+ Doble golpe: mensaje político y llamado de atención
En los últimos días, diversos medios informativos, han dado a conocer las investigaciones que realizan tanto la Secretaría de Hacienda, como la PGR, en contra del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Zorrilla de San Martín Diego.
Esta información, que no ha sido desmentida ni por fuentes gubernamentales estatales, ni por el mismo indagado, pone en evidencia no sólo el hecho de que, un gobierno estatal que ha puesto tanto énfasis en el cobro, sostenimiento y potencial incremento de impuestos, como el actual de Oaxaca, sea justamente quien esté poniendo el mal ejemplo sobre el trato que da a los presuntos evasores al fisco; sino que, además, esto podría ser apenas la punta de la madeja respecto a un posible llamado de atención al gobierno estatal, por parte del federal, respecto a las decisiones político-partidistas que está tomando, de cara a los comicios federales del próximo año.
De acuerdo con información difundida por TIEMPO, en su edición del pasado miércoles 3 de agosto, el secretario Zorrilla de San Martín Diego es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR por la presunta comisión de un fraude fiscal por un monto que no fue especificado. A ese respecto, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Oaxaca, confirmó que la Administración Local Jurídica instruye contra el funcionario estatal el expediente 905/11-15-01-3.
La nota señala que, además, la Administración Local de Auditoría Fiscal inició en su contra el expediente 691/10-15-01-5 por tener un “comportamiento fiscal irregular” en sus declaraciones de impuestos desde hace varios años; y que, asimismo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelaron que contra el responsable de la política turística y económica de Oaxaca se inició un esquema de “vigilancia profunda” para detectar otras irregularidades e incongruencias en sus declaraciones parciales o anuales.
En primer término —y sin entrar en ningún tipo de detalle respecto a que esto pudiera constituir el principio de una persecución de fines políticos—, debiéramos preguntarnos qué tipo de ejemplo envía el Gobierno del Estado, al tener a un funcionario de primer nivel que tiene problemas importantes con el fisco federal. Este primero, es un simple —pero importantísimo— asunto de imagen y ejemplos.
Para nadie es un secreto que, contrario a lo que había ocurrido en las últimas administraciones, la actual tiene un empeño muy particular en incrementar la recaudación de impuestos estatales. Por ello, y citando un ejemplo, lo mismo a través de campañas publicitarias que de hostigamiento vil, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se ha empeñado en que los dueños de unidades de motor cumplan con el pago del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos.
Lo mismo ha ocurrido con los demás gravámenes de tipo estatal. Respecto a todos, sin excepción, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha sido tajante asegurando siempre que el gobierno estatal no puede dejar de cobrar un solo peso de impuestos, en un estado tan necesitado de recursos como el nuestro.
Frente a estas dos cuestiones, ¿Cómo tener calidad moral para exigir a la ciudadanía el cobro de tributos, cuando en las mismas filas de quienes cobran impuestos, se tiene a un personaje con amplios antecedentes, avalados por las investigaciones que la autoridad fiscal federal tiene iniciadas en su contra, justamente respecto a la evasión y comportamientos fiscales irregulares?
En primer término, este resulta ser un pésimo ejemplo, y un duro golpe a su imagen, que el gobierno estatal no debería tolerar ni siquiera por la estrecha amistad entre el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, y los personajes más encumbrados del poder público en la entidad.
¿MENSAJE POLÍTICO?
Sin que esto sea menoscabo de lo anterior, la investigación que realizan tanto la PGR y la SHCP en contra del secretario Zorrilla de San Martín Diego, también podría ser una primera forma a través de la cual el gobierno estatal comenzara a presionar al estatal por sus definiciones políticas.
Independientemente de que el Gobierno de Oaxaca tenga su propia capacidad de decisión sobre a quién apoya, no se debe olvidar que el PAN y el gobierno federal fueron aliados determinantes para ganar la gubernatura del Estado, y que ya en el poder el gobierno estatal, se ha echado por completo a los brazos justamente de dos de los principales adversarios del panismo gobernante: el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Es de todos sabido que el gobierno federal tiene innumerables herramientas a través de las cuales presionar a quienes incumplen acuerdos con ellos. Y la posibilidad de que estas investigaciones tengan cierto trasfondo político, no significaría en ningún sentido que por ello el secretario Zorrilla fuese de antemano inocente, o que le estuvieran fabricando delitos sólo para perjudicar al gobierno estatal en turno.
Por todo eso, hoy mismo en el gobierno estatal debieran estar haciendo algo más que guardar silencio. Esto es, debieran estar iniciando un proceso de control de daños, a través del cual se aclarara todo lo posible, y se tomaran las decisiones que fuesen pertinentes para evitar que las personas dañen a las instituciones. No hacerlo, equivaldría a convalidar no sólo los artilugios de un contribuyente que decide evadir sus deberes, sino también la posibilidad de perpetuar ciertas decisiones —como el jineteo de recursos públicos— que finalmente no afectan al gobierno estatal, sino a toda la población.
ACARREADOS
Qué mal que la Secretaría de Desarrollo Social haya decidido convocar el miércoles pasado a cientos de ancianos para el arranque del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, prometiéndoles que ahí recibirían un primer apoyo económico. Sólo unos cuantos se fueron con su cheque. Y como bien dice hoy el licenciado don Ildefonso Reyes Soto en estas mismas páginas, la gran mayoría de los ancianos, que pusieron en riesgo su vida, distrajeron a sus familiares para que los acompañaran, y gastaron en transporte, sólo sirvieron para la fotografía, y regresaron a su casa igual, o peor, que como se fueron.
