+ Mareña vs Comuneros: “razones” evasivas
Es grave que en el conflicto por la construcción del parque eólico más grande de América Latina, en el Istmo de Tehuantepec, estén totalmente ausentes los argumentos sólidos y las razones exactas de por qué debe o no construirse un complejo de esta naturaleza. Si ya de por sí debiera ser preocupante para cualquier gobierno la existencia de un conflicto y un riesgo social como el que entraña Mareña en aquella región, lo es todavía más que éste continúe alimentado únicamente por la sinrazón y las ambiciones de ciertos grupos.
En efecto, es necesario ir sin rodeos a las cuestiones concretas. Pues por un lado, Mareña asegura que cuenta con todos los permisos necesarios, que sí ha llevado a cabo trabajo de campo en los pueblos involucrados, que ellos han sido los promotores de la consulta a las comunidades, y que la construcción del parque eólico no afecta al medio ambiente o a las prácticas, usos, costumbres y tradiciones de los habitantes de la Barra de Santa Teresa y que, al contrario, con el desarrollo eoloeléctrico habría también beneficios sociales y económicos para los pobladores.
En el otro extremo están los ecologistas, que fundamentalmente basan sus argumentos en contra del desarrollo eólico en tres ejes: El primero, por el daño a la ecología y al medio ambiente que generaría la instalación en la zona de los más de cien aerogeneradores. El segundo, porque la empresa Mareña Renovables ha llevado a cabo toda la planeación del desarrollo sin tomar en cuenta en sentir de los pobladores y dueños originarios de aquellas tierras, o aparentando que lo hace a través de engaños abiertos o consultas simuladas. El tercero, radica en la razón de que Mareña ha corrompido autoridades, ha comprado los permisos de construcción y las autorizaciones legales necesarias, y ha intentado comprar conciencias con su poderío económico.
Es claro que aún ante el estruendo de algunos de esos argumentos, ninguno —en cualquiera de los dos extremos— ha sido probado fehacientemente sus aseveraciones y, más bien, han maniobrado de todos los modos posibles para hacerse rehenes unos de otros, sin hallar hasta el momento los equilibrios que —por indolencia o incapacidad— se han negado a generar los gobiernos estatal y federal para darle una solución definitiva a ese conflicto.
En ese sentido, es necesario reconsiderar (porque lo contrario equivale a aceptar a pie juntillas lo que dice Mareña) todo lo que ha asegurado la empresa. Pues en los últimos meses, ésta ha intentado asumir el papel de víctima de las circunstancias sin considerar que aquí se enfrenta no sólo a los vicios y la voracidad de los grupos de lucha social o la indolencia oficial, sino también a un conjunto de comunidades indígenas que, les guste o no, no tendrían por qué no exigir respeto a sus derechos, e inclusión y atención respecto a sus preocupaciones y problemas.
Hasta hoy, Mareña ha hecho públicamente un conjunto de promesas que, sin embargo —y habría que ver las razones de fondo de ello—, no ha dejado satisfecho a nadie. Ha intentado una estrategia de legitimación que no ha tenido el menor impacto (justamente porque intenta ubicarse como la víctima, poniendo de forma inapelable a sus opositores como victimarios e intransigentes, y nulificando todas sus razones, independientemente de su contenido); y ahora pretende presionar a todos con el argumento del retiro de su inversión, como si con esto se reparan los errores que ellos mismos han cometido en el intento de aprovechamiento de la zona y en la inversión, de la que nadie resultaría más beneficiado que ellos mismos.
RAZONES VACÍAS
Pero a la par de las razones de Mareña se encuentran las de sus opositores. Y el gran problema que surge en esto, es que todas las voces de rechazo que han surgido, provienen de líderes sociales y de “delegados” de las comunidades, sobre los que nadie sabe bien a bien si tienen una representación legítima, si esgrimen argumentos válidos o respaldados por los habitantes directamente involucrados en las zonas aprovechables, o si en verdad defienden sus argumentos con denuedo y solidaridad legítima con su tierra, o lo hacen en busca de extorsión o de botín económico a partir de su resistencia.
Y es que hoy, por ejemplo, los opositores a Mareña hablan de los daños ecológicos y al medio ambiente que podría traer a la región la sola construcción de los aerogeneradores. Esto lo aseguran aún sin tener fundamentos sólidos, y sin contar con datos, análisis o estudios que fundamenten sus aseveraciones. Si en realidad ese daño fuera inminente, ya estarían aquí en Oaxaca varios de los grupos internacionales más serios de defensa del medio ambiente. Y lo cierto es que, sobre eso, el único fundamento que tienen los opositores es su sola palabra, y una postura adoptada por mayoría de razón, que sin embargo no está basada en datos indubitables sobre lo que aseguran.
En ese mismo canal corren las demás razones. ¿De verdad habrá un daño irreparable a la forma de vida de los habitantes de esa región? ¿El daño será tal que se acabarán actividades como la pesca o la agricultura? ¿De verdad las comunidades no han sido escuchadas ni incluidas en el proyecto eólico por la sola negativa de Mareña Renovables para hacerlas parte del desarrollo que pretende ahí en su territorio? Incluso, ¿de veras la corrupción y la compra de conciencias ha sido tan delirante como lo aseguran quienes hoy se oponen al proyecto y dicen que la corrupción ha sido la única herramienta de Mareña?
Y es que en todo esto una última opción podría radicar en el solo hecho de que, aun sumidas en la pobreza, y rechazando el desarrollo y los beneficios que traería Mareña, los habitantes de las comunidades involucradas simplemente podrían no querer que ahí se instalaran los aerogeneradores. Podría pensarse que esto sería tanto como nulificar su bienestar y su futuro. Sin embargo, junto a la intransigencia y las maniobras de la empresa y de sus opositores, es imposible dejar de ver ésta como otra de las posibilidades sobre la resistencia a la instalación de los aerogeneradores.
URGE UN ÁRBITRO
Por eso es necesario que exista un árbitro legitimado, interesado y eficaz, que elimine la visión monocromática de este asunto, y termine también con el litigio mediático que sólo descalifica, miente y amenaza, y de verdad logre que todos los directamente involucrados (no sus personeros) lleguen a un acuerdo. El problema es que el gobierno sólo profesa indolencia y evasivas sobre este asunto que, como va, no tendrá solución en el corto plazo.
