Aquí no hay hegemonía local ni nacional: sólo vacío
Es preocupante que Oaxaca sea la excepción en el proceso de democratización y fortalecimiento de las entidades federativas, y que lo sea también frente a la decisión pragmática de re centralizar el poder desde la Federación. Esto es algo que va de lo curioso a lo preocupante, pues el vacío que existe frente al atropellado proceso de armonización de la legislación educativa, deja ver que en el gobierno federal nadie está preocupado ni por rescatar a Oaxaca ni por abrirle una puerta alternativa a la democratización de sus decisiones. Aquí sólo queda el vacío, y eso se traduce en que a nadie le importa lo que ocurra en nuestro estado.
En efecto, en la entidad ocurre un desastre respecto a la armonización de las legislaciones local y federal en el ámbito educativo. La razón es simple: la Sección 22 del SNTE tiene un poder desproporcionado frente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo local, que no encuentran cómo sobreponerse a las presiones del sindicato magisterial. Esta cuestión se agrava porque el gobierno federal —que es el beneficiario de la reforma, porque es quien arrebata atribuciones a los estados y las concentra para ejercerlas él— no ha demostrado la menor intención o interés de intervenir para darle cauce a este proceso.
Esta situación constituye o una paradoja del proceso de recentralización de poder por parte de la Federación, o por lo menos un signo claro de que simplemente es Oaxaca quien no le importa al gobierno federal. ¿Por qué? Porque desde fueron planteadas las principales reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, se apreció que todas tenían una intención centralizadora, o re centralizadora. Es decir, que el ámbito federal le quitaría facultades o zonas de competencia a los estados y municipios, para ser él quien los supliera en su ejercicio.
En ese sentido, sería una paradoja que frente a todo el planteamiento de reformas de corte centralizador que han venido haciendo los poderes federales en el país, y en cuya cúspide se encuentra la reforma educativa, la federación simplemente claudicara frente a Oaxaca. Eso sería tanto como aceptar que su poder concentrador en realidad está diluido, y que es mucho más relativo de lo que hoy parece, además de que entonces los estados de la República fácilmente se podrían rebelar —como parece que lo está haciendo Oaxaca, con poderes fácticos sometiendo a los poderes constitucionales— a las decisiones federales en los temas que está centralizando.
La otra situación que es igual de grave, es que a la federación simplemente no le importe Oaxaca. Esto sería algo gravísimo —y posible— porque entonces lo que estaríamos viendo es la apertura de un espacio de total vacío, en el que ni opera la democracia propia de las entidades federativas, ni opera la centralización —tomados éstos los dos extremos naturales de una situación como ésta— que en los últimos tiempos ha intentado reimplantar la federación, como una forma de fortalecer al Presidente en detrimento del poder de decisión de las entidades federativas, los gobernadores y los congresos locales.
OAXACA, EN EL LIMBO
Hace unos días el jurista Diego Valadés explicaba, en las páginas del diario Reforma (24.06.2014, página 12), el panorama actual del federalismo centralizador en nuestro país. A partir de eso podemos deducir la extraña relación que tiene Oaxaca con ese nuevo panorama político del país. “En México el sistema federal —afirmaba Valadés— se planteó para atenuar la tradición centralizadora virreinal pero sin construir un sistema democrático que impidiera la formación de dictaduras y cacicazgos. El rápido ascenso de figuras dominantes locales se tradujo en una tensión creciente entre gobernadores y presidentes en la que éstos acabaron por dominar la escena. El federalismo mexicano, por ende, no fue un instrumento para el control de los presidentes, sino un vehículo para el control por los presidentes. Durante la hegemonía de partido esos mecanismos se acentuaron con la postulación vertical de los candidatos a los gobiernos estatales y, si algo fallaba, se echaba mano de la llamada desaparición de poderes (…) Cuando esa hegemonía llegó a su fin, la democracia de baja intensidad y el proceso centralizador entraron en sinergia. La reforma constitucional se convirtió en el procedimiento sustitutivo para ensanchar las facultades federales y estrechar las locales. En lugar de una solución local democrática para contar con gobernadores responsables y controlados, se ha optado por el oxímoron constitucional de un peculiar federalismo centralizado”.
Frente a ese panorama, es claro que Oaxaca está en el limbo. Esto por dos razones: primera, porque al menos en el caso de nuestro estado, las reformas nacionales no han reflejado la intención del gobierno federal de asumirse claramente como nuevo depositario de esas facultades, y por ende incidir en nuestro estado para que sus determinaciones se cumplan; y segunda, porque si ese primer escenario no se da, tampoco se ve que los poderes locales tengan una intención o capacidad real para darse un ordenamiento alternativo o una forma distinta de determinación frente a las obligaciones que le impone el ámbito federal.
Por eso el panorama es desolador: Oaxaca se encuentra en una zona de vacío, en el que la federación no está preocupada por hacer valer ninguna de sus determinaciones. Simplemente es sorda a lo que aquí ocurre y, según parece, tampoco tiene ningún interés en invertir algo de su capital político, o atención, para resolver un problema que tampoco se encuentra en su palestra de prioridades. A la federación, pues, parece darle lo mismo lo que pase en Oaxaca, independientemente de si se aplica o no la reforma educativa, o de si se lleva o no bien a cabo el proceso de armonización de la legislación de la materia.
PODERES LOCALES,
CODICIOSOS Y SOMETIDOS
Y luego lo que ocurre en el ámbito local es también crítico: los poderes locales Ejecutivo y Legislativo no tienen capacidad para enfrentar a la Sección 22, y prefieren aliarse a él para ver si en la revuelta ganan algo —cuando menos unos pesos. Estamos en el escenario inaudito de que la Sección 22 del SNTE, un poder fáctico, está expulsando a los poderes formales de la discusión de una iniciativa de ley que sólo los poderes del Estado deben hacer, discutir y aprobar. Aquí no hay ninguna democracia, ni forma alternativa, ni orden, ni nada. Aquí, pues, en palabras de Valadés no hay ni federalismo centralizador, ni democracia de baja intensidad por parte de los poderes locales.
