+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

¿Por qué aquí nadie cuestiona a los candidatos “Chapulines”?

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+ Avidez por los cargos; nulo débito a los electores

Con la llegada del mes de enero arrancaron también unas efervescencias electorales que en Oaxaca no vienen acompañadas de ningún tipo de cuestionamiento sobre los antecedentes y las formas de quienes aspiran a un cargo público. En cada uno de los partidos, las candidaturas a diputaciones federales están siendo ofertadas y repartidas según los criterios e intereses políticos particulares. Y la gran mayoría de quienes aspiran son simples “chapulines” —que van de cargo en cargo, con el mismo discurso estéril de siempre— que no parecen tener ningún temor a un cuestionamiento de la ciudadanía (que parece no existir).
En efecto, ayer por ejemplo en el PRI se llevó a cabo el registro de quienes aspiran a una diputación federal en cinco de los once distritos electorales federales; esta misma semana se dio a conocer que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio su anuencia para que el ex titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, compita para conseguir la candidatura a una curul por el principio de representación proporcional. Y esto se cerrará una vez que se oficialicen algunos cambios más en la administración estatal, y se integre la lista de quienes buscarán una candidatura por el Partido de la Revolución Democrática.
El discurso, y la historia, son los mismos de siempre. En las dirigencias partidistas se dirá que los procesos de selección serán transparentes, respetuosos y equitativos aunque la realidad indique que todo responderá a los mismos intereses y prácticas cupulares de siempre. Y los aspirantes a una candidatura dirán que cuentan con el aval de su trabajo, y que sus aspiraciones políticas son legítimas y razonables. Pero todo esto ocurrirá de cara a una sociedad que parece no tener ningún cuestionamiento sobre las prácticas partidistas o sobre los aspirantes, y que con ese silencio avala las ambiciones de quienes no parecen ser más que simples e impresentables “chapulines”.
Y es que es bien conocido que en políticas son conocidos como “chapulines” aquellos que van —o intentan ir— brincando de un cargo a otro, como si los espacios públicos fueran parte de un proceso de acumulación, o como si todo se redujera a no perder los privilegios de los cargos públicos.
Pues al hacer una revisión de esas listas de aspirantes en los partidos, podremos corroborar que muchos de ellos encajan con toda perfección en dicha definición, porque hace apenas dos años varios de esos personajes eran los mismos que exigían ser considerados para la asignación de las delegaciones federales, y otros ya ocupaban alguna responsabilidad como servidores públicos.
Otros, incluso, tienen apenas un año desempeñándose como legisladores locales, y aunque son integrantes de una Legislatura improductiva y que demuestra muy poca preocupación por lo que le ocurre a la mayoría de las personas, asumen que por el solo hecho de ser diputados locales ya son líderes y jefes políticos de la región que representan, y que por ese solo hecho —y sin que medien resultados corroborables, o tiempo razonable para cumplir los compromisos que en otro momento hicieron con sus electores para llegar al cargo que hoy ostentan— ya son merecedores de una nueva candidatura.
¿Cómo explicar, por tanto, que personajes como David Mayrén, Beatriz Rodríguez, Antonio Amaro, Heliodoro Díaz Escárraga, Marco Antonio Hernández, Sofía Castro, Manuel García Corpus; todos ellos priistas, delegados federales con menos de dos años en funciones, y con una larga carrera de pasos sincrónicos entre el servicio público y los cargos legislativos, hoy pretendan una vez más convertirse en candidatos por el solo hecho de ser “políticos”.
Y pasa más o menos lo mismo con María Luisa Matus, Juan José Moreno Sada, Yolanda López, Fredy Gil Pineda Gopar y Emilia García —además de los que resulten—, que apenas si alcanzan a completar un año como legisladores locales, y que parecen querer llevar como respaldo y bandera de campaña, el escasísimo trabajo que han realizado en este corto periodo como diputados locales.

NETZA Y MAOH
Hace seis años, se criticó duramente —y con toda la razón— al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz por haber movido cielo, mar y tierra para que su Secretario de Finanzas pudiera aspirar a convertirse en diputado federal. Ruiz había dispuesto que Miguel Ángel Ortega Habib (MAOH) tuviera a su “juanita” que le guardara la curul en San Lázaro, para que éste contara con inmunidad constitucional una vez que dejara su cargo y asumiera como diputado federal.
Esa maniobra se le complicó a Ulises Ruiz, porque a la par de ello estalló el escándalo de las y los diputados federales que solicitaban licencia tan pronto como asumían el cargo, para que ascendieran a dicha posición sus suplentes, que eran los reales beneficiarios de los espacios; y porque en ese mismo tiempo también estalló el escándalo de Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a quien López Obrador puso como candidato a delegado en Iztapalapa únicamente para allanarle el camino a su candidata, que era Clara Brugada.
Y si algo le faltaba, además del escándalo que ya era que en Oaxaca había una versión propia de los “Juanitos”, con Ortega y Margarita Liborio (suplente y propietaria de una diputación federal plurinominal), hubo un cuestionamiento y una negociación fallida entre éstos para permitir el arribo de Ortega. Quizá hubiera podido pasar, pero MAOH se hizo verdaderamente impresentable cuando se reveló que familiares directos suyos habían sido detenidos por autoridades federales por poseer alrededor de mil 200 millones de pesos de procedencia no comprobada.
Todo esto sirve para ilustrar una postal actual: Salvatierra, uno de los funcionarios más cuestionables de la administración actual, está ahora buscando ser candidato a diputado federal plurinominal por uno de los partidos aliancistas (el PAN). Salvatierra no es político. No lo ha sido. De hecho, nunca lo fue. Pero sí dejó tras de sí una estela enorme de cuestionamientos y acusaciones de corrupción, que hoy son contenidos por el mismo gobierno para el que trabaja, pero que no tardará mucho antes de que las evidencias se desborden.

¿CHAPULINES O LANGOSTAS?
O quizá también sea que Salvatierra quiere andar en la misma ruta marcada por el secretario de Salud en el gobierno de Ruiz, Martín Vásquez Villanueva. A éste no lo han alcanzado las investigaciones sobre su desempeño en SSO porque ha ido siempre tras el manto del fuero, primero local, y ahora federal para evadir posibles responsabilidades.

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