+ Siempre han sido cómplices; ahora, también
No extraña que, en un tono de supuesta sorpresa y preocupación, por la situación de anarquía total en que se encuentra el transporte concesionado de la entidad, el titular de la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado, Pedro Silva Salazar, admita que “el tema no se ha tocado” y que “los acuerdos están parados” pero que en breve “vamos a darle seguimiento a los acuerdos que se hayan hecho, para que se cumplan”. La autoridad estatal del transporte siempre ha actuado como cómplice y protectora de los concesionarios y sus intereses. Y la actual no parece ser la excepción.
Lamentablemente, la historia recurrente del transporte público puede resumirse en tres aspectos. El primero de ellos, es la total anarquía; la segunda, es la simulación de la autoridad; y el tercero es el desencanto ciudadano. Esto, más que preocupar, debía ocupar a las autoridades actuales para evitar que esta trágica historia se siga repitiendo.
Si volteamos a revisar lo que ha ocurrido por lo menos en la última década, no encontraremos más que historias de voracidad y falta de cumplimiento a sus propias promesas por parte del llamado “pulpo camionero”; simulación de la autoridad, que hace como que preserva el interés público, aunque en realidad siempre termina salvaguardando los intereses de los dueños de las concesiones. Y el desencanto de los ciudadanos, que parecen cansados de esperar una mejoría en servicio, y que incluso ya parecen estar resignados a pagar lo que sea sin esperar nada a cambio, aún cuando el costo sea alto y el servicio sea pésimo.
Veamos si no. En diciembre de 2007, el entonces coordinador de Transporte del Gobierno del Estado, Gonzalo Ruiz Cerón, anunció que el gobierno estatal había decidido autorizar casi un treinta por ciento al incremento de la tarifa por pasaje, debido al incremento en los costos de los insumos y el combustible, y como una medida que ayudara a mitigar a los dueños de las unidades por las pérdidas que habían sufrido por motivo del conflicto magisterial que había ocurrido un año antes.
Anunció, también, que a cambio del incremento los concesionarios se comprometían a mejorar la calidad del servicio, a capacitar mejor a los conductores de las unidades, a otorgar seguro del usuario a los pasajeros, y a sacar de la circulación todas las unidades que rebasaran cierta antigüedad, para de ese modo evitar la contaminación y brindar un servicio más confortable a los usuarios.
Aunque todos los argumentos y promesas, además de falaces eran inmorales, el usuario del servicio —a quien no le quedaba de otra— de todos modos aceptó el trato y resolvió pagar por seguir gozando de él. Pasaron los meses, y tanto los abusos, como la imprudencia de los conductores que costaban vidas y daños materiales, e incluso el incumplimiento hasta de las promesas más básicas, siguieron siendo cosa de todos los días.
Nada en absoluto cambió. Y la autoridad, que se supone que estaba para obligar a los concesionarios a cumplir con lo que habían prometido, y a constreñirlos para que se ciñeran a la ley —y con ello salvaguardar el interés público—, más bien se dedicó a justificar los incumplimientos y a defender a los dueños del transporte.
Todo esto ocurrió, a pesar de que Ruiz Cerón, hasta donde se sabe, no era ni parte del sector del transporte, ni tampoco tenía más interés que el de cumplir con sus responsabilidades públicas. (Es decir, que se supone que contaba con todos los elementos para ser una autoridad imparcial y determinada, lo cual se ponía de todos modos en duda por su actuación). Y aún así, de todos modos los abusos, el incumplimiento y la voracidad de los concesionarios, siguió sin encontrar límite alguno.
AUTORIDAD ¿LEGÍTIMA?
Tal y como lo apunta la nota principal de TIEMPO en su edición de ayer martes, de nuevo los concesionarios cumplieron ocho meses desde que el gobierno estatal les autorizó una nueva tarifa por pasaje, por la que también hicieron promesas de reciprocidad con el usuario, y de la que nada se ha cumplido en beneficio del usuario.
Y esta historia, que ya comenzó mal, ahora se corona tanto por las “sorpresas” del titular de Cotran, como —sobre todo— porque ahora sí existen elementos objetivos para asegurar que éste sí puede fungir más como parte que como juez, tanto en la protección de los intereses de los concesionarios, como en la actitud de desdén respecto a la defensa de los intereses de los usuarios.
Si bien se recuerda, hace unos meses, cuando los concesionarios incrementaron la tarifa del transporte, ni siquiera esperaron a que fuera el gobierno estatal quien se la autorizara. Unilateralmente la impusieron, y luego a base de resistencia, bloqueos viales y presión a la autoridad, lograron que ésta les reconociera lo que ya habían decidido ellos. Luego se encargaron de legitimar sus decisiones, a través del ofrecimiento de ciertas medidas de reciprocidad para según ellos retribuir al usuario por este nuevo incremento.
Los concesionarios, para lograr su objetivo, fueron no sólo voraces sino también desvergonzados. Como si fueran prestadores de un servicio que afecta y no beneficia a sus bolsillos, se lamentaban públicamente por el incremento de los insumos y el encarecimiento del servicio. Decían, según ellos, que el servicio era ya incosteable. Y que por esa razón, no es que ellos quisieran, sino que se veían obligados a incrementar la tarifa.
Nadie reconocía, sin embargo, que lo que trataban de hacer era cargar, como siempre, al usuario el encarecimiento del servicio, para ellos mantener a salvo el redituable negocio que siempre ha sido el lucrar con quienes menos tienen.
Frente a todo esto, Pedro Silva no debía hacerse el sorprendido. Para legitimarse, debe demostrar que a pesar de que él lideraba —o lo sigue haciendo— a concesionarios, tiene la determinación para actuar como autoridad. Sus antecedentes no lo ayudan. Y el problema es que su sola preocupación, que no se traduce en hechos, no ayuda en nada a resolver los problemas de transporte caro y malo que todos los días afectan a miles de oaxaqueños.
DUDAS QUERETANAS
Mucho cuidado debían tener todos aquellos que señalan a la dirigencia del PRI por haber copiado el documento de impugnación por la elección de Consejeros del IEE, de un recurso presentado en Querétaro hace algún tiempo. Si no tienen el documento en la mano para corroborarlo, entonces debían preguntarse si esa no es una más de las intrigas que salen desde la oficina de Benjamín Robles Montoya. Aguas.
