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+ Nueva Constitución: ¿Qué opinan los expertos?
Este 5 de febrero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 94 años de vigencia. Aunque éste ha sido un documento en constante cambio y perfeccionamiento, hay muchos que opinan que nuestro Texto Constitucional debe ser reformado, mientras que otras voces aseguran que antes de pensar en realizar cambios estructurales, lo primero que debe hacerse es respetar la norma vigente.
En cualquiera de los casos, vemos que en nuestro país el dilema constitucional es plenamente vigente, y que debía ser algo más que una discusión remarcada, en uno de los extremos, por la ignorancia; y en el otro, por el excesivo intento de hacer elitista una discusión que debía ser —sin el demérito propio de la expresión— mucho más mundana.
Prácticamente a diario, los mexicanos hallamos quejas de nuestro gobierno, sistema político, democracia, forma de representación, e incluso por el funcionamiento del mundo burocrático y la forma en cómo la ley es tan poco respetada. Fundamentalmente, ubicamos esos problemas en el extremo de la ley; pero le damos muy poco crédito, por nuestra propia conveniencia, al extremo de las personas. ¿De qué hablamos?
De que, esencialmente, éste es un problema legal, pero también es un problema de respeto de la ley. Es decir, que en la misma medida que la ley es buena o mala, o es también la disposición y la cultura que tenemos las personas para comprenderla y respetarla. En ningún lugar del mundo existen las normas perfectas capaces de regular a todos los individuos independientemente de su voluntad por la legalidad, como también es simplemente ideal e inexistente el sitio en el que la convivencia sea perfecta, y en donde, por tanto, sea innecesaria la existencia de leyes.
Esto es esencial para entender muchos de nuestros problemas como nación. Si bien es cierto que la Constitución General de la República es de las más antiguas a nivel continental, también lo es que ésta ha tenido una observancia voluntaria y dinamismo tal, que hoy el Texto Constitucional vigente, en poco se parece al que fue promulgado en 1917.
No obstante la Constitución, a pesar de ella, o por responsabilidad de ella, vemos que hoy nuestra nación está llena de convulsiones que irremediablemente nos llevan a preguntarnos si las leyes domésticas regulan la vida institucional correcta o si, por el contrario, es necesario darle un nuevo rumbo al país a través de la Constitución.
En ese sentido, el argumento reduccionista habría de llevarnos a creer que las leyes vigentes no sirven y que por tanto es urgente renovarlas. Por el contrario, una postura excesivamente conservadora, podría decirnos que el camino es el correcto, y que no es necesario ningún replanteamiento constitucional en nuestro país.
Esa primer postura es la común de muchos ciudadanos; y la segunda, es la siempre asumida por los gobernantes en turno, que si bien no tienen todos los mecanismos para concretar sus proyectos de gobierno, sí terminan resignándose a hacer lo que se pueda durante su gestión, sin atreverse a tratar de tocar un marco institucional hoy marcado por la pluralidad, como también por la falta de acuerdos, liderazgos e incluso de gobernabilidad entre quienes tienen en sus manos el futuro de nuestra nación.
¿NUEVA CONSTITUCIÓN?
En ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué piensan al respecto algunos de los constitucionalistas más importantes de México. Recientemente, la revista especializada El Mundo del Abogado, hizo la pregunta “¿Necesitamos una nueva Constitución?” a varios de los más importantes investigadores en materia constitucional. Las opiniones son diversas y enriquecedoras. Aquí, resumidas, reproducimos tres.
Diego Valadés opina que “Desde hace varios años existe la necesidad de una profunda reforma constitucional. La decadencia de varias de nuestras instituciones está en el origen de muchos problemas actuales del país. Sin embargo, los dirigentes políticos no han tenido la capacidad suficiente para llevar a cabo la reforma de Estado. Una de las consecuencias de esta omisión es el acentuado envejecimiento de la norma suprema.
Además, la sociedad se ha acostumbrado a las violaciones a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. El ejército y la marina sólo habrían podido participar en tareas de seguridad si se hubieran suspendido las garantías en los términos del artículo 29. El hecho es que hoy los partidos políticos guardan silencio y la sociedad acepta las violaciones constitucionales. Este fenómeno se conoce como anomia e implica la pérdida de adhesión espontánea a la Constitución. Sólo una reforma de excepcional importancia podría restituir a la Constitución su muy menguado prestigio. De no ocurrir así, en el mediano plazo será inevitable un nuevo pacto político…”
Miguel Carbonell, por su parte, dice que “La Constitución mexicana de 1917 ya cumplió su ciclo histórico. Si la comparamos con muchas de las constituciones de América Latina veremos con claridad su evidente retraso, su falta de sistematicidad, sus contradicciones internas, su anquilosamiento, sus insuficiencias. No tengo la menor duda de que el país requiere un nuevo texto constitucional, apropiado para la consolidación de una democracia moderna, con un catálogo bien ordenado y completo de derechos fundamentales y con mejores arreglos institucionales en lo que concierne a la división de poderes.”
En contraposición, Elisur Arteaga Nava apunta que “Es la ignorancia lo que lleva a proponer el tema de una nueva Constitución. No hay problema nacional que no encuentre solución en el texto actual. Esto es válido a pesar de los muchos defectos que hay en ella. En este momento lo urgente es que gobernados y gobernantes conozcan la Constitución, respeten su texto, que los jueces se atengan a lo que ella manda, sin importar quiénes son parte en los procesos de que conocen. No estaría de más dejarla reposar cuando menos un año, no reformarla, no manosearla con reformas mal pensadas o innecesarias. Éste pudiera ser un buen propósito de año nuevo.”
RESPETAR LA LEY
En el fondo, el imperativo más importante debía ser, independientemente de si urge o no una nueva Constitución, el del respeto a las leyes vigentes. Es cierto que la institucionalidad podría ser mejor con nuevas leyes, pero también lo es, que podría haber un mejor panorama con un mejor sentido de legalidad. Y ni eso, que toca a los ciudadanos, tenemos.
