+ Ciudadanía, ¿será, de nuevo, vencida por inercias y desencanto?
Ayer, con la instalación de la LXIII Legislatura inició formalmente el proceso de transmisión de poderes en Oaxaca, que concluirá el próximo 1 de diciembre cuando asuma Alejandro Murat como gobernador del Estado. Este será un periodo formidable, en el que de nuevo, los partidos y sus representantes quedarán sometidos al escrutinio popular. Si a los ciudadanos no nos vence el desencanto, podremos ver si realmente todos están dispuestos a asumir los roles que determinó la voluntad popular en las elecciones, o si —de nuevo— terminan siendo comparsas de sí mismos.
En efecto, ayer inició funciones la LXIII Legislatura local en medio de un clima particular por la constatación de que, igual que en las dos legislaturas anteriores, en ésta el signo distintivo vuelve a ser la pluralidad. En los últimos seis años, los oaxaqueños constatamos que si esa pluralidad tuvo efectos, éstos fueron los de la simulación y la incapacidad en el ejercicio de la política.
Simulación, porque prácticamente todos los integrantes de las fracciones parlamentarias terminaron ceñidos a intereses y no a planteamientos congruentes y razonados; e incapacidad en el ejercicio de la política, porque también quedó claro que cuando no había intereses comunes en las negociaciones, los legisladores fueron totalmente incapaces de transigir para construir consensos. De hecho, si hubiera que denominar con un solo adjetivo a cada una de las dos Legislaturas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la LXI recibiría el adjetivo de la simulación; y la LXII el de la incapacidad —total— para el ejercicio demostrable de la política.
Por eso la LXIII Legislatura tiene el reto de ubicar su propio espacio, ante la tentación de caer en los mismos vicios de sus antecesoras. Tiene la particularidad de que ahora no interactuará con un gobierno de coalición, sino con un Gobernador que pretende asumirse como un Ejecutivo fuerte, acompañado de un partido sometido —a cuyos diputados quizá tenga primero que disciplinar—, pero con un Congreso determinado por un sentido de pluralidad que puede ser desafiante y hasta preocupante, si es que esa pluralidad supera las posibilidades de la simulación. Por eso, los diputados de esta Legislatura que inicia, tienen el reto de no terminar siendo arlequines del poder, ya del Ejecutivo, ya de su propia parcela de influencia en la Legislatura.
La posibilidad es formidable: en los últimos seis años, los integrantes de las fracciones parlamentarias simularon acciones en contra de Gabino Cué, pero siempre actuaron a la conveniencia del Ejecutivo. Ahora tienen de nuevo la posibilidad de fungir como contrapeso al poder del Gobernador, pero también enfrentan la tentación de plegarse al poder, para sacarle conveniencia a no ser un estorbo para los planes del gobierno entrante. Esa disyuntiva es la que comenzará a dibujarse apenas comiencen a verse las acciones a tomar las fracciones parlamentarias.
SIGNOS DETERMINANTES
En la LXIII Legislatura, el PRI tiene 16 legisladores, frente a ocho del PRD y Morena, respectivamente, y dos fracciones minoritarias del PAN y PT. Esta composición abre un abanico de posibles alianzas que, como único denominador común, tienen la característica de uniones políticamente incontenibles. Primero, el PRI tiene mayoría aunque insuficiente para hacer cualquier cosa por sí mismo en el Congreso. No tiene los votos para aprobar leyes ordinarias (necesita 22 votos) y mucho menos para realizar reformas a la Constitución (es necesaria la suma de 28 votos); algo similar ocurre con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por eso la urgencia de la reforma de último minuto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como acto final de la Legislatura saliente: con la legislación anterior, el PRI tenía la posibilidad de encabezar la Junta pero entregar la Mesa Directiva —órgano de gobierno de la Legislatura cuando actúa en Pleno— a alguna de las fuerzas de izquierda para diversos actos de gran relevancia respecto a la unción del Ejecutivo. ¿Qué hicieron? Modificaron la ley para privilegiar el consenso en la titularidad de los órganos de gobierno legislativo, y bordear con ello la prelación que se los impedía. Ahora lo que sigue es que el PRI trabe una coalición de facto con alguna de las fuerzas de izquierda (PRD o Morena) para poder sacar adelante cualquiera de sus proyectos legislativos o de gobierno para Alejandro Murat.
¿Una coalición fáctica PRI-Morena soportaría algún intento de explicación o justificación racional? Difícilmente. Lo harían, más bien, como una forma de privilegiar la praxis y el pragmatismo en el ejercicio del poder, que como una forma de cumplir con un programa conjunto o con coincidencias políticas. De hecho, salvo la fracción del PT, ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho público el contenido de su agenda política o de trabajo para los dos años siguientes.
¿Y LA OPOSICIÓN?
Desechando las ideas que asocian a la oposición con la terquedad, habrá que ir descubriendo qué partido en realidad se asume como la contraparte de quienes están aliados a favor del poder. Básicamente, toda la izquierda tiene ante sí la oportunidad, pero ahora sólo hace falta que la tomen. ¿Cuál sería la oposición más eficaz? No la que pare incontestablemente al Ejecutivo, sino la que logre incidir en los temas de la discusión pública, y que logre que sus propuestas legislativas permeen en el aluvión de necesidades que el Ejecutivo le pida aprobar al Congreso para cumplir con su plan de gobierno. Veremos quién de ellos (PRD, PT, Morena) tiene la determinación y la estatura para conseguirlo.
