional en el marco del Corredor Interoceánico sería sustentable y digno para los pueblos originarios.

Si la ley ambiental se aplicara sin dobleces ni tintes políticos, Pemex tendría que dejar de gastar en retórica nacionalista y empezar a invertir en tuercas, soldaduras, estudios de daño ambiental, programas de remediación y tecnología. Hoy nos quieren convencer de que el desastre es el precio del progreso. Pero la sospecha está sembrada: ¿Y si sí es corrupción? ¿Y si sí es abandono? ¿Y si sí es omisión? ¿Y si sí es violación a los Derechos Humanos? Si las instituciones cumplieran con su deber, la verdad nos daría un país muy diferente. Uno en el que el futuro de Oaxaca, por fin, no huela a petróleo.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Español, defensa a las patadas

Aurelio Ramos Méndez

Menos de cien horas bastaron para que los aficionados al futbol y el sector comercial y de servicios nos demostraran a todos los mexicanos, en particular al gobierno federal, que sí es posible sacudirnos el humillante colonialismo lingüístico, reflejado en el uso y abuso del idioma inglés, que ha copado todos los ámbitos de la vida nacional.

Al despejarse el miércoles la incógnita de que Inglaterra sería el rival de México en el partido de ayer domingo, octavos de final del Mundial 2026, en las redes cundió una iniciativa identificada como #noinglés, orientada a dejar de emplear al menos por unos días el idioma de Shakespeare como señal de apoyo al seleccionado mexicano. 

Parece obvio que la idea fue iniciada con intención jocosa, sin más propósito que ganar vistas y “me gusta”, o tratar de hacer de la rivalidad deportiva una oportunidad de negocio. En horas prendió como chispa en prado seco y adquirió visos de seriedad.

Decenas, o quizá centenares de empresas grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras, se sumaron a la campaña y anunciaron la modificación de la denominación de sus productos y hasta de su nombre o razón social, y el asunto se viralizó y pasó del humor digital al genuino reclamo social.

“En América Eagle informamos que de aquí al lunes nos unimos al operativo “noinglés”. Por ello hemos decidido actualizar temporalmente nuestro vocabulario. Los outfits, serán atuendos. El denim, mezclilla. Y los jeans, pantalones vaqueros. Vamos México”, publicó la famosa tienda de ropa.

La cafetería de origen canadiense, hoy estadunidense, Tim Hortons, avisó a sus clientes: “Nos unimos al movimiento noinglés por apoyar a Team Mexico. A partir de este momento nos pueden llamar Timoteo Hortiz, evitando el uso de palabras en inglés. Atentamente, Timoteo Hortiz (la H es muda)

Lo propio hizo la transnacional 7-Eleven, que invitó a acudir por “una Grande Dona, una Gran Mordida, un seis de cerveza, un Café Selección”, y otros productos hasta horas antes denominados en inglés. E invitó a ser referida como 7 Once.

El restaurante Buffalo Wild Wings pidió ser llamado Búfalo Alitas Salvajes y Pastes Kiko’s notificó: “Sabemos que nuestro amado producto tiene herencia británica, pero ante el próximo encuentro futbolístico Pastes Kiko’s ha tomado una decisión contundente para apoyar a los nuestros y sumarnos al “noinglés”.

“A partir de este comunicado y hasta finalizar el partido, suspendemos el uso del apóstrofe y la “s” final, ya que responden a una estructura gramatical del idioma inglés; oficialmente los esperamos en nuestras sucursales de “Los pastes de Francisco” para disfrutar de cada jugada.

“¡Porque el verdadero sazón se grita en español!”, exclamaron, con escasa fortuna, los publicitas de la firma comercializadora de pastes. Se entiende el desatino, a la luz del lejano origen británico de las sabrosas empanadas; pero si “sazón” es sustantivo femenino, le corresponde el artículo del mismo género: La sazón.

El caso es que contra el avasallamiento del inglés se manifestó hasta el changarro Simipet Care, el cual informó que “mientras juegue México”, en esos establecimientos “sólo les hablaremos en español a todas las razas inglesas. Aquí no es “woof” ni “sit”, aquí es guau y sentado.

No se requiere de una percepción aguda para percatarse de que, en no pocos casos, se trata de mensajes festivos cuya única finalidad consiste en sumarse a las tendencias de las redes para tratar de aumentar ventas. 

En el lance chusco, sin embargo, quedó claro que es perfectamente posible y de manera ultra rápida la traducción al español del lenguaje comercial infestado de inglés, que muchas veces resulta incomprensible aun para empleados y hasta propietarios de establecimientos mercantiles.

Del gobierno federal –las secretarías de Gobernación, Educación, Economía, el IMPI y otros entes oficiales—, así como de los organismos empresariales, las instituciones de educación superior, las asociaciones de profesionales –publicistas, locutores, periodistas– la Academia de la Lengua, y otras instancias depende que esta campaña sea permanente. ¡Sí se puede!

El abuso en el empleo del inglés está la vista de todos, propiciado por empresarios, publicitas y locutores que absurdamente suponen que venderán más si nombran en inglés los productos y servicios que anuncian, aun cuando existen palabras en español que pueden describir con mayor precisión tales productos.

Autoridades de Gobernación y otras dependencias han consentido el uso abusivo de extranjerismos con la peregrina justificación de que las grandes y poderosas firmas transnacionales abanarían el país, con graves perjuicios en el empleo y la economía en general,  si se las obligara a emplear el castellano no sólo en sus catálogos de productos sino en sus nombres comerciales, tal como se ha hecho en otras latitudes. Quebec y Montreal, en Canadá; en Barcelona, España, y en Italia, Francia, Chile, y otras naciones, por ejemplo.

En el Este de Canadá se vende Pollo Frito Kentucky, no Kentucky  Fried Chicken, y se puede comprar café no en Starbucks Coffe, sino en la Cafetería Starbuck, y ningún corporativo global ha abandonado esas ciudades o países, a pesar de que se trata de mercados infinitamente menores en valor y dimensión que el mexicano.

Cuesta trabajo creer que una empresa global puede desdeñar y salirse de un mercado de 130 millones de mexicanos, si en el francófono Quebec, de sólo ocho millones de habitantes, acató la exigencia de poner nombres en francés, y en catalán en Barcelona.

En todo caso, el mundo futbolístico mexicano ya puso la muestra de que el cambio es factible. Lo que falta es voluntad de la 4T para defender el idioma nacional, así sea por conveniencia política frente a Estados Unidos, potencia ésta que el Mundial en curso ha podido ver de qué color pinta el verde.

En el inicio del Campeonato, como se recuerda, directivos de la FIFA que suelen asearle el calzado a Donald Trump acataron la orden de prohibir el uso del español en el torneo, a pesar de que se trata de la lengua nacional de uno de los países anfitriones, México. La realidad acabó por imponerse.

Aficionados al fut y comerciantes ansiosos de ganancias han demostrado que, cuando de vender se trata, sí es posible sacudirse el avasallante inglés que –sin hipérbole– ha dejado incomunicados a vastos núcleos de mexicanos.

BRASAS

¿Quiénes son los cinco futbolistas de la selección de Ecuador que habrían sido amenazados por un cartel del narcotráfico mexicano, con el fin de que se dejaran ganar en el partido contra “la verde”, el martes pasado en el Azteca?”.

La “revelación” de tales amenazas fue propalada el jueves (2) con absoluta irresponsabilidad, nulo rigor profesional y por encargo quien sabe de quién, por el periodista argentino de Radio Mitre, Eduardo Feinmann, uno de los más abyectos lacayos del presidente Javier Milei.

La maloliente especie inundó las redes, sin que Feinmann se sintiera con la obligación ética de precisar los datos del chisme que había esparcido, con base en el cual lanzó, a modo de conclusión, un parecer asaz infame:

“Me parece que los narcos quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”.

La versión de las amenazas, según los patiños del comunicador, habría trascendido –vaya uno a saber de dónde– la víspera, el miércoles 1, al día siguiente de la derrota del seleccionado ecuatoriano.

Y fue difundida un día después por Feinmann, justo en el aniversario 32 del asesinato en Medellin, Colombia, del muy querido futbolista Andrés Escobar, dos días después de que éste regresara del Mundial de Estados Unidos, en el cual Colombia se había quedado afuera en la primera ronda.

En el partido contra el anfitrión EU, Escobar había anotado un autogol, el cual marco el fin de la participación colombiana en el campeonato; pero lo que resultó más peligroso, malogró apuestas de narcos que se cobraron con la vida del deportista.

El periodista dio la “noticia” de las amenazas en estos términos:

“El tema del mundial es bastante complicado… porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cartel de México para los jugadores ecuatorianos.

“Se comunicaron con cinco jugadores, con datos específicos sobre su familia en Ecuador y en México. Impresionante…”.

Otro de sus colaboradores hizo la observación de que en México juegan varios ecuatorianos, de quienes puede ser fácil conocer datos tales como “donde viven, donde juegan, donde paran, su familia, sus hijos…”.

Así, a partir de pareceres y vaguedades –“parece que está confirmado”, “me parece que los narcos quieren a toda costa”, “se comunicaron con cinco (quien sabe cuáles)”— soltó el chisme que luego inundó las redes.

Pero de los cinco, nada

Feinmann es, junto con Jonatan Viale, Luis Majul, Antonio Laje, y yutuberos e influenciadores como el Gordo Dan, Nicolás Márquez, y algunos más, uno de los comunicadores más cercanos y favorecidos por Milei, lo cual impone el interrogante de si el ultraderechista y muy corrupto gobierno argentino tiene algo que ver en esta patraña.

Duda que se acrecienta ahora que otro gobierno de la derecha trumpista, el de Ecuador, ya elevó el caso a la FIFA “solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad de nuestra hinchada y jugadores.

RESCOLDOS

No tiene límites la ruindad de la dirigencia del PAN y sus compinches en los medios. Pretenden lucrar políticamente con la muerte de cuatro personas en festejos por el triunfo del equipo mexicano. Un mínimo de decencia debería obligarlos a no montarse en la tragedia; pero ya se sabe que los olmos no dan peras. Y luego se quejan porque no votan por ellos…

Ahora fue el periodista Ciro Gómez Leyva quien mandó al diablo a las instituciones, y sus contlapaches le aplauden. Entrevistó a Israel Vallarta, que pasó veinte años de su vida en la cárcel acusado de secuestrador, pero fue exonerado en el caso Casez. Ciro insiste en llamarlo secuestrador “porque la verdad histórica no siempre coincide con la verdad jurídica”. Algo así como “estas son mis verdades, si no les gustan, tengo otras”.

 aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Hugo Aguilar y la hora indígena

Por: Antonio Gutiérrez Rodríguez

“Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”.

Marc Bloch nos recuerda el proverbio árabe.

En el horizonte de los pueblos y comunidades indígenas de México asoma, como una constelación de nuevas estrellas, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El Protocolo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que dará sustento al diálogo para su aprobación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio de 2026. Con ello inicia una etapa que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos que habitan este territorio desde mucho antes de la fundación de la República.

Vamos, pues, rumbo a la consulta previa, libre e informada, en busca de colocar en el lugar que les corresponde derechos históricos que, pese a su legitimidad y vigencia, permanecen insuficientemente comprendidos por amplios sectores de la sociedad. No se trata de derechos nuevos; son derechos largamente postergados por más de dos siglos de construcción estatal edificada, en gran medida, bajo una lógica homogeneizadora.

Durante más de doscientos años prevalecieron las normas y estructuras jurídicas del Estado como único referente legítimo de organización social. Sin embargo, los pueblos indígenas mantuvieron viva la memoria de sus propios sistemas normativos, de sus formas de gobierno, de sus mecanismos de resolución de conflictos y de sus principios comunitarios. 

La continuidad de estas instituciones constituye una de las expresiones más notables de resistencia cultural y de permanencia histórica en México.

La convocatoria delineada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y respaldada por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no representa únicamente un procedimiento legislativo. También abre una oportunidad excepcional para colocar en el centro del debate nacional conceptos fundamentales sobre los que podría edificarse un diseño institucional más incluyente, plural y acorde con la diversidad cultural del país.

Comunidad, ley, autoridad, autonomía, libertad, derechos humanos, territorio y justicia son apenas algunos de los conceptos que merecen ser revisados con rigor intelectual y sentido crítico. La discusión no es menor. De la manera en que estas nociones sean comprendidas y articuladas dependerá, en buena medida, la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos.

En este ejercicio de reflexión conviene recordar la observación del sacerdote y erudito francés Richard Simon, retomada por Marc Bloch en su célebre Introducción a la historia. La crítica, escribió, es una “especie de antorcha que nos ilumina y nos conduce por las rutas oscuras de la Antigüedad, haciéndonos distinguir lo verdadero de lo falso”. Esa misma actitud crítica será indispensable para analizar los alcances de la iniciativa, reconocer sus fortalezas, identificar sus limitaciones y contribuir a que el debate público se traduzca en instituciones más justas y democráticas.

Reconocer la legitimidad de las normas consuetudinarias y nombrarlas por lo que son —verdaderos sistemas jurídicos construidos por generaciones enteras— no ha sido una tarea sencilla. Detrás de este proceso se encuentran miles de mujeres y hombres indígenas que durante décadas han defendido sus conocimientos, sus formas de organización, sus principios éticos y sus modos de entender la justicia y la vida comunitaria.

Resulta imposible mencionar en unas cuantas líneas a todas las personas que han contribuido a esta transformación. Sin embargo, no deja de ser significativo que este momento histórico coincida con la presencia de profesionistas indígenas en espacios estratégicos de decisión pública. Como si distintas trayectorias individuales convergieran para abrir una nueva etapa en la vida institucional del país.

Entre quienes se autoadscriben como indígenas y que hoy ocupan cargos de alta relevancia, destacan Adelfo Regino Montes, al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Camelia Gaspar Martínez, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Norma González Jiménez, en la Fiscalía General de la República; Víctor Leonel Juan Martínez, en la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte; y, de manera particularmente significativa, Hugo Aguilar Ortiz, jurista mixteco y actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y como es de conocimiento público, la Corte no legisla, por eso la Convocatoria dice que participa como OBSERVADORA. 

La presencia de un indígena mixteco al frente del máximo tribunal constitucional del país posee una dimensión que trasciende lo biográfico. Representa el reconocimiento de una larga lucha colectiva y simboliza la posibilidad de que las instituciones nacionales comiencen a dialogar, en condiciones más equitativas, con las realidades jurídicas y culturales de los pueblos originarios.

Existen, desde luego, innumerables mujeres y hombres indígenas, dentro y fuera de México, aportando desde la academia y desde los pueblos y comunidades, el servicio público, la investigación, la judicatura y la organización comunitaria, nuevos contenidos para fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias a ese trabajo persistente, los sistemas normativos indígenas dejan de ser vistos como una curiosidad antropológica para asumirse como parte sustancial de la vida jurídica y política de la nación.

La consulta que hoy comienza no sólo discutirá una ley. También pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para reconocerse plenamente como lo que la Constitución afirma desde hace décadas: una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Tal vez por ello, más que una reforma legislativa, lo que tenemos enfrente es una oportunidad histórica para reconciliar la memoria de los pueblos con el futuro de las instituciones.

División de poderes revisitada

Alberto Benítez Tiburcio

Decía Lord Acton que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque describen una constante de la condición humana. La de Acton no habla de un gobernante específico ni de una ideología determinada; habla del poder mismo. Durante siglos pensamos que el gran problema de la política consistía en encontrar buenos gobernantes. Con el tiempo descubrimos que esa era la pregunta equivocada. Incluso los mejores gobiernos cambian, las mayorías se transforman y los partidos desaparecen. Lo único que permanece es una realidad incómoda: el poder tiende naturalmente a expandirse. Nunca considera suficientes las facultades que posee y siempre encuentra razones plausibles para justificar otras nuevas. La verdadera pregunta de la política nunca ha sido quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna termine ejerciendo un poder sin límites.

Ésa es la idea fundacional del constitucionalismo y, probablemente, una de las aportaciones más importantes de la civilización occidental. El constitucionalismo y el republicanismo modernos surgieron como respuesta al absolutismo monárquico que dominó buena parte de Europa durante los siglos XVII y XVIII, cuando la concentración del poder en la figura del rey prácticamente no reconocía límites jurídicos. Solemos imaginar que una Constitución sirve para organizar el Estado y distribuir competencias. Todo eso es cierto, pero no constituye su finalidad principal. Las constituciones modernas nacieron, sobre todo, para limitar al poder. En su esencia expresa desconfianza hacia el poder. Parte de una premisa sencilla, pero profundamente realista: ningún ser humano debería disponer de facultades suficientes para imponer su voluntad sin encontrar límites institucionales.

Esta distinción resulta indispensable porque con frecuencia confundimos democracia con constitucionalismo, como si ambas palabras fueran sinónimos. No lo son. La democracia responde a una pregunta decisiva: ¿quién tiene derecho a gobernar? Su respuesta es el voto ciudadano. El constitucionalismo responde otra todavía más importante: ¿qué NO puede hacer ese gobernante una vez que obtuvo legítimamente el poder? La democracia crea poder político; el constitucionalismo lo contiene. La primera otorga legitimidad para gobernar; el segundo garantiza que esa legitimidad no se convierta en arbitrariedad. Una mayoría puede decidir quién gobierna, pero no puede decidir que desaparezcan la libertad de expresión, el debido proceso o la igualdad ante la ley. Precisamente porque existen derechos fundamentales que el poder no puede vulnerar, también deben existir instituciones capaces de protegerlos incluso frente a las mayorías.

Aquí aparece el verdadero significado de la división de poderes, una idea que con demasiada frecuencia reducimos a una explicación escolar sobre las funciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esa descripción es correcta, pero superficial. La división de poderes no existe para distribuir tareas administrativas; existe para distribuir el poder mismo. Su lógica consiste en impedir que una sola autoridad acumule suficientes atribuciones para convertirse en juez de sus propios actos. Los pesos y contrapesos no representan un obstáculo para gobernar; constituyen la condición indispensable para que el gobierno permanezca sujeto al derecho.

No deja de ser paradójico que, justamente cuando las democracias contemporáneas han alcanzado los mayores niveles de desarrollo constitucional de su historia, haya resurgido la tentación demagógica de presentar esos límites como un problema. Con creciente frecuencia se afirma que los tribunales obstaculizan las transformaciones, que los órganos constitucionales autónomos son prescindibles, que la prensa crítica desestabiliza o que la oposición simplemente bloquea el mandato de las mayorías. El argumento parece atractivo porque promete eficacia. Si el gobierno dejara de enfrentar controles, podría actuar con mayor rapidez. Sin embargo, la experiencia histórica enseña exactamente lo contrario. El poder sin límites puede ser más veloz, pero también es mucho más peligroso. La eficiencia nunca puede ser un sustituto de la libertad.

Los estudios contemporáneos sobre la erosión democrática coinciden en una conclusión inquietante. Las democracias ya no suelen desaparecer mediante golpes de Estado ni por la suspensión abierta de las constituciones. Se deterioran gradualmente desde el interior de sus propias instituciones. Poco a poco, el problema deja de ser el abuso del poder y pasa a ser la negación misma de los límites al poder. Ése es el momento en que una democracia comienza a confundirse con la simple concentración del poder.

Conviene recordar entonces para qué fueron creados los derechos humanos. No constituyen una concesión generosa del Estado ni un catálogo de aspiraciones morales. Representan un espacio de autonomía que el poder no puede invadir. Son la frontera jurídica que protege la dignidad de las personas frente a cualquier autoridad, incluso frente a aquella que llegó legítimamente mediante el voto. Por eso los derechos humanos y el constitucionalismo son inseparables. Los derechos carecerían de eficacia sin instituciones independientes que los hicieran valer, y esas instituciones perderían sentido si dejaran de existir derechos que proteger. La división de poderes, en consecuencia, no es un fin en sí mismo; es el mecanismo mediante el cual las libertades dejan de depender de la buena voluntad del gobernante y pasan a descansar en la fuerza del derecho.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en pensar que las instituciones fueron diseñadas para facilitar el ejercicio del poder. En realidad fueron creadas para limitarlo. Por eso los pesos y contrapesos no protegen a los poderes públicos; protegen a los ciudadanos frente a los poderes públicos. Ésa es la diferencia entre un Estado constitucional y un régimen autoritario donde el poder termina respondiéndose únicamente a sí mismo.

En el fondo, la división de poderes es una convicción profundamente democrática: ningún gobernante, por popular que sea, puede colocarse por encima de la Constitución porque la Constitución, antes que un pacto entre quienes ejercen el poder, es un pacto para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de las personas. Ésa es la razón por la que las democracias constitucionales siguen siendo la mejor herramienta que hemos construido para convivir en libertad: permiten que el pueblo decida quién gobierna, pero impiden que cualquier gobernante, incluso aquel elegido por el propio pueblo, pueda convertirse en dueño del poder. Porque el poder sólo es verdaderamente democrático cuando encuentra límites; cuando deja de tenerlos, tarde o temprano deja también de servir a la libertad.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Ken, el narcoembajador

Aurelio Ramos Méndez

El exembajador Ken Salazar debe estar hoy muerto de miedo, escondido en el paraje más remontado de su rancho en Colorado, rogándole a Malverde que obre el milagro de hacerlo invisible para el Pentágono, la DEA, el FBI y la CIA, de manera que no pueda ser arrestado y quizá confinado en la cercana penitenciaría ADX Florence, la más segura de Estados Unidos, el Alcatraz de las Rocallosas, acusado de narco.

Nada de suposiciones gratuitas. Es deducción derivada de versiones propaladas por sedicentes expertos en la relación México-EU, quienes le han puesto el dedo en la frente señalándolo de complicidad con el expresidente López Obrador, a quien esos mismos especialistas ya imputaron como traficante de drogas en la mira de la prístina justicia gringa, y hasta enjuiciaron y sentenciaron.

Al diplomático le atribuyen “haber sido cómplice de la política criminal del obradorismo” en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en especial el combate al tráfico de substancias ilícitas, “en la cual, por omisión, es responsable de sus consecuencias”. 

Más claro: Al igual que Raúl Salinas de Gortari, Genaro García Luna, El ChapoEl Mayo, Caro Quintero o El Señor de los Cielos, es responsable de la intoxicación –y aun la muerte– de millones de drogadictos gringos, muchos a las puertas de la Casa Blanca, quienes –seamos sinceros—deambulan dichosos en su mundo mientras México se ahoga en un baño de sangre.

Salazar fue embajador de junio de 2021 a enero de 2025, tres años y siete meses durante los cuales “cerró los ojos cuando debía haber prendido las alarmas” acerca de lo que sucedía en nuestro país. Fingida ceguera producto –afirman– de que AMLO “facilitó negocios a cercanos” del personero de la administración Biden.

¿Qué fue –según quienes supuestamente tienen el pulso de la realidad binacional—lo que por cegato o conveniencia no vio el hoy empavorecido embajador? Que en ese tiempo floreció la estrategia de abrazos, no balazos, creció el tráfico de fentanilo ilegal de Los Chapitos, se relajó el combate a los cárteles…

Tampoco vio “la cercanía de López Obrador con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, la corrupción de sus hijos (del Peje) y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

¡Suficiente para prisión perpetua, o inyección letal, electroejecución, cámara de gas, pelotón de fusilamiento o ahorcamiento, las cinco modalidades de pena de muerte todavía vigentes en EU, en pleno siglo XXI!

Entre quienes afirman que el diplomático “comía de su mano” (del de Macuspana) y le achacan haber defendido no los intereses de su país sino los del Presidente de México, y que en su complicidad “tenía resuelta la relación (del capo AMLO) con la Casa Blanca”, se cuentan, hilarante paradoja, conocidos apátridas, y arquetipos de entreguismo, desnacionalización, colaboracionismo y traición a la Patria.

Además de empavorecido Salazar debe estar arrepentido. La jauría mediática que acosa al exmandatario volteó a mirarlo tan pronto se conoció un adelanto de su libro Fronteras: mi lucha por un Estados Unidos incluyente, en el cual refiere el chismarajo que dizque le habría confiado un empresario con cercanía para “susurrarle al oído” al tabasqueño.

Según el cuentazo del real o ficticio machuchón, tras el secuestro de El Mayo Zambada El Peje acusó preocupación por lo que este narcotraficante pudiera declarar en EU respecto a los vínculos de la 4T, específicamente el propio AMLO, con el narcotráfico. 

El diplomático nada diplomático sino más bien proclive al chismorreo, se reservó la identidad del infidente, pero la rumorología le puso a este nombre, apellidos y signos de interrogación: ¿Alfonso Romo? ¿Carlos Slim? ¿Miguel Rincón? ¿Ricardo Salinas Pliego por aquel entonces chupamedias del mandamás? 

El caso es que la habladuría sobre el supuesto desasosiego del expresidente se convirtió en la pepita de oro del libro de Ken Salazar, colmilludo político que logró hacerse amigo del Presidente y hasta llegó a tener derecho de picaporte en el Palacio Nacional.

Escupió para arriba, sin embargo, pues con los dichos plasmados en su obra ciertamente se incriminó y quedó bajo los reflectores, en riesgo de ser atrapado en su rancho como un conejito asustado y acorralado.

Si hemos de creerles a tales sedicentes expertos en la relación bilateral, el exembajador ya tiene un pie en la cárcel. Puede ser el primer pez mediano, y blanco, anglosajón, protestante (WASP) en ir a prisión o a la pena capital desde que Nixon inició la guerra contra las drogas, hace más de medio siglo.

Nada para celebrar. Aunque, sí, implicaría un ligero cambio, pues hasta ahora a EU la presbicia sólo le ha permitido ver narcos entre los pobres y las minorías raciales o migratorias: negros, musulmanes, salvadoreños, haitianos, colombianos, bolivianos, mexicanos. 

Güeros no hay, esos son santos, incorruptibles, constitutivamente inmaculados.

No nos dejemos engañar. Estamos ante una compilación de mentiras diplomáticas, estridencia político-electoral, propaganda de derecha, vasallos desnacionalizados y un gobierno imperial, ya sea republicano o demócrata, al cual el fenómeno de las drogas sólo le ha interesado como pretexto intervencionista.

O, que lo digan Maduro, Evo, Petro, Ernesto Samper, Rafael Correa, y hasta Juan Orlando Hernández, el hondureño condenado a 45 años de prisión a quien Trump indultó con tal de avanzar en la derechización latinoamericana.

Mueve a risa, en este contexto, el descubrimiento -¡ah, oh!– realizado a socaire del libro de Salazar por voceros del salinato, respecto a la dizque configuración en EU de “una suerte de explicitación del consenso bipartidista”, con objeto de “evidenciar la formación en México de un narco-Estado”.

Y para demostrar que tal narco-Estado “constituye una amenaza a la seguridad de la superpotencia vecina”, celebró el jefe y mecenas de dicho grupo político, José Carreño Carlón, quien de paso develó sin sonrojarse su irrisoria noción de la soberanía.

La presidenta Sheinbaum, según el vocero de Carlos Salinas, arropa a los narcopolíticos del régimen en nombre de “un percudido concepto de soberanía nacional”. 

Lacayismos aparte, no existe en EU configuración de consenso alguno sobre un narco-Estado mexicano. Son bobadas. Desde hace 200 años sabemos de la argamasa que une a todo –todo– el gringaje, la doctrina que preconiza América para los americanos

Y sabemos también de las modernas estrategias de comercialización y mercadotecnia política, las cuales han establecido que, más allá de diferencias cosméticas, entre demócratas y republicanos existen las mismas diferencias que entre la Coca y la Pepsi. ¿Cuál consenso?

BRASAS

“La próxima intervención militar estadounidense en México”, ocurrirá dentro de los siguientes veinte días, antes del 19 de junio, o a más tardar en un lapso posterior similar, hasta el 8 de agosto. 

Será “antes o después de que termine el Mundial de Futbol”. La decisión ya esta tomada en Washington, lo que resta es determinar la fecha. 

El aviso fue notificado por un periódico digital de notable nacionalismo, admirador de Trump hasta la rendición y deseoso de que nuestro gobierno se ponga a bailar al son que el magnate le toca chasqueándole los dedos.

El medio aludido acusa nuestra Jefa de Estado de “llevar al país a la colisión con Estados Unidos por su postura inflexible de no entregar a altos mandos políticos vinculados a los cárteles del narcotráfico”.

Recrimina, escandalizado, que en su reclamo la potencia “exige resultados rápidos y contundentes y no los ve”, y concluye insidioso:

Para EU la negativa de Sheinbaum es “un signo claro de que con Morena en Palacio Nacional no hay manera de entenderse con México”. Le faltó agregar “regresemos el reloj hasta 1988”.

La notificación indicó que la intervención militar será “antes o después” de que termine el Mundial, lo que significa que si el final será dentro de veinte días –el 19 de junio—se antoja razonable un lapso similar para la hipótesis de que sea después de este evento futbolero, hasta el 8 de agosto.

Avisados estamos.

RESCOLDOS

¡Dieciocho y medio millones de piezas de medicamentos del Hospital Infantil de México Federico Gómez caducaron entre 2020 y 2024! En el desperdicio estaban incluidos centenares de miles de oncológicos. Sí, justo aquellos por los cuales padres de niños con cáncer y políticos sin escrúpulos protestaron por aquellos días ante el desabasto. De acuerdo con información que ahora se conoce, el director saliente en 2024, Jaime Nieto Zermeño, se abstuvo de notificarle a su sucesor la existencia del lote de insumos médicos. Una infamia…

De nuevo se propalan, sin una sola prueba al canto, mentiras en el sentido de que “desde el gobierno se extorsiona a dueños de medios de comunicación para que corran a periodistas”. Ni un solo nombre de dueño o concesionario. Y se afirma también que “casi la totalidad de los medios tradicionales se han puesto del lado del gobierno”. Por fortuna el desempeño de los medios es público, está ahí, a la vista de todos; valórenlo las audiencias…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.