+ Ministerio del Interior, luz no aprovechada
No son menores los cambios que pretende hacer el presidente Enrique Peña Nieto a la estructura del gobierno federal, y nadie sabe si en realidad eso es lo que necesita el país. De acuerdo con la iniciativa presentada hace unos días al Congreso de la Unión, el nuevo gobierno pretende que la Secretaría de Gobernación absorba todas las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
El problema es que esa iniciativa no prevé vías de escape para la presión que se le vendrá encima a la nueva súper Secretaría, que será la encargada de velar por el binomio excluyente del diálogo y la seguridad, sin integrar cuestiones como el de la Justicia y otros que son fundamentales para el correcto funcionamiento de un gobierno.
En efecto, la semana pasada el Presidente Electo presentó su proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que ya estableció el marco general de lo que será el aparato gubernamental de su gobierno. En particular, llamó la atención la absorción que hace la Secretaría de Gobernación, de todas las funciones y estructura que hasta ahora tiene la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Políticamente, esta decisión fue asumida como uno de los golpes de timón del nuevo gobierno priista a la más acabada creación de las dos administraciones panistas. Sin embargo, más allá de eso el problema que se aparece es mucho más de fondo porque tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno para salvaguardar la seguridad y hacer valer el orden y la gobernabilidad, en una nación tan potencialmente convulsionada como el México de la actualidad.
En relación a esta reforma, el presidente electo Peña Nieto anunció que Gobernación “tendrá a su cargo la seguridad interna de la república y ejercerá el mando de la Policía Federal; asimismo, tendrá a su cargo el resguardo de nuestras fronteras y las tareas de protección civil. Esta secretaría será la encargada de la prevención del delito y de apoyar a los municipios que lo requieran.
Esto implica que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Debido a que las recomendaciones en materia de derechos humanos no han sido debidamente resueltas, la propuesta es que Segob sea quien coordine las acciones para su debido cumplimiento. Un gobierno democrático debe atender, al más alto nivel, los temas de derechos humanos.”
¿Qué implica esto? Que a partir de ahora sea el Secretario de Gobernación quien lleve las riendas de la seguridad del país, que sea también quien encabece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tenga el mando de la Policía Federal, que sea el titular de todo el aparato de investigación e inteligencia con que cuenta actualmente esa dependencia.
Y que, además —y eso no lo dijeron en el anuncio de dicha reforma, aunque sí se encuentra en la Iniciativa presentada al Congreso—, Gobernación continúe llevando la conducción de todas las tareas relacionadas con la política interior del país, la relación con los poderes, y ahora se convierta, incluso, en la dependencia coordinadora del trabajo y los esfuerzos de toda la administración pública federal.
Si a simple vista parecen muchas las atribuciones dadas a una sola dependencia, todo esto se hace más complejo cuando se entiende que muchas de esas atribuciones no son compatibles entre sí, y que eso podría ya no sólo hacer complejo el manejo de la gobernabilidad, sino también entorpecer las tareas de seguridad, y de diálogo político, que hoy son indispensables para nuestro país.
DESCUBRIR EL HILO NEGRO
La primera semejanza que intentó verse entre la estructura que se propone para la Secretaría de Gobernación, es la de los ministerios del interior que existen en las estructuras administrativas de muchos países. La diferencia entre una dependencia como la actual Segob, la que se propone para el gobierno de Peña Nieto, y un Ministerio del Interior, es que mientras la actual carece de control en los temas de seguridad, y la dependencia propuesta ya los contempla, el Ministerio del Interior se encarga de las tareas de seguridad y de política interior, pero encaminados todos sus trabajos y funciones fundamentalmente a preservar los derechos de libertad y seguridad de los ciudadanos.
¿Cuál es la diferencia entre todo esto, que parece un enredo? Que tal parece que a la Secretaría de Gobernación se le pretenden asignar tareas de distinta naturaleza, sin alcanzar a distinguir que entre unas y otras existen diferencias sustanciales que en más de un caso se vuelven excluyentes. ¿Por qué? Porque en el caso de un Ministerio del Interior, éste se encuentra siempre acompañado de un Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de generar todas las políticas y lineamientos relacionados con la seguridad, que luego ejecuta y cuida el Ministerio del Interior a través de las atribuciones que la ley le da en los temas antes comentados.
En México no existe un órgano que al menos cercanamente cumpla las funciones de un Ministerio de Justicia. De hecho, en la propuesta para la Secretaría de Gobernación que envió el presidente electo Peña Nieto, pareciera que a ésta se le dotarán de todas las funciones no sólo de lo que sería un Ministerio del Interior, sino también del de Justicia. Y el problema es que, subjetivamente, de entrada necesitaría tener personal de altísimo nivel para poder coordinar todas las tareas que ahora se llevarán en una misma dependencia y, se supone, bajo un mismo criterio.
Esto será de entrada un problema, si ese Súper Secretario de Gobernación no tiene la capacidad de asumir el enorme cúmulo de funciones que se le están encomendando. Y a eso se le debe agregar que en un país como México la política interior implica siempre la negociación política, que en casos determinantes para la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de la nación, no debe estar en las mismas manos de quien tiene el mando de la Policía Federal y de las tareas de seguridad interior, y seguridad pública del país. Ese parece ser, pues, un monstruo que quién sabe si sea necesario y funcional, en esas condiciones, para un país tan complejo y exigente como México.
CUESTIÓN DE ESTADO
En varios países la seguridad es considerada como un asunto de Estado, y en ese nivel la atienden. En México, es un simple asunto de gobierno, y por eso cada administración cambia los parámetros y la visión. El problema es que si fallan, como ha sido, y como puede volver a ser, quienes pagamos somos los ciudadanos. Y México ya tiene mucha sangre como para seguir ensayando.
