Al Margen
Adrián Ortiz Romero Cuevas
Para el viernes 6 de mayo de 2011
+ Depurar burocracia: ¿abaratar servicio público?
+ Volver al pasado: empleo oficial, el peor pagado
Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En Oaxaca, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.
Más allá de la típica visión maniquea —que hoy trata de expulsar del servicio público a todos aquellos que, en mandos medios y superiores, sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado del Gobierno del Estado es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos.
Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios —que no corresponden al nivel de responsabilidad que implican los cargos—, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.
En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.
Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.
¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?
Aquí y en China el resultado es exactamente el mismo: los empleados verdaderamente competitivos dejan de ver con atracción el servicio público, y buscan otras opciones de trabajo, en las que sí les ofrezcan las condiciones laborales y el salario que merecen. Y sólo se quedan en esos empleos poco competitivos, aquellos que no tienen posibilidad de acceder a los puestos de trabajo de los primeros. Es decir, que el servicio público tiende a quedarse no con las personas y los perfiles profesionales que requiere, sino con los que no tienen otras opciones, o con los que sí de verdad tienen muy exaltada la vocación de servicio.
Todo esto, sin embargo, es fuertemente contrastante con las propias expectativas que ha generado, para sí misma, una administración como la actual en Oaxaca. Y por eso, deberían tomar con más reserva y cuidado la posibilidad de seguir reduciendo personal, sin basarse en un diagnóstico serio y adecuado sobre las oficinas públicas en las que sí pueden reducir personal sin afectar el trabajo público, y en las que podrían provocar un severo daño en la atención, servicios o procesos que involucran a la ciudadanía.
¿NECESIDAD POLÍTICA?
En términos de imagen y capital político, siempre es provechoso para un gobernante anunciar que reducirá los salarios o privilegios a los empleados públicos, o que reducirá la plantilla de personal para hacer un gobierno ahorrativo, austero y eficiente. Eso es lo que siempre se escucha… pero poco se evalúa lo que sucede en realidad.
Hasta ahora, por ejemplo, se sabe que desde el primer día de este gobierno, la Secretaría de Administración dispuso un primer recorte de personal. Y el problema no es que quisieran despedir a muchos o pocos empleados, sino que nunca existió un criterio claro para hacer esa depuración.
Es decir, que los nuevos funcionarios (Secretarios, directores, coordinadores, etcétera) establecieron como razones válidas para el despido, el haber sido amigo o colaborador cercano del antecesor; el ser militante de cierto partido, el haber participado en la campaña política, o simpatizado con los adversarios políticos, o simplemente por “necesitar la plaza” para colocar a los integrantes del nuevo equipo de trabajo (los cuales, siguen llegando por compromisos, pero no por competitividad o por haberse ganado el puesto demostrando conocimientos o experiencia).
Y el problema es que, eso que ocurría siempre, volvió a suceder ahora. Y otro problema, mucho mayor y derivado del primero, radica en el hecho de que si antes se despedía o contrataba según criterios discrecionales o partidistas, ahora sí debían existir reglas claras para irse o mantener el empleo. Nada cambió. Y ese parece ser el problema de fondo.
Por esa razón, sería bueno que el gobierno estatal explicara cómo, y bajo qué diagnóstico, pretende adelgazar a la burocracia sin provocar problemas. También debieran revisar, razonablemente, el nivel salarial de sus empleados de confianza. Por citar un ejemplo, hoy, paradójicamente, gana más un empleado de base que uno de nivel Jefe de Departamento. Y eso habla muy mal de una administración pública, que se jacta de ser profesional, moderna y competitiva; pero que, en los hechos, desvalora cada día más el nivel de sus trabajadores.
es verdad, desafortunadamente se tiene una mala percepciòn, le suben el salario a los inútiles a los que de por si ya tienen salarios exorbitantes y nada más sirven para la pose, y los que se friegan e incluso a veces exponen su vida en cumplimiento de su deber tiene los salarios más bajos e incluso técnicamente ni siquiera son empleados de gobierno ya que se les tiene por honorarios asimilables a sueldos y salarios entonces no hay ni certidumbre ni acceso a las prestaciones básicas, en esa situación aunque no es justificable no se deberían sorprender que cada día sean más los que prefieren unirse a las filas del crimen organizado, o incluso boicotear o no trabajar como es debido.