+ Reto de SEP: sujetar protestas a lo que dice la ley
Bravucones, los integrantes de la Sección 22 del SNTE señalan categóricos que no permitirán que por movilizaciones como la de ayer miércoles —en la que pararon las actividades en las 14 mil escuelas de la entidad— no permitirán que la SEP les aplique los descuentos correspondientes por el día de inasistencia a sus centros laborales. Frente a esto, la autoridad educativa federal tiene dos retos: por un lado, demostrar que —como lo dice— aplicará cada una de las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa; y, por el otro, lograr que los maestros ajusten sus inconformidades a las formas y mecanismos que establece la ley.
En efecto, ayer los integrantes de la Sección 22 llevaron a cabo un paro general de labores en el marco de lo que ellos mismos denominaron como “Primera jornada nacional de lucha de la CNTE en 2015”, y que consistía, según la convocatoria, en la “liberación” de casetas, toma de gasolineras, aeropuerto, transnacionales y la terminal de autobuses. El vocero de la 22, Mohamed Otaqui dijo que a pesar de estas acciones, la SEP no aplicará descuentos porque las mesas de negociación continúan, por lo cual los aspectos de esta ley (la reforma educativa) quedan sin efecto para esta entidad.
Esto significa, en términos sencillos, que las protestas de la Sección 22 continuarán obedeciendo a una lógica eminentemente política; y que el magisterio no tiene ninguna disposición para ajustar sus inconformidades a la ley, y tampoco permitirán los efectos que debiera tener el abandonar todos, todas las aulas, por uno o varios días para realizar movilizaciones o marchas, simplemente porque ellos —y quizá esa sea la realidad— asumen que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca.
Y es que parece que los oaxaqueños ya lo olvidamos por completo, pero en un verdadero Estado de Derecho los maestros tendrían plenamente justificados sus paros de labores siempre que se tomaran el tiempo de ajustar su calendario político a lo que marca la ley. ¿De qué hablamos?
De que la Sección 22 tiene la “costumbre” —permitida por todos los gobiernos desde hace décadas— de realizar sus movilizaciones y abandonar las aulas sin padecer consecuencia alguna. Las razones y las “autorizaciones” que reciben para cumplir su calendario de movilizaciones y protestas, han sido históricamente de tipo político, en el mejor de los casos.
En todos los demás, el magisterio ha asumido a plenitud que ellos tienen superioridad numérica frente al gobierno, y que su disciplina y capacidad de movilización es suficiente para no pedir ningún tipo de autorización a la autoridad para realizar sus protestas, y tampoco dar pie a que la autoridad cumpla su deber de aplicar las sanciones que corresponderían en derecho a quienes faltan a laborar a sus centros de trabajo.
Así, lo que históricamente hemos visto es que los profesores lo mismo paran sus labores un día para realizar una marcha, movilizaciones o una simple reunión sindical, que semanas completas para llevar a cabo plantones, movilizaciones en Oaxaca y la Ciudad de México, o simplemente paros indefinidos de labores en protesta por la resistencia de la autoridad a cumplir alguna de sus demandas.
¿Dónde queda entonces la ley? Es lo que muchos nos hemos preguntado desde hace tiempo; pero ahora mucho más frente a la nueva legislación en materia educativa que se supone que normaría todo esto que hacen los maestros para alejarse de sus deberes.
DERECHOS Y DEBERES
Es indiscutible el derecho que tienen los profesores, y todas las personas, para protestar por lo que consideran que les afecta o agravia. El de la protesta es un derecho constitucionalmente consagrado, que no tiene más límites que el del uso de la violencia como amenaza a la autoridad para que lleve a cabo lo que los manifestantes exigen.
No obstante, no se debe confundir ese derecho a la protesta, con otras prerrogativas y deberes que tienen los integrantes de la Sección 22 y todos los mexicanos, que no pueden eludir por el simple hecho de pertenecer a un gremio multitudinario, y que tampoco se debiera seguir utilizando como sustituto de las reglas que rigen la relación laboral, y la negociación de condiciones de trabajo y salario, entre trabajadores y patrones.
Hablamos, en concreto, de las reglas que debieran regir la huelga, por ejemplo, para cuando los maestros quisieran exigirle a su patrón —el gobierno federal o estatal, según fuere el caso— el cumplimiento de demandas laborales legítimas. Tan hemos olvidado que esto debería ser el marco de referencia para las acciones gremiales del magisterio, que por eso ya nunca lo consideramos como parte de la discusión entre lo que los maestros exigen y el gobierno otorga.
Aquí, por ejemplo, es tradición que el magisterio entrega su pliego petitorio al gobierno estatal en su tradicional marcha del 1 de mayo, y que a partir del día 15 del mismo mes se dice listo para recibir una respuesta. El gobierno responde y negocia con el sindicato, pero en una mesa de diálogo político y no siguiendo, en ninguna de sus fases, las reglas del emplazamiento, la negociación y el estallamiento de huelga que establecen las leyes laborales vigentes, independientemente de que aunado a ello pudiera existir un mecanismo específico en las leyes que rigen la relación laboral entre los profesores y el Estado.
Nada de esto se realiza, porque todo se hace a través de un manejo político. Esta tradición fue establecida desde que surgió el movimiento magisterial, y por eso las discusiones de los pliegos petitorios y el cumplimiento de las demandas salariales o de condiciones de trabajo —y hasta políticas— pasa por los requisitos naturales de todo patrón que negocia con un sindicato legítimo que cuenta con una mayoría reconocida y la legitimación por parte de las autoridades laborales.
EL RETO DE LA SEP
Y aunque pareciera que se pide un imposible al tratar de ubicar el derecho del trabajo como marco referencial para las protestas de la Sección 22, es claro que si el gobierno federal quiere marcar una diferencia y dejar constancia de que se aplica la reforma educativa, tendría que comenzar a orillar al magisterio a que proteste en el marco de la ley, a que exija según las reglas establecidas para todos los trabajadores, los sindicatos y los patrones, y que aplique sanciones cuando no se realicen las manifestaciones conforme a esos principios.
