Aurelio Ramos Méndez
A tal grado copiosas y descaradas se han vuelto las mentiras en diversos medios de comunicación, que intentar corregir esta perversión del periodismo impone aplicar la sabiduría popular comprimida en la recomendación “a grandes males, grandes remedios”.
Procede revisar a fondo el derecho a la información, la libertad de expresión, la autorregulación, los códigos de ética, la figura del ombudsman, las defensorías de las audiencias, y toda la parafernalia que envuelve el ámbito periodístico.
Y, por ese camino, crear una Fiscalía de la Mentira, como instancia especializada para atender denuncias relacionadas con las diversas formas de mendacidad que han vuelto irrespirable la atmósfera de la comunicación.
Viene a cuento esta propuesta ante el cúmulo de casos ventilados por estos días en los medios, relacionados con descaradas falacias, entre las que destacan las siguientes:
1.La supuesta muda a residir en una de las más lujosas urbanizaciones de Madrid –La Moraleja–, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, propalada por el diario español ABC y reproducida hasta la náusea por lo más granado de nuestra prensa, que se tragó el chisme sin masticarlo e incurrió en la antiética omisión de la más elemental comprobación de datos.
2.El dizque congelamiento de cuentas bancarias, a instancias de la Unidad de Inteligencia Financiera, de León Manuel Bartlett y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, perifoneado sin prueba ni vergüenza por el periodista Salvador García Soto.
3.La infamia del diario Reforma, desmentida por el INEGI, de que la superación de la pobreza por 13.4 millones de mexicanos se debió a la recepción de “dádivas” del gobierno, salto que de acuerdo con cifras del propio Instituto de Estadística se debió en realidad a ingresos por remuneración del trabajo.
5. El duro mentís del embajador estadunidense Ronald D. Johnson a quienes se hicieron eco de una mentira de la DEA relativa al Proyecto Portero, supuesto acuerdo México-EU para combatir el tráfico de drogas en la frontera común.
Por sus pistolas la referida agencia divulgó un boletín sobre este asunto, el cual en principio fue respaldado de manera inadvertida por la embajada, también mediante un comunicado.
Sólo que apenas horas después, tal comunicado fue borrado de las redes, en lo que constituyó la forma más contundente de desmentido, aunque ciertos periodistas palafreneros del Tío Sam persistieron en validarlo.
6. La vergonzosa derrota judicial de la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House, debido a incontables mentiras contenidas en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno.
Algunos pasajes de la obra –asienta sin piedad el fallo — carecen de sustento, pertenecen al género de periodismo ficción y son producto de la imaginación de la autora.
7. El descomunal bulo de la periodista y senadora Lilly Téllez, quien viajó a Estados Unidos para hacerse entrevistar por Fox News y soltar la delirante suposición de que “es absolutamente bienvenida” la ayuda de EU para combatir a los cárteles de las drogas porque “son terroristas”, y porque “ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”. ¿Quién ha estado engañándola con el cuento de que “la mayoría de los mexicanos” comparte sus desvaríos?
Visto que durante cinco décadas ni la ética ni la ley han conseguido forzar en el gremio periodístico prácticas de rigor y asepsia profesional, se antoja conveniente si no modificar el marco jurídico de la libertad de expresión sin taxativas, sí aplicar a cabalidad el régimen de derechos y obligaciones que establece.
Convendría eliminar el derecho a la información, cuyos esbozos se remontan a la reforma electoral de 1977, el cual ha sido interpretado como la obligación del Estado de dar la información que le sea requerida, sea ésta socialmente útil o no.
En las solicitudes de información al difunto INAI medios con anteojeras antepusieron intereses de golpeteo político, particulares o de grupo, al imperativo ético de objetividad, imparcialidad y equilibrio en la información que se entrega a la sociedad.
Ni por error se interesaron en los planes, programas y realizaciones de gobierno, no obstante que estos incumben de manera directa a la población y, por lo mismo, deben ser dignos de atención mediática.
El periodismo se ha desnaturalizado. Ahora omite informar –a menos que medien regios contratos publicitarios– sobre programas de salud, campañas de vacunación, planes de estudios, apoyos al medio rural, protección ecológica, acciones de vivienda… ¿Dónde está el derecho a la información?
En afán de evitar confrontarse con los mandamases de la industria de la comunicación, desde los 80 los gobiernos han soslayado el imperio de la ley y alentado en cambio la autorregulación y la adopción de la figura del ombudsman, quizá muy útil en Suecia, pero acá… somos lo que somos.
Instancia de buena voluntad, carente de poder legal coercitivo, el ombudsman no ha servido ni de adorno. Se limita a emitir exhortaciones de buen comportamiento, reales llamados a misa, cataplasmas para el cáncer de la mentira.
Pretendidos ombudsman se han fusilado el código de ética de algún prestigioso medio internacional, y desde puestos directivos lo han aplicado a conveniencia. El resultado ha sido tan inmoral como hilarante: acaban violando el código, con entera impunidad, los mismos que lo confeccionaron o se lo piratearon.
En junio de 2002 fue promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ni con mucho puede decirse que cubrió las genuinas necesidades informativas de la sociedad. Hoy es letra muerta.
En la catarata de mentiras, además, ha sido precipitada información sesgada con descaro. Una, por cuenta de Joaquín López Dóriga, quien les sirvió a sus audiencias el coctel impasable de que la historiadora Gutiérrez Müller inició trámites para obtener la nacionalidad española.
“¡Será súbdita del rey!”, dijo, con patente mala fe, al afirmar que fue ella quien instigó al gobierno obradorista exigirle a la monarquía española disculparse por las atrocidades cometidas durante la Conquista.
Nacido en España y beneficiario de tal condición desde los tiempos del nostálgico de Caparroso, José López Portillo, el Güero –así lo llamaba aquel Presidente–, desdeñó, envalentonado y con insolencia, el amago por la esposa de Amlo de demanda judicial. “A mí, ¡que me demande, que me demande! ¡Órale!”, exclamó con suficiencia derbeciana.
Dijo que tiene confirmadísima la versión de que la historiadora inició dichos trámites, sin explicar que el juramento de lealtad al rey es requisito imprescindible, o no hay reconocimiento de nacionalidad.
El Güero presentó el caso como si ignorase que por sus antecedentes familiares –nieta de español– la ex primera dama tiene pleno derecho a la nacionalidad española, y por nuestra constitución, desde 1998, a una doble nacionalidad.
Difundió su primicia como si el insoslayable requisito de respeto a las leyes e instituciones de un país significase obediencia ciega y acrítica a los gobernantes.
Como si la lealtad al rey privase a los españoles todos del derecho de expresión para criticarlo. Y, como si entre los iberos no existiesen millares si no millones que comparten la exigencia de perdón a los pueblos originarios.
Son millones los mexicanos con nacionalidad estadunidenses, que no le besan los pies a Trump. Y millones también los extranjeros que han abrazado la nacionalidad mexicana y jurado respeto a nuestras instituciones, sin haberle vendido su alma al PRIAN o la 4T.
No incurrió en error por ignorancia López Dóriga. Fue indisimulable mala fe. Él y sus hijos saben por experiencia personal de este tipo de trámites.
Lo saben también otros muchos periodistas mexicanos con raíces en España. De Carmen Aristegui y Carlos Puig a José Ramón Fernández y Sergio Sarmiento, o los herederos de Mario y Olegario Vázquez Raña o de Regino Díaz Redondo, entre muchos.
Frente a la mentira, la ley.
BRASAS
¿Hay dinero limpio y dinero sucio, o todo es dinero nomás?
¿Es mugriento el dinero de un narcotraficante, sicario, secuestrador o extorsionador, e inmaculado el de un político corrupto o un empresario ladrón tenidos por honestos?
¿Rechina de limpio el dinero de un negociante que evade impuestos y hace jugosos cochupos con el Estado?
Estos y otros interrogantes suscitan recientes columnas del periodista, escritor, filósofo y analista político Sergio Sarmiento, en las cuales dio cuenta de viajes suyos a Madrid y Niza.
En un entorno en que han sido cuestionados con dureza –por Sarmiento, entre otros– periplos de políticos del oficialismo y retoños del expresidente López Obrador, presumiblemente realizados con recursos públicos, vale preguntar por el origen del dinero con que este comunicador financió sus paseos.
Se abstuvo el autor de Jaque Mate de decirnos en cuánto tiempo considera que se les quita lo pringoso o caducan la ilegalidad o inmoralidad de remuneraciones originadas en patrimonios ilícitos.
Tan ilícitos como los de Ricardo Salinas Pliego, deudor de ¡74 mil millones de pesos! por concepto de impuestos al Estado, de quien este filósofo ha sido empleado y panegirista desde hace más de tres décadas.
Tampoco nos dio Sarmiento indicios para determinar la trazabilidad –y por consiguiente la limpieza o podredumbre– de emolumentos como los que él recibe en otra de sus muchas chambas, la conducción de un noticiario radiofónico en una emisora del gobiernícola Grupo Andrade.
Se trata del grupo económico principal proveedor de millares de vehículos –por miles de millones de pesos– a la 4T.
Ante tales vacíos de información cabe presumir que Sarmiento viajó a darse vida de jeque en España y Francia con recursos salidos de la chequera del contumaz evasor fiscal. Y del vendedor de vehículos al gobierno.
Es decir, que de algún modo viajó con dinero de todos los mexicanos.
O, con el producto de pagos de Grupo Reforma, emporio cuyo pecado original esconde el despojo de acciones societarias ni más ni menos que de un hijo a su propio padre.
****
¡Para eso nos gustaban los dirigentes de la Coparmex y del Consejo Nacional Empresarial Turístico!
Respaldaron alegre e irresponsablemente, en su momento, a la derecha más recalcitrante y desnacionalizada, la que le imploraba a Trump clasificar como terroristas a los carteles de las drogas.
Ahora que el Departamento de Estado emitió –el día 12– una alerta para viajeros gringos, debido al supuesto riesgo de “terrorismo” en 30 estados, advierten plañideros sobre el grave daño que esto puede representar para la industria turística.
Y le piden al gobierno una estrategia de comunicación para aclarar que el término “terrorismo” no refleja la situación en esos estados, y tratar de contrarreste los efectos de la alerta.
Dijeron que si bien persisten retos en materia de seguridad equipararlos con actos terroristas implica una caracterización desproporcionada, que podría distorsionar la percepción internacional sobre México.
Y hasta manifestaron disposición de colaborar con las autoridades para proteger la reputación de México como destino de viaje y salvaguardar la seguridad de los visitantes.
RESCOLDOS
Poco de qué ufanarse. Si según cifras del INEGI en seis años, entre 2018 y 2024, salieron de la pobreza 13.4 millones, eso significa que, de mantenerse el ritmo, en cifras gruesas, redimir a los 52 millones de pobres con que arrancó la 4T habrá insumido 25 años. Eso, en el gobierno que preconizó “primero los pobres”…
Durante el sexenio pasado los más pobres aumentaron sus ingresos en 16 pesos diarios; los más ricos, en 7 mil 123 pesos. Puesto de otro modo: En 2024, los ingresos de quienes están en el 1 por ciento más rico fueron ¡442 veces! superiores al aumento promedio de ingreso entre los mexicanos. Aterra el sólo pensar lo que hubiera sido si persistiese el más de lo mismo del PRI o el PAN.
aurelio.contrafuego@gmail.com
——————————————-
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.
