+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El sonido de seis balas y la Ley de Amnistía

Date:

Carlos Morales Sánchez

El sonido intermitente de seis detonaciones irrumpió la paz del medio día. En aquel cerro perdido del Valle de Miahuatlán hubo miedo y desconcierto. El MPF, dos Afis, un perito, 12 policías estatales y yo nos colocamos pecho a tierra. Luego llegó el silencio. Esperamos diez minutos eternos. “Sigamos”, dijo el comandante de la Estatal.  Reanudamos el ascenso, sudorosos y asustados. Apenas íbamos a la mitad y las nubes podían tocarse con las manos. Media hora después en lo alto de la Sierra Madre del Sur, estaban los restos de un plantío de marihuana. El MP hizo la inspección y tomó fotografías. 

A 150 metros estaba el jacal del sembrador. Accioné mi cámara Sony. Le pedí al MPF que certificara las condiciones de la cabaña. Tomó nota de los aperos de labranza y del costal de maíz que quedó abandonado. Y certificó la miseria. Piso de tierra. El fogón formado con tres piedras. Un petate raído. Las cobijas formadas de retazos. Un muñeco de luchador de plástico sin brazos.  Ropa de mujer y de niño. La letrina a ras del suelo. Un perro negro con manchas blancas que transparentaba los huesos.

El día anterior, en las oficinas de la PGR ubicadas en el palacio del Arzobispado, en el centro de la Verde Antequera, el Ejército había presentado a una persona detenida. El delito atribuido era siembra y cultivo de marihuana. Sobre los escritorios estaba la marihuana en greña. El Ejército, en un recorrido de rutina había encontrado el plantío y arrancado las plantas.

En aquellos años, el de la voz, trabajaba de defensor público federal. Vicente Fox era presidente de la República. Faltaban algunos más para que Calderón iniciara la lucha contra el narcotráfico. La carga de trabajo era tolerable. Vivíamos la rigidez del viejo sistema. Las sentencias condenatorias como un vaso de agua no se le negaban a nadie. Tenían como sustento la fe pública y las actuaciones de buena fe del Ministerio Público. 

Me tocó defenderlo. Hablaba con dificultad el castellano. El zapoteco era su lengua materna. Cuando terminó de declarar lo interrogué sobre sus condiciones de vida: “Estudié hasta tercero de primaria. Tengo diez años viviendo en el cerro. Me dedico a sembrar maíz y frijol. Vivo con mi esposa y mi hijito. Allá arriba no hay nada para comer. Tenemos pobreza. Con lo de la mota apenas sobrevivimos.” Las lágrimas no quedaron registradas en las actas.

En su escritorio, el MPF estaba redactando un texto. Me acerqué y le pregunté qué hacía: 

—Estoy haciendo la fe ministerial del sembradío. De una vez para ir avanzando, mi lic. Mi término de 48 horas está transcurriendo y el tiempo apremia. Lo voy a consignar por siembra y cultivo y requiero la inspección del plantío.

—No puedes hacer la inspección sin ir al plantío. Tienes que subir el cerro. Y certificar las medidas del terreno y dar fe de las características del lugar. Y los rastros de las plantas.

—No es necesario ir. Tengo fe pública y mi palabra es la ley.

—De cualquier manera no te van a cuadrar tus tiempos porque son tres horas de viaje a Miahuatlán, dos horas para subir el cerro y una hora en el lugar. Requieres por lo menos diez horas. Has seguido actuando en esos horarios en la averiguación previa. En el juzgado voy a tumbar tu ficticia inspección ministerial, porque se te van a encimar los tiempos.

—Para que todo cuadre, le pondré en mi inspección que fui en helicóptero. 

—Pediré un informe a Aeronáutica Civil. Le dije. 

—Tú me quieres chingar —dijo sonriente— está bien, haré la inspección por la derecha. Mañana tempranito el MPF auxiliar se pelará para Miahuayork con policías y peritos y van a hacer la inspección en el lugar. Pero también tendrá que ir tú. Porque al rato me vas a salir con que la inspección no tiene valor probatorio porque no participó la defensa.

Por eso aquella mañana de junio de 2002 me encontraba en medio de la espesura. Subiendo por las veredas de un cerro. El vehículo se había quedado junto al río y de ahí para arriba. 1500 metros de ascenso. Sudoroso, renegaba de mi suerte cuando escuché las detonaciones. Pero yo tenía un propósito claro: incluir en la fe ministerial la pobreza en la que vivía aquel hombre. 

Pretendía demostrarle al juez que conocería del proceso, la miseria y el extremo atraso cultural (sic) del imputado. Por eso subí aquel cerro. Era necesario incluir en el acta de inspección la descripción de la pobreza y las fotografías del jacal donde malvivía aquel hombre.

El Código Penal Federal establece que al campesino que siembre marihuana se le impondrá de uno a seis años de prisión si en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica. Si no se acreditan estas circunstancias la pena se agrava a seis años y ocho meses. Con seis años y ocho meses de prisión la pena no puede ser sustituida y tendría que permanecer por lo menos la mitad de la pena en la cárcel.

Mi defendido había confesado: sembraba marihuana. Lo único que quedaba era demostrar desde ahora la necesidad económica y su escasa ilustración para que cuando el juez de proceso resolviera le impusiera en su sentencia solamente un año de prisión. 

Para demostrar la necesidad económica le formulé el interrogatorio sobre sus condiciones de vida. Aunado a la inspección de su jacal generaría la certeza de que concurría en él la escasa instrucción y la extrema necesidad económica. Si el juez le imponía la pena de un año de prisión saldría rápidamente de prisión porque se le aplicaría un beneficio sustitutivo.

Cuando el asunto llegó al juzgado, el juez federal tomó en cuenta los datos aportados en la fe ministerial. Le dictó el auto de formal prisión por la hipótesis más benigna de la siembra y cultivo. En tres meses obtuvo su libertad. Cuando salió de la cárcel su jacal estaba deshecho y su esposa e hijo se habían ido a Estados Unidos.

La Ley de Amnistía de AMLO, reconociendo la injusticia que subyace en casos como el aquí narrado, favorece a los campesinos que siembran estupefacientes y los amnistía por su delito.

Pero la sola libertad no basta. Es necesario que el Estado implemente acciones de gobierno y políticas públicas para mejorar la situación de los campesinos mexicanos que hoy ven en la siembra y cultivo de estupefacientes la única opción de supervivencia.

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