+ Salomón va desplazar todo, por sus intereses
El problema alimentario de nuestra entidad, y de nuestro país, va más allá de los discursos o de los lugares comunes dichos para justificar las inversiones públicas que no ayudan en nada a resolver la falta de alimentos. Uno de los mecanismos creados en México, por impulso directo de organismos multinacionales, para frenar la dependencia alimentaria son las Agencias de Desarrollo Rural, en las que, se supone, deben participar los tres órdenes de gobierno para evitar desviaciones. Eso, que es algo reconocido y aceptado internacionalmente, en Oaxaca está en vías de convertirse en un objeto de manipulación por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, que encabeza Salomón Jara Cruz.
En efecto, las Agencias de Desarrollo Rural son organizaciones ubicadas en el interior de la República, que se dedican a promover la organización de grupos campesinos y prestarles servicios de promoción, organización, asistencia técnica y capacitación administrativa. Las Agencias de Desarrollo Rural, cuentan con una estructura de operación multidisciplinaria integrada por técnicos y personas con perfil social en el ámbito rural, con arraigo y conocimiento de la región donde operan, en su mayoría hablantes de la lengua local, y enfocados en proyectos para el desarrollo en zonas marginadas.
En ese sentido, cada Agencia de Desarrollo rural es la entidad responsable de la operación del fondo PESA (Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, operado por el gobierno federal a través de la Sagarpa) en la región en que se encuentren, y de la aplicación de la metodología para el logro de resultados y del impacto esperado. Cada Agencia es seleccionada por el Grupo Operativo Estatal del PESA, contratadas por los estados —ojo con esto— y validadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
¿Cómo participa cada uno de esos ámbitos? La FAO es quien proporciona la metodología a los gobiernos de los países integrantes para llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y el fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra, en cada región del territorio de que se trate. Los gobiernos nacionales (en el caso de México, el gobierno federal) implementa el programa a través de una Unidad Técnica Nacional que funge como instancia operativa, y de la Sagarpa, que aparece como instancia jurídica; pero es ejecutada directamente por los gobiernos de las entidades federativas, que en el caso de Oaxaca es la Sedapfa, que encabeza Salomón Jara Cruz, y es también validada por instancias contratadas por el mismo gobierno ejecutor.
¿Por qué son atractivas las Agencias de Desarrollo Rural? Porque, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, y cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. De hecho, para 2013 la Sedapfa tiene contemplado incrementar el número de Agencias a 58.
Al hacer cuentas, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura de Oaxaca, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para desplazar a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas— que, como Agencias de Desarrollo Rural, están haciendo trabajo a favor del fomento y expansión de la pequeña producción agrícola en todas las comunidades oaxaqueñas, y poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales.
ENGAÑO TOTAL
El programa PESA, según la información disponible en su página web www.pesamexico.org, se compone por la participación de la ONU, a través de la FAO respecto a la metodología, del gobierno federal, que es quien pone los recursos económicos, y de las entidades federativas que están encargadas de operar el programa, y contratar a todos aquellos que serán los ejecutores materiales, y que, se supone, deben estar certificados por el gobierno federal e incluso por la FAO. Esta división del trabajo pretende involucrar a distintos ámbitos para generar en todos ellos el sentido de la responsabilidad y el compromiso a favor de las comunidades marginadas. Sin embargo, en el caso oaxaqueño eso parece ser ocasión perfecta para la manipulación. ¿Qué pasa aquí?
Que la dependencia que encabeza Jara Cruz está haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias que han trabajado exitosamente en los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas. Pretende hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y pretende sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para ese programa, pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que el PESA está destinado.
Esto significa que a Jara el campo no le interesa. No le interesa, por ejemplo, que las Agencias de Desarrollo Rural, dejen de elaborar diagnósticos sobre el potencial de producción agrícola de cada región, así como proyectos de inversión para que el gobierno federal, y organismos internacionales, inviertan recursos extraordinarios en programas de fomento a la producción, que al mismo tiempo buscan disminuir el riesgo de dependencia alimentaria que presenta nuestro país.
Lo que le interesa es beneficiar a sus incondicionales, sin importarle su falta de capacitación y los previsibles malos resultados. Lo que le interesa es ir por esos 350 millones de pesos, que son recurso fresco para la manipulación, la desviación y el acaparamiento que lo ha caracterizado desde su llegada al gobierno estatal.
BOMBA DE TIEMPO
La puesta en operación de los taxis rosas, por parte de la impresentable CNP, constituye un acto de provocación no sólo al gobierno, sino a otras organizaciones de transportistas, como la UOTEO, que encabeza el también impresentable Teódulo Vásquez. Lo más curioso es que el banderazo de salida de los taxis, fue dado por supuestos “aliados” del régimen. De locos.
