+ Asunto de educación, no de su reconocimiento
¿Debemos responsabilizar al reconocimiento constitucional de los usos y costumbres de los pueblos originarios, por los abusos que en su nombre cometen algunas personas que, o ignoran, o no les importa el dictado de la ley? Hoy, cuando se supone que Oaxaca está en un proceso de “transición democrática” y de inminentes cambios constitucionales, esa debería ser una discusión vigente y nutrida, justamente para no entrar en una posible vertiente de regresión política.
Oaxaca vive, en ese sentido, momentos particularmente difíciles: hoy, los supuestos máximos representantes del indigenismo, y de los usos y costumbres —como la diputada local por el Partido Acción Nacional, Eufrosina Cruz Mendoza—, parecen estar convencidos justamente de la desaparición de ese sistema, y de la partidización de las comunidades indígenas, para que sea a través del sistema de partidos que éstos elijan a sus autoridades municipales.
Por el otro extremo, se encuentran las fuerzas que, lamentablemente nada hacen, pero que podrían estar generando los contrapesos suficientes para defender no sólo posiciones políticas o de poder, sino la posibilidad de que, en la práctica, prevalezca un sistema alternativo de determinación política plenamente reconocido por la Constitución federal vigente, el cual, ante las circunstancias, se aparece como uno de los logros democráticos más importantes de las últimas décadas.
El problema, así, es que todos los grupos de poder parecen haber olvidado qué son, y por qué fueron reconocidos los usos y costumbres. La estrechez de miras, y la falta de formación real de quienes hoy detentan el poder —y también de los que hacen la oposición—, se refleja en este intento destructivo en contra de un sistema como los usos y costumbres, pero promoviendo la subsistencia de los vicios colaterales de ese sistema que sí deberían desaparecer.
¿En qué se funda el señalamiento de que los supuestos defensores de los usos y costumbres pretenden desaparecer el sistema? En que, en términos sencillos, actores políticos como la diputada Cruz Mendoza, lo único que ha hecho es distorsionar la auténtica visión democrática de los usos y costumbres, para ceñirse a la visión etnocida que pretende desterrar las formas alternativas de determinación política, para consolidar la visión partidista, que es la que siempre han promovido los grupos dominantes, como el panista al que ella pertenece.
En ese sentido, intentos como el de la diputada Cruz Mendoza van claramente encaminados a socavar los usos y costumbres, por considerar que atentan contra las garantías individuales, y particularmente los derechos políticos como los que, dice, le fueron transgredidos a ella cuando pretendió ser presidenta municipal de su natal Quiegolani. Ello equivale a querer aplicar la muerte asistida a un individuo, que a lo mucho se encuentra enfermo de un resfrío.
¿Por qué? Porque en realidad, intentos como ese no están encaminados a reencauzar, y ceñir a la legalidad, las formas de determinación política originarias de las comunidades indígenas, sino a desaparecerlas.
Ello sería tanto como tratar nuevamente de “aculturizar” a los indígenas para pretender “occidentalizarlos”. Esa visión, fue la que prevaleció a principios del siglo XX. Pero todos los estudiosos sociales del mundo, hace décadas que concluyeron que a las comunidades indígenas no se les debe “integrar”, “occidentalizar” o “positivizar”, sino reconocérseles en sus propias visiones y forma de organización.
Fue justamente por eso, que reformas constitucionales federales en materia indígena, como la de 1991 al artículo 4º, y la de 2001 a varios preceptos de la Carta Fundamental, estuvieron esencialmente encaminadas a hacer el reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y étnica de nuestra nación, así como sus formas de organización política, social y económica. Casi nada.
CLAROSCUROS
Sin embargo, con todo ello no se busca santificar un sistema que también necesita ajustes que, más que legales, parecen ser urgentes en el ámbito de lo práctico. Es decir, que las autoridades municipales electas bajo el sistema de usos y costumbres, deben tener mejor información, mayor grado de conocimiento de sus atribuciones y límites funcionales, y también mayor atención por parte de los gobiernos estatal y federal para remarcarles claramente el campo de atribuciones que les establecen las leyes. ¿De qué hablamos?
De casos como el que señalábamos ayer en este espacio. Es decir, de autoridades municipales que en nombre de los usos y costumbres, pretenden transgredir los límites legales y constitucionales que marcan las leyes, y abusar indiscriminadamente de los particulares. Ahí es donde las autoridades de los otros ámbitos de gobierno debían poner atención para no dejar ese asunto, básico de legalidad, a la deriva.
Es claro que en Oaxaca lo que las autoridades municipales, y las asambleas comunitarias, necesitan, es tener un grado mayor de información y conocimiento sobre lo que dicen las leyes. Remediando eso, también se resolverían prácticamente la totalidad de los abusos que se cometen en contra de las personas, los cuales constituyen la base de satanización de todo el sistema, y que permiten la subsistencia de los señalamientos que sí deberían remarcarse directamente en contra de quienes cometen los abusos.
En el caso del que aún se duele la ahora diputada Cruz Mendoza, se habría resuelto si su asamblea comunitaria, y la autoridad municipal que le negó el derecho a ser votada, hubieran sabido que los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos son inalienables, y por tanto no están sujetos a la voluntad o arbitrio de nadie.
Muchas autoridades, asimismo, dejarían de cometer tantos abusos en contra de los particulares, si tuvieran claro que usos y costumbres no es sinónimo de inobservancia de la ley, y por tanto supieran cuáles son los límites hasta donde pueden llegar como autoridades, y en qué punto deben detenerse para no quebrantar el Estado de Derecho.
¿ELIMINAR EL SISTEMA?
Ese es el quid de la discusión. Pensar en eliminar los usos y costumbres, equivale a un profundo acto de ignorancia y de profunda regresión democrática, que por sí mismo pondría en duda el proceso de transición que el actual régimen tanto se ha encargado de prometer a los oaxaqueños, y que también iría en contra de lo que se ha legislado, en el ámbito constitucional federal, a favor del reconocimiento de los grupos indígenas.
