Carlos Villalobos
La Secretaría de Educación Pública (SEP), así como el gobierno de México están a punto de sellar uno de los mayores errores de lo que va en su administración, forzar el regreso presencial a clases.
Tal y como aquel capítulo de los Simpsons donde la esposa del Reverendo Alegría gritara “¿Alguien quiere pensar en los niños?”, sin exageración el problema va más allá de los intentos de desestabilización, esto es una emergencia sanitaria mundial, por ello es que se tiene que detener el avance de esta iniciativa, los niños, al menos sin vacunar, tienen que seguir en casa.
Para quienes defienden el manto de pureza de Palacio Nacional, apelan a que la verdadera labor de la escuela es la de la socialización de los educandos, y como ex docente comparto el enfoque, sin embargo los protocolos mínimos de bioseguridad no se están garantizando en un contexto escolar, ya que incluso existen instituciones que no cuentan con la infraestructura básica como salones o mucho menos servicios como energía electrica ¿Qué nos va a garantizar el cumplimiento de protocolos de sanidad?
Es cierto también que el rol de las familias mexicanas se está reimaginando y
redimensionando, sin embargo ¿Cómo el estado puede garantizar que cuenten con el
tiempo y los recursos para poder llevar a cabo las instrucciones de seguridad si tienen que salir a conseguir dinero para poder llevar el sustento de sus hogares a casa?
En un pequeño sondeo redes sociales, al no ser padre de familia, pregunté el rango de precios que cada hijo significaba para cada familia y los precios rondaron desde los 1,000 hasta los 1,800 pesos, sin contar que hablamos solamente de materiales de inicio, a esto, de llevarse a cabo la reactivación de las clases presenciales se tendría que sumar todos insumos de protección, como cubrebocas, gel antibacterial, caretas y un largo etcétera.
Si a estos costos le sumamos la irrisoria estrategia para que los padres de familia se
responsabilizaran complemento de los contagios de las y los estudiantes a través de “cartas compromiso de corresponsabilidad” en donde, básicamente, la SEP se lava las manos ante posibles contagios. Tal fue el impacto, que modificaron la carta compromiso a una en donde ya no era tácito el desprendimiento de culpas, pero seguía ahí.
La SEP ha tenido tiempo para dos cosas, la primera, perfeccionar el modelo a distancia, sin embargo lo que vemos es que la falta de seguimiento por parte de la institución, más no de los docentes e instituciones educativas, ha generado que la brecha de acceso a la educación aumente, y la segunda, más de 15 meses para poder contar con un modelo de regreso seguro a clases presenciales.
Hoy de acuerdo a la encuesta nacional publicada el 27 de julio y realizada por El Financiero, no arroja que el 62% de los encuestados está en desacuerdo con el regreso a clases presenciales, lo que nos da pauta a poder pensar que más que un movimiento en favor de las niñas, niños y estudiantes mexicanos, se trata de una decisión poco consensuada.
Con los contagios, desempleo y ocupación hospitalaria en aumento, una tercera ola tomando fuerza y una cuarta en que camino que, de acuerdo a especialistas, será peor aún, “llueve, truene o relampaguee” las clases tienen que continuar de acuerdo a la máxima autoridad de este país.
Ojalá que los institutos de educación estatales, metan las manos o al menos doten de los insumos necesarios a las escuelas si osan volver, de lo contrario el aumento de casos va a seguir a la alta lamentablemente.
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