+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

En la UABJO la academia no importa; su rumbo, determinado por los grupos de poder

Date:

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La aprehensión, la tarde del pasado 31 de diciembre, del ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) Eduardo Martínez Helmes, parece un claro mensaje de cómo se va a intentar forzar un cambio de grupo en el poder al interior de esa casa de estudios. El grupo de Abraham Martínez Alavez, también ex rector de la UABJO, y padre del exfuncionario universitario ahora detenido, ha controlado la Universidad como si fuera suya, al menos en los últimos cuatro rectorados. Y si en ese contexto, un posible cambio de grupo es a favor de la academia y la calidad de la educación que ahí se imparte, será para bien. Lamentablemente, el propio devenir universitario ha demostrado lo contrario.

En efecto, para entender la dimensión de la detención de Eduardo Martínez Helmes, y la relevancia que tienen él y su grupo al interior de la Universidad, hay que remontarse cuatro rectorados atrás. El ahora munícipe de la capital oaxaqueña Francisco Martínez Neri, fue el primer rector al que formalmente impulsó el entonces disruptivo grupo político universitario de Martínez Alavez a través del Sindicato Universitario de Maestros, conocido como SUMA, que se enfrentó y venció a los viejos cacicazgos universitarios del STAUO, STEUABJO y demás factores de poder como el de la ex rectora Leticia Mendoza Toro, y otros.

Abraham Martínez y familia, seguido de un nutrido grupo de trabajadores universitarios del ámbito académico, impulsaron a Martínez Neri —y convencieron a la mayoría de los universitarios que votaron por la llegada a la rectoría del entonces Director de la Facultad de Contaduría— argumentando que la Universidad debía recuperar su valor como Máxima Casa de Estudios en Oaxaca, y que debía hacerlo a través de la revalorización de su vocación académica, y no a través de la lucha política pura como en las tres décadas previas. Lamentablemente, tanto la circunstancia política de la entidad, como el propio encumbramiento del nuevo grupo universitario en el poder, llevaron a la UABJO a un giro de 360 grados. Es decir, movieron todo, pero para quedar igual.

El rectorado de Martínez Neri estuvo enmarcado por el conflicto con la APPO del año 2006. Quién sabe si se lo propuso o no, pero Francisco Martínez terminó siendo un actor central del movimiento popular —aunque siempre en bajo perfil—al abrir las puertas del campus universitario a los inconformes durante varios meses. La frecuencia de Radio Universidad sirvió como pivote de difusión de las arengas y razones de quienes impulsaban el movimiento y Ciudad Universitaria fue, de hecho, el último bastión de resistencia que permaneció en control del magisterio y la Asamblea Popular, luego de la entrada a la capital oaxaqueña de las fuerzas federales, a finales de octubre de 2006. 

Podría entenderse —mas no justificarse— que la natural vocación política de una universidad como la UABJO —caja natural de resonancia de la actividad política oaxaqueña—, y la trascendencia que tuvo el movimiento popular de 2006 en la vida de Oaxaca, fueron razones que determinaron el hecho de que el supuesto proyecto de rescate académico que impulsaba el grupo de los Martínez, quedara pospuesto frente a las circunstancias.

El problema es que ese proyecto ya no se recuperó. Terminando el cuatrienio de Martínez Neri, SUMA y los Martínez impulsaron a Rafael Torres Valdez como nuevo rector. Ganaron holgadamente gracias al amplio control que ya tenían de las escuelas y facultades más importantes de la Universidad —sólo las facultades de Derecho y Contaduría suman miles de votos, y no son las únicas—, y de las bondades que les representa el sufragio universal de los universitarios para elegir a sus autoridades. 

Ya con Torres, los Martínez tenían además ocupados todos los espacios importantes de poder al interior de la Universidad. Eduardo Martínez era el poderoso secretario Particular del Rector —desde los tiempos de Martínez Neri—, y la familia y los tentáculos de los Martínez habían ya llenado todos los cargos clave para mantener el control de la matrícula, de los profesores, de la administración en general y, sobre todo, de los recursos universitarios.

TODO EL PODER 

Al término del periodo de Torres, la ambición de poder de los Martínez se descaró: dejaron de lado todos los postulados académicos que habían sostenido para justificar y legitimar su paso por el poder en la universidad, y Abraham Martínez decidió impulsar a su propio hijo, Eduardo, como rector. Ya para entonces ellos mismos asentían sin ningún rubor, cuando escuchaban nombrarlos como “la familia real”.

Así, sin ningún mérito académico y sin ninguna ascendencia profesional fuera de su clan familiar y de su grupo político, o más allá de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes fue postulado como candidato a Rector, y ganó gracias al amplio control ejercido por los Martínez en escuelas populosas que aún conservan una matrícula importante.

Martínez Helmes ejerció un rectorado de mano dura en lo político, pero de intrascendencia en lo académico. La vida universitaria continuó inercialmente y, en realidad —y para desgracia de los oaxaqueños—, muchos de los problemas universitarios —el porrismo, la corrupción, la venta de calificaciones, el acoso, el menospreciado rigor académico en muchos de sus procesos, etcétera— no sólo no se resolvieron, sino que se agravaron. 

En 2016, al término del rectorado de Martínez Helmes, su grupo familiar midió la posibilidad de postular a Reynel Vásquez, un ex director de la Facultad de Derecho que tiene una fama mucho más afianzada por su fidelidad incondicional —al punto de la ignominia— con el grupo de los Martínez, que por cualquier mérito académico. Al ver que esa candidatura sería insostenible, propusieron a Eduardo Bautista —él sí, un académico reconocido y respetado, profesor del Instituto de Investigaciones Sociológicas— como su candidato. Los Martínez lo llevaron al triunfo, y decidieron romper todas sus alianzas previas con los demás factores universitarios. En una versión oaxaqueñizada de Raúl Padilla en la UdG, Abraham Martínez ya se sentía dueño de la UABJO.

Estos últimos años han sido de un profundo estira y afloja para tratar de darle cauce a la vida académica, en medio de la circunstancia de que ahí todo está determinado por los intereses políticos y las ambiciones ya en el punto del descaro. Lamentablemente, todas las promesas y postulados que en algún momento ondeó el grupo de los Martínez respecto al rescate y revalorización de la vida académica en la UABJO, fueron eclipsados por la ambición y la codicia por el poder. 

Su arribo al poder, hace casi cuatro lustros, no significó otra cosa que la anidación de un cacicazgo que quizá ahora se intente romper. El riesgo —y no existe razón alguna para pensar lo contrario— es que se pretenda derruir un grupo para encumbrar otro de similares características, pero sólo con personas distintas. Paradójicamente al interior de la UABJO los Martínez dinamitaron cualquier contrapeso real. Por lo que el relevo entre grupos —sin ningún derrotero o preocupación por la academia— corre un riesgo altísimo de convertirse en un —uno más— “quítate tú, para que me ponga yo”. No hay un solo viso, ni desde la UABJO, ni desde el gobierno estatal, de liquidar a la actual Universidad y refundarla con nuevos cimientos, como sí ha pasado en otras casas de estudio. No hay ningún derrotero claro más allá del gatopardismo. Pobre Universidad.

EPITAFIO 

Los delitos por los que detuvieron al ex Rector no tienen que ver con un posible quebranto a las arcas universitarias, o con responsabilidades administrativas. Los delitos por los que se le está procesando, establecidos en el Código Fiscal del Estado, son los que se cometen contra el erario estatal. Es decir, contra el Estado. A partir de eso, es posible entender la dimensión política real, así como el origen y los porqués del problema judicial, la persecución, que ahora enfrenta Eduardo Martínez Helmes.

Twitter:

@ortizromeroc

@columnaalmargen

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