Daniel Velázquez Paz
Los grandes proyectos gubernamentales deben analizarse más allá del discurso oficial. Una obra pública no se legitima solamente porque prometa desarrollo, conectividad o modernización. En un Estado constitucional, también importa cómo se decide, a quién afecta, qué derechos compromete y quiénes participan en esa decisión. Precisamente eso es que lo que debemos discutir respecto del llamado Corredor Zapoteca Binni Zaa, impulsado por el actual titular de la Administración Pública del Estado de Oaxaca.
NO ES UNA IDEA NUEVA
Empecemos por un dato importante que suele perderse en la narrativa gubernamental. El Corredor Zapoteca no nació en este sexenio. Sus antecedentes se remontan, al menos, a 2009, durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, cuando fue presentado como Libramiento Sur de Oaxaca: una vía de poco más de 70 kilómetros destinada a rodear la ciudad y conectar los principales ejes carreteros de los Valles Centrales.
El proyecto en esa época encontró oposición comunitaria. En 2010 diversos pueblos afectados se organizaron contra el trazo, particularmente por sus implicaciones sobre tierras agrícolas y territorios comunitarios.
Años después volvió a aparecer, y es durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa cuando se desempolva el proyecto del Libramiento Sur, sin embargo, en el año 2021 se tramitó una Manifestación de Impacto Ambiental e investigadores del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM documentaron entonces preocupaciones respecto del impacto sobre tierras agrícolas, pastizales, vegetación, biodiversidad y derechos territoriales, por lo que, el pueblo sabio y bueno bateo dicho proyecto.
Ahora en una tercera ronda, durante el actual gobierno, el viejo proyecto reaparece bajo un nombre políticamente mucho más atractivo: Corredor Zapoteca Binni Zaa. Como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cambiar el nombre de una obra no elimina sus antecedentes, sus impactos ni la obligación del Estado de explicar con absoluta transparencia qué ha cambiado respecto de los proyectos anteriores.
70 KILÓMETROS, 25 COMUNIDADES Y 11 MUNICIPIOS
Los datos oficiales permiten dimensionar la obra. El actual Gobierno de Oaxaca incluyó el Corredor Zapoteca Binni Zaa entre los compromisos estratégicos para la segunda mitad del sexenio. Se proyecta una vialidad de aproximadamente 70 kilómetros para conectar la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con los ejes hacia la Costa —Barranca Larga-Ventanilla— y hacia el Istmo —Mitla-Tehuantepec—.
La información presentada en este año 2026 señala que el proyecto atravesaría 25 comunidades pertenecientes a 11 municipios de los Valles Centrales. No estamos, por tanto, frente a una carretera secundaria, estamos frente a una intervención territorial de escala metropolitana y regional. Y cuando una carretera atraviesa comunidades, parcelas agrícolas, ejidos, escurrimientos y zonas de recarga, la discusión deja de ser solamente de ingeniería. Se convierte en una discusión sobre territorio, agua, medio ambiente, derechos colectivos y gobernanza.
EL VERDADERO ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: EL AGUA
Aquí está, a mi juicio, uno de los temas que menos se está explicando públicamente. Las comunidades han preguntado qué sucederá con sus mantos acuíferos, escurrimientos, pozos y fuentes de abastecimiento. No es una preocupación menor y tampoco es una ocurrencia de quienes se oponen al proyecto.
Existe un documento oficial que debería estar sobre la mesa antes de colocar una sola máquina. La Comisión Nacional del Agua identifica a esta región como el acuífero Valles Centrales, clave 2025, con una superficie aproximada de 3,769 kilómetros cuadrados. Dentro de esa delimitación se encuentran, entre muchos otros municipios, San Lorenzo Cacaotepec, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, Trinidad Zaachila, Santa Ana Zegache y Santa Catarina Quiané.
CONAGUA ha determinado una recarga media anual de aproximadamente 153.6 millones de metros cúbicos y ha advertido expresamente sobre la necesidad de controlar su aprovechamiento. Más aún, el estudio técnico oficial advierte que un incremento descontrolado de la extracción podría superar la capacidad natural de renovación del acuífero y provocar abatimiento de los niveles de agua subterránea, reducción o desaparición de manantiales, afectaciones al flujo de los ríos, inutilización de pozos y deterioro de la calidad del agua.
LO DICE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Y existe otro dato difícil de ignorar. Desde 2021, mediante decreto federal, la gestión del acuífero Valles Centrales fue declarada de utilidad pública y asunto de seguridad nacional, estableciéndose una zona reglamentada durante treinta años para controlar la extracción y conservar las aguas subterráneas.
Entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Dónde está el estudio hidrogeológico específico que demuestre qué impacto tendrá una carretera de aproximadamente 70 kilómetros sobre las zonas de infiltración, escurrimientos superficiales, pozos, obras de captación y procesos de recarga del acuífero?
Si existe, debe hacerse público. Si todavía no existe, entonces estamos queriendo poner la carreta delante de los bueyes.
PRIMERO EL PROYECTO Y DESPUÉS LA CONSULTA
Aquí aparece el problema jurídico. La presidenta municipal de San Lorenzo Cacaotepec, solicitó expresamente que se realizara una consulta previa, libre e informada respecto del proyecto.
El 23 de agosto de 2026, la Asamblea General Comunitaria de San Lorenzo Cacaotepec acordó no permitir que el Corredor Vial Zapoteco atraviese su territorio. Los habitantes señalaron preocupaciones por la pérdida de tierras agrícolas, los precios ofrecidos por los terrenos y los posibles impactos territoriales como ambientales.
Además, ocho núcleos agrarios —Cuilápam de Guerrero, Santa María Zaachila, Santa María Asunción Roaló, Barrio La Guadalupe, La Raya, Reyes Mantecón, Santa Catarina Quiané y Santa Ana Zegache— se han organizado para cuestionar el proyecto y han señalado precisamente que desconocen sus posibles efectos sobre mantos acuíferos, escurrimientos, pozos y acceso al agua.
Y aquí surge una contradicción difícil de explicar: ¿Cómo puede existir un proyecto estratégico de esta magnitud, y reuniones gubernamentales para “avanzar” en su construcción, mientras la consulta indígena previa sigue pendiente?
Jurídicamente importante resulta la palabra PREVIA. Derivado de esto, el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.
La consulta no es una reunión informativa. Tampoco consiste en presentar una obra prácticamente diseñada y preguntar después quién está de acuerdo. Y mucho menos debe convertirse en un procedimiento administrativo para legitimar una decisión previamente tomada.
CONSULTAR NO ES INFORMAR, ES PERMITIR PARTICIPAR EN LA DECISIÓN
Denominarle “Zapoteca” no resuelve el problema. Hay además una contradicción política que resulta imposible ignorar. El gobierno que reivindica como uno de sus principales fundamentos políticos a los pueblos originarios decidió denominar esta obra: Corredor Zapoteca Bini Zaa.
Pero diversas comunidades zapotecas directamente involucradas están cuestionando precisamente su construcción. El nombre indígena puede tener enorme fuerza discursiva, pero ponerle nombre indígena a una obra no sustituye el consentimiento de los pueblos.
La identidad zapoteca no puede convertirse en una etiqueta gubernamental mientras las comunidades son llamadas después a conocer decisiones que ya avanzaron desde los escritorios de la administración pública.
Porque entonces aparece una pregunta incómoda: ¿Zapoteca para quién? ¿Para quién bautiza la carretera o para quienes habitan desde generaciones los territorios por donde pretende construirse?
LO QUE VEMOS DETRÁS DEL PROYECTO Y TODAVÍA NO NOS DICEN
No sostengo que Oaxaca no necesite mejorar su infraestructura carretera, sería absurdo. La Zona Metropolitana de Oaxaca enfrenta problemas evidentes de movilidad, saturación vehicular y transporte pesado. Un libramiento técnicamente bien diseñado podría incluso producir beneficios importantes.
Pero ésa no es la discusión. La discusión es qué modelo de desarrollo estamos construyendo y quién decide sobre él. Una carretera de esta magnitud modifica inevitablemente el territorio. Cambia usos de suelo, incrementa plusvalías, genera nuevos corredores comerciales, induce urbanización y transforma actividades económicas.
Por eso necesitamos conocer mucho más que el número de kilómetros. ¿Qué desarrollos inmobiliarios, industriales, comerciales o logísticos se proyectan alrededor del corredor? ¿Cuáles serán exactamente los terrenos adquiridos? ¿Cuánto pagará el Estado por ellos? ¿Dónde están los estudios hidrológicos e hidrogeológicos? ¿Qué superficie agrícola se perderá? ¿Cuáles serán las medidas de compensación ambiental? ¿Qué efectos tendrá la impermeabilización del suelo sobre la infiltración del agua? ¿Dónde estarán los pasos hidráulicos? ¿Quién financiará la obra y cuál será su costo total? ¿Será una carretera completamente pública?
Pero la pregunta elemental es: ¿por qué primero conocemos el proyecto y después hablamos de consulta? No afirmemos aquello que todavía no podemos demostrar. Pero tampoco dejemos de preguntar aquello que el gobierno tiene la obligación de explicar.
DESARROLLO SÍ, PERO NO A CUALQUIER COSTO
La administración pública contemporánea ya no puede entender el desarrollo como se hacía hace cincuenta años, hay que transitar a los modelos que permiten su progreso y la clave esta en la gerencia pública. Por ello, gobernar no consiste solamente en construir. Gobernar también significa escuchar, justificar, consultar, transparentar, evaluar impactos y rendir cuentas. Sí lo hace este gobierno, entonces estará construyendo las bases de una verdadera gobernanza.
El desarrollo que destruye las fuentes de agua de una comunidad difícilmente puede llamarse desarrollo. El progreso que se impone sobre el territorio sin participación termina generando conflicto. Y la infraestructura que necesita apropiarse discursivamente de la identidad indígena, pero no consigue el acuerdo de los pueblos que llevan ese nombre, enfrenta un serio problema de legitimidad.
El Gobernador del Estado ha dicho, después del rechazo en Cacaotepec, que quizá la obra no se construya durante su gobierno, pero que, en cinco, diez o veinte años será necesaria. Puede tener razón respecto de la necesidad futura de mejorar la conectividad, pero la necesidad de una obra no cancela los derechos de quienes habitan el territorio.
Como estudioso y especialista del Derecho Administrativo existe un principio elemental: perseguir un fin público legítimo no autoriza cualquier medio para alcanzarlo. Y desde la gobernanza existe otro igualmente importante: las mejores políticas públicas no son necesariamente las que un gobierno consigue imponer, sino aquellas sobre las que logra construir legitimidad social.
El Corredor Zapoteca puede ser una oportunidad para modernizar la movilidad de Oaxaca. O puede convertirse nuevamente en el viejo Libramiento Sur que distintas administraciones intentaron construir y que las comunidades volvieron a detener. La diferencia dependerá de algo mucho más importante que cambiarle el nombre: información completa, estudios ambientales e hídricos independientes, transparencia, consulta verdaderamente previa y respeto a la decisión de los pueblos. Porque en Oaxaca sabemos algo desde mucho antes de que existieran los modernos conceptos de gobernanza: la tierra tiene memoria y el agua también.
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