Aurelio Ramos Méndez
Demandan aumento de diez por ciento a sus sueldos trabajadores del IMSS. Entró en pausa por falta de dinero el programa público Jóvenes construyendo el futuro. El sector privado propone limitar al monto de la inflación los incrementos al salario mínimo. Y hasta Donald Trump exige que nuestro gobierno destine mayor presupuesto para combatir al narco. ¿No va siendo hora de emprender una reforma fiscal de gran calado?
Es inaplazable dotar al Estado de recursos suficientes para cumplir sus obligaciones más apremiantes y atender la cascada de peticiones de aumentos de sueldo, para lo cual no hay economía que alcance o ni siquiera atempere, sin robustecimiento del erario.
El gobierno federal procura sin éxito inversión privada para producir el automóvil nacional Olinia y en la lista de solicitantes de aumento de salarios están los trabajadores de la UNAM (STUNAM), el magisterio disidente del SNTE (CNTE) y trabajadores activos y jubilados de Pemex, entre muchos, algunos como reclamo legítimo y otros irresponsablemente acicateados por intereses políticos y electorales.
Desde la llegada del obradorismo al poder, hace ocho años, el esquema fiscal no se ha movido y los derechos y tarifas de servicios públicos han experimentado apenas ajustes para resarcir la inflación.
El empresariado, que en los inicios del régimen cuatroteísta se decía presto a colaborar con el gobierno e invertir en diversos rubros, ahora promete lo mismo, jugársela con el país, pero en los hechos se muestra mezquino, renuente a contribuir dinamizar la economía.
Los más acaudalados han hecho propio el argumento politiquero de la derecha político-partidista, relativo a la supuesta fragilidad del estado de derecho y la falta de garantías derivada de la reforma judicial.
La celebración del L aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, el pasado martes, fue oportunidad para la renovación de promesas empresariales, la pronunciación de buenos discursos sin traducción en la realidad, y el deslizamiento nada sutil de desafíos al Estado, tal como este organismo cúpula ha hecho desde su formación en 1976 cuando trató de influir en la sucesión de Luis Echeverría.
En aquel tiempo –podría recordarlo cualquiera con algo de memoria– la IP se confrontó en forma abierta y rutinaria con el gobierno, aunque en el balance final resultó que había hecho negocios jugosos como nunca en la historia.
El pasado martes (13) el presidente del CCE, José Medina Mora, dijo mentirosamente ante la Jefa del Estado que “el CCE no es oficialismo ni es oposición; el CCE es institución”. Sono bien, pero los hechos dicen otra cosa.
El Consejo que aglutina a catorce organismos de la iniciativa privada rezuma oposicionismo por los cuatro costados. No necesitaba su presidente haber dicho “es cierto que tenemos diferencias y seguiremos expresándolas”.
Menos haber afirmado que sus integrantes no buscan sustituir políticas públicas, sino asumir el rol que corresponde al sector privado. “Presidenta, como usted ha señalado al conocer este modelo de desarrollo inclusivo (el que promueve la IP), tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Estamos listos para seguir trabajando sobre esas coincidencias y llevarlas a resultados”.
“De lengua, me como un plato”, reza el refrán. En la realidad, los hombres de negocios buscan participar por encima de lo que permite la rectoría del Estado en áreas estratégicas de la economía mixta.
Medina Mora mencionó los retos que desde su punto de mira encara el país:
Preservar el grado de inversión, cuidar la estabilidad de las finanzas públicas, combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y acompañar a quienes viven en la informalidad para que puedan incorporarse a la economía formal; lograr una revisión exitosa del T-MEC, acelerar la inversión e integrar a más empresas mexicanas a las cadenas productivas.
“Éstas son tareas de Gobierno, empresas y sociedad”, dijo, y precisó que los ejes del modelo de desarrollo inclusivo de la IP son libertad en lo económico, democracia en lo político y Estado de derecho en todos los ámbitos de la vida nacional.
O sea, exactamente los puntos que la oposición considera aniquilados por la 4T.
De nada sirvió que en el festejo la presidenta de la República anunciara en lugar de una reforma fiscal a fondo una serie de incentivos fiscales, entre otros que quienes tengan deudas con Hacienda puedan pagar sin recargos ni multas.
“Vamos a bajar el déficit fiscal, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable”, dijo la mandataria, con lo que canceló al menos por ahora la factibilidad de una reforma fiscal para hacer pagar más a quienes más tienen.
Se plegó al criterio de quienes se resisten a una reforma impositiva con el cuento de que el nuestro es un Estado maniroto, que dilapida recursos en obras faraónicas e innecesarias; quienes, además, buscan recortar la participación que les corresponde a los estados más pobres.
A mayor rechazo gubernamental para una reforma de calado hondo, mayor el desafío de quienes aspiran a que nuestro país sea no una confederación de estados solidarios entre sí, sino una asociación de entidades mezquinas, en la que cada cual se rasque con sus uñas.
Resultaría lamentable que un gobierno con amplio respaldo popular, superior a 70 por ciento, siga sacándole el bulto a una reforma fiscal digna de este nombre. Más aún cuando se avizora difícil mantener altos niveles de aceptación si no son atendidas a cabalidad –por escasez de recursos– las demandas sociales.
BRASAS
El desmentido del exembajador de Estados Unidos Christopher Landau al columnista de Excelsior y “simpatizante” de la guerrillera argentina Montoneros, Jorge Fernández Menéndez, fue de una contundencia demoledora:
“Por lo menos en cuanto se refiere a mí, este reportaje es absolutamente falso e inventado. Jamás había oído de este tema durante mi gestión en México, jamás tuve ocasión de plantear este tema al entonces presidente, y jamás este tema tuvo algo que ver con mi salida de México”. ¿Así o con dibujitos?
De este modo tan concluyente, el diplomático descalificó el texto titulado “Landau y las traiciones de Audomaro”, saturado de mentiras, conjeturas, decires y chismes tan descarados que Landau se dio el gusto de mofarse hasta el escarnio:
“Además, no soy ‘el actual subsecretario de Estado encargado de América Latina’ –soy el actual vicesecretario de Estado”.
En el denso sancocho de chismarrajos cocinado sin pudor ni la menor noción de la ética por Fernández Menéndez, flotaba una supuesta filtración de datos del Centro Nacional de Inteligencia a los gobiernos ruso y cubano, y al cartel de Sinaloa, relativos a las operaciones de agentes estadunidenses en México.
El dizque izquierdista y actual colaborador de Ricardo Salinas Pliego aseguró que Landau conoció y se mantuvo al tanto del asunto, que habló de ello con el presidente López Obrador, intentó elevar el caso al Departamento de Estado y, al final, le dijo a Trump “ahí está el arpa, ya no toco”.
El asunto da para preguntarse en qué momento un periodista pierde la vergüenza y deja de importarle su credibilidad, a la manera de ciertas chicas que se echan a andar revoleando el bolso a la mitad de la calle.
Y, en qué momento los dueños y directivos de medios –Excelsior, en este caso—dejaron de sancionar al menos con una amonestación o una suspensión temporal de labores a periodistas patentemente mendaces.
Fernández Menéndez, a quien supuestas amenazas de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina le permitieron trabajar de asilado político, durante varios lustros, en Brasil, Suecia y México, no dijo ni pío ante el tajante desmentido de Landau.
Su columna del día después, “El Cartel del Noreste y los Caballos”, no mencionó aquel asunto, aunque tuvo la virtud de balconear a otro liderazo de opinión, famoso por la apasionada defensa que suele hacer del malandrinaje: Ciro Gómez Leyva.
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La columna de Fernández Menéndez, bordó sobre el comunicado relativo a las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU les impuso, el martes pasado, a cuatro mexicanos y 11 empresas de Tamaulipas y Nuevo León, supuestamente vinculadas con el Cártel del Noreste.
Emporio empresarial-delictivo semejante a un pastel mil hojas, pues –según el comunicado gringo— cada involucrado aporta una capa de “servicios” a la operación del conglomerado.
Sobresale en el holding el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar, ya que las carreras de caballos son señaladas como uno de los principales mecanismos utilizados para lavar dinero.
El columnista resaltó lo que consideró más importante del boletín: que parte de los recursos de esas personas y empresas se destinó a financiar campañas políticas, sobre todo en Tamaulipas.
Y mencionó a los personajes sobresalientes, Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías –responsable del control del dinero a campañas–; Pablo César Guajardo Álvarez, El Takia y Francisco Javier Inzunza Partida.
Por ese camino, sin querer queriendo, dijo que la historia a veces se repite, y recordó que en 2012 fue detenido en EU José Treviño Morales, hermano del Z-40, Miguel Ángel Treviño.
José era el coordinador de lavado de dinero para Los Z, mediante la compra-venta de caballos de carreras desde el rancho Zule Farms, en Oklahoma.
Ligado con Treviño Morales –recordó Fernández Menéndez–, fue detenido por la DEA y la PGR y acusado formalmente de lavado de dinero Francisco Pancho Colorado.
¡Eureka! Pancho Colorado, quien en 2016 murió en prisión en EU mientras purgaba una sentencia –ratificada en apelación– a 20 años de cárcel por lavado de dinero.
Personaje éste a quien Gómez Leyva le abrió su columna La historia en breve, las páginas de Milenio y las cámaras y micrófonos de Radio Fórmula y Milenio TV y lo apoyó con sus mejores oficios como periodista –viajó a EU para entrevistarlo– para que se defendiese de modo personal o por sus abogados Chris Flood y Camen de León.
Todavía resuenan las duras recriminaciones de este columnista al presidente Peña Nieto –pueden ser consultadas en las hemerotecas y en la red–, debido a la “inacción” de nuestro gobierno para defender a un mexicano que en EU sufría maltrato, racismo, xenofobia, prejuicios, estereotipos y discriminación, y era injustamente procesado.
RESCOLDOS
La justicia cojea, pero llega. La FGR aprehendió al ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Lo acusa de presunta traición a la Patria, al haber autorizado la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento, en abril, de un narcolaboratorio en aquella entidad. Bien hecho. La investigación, que abarcó más de cien aspectos, no deja lugar a dudas. Resta ver si la lumbre alcanzará las enaguas de la gobernadora Maru Campos.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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