Ismael Ortiz Romero Cuevas
Andrés Manuel López Obrador recibió un sistema de salud con más de 44 millones de personas afiliadas, entre IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, sobre todo este último representaba una forma de acceso a la salud a quienes no tenían un empleo formal. Claudia Sheinbaum lo recibió con un poco más de 20 millones de afiliados; en efecto, una bomba de tiempo. Hay que aceptar también que ese mismo sistema, siempre ha tenido áreas de oportunidad para mejorar, pero el gobierno de la cuarta transformación con AMLO en el poder y con el único objetivo de dar sentido a su fantasía deshizo el Seguro Popular acusándolo de corrupción sin presentar una sola prueba y dejó sin acceso a la salud a más de la mitad de los usuarios que recibió cuando entró al gobierno en 2018.
Después vinieron desvaríos como el Insabi o aquel de que la vacuna Patria saldría al poco tiempo para combatir la pandemia de la COVID-19, que los médicos eran quienes debían poner el material para trabajar, la mega farmacia, y la mentira más infame: “tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”. Que los médicos y trabajadores de la salud salieran a las calles a protestar era solo cuestión de tiempo. Las condiciones en las que laboran son verdaderamente infames sin decir que las circunstancias en que tienen a los pacientes es poco menos que criminal. La postura oficial vuelve a ser la misma de siempre: la culpa es del pasado; incluso, responsabilizando de este colapso a sindicatos, directores de clínicas, trabajadores y hasta a los médicos; un despropósito que es difícil de creer y que solo se tragan los oficialistas y simpatizantes de este régimen. Y por más que la presidenta Sheinbaum descalifique las protestas, lo cierto es que la realidad, la ‘pinche’ realidad, vuelve a darle seco en la cara. Otro problema que ella no generó, pero que por lealtad a ‘ya saben quién’, debe cubrir y no sabemos si resolver, a toda costa.
