Aurelio Ramos Méndez
Tanto y tan fervorosamente los adversarios de la 4T invocaron la intromisión de Estados Unidos para penalizar a funcionarios federales y dirigentes de Morena con reales o supuestos vínculos con el narcotráfico, que hoy deben estar arrepentidos, repitiendo como mantra el dicho aquel de “cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir”.
Con la segunda camada de reos entregados la semana pasada a EU puede afirmarse, sin exageración, que no sólo el gobierno y su partido sino toda la clase política y las élites económica y financiera han quedado en manos de la justicia gringa, a merced de 55 potenciales delatores.
Más de medio centenar de delincuentes dispuestos a decir lo que policías, fiscales y jueces estadunidenses quieran escuchar, con tal de obtener amnistías, reducciones de penas, cambios de identidad y otros beneficios de un sistema de justicia en el que todo se negocia.
Los dirigentes y voceros oficiosos de la oposición de nuevo enseñaron el cobre.
Le dijeron a la opinión nacional que contaban con información privilegiada, de altísimo nivel, ultra confidencial, como proporcionada por el mismísimo Trump, según la cual este gringo despreciable busca exprimirles a reos toda la información posible sobre nexos de la 4T –y sólo la 4T– con traficantes de drogas.
Sus fuentes los chamaquearon. Si tal intención existe, es de mayor calado.
Con la maleantada que ahora tiene en sus manos, el ocupante de la Casa Blanca está en aptitud de conocer las andanzas de panistas, priistas, emecistas, verdes, petistas y demás yerbas en contubernio con traficantes de substancias ilícitas.
La administración de Trump no es tan inocente como para suponer que únicamente miembros del oficialismo habrían podido cultivar relaciones con narcos, y que los integrantes de la oposición están labrados en otra madera.
Para mayor desgracia, al recomendarle al mandatario de la pelambrera color calabaza támala clasificar a los narcos como terroristas, la oposición escupió al cielo.
Dese por seguro que los mexicanos podremos enterarnos de políticos del PAN, PRI y otras formaciones, que desde distintos órdenes de gobierno y mientras gritan “¡al ladrón, al ladrón!”, colaboran con narcos… y terroristas.
¿Correrá Felipe Calderón la misma suerte no del panameño Manuel Antonio Noriega ni la del hondureño Juan Orlando Hernández, que acabaron en prisión, sino la del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden?
¿Crepitarán en el que ya se avizora como el más grande chamuscadero de criminales, pretendidos genios financieros y hombres de negocios cuyas tareas han consistido en blanquear y enrolar en el circuito financiero los dineros de la mafia?
Recursos estos descomunales, debe aclararse, que no dejan de ser migajas, pues el mayor caudal de los ríos de oro del negocio global de las drogas se queda en bancos estadunidenses.
Para decirlo rápido: el Tío Sam tiene la posibilidad de arrancarles a presos declaraciones suficientes para hacerle imputaciones a quien se le dé la gana, incluidos Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
No es que un gobierno que tiene por divisa la mentira necesite de una caterva de delincuentes para formular imputaciones reales o ficticias; pero disponer de delatores provee de insumos y facilita el montaje de causas judiciales.
No ha pasado inadvertido que los expulsados hacia distintas prisiones de EU han apechugado, sin chistar. De no ser por fotos en las que aparecen agachados, esposados y humillados, podría decirse que aceptan de buen grado su situación.
¿A qué se debe su mansedumbre? La resignación refleja la total degradación de la justicia gringa.
Un día como hoy, el 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial de Colombia, Luis Carlos Galán, fue asesinado –uno de tres postulantes muertos en aquel proceso comicial– en un mitin, mientras pronunciaba un discurso. Fue el inicio del pavoroso y abierto narcoterrorismo.
Aquel país entró en un período de violencia inaudita desatada por el siniestro Pablo Escobar, quien junto con capos de diversos grupos delictivos presionó al gobierno con la finalidad de que prohibiese las extradiciones a EU. Condensó su pavor en el lema “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
La pasividad de los mexicanos transferidos quizá se debe a que en este lapso de 36 años muchas cosas han quedado en claro.
Una, que a EU no le interesa la justicia ni eliminar el tráfico de estupefacientes sino despojar a los mafiosos de sus fabulosas fortunas malhabidas. Así ha desplumado a numerosos criminales de diversas naciones.
Otra, la previsible facilidad con que pasarán a convertirse en testigos protegidos para poner el índice en la frente de quien se les indique.
Colaboración mediante la cual esos delincuentes podrán luego virtualmente desaparecer de la faz de la tierra, pasar a una nueva vida: recuperar la libertad, cambiar de fisonomía, identidad y domicilio. Todo por cuenta del Tío Sam…
Constituye una vergüenza para cualquier país entregar sus nacionales a la justicia de otra nación, pues implica el reconocimiento de la incapacidad del Estado para aplicar las leyes y hacer que quienes ofenden a la sociedad paguen por ello.
Abyecciones así, además, dan pie a canalladas como la del delincuentazo Trump, quien el jueves se ufanó de que “México hace lo que le decimos”.
Fue un acierto de la presidenta Sheinbaum el haberle dado contundente respuesta al matón del vecindario:
“Y, por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”, expresó la Jefa del Estado en un video.
Así y todo, mayor vergüenza entraña la admisión explícita –como hicieron Sheinbaum, Omar García Harfuch y otros funcionarios– de que la entrega de los 55 fue realizada debido a que estos, aún encerrados, seguían delinquiendo.
Mal andamos si del gobierno se confiesa incapaz de inhibir comportamientos antisociales en quienes se hallan en prisiones bajo su custodia.
Tan penoso reconocimiento lleva a pensar en cuántos presos que no han sido reclamados por EU siguen en la delincuencia.
Y, también, en quién podrá defendernos. Porque la desembozada confesión erosiona la imagen de García Harfuch, en quien no pocos han visto al héroe que necesitamos.
BRASAS
En diciembre los oaxaqueños podrán echar del gobierno a empellones a Salomón Jara.
Será el primer gobernador en funciones en someterse a este ejercicio democrático, y podría caberle el deshonor de iniciar el desgrane del rosario de revocables.
El de Betaza se ufana de contar con amplio respaldo popular, que en efecto lo tiene, aunque nadie sabe para qué le sirve. Porque es patético rehén de costosos grupos de presión cebados en oro.
El principal de estos grupos, obviamente, es el magisterio disidente del SNTE, cuya más reciente hazaña fue haberse alquilado para ocupar el zócalo de la capital del país.
Hay indicios de que la sección 22 del SNTE se prestó para prevenir un madruguete de la oposición, la cual se proponía acampar en la Plaza de la Constitución como recurso para tratar de torpedear la reforma judicial.
La CNTE se anticipó y ocultó sus reales propósitos bajo la sombrilla del tradicional activismo anual de mayo, en vísperas del Dia del Maestro. Jara habría tenido participación en el costoso sainete.
En todo caso, Oaxaca será el escenario donde se verá si la oposición da señales de vida o ya es un muerto insepulto y maloliente.
En cuanto a la 22, da grima pensar que el gobierno estatal con mayor respaldo popular en décadas ha sido incapaz de hacer algo para forzar un comportamiento político-sindical rudo, pero limpio y civilizado de este pervertido gremio…
RESCOLDOS
El dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, ya le pintó un violín a la 4T. Le adeuda al erario 112 millones de dólares, de un total de 216 millones que se comprometió a devolver por la venta de una planta chatarra de agronitrogenados; pero ya le espetó: “¡no pago, y hazle como quieras!”. Bravuconada consecuencia de la lenidad con que López Obrador apapachó a los corruptos. Estos no fueron sancionados como marcan las leyes, con el castigo de su conducta y el total resarcimiento del daño causado. El gobierno se conformó con pizcachitas de lo robado, y ahora encara insolentes desafíos…
¿A cuento de qué? El gobierno del panista Diego Sinhué le regaló 3.2 millones de pesos a su secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca. La justicia ya investiga tanta esplendidez en Guanajuato. El dinero le fue entregado vía la empresa agrícola Picolíssima, propiedad suya y de su esposa Geraldine Franco Padilla. El asunto tiene penetrante olor a conflicto de intereses…
La Unidad de Inteligencia Financiera salió al paso de ruidosas y descaradas mentiras periodísticas. Aclaró que no han sido bloqueadas las cuentas bancarias del hijo ni de la pareja de Manuel Bartlett. El demoledor desmentido fue al columnista Salvador García Soto, sedicente víctima reiterada de censura por varios gobiernos. Las cuentas de León Manuel Bartlett y de Julia Abdalá Lemus están indemnes, como no lo está la ética de muchos comunicadores…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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