+ Federación prorrateará obligaciones a municipios y entidades federativas
Lejos del estruendo por las declaraciones xenófobas y de odio del presidente norteamericano Donald Trump contra nuestro país, la nueva relación entre México y Estados Unidos impondrá una reforma fiscal de fondo que hará indispensable la eliminación de los planteamientos políticos respecto a los impuestos y el funcionamiento del sistema fiscal, y que a la vez tendrá que llevar a la necesidad de que estados y municipios asuman —o reasuman— nuevas responsabilidades tributarias que hoy están en manos de la federación. Quizá sea el momento en que esos dos ámbitos de gobierno dejen de asumirse como menores de edad a los que debe proteger y suplir en sus deberes el gobierno federal.
En efecto, son al menos dos, las señales más concretas de que vienen cambios de fondo en el sistema tributario del país. La primera es el anuncio hecho ayer por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade en el sentido de que la economía mexicana podría tener sorpresas favorables a finales de año ante la posibilidad de superar la meta de superávit primario, el cual tendría que implicar la reducción de la deuda a partir de las reducciones al gasto federal.
La segunda señal, es la relacionada con la intención del gobierno de los Estados Unidos de modificar el esquema de las tasas impositivas de Impuesto Sobre la Renta, lo cual tendría que llevar a nuestro país a también replantear la forma en cómo cobra ese mismo impuesto tanto a las personas físicas como a las empresas, bajo la premisa de que una desigualdad en ese rubro llevaría al país a perder competitividad y atracción a la inversión extranjera a partir de su rigidez fiscal. Ambas señales implican en realidad cambios muy importantes que deben llevar a México a eliminar algunos de los atavismos que tienen anclada a la política fiscal a los caprichos y necedades de algunos partidos.
Pues resulta que, en cuanto a la primera de las señales, ayer el secretario Meade fue enfático y claro al asegurar que para lograr la meta del superávit fiscal primario se deben considerar factores externos como la inversión extranjera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la normalización de la relación monetaria entre México y los Estados Unidos; pero también dijo que otro de los componentes es la reducción de la deuda y la disminución del gasto federal.
En este sentido, Meade dijo que para reducir el gasto federal, hay espacios para que los gobiernos locales recauden sus propios recursos cobrando impuestos como el predial, y lo particularizó señalando que “mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial, y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos”.
¿Qué significaría todo esto? Que la revalorización del impuesto predial tendría que ser a punta de lanza para la recuperación de la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios, que a lo largo de las últimas décadas ha ido perdiendo a favor de la federación. En teoría, como premisa el federalismo fiscal tendría que funcionar a partir de que las partes integrantes de la federación recaudaran los impuestos para entregárselos al gobierno federal para su funcionamiento.
Sin embargo, es claro que en México eso funciona exactamente al revés porque hoy el gran recaudador es la federación, y los estados y municipios asumen la posición cómoda de esperar a que las transferencias de recursos federales lleguen a sus arcas evadiendo su responsabilidad de generar sus propios ingresos.
A ello habría que agregarle que todas las reformas fiscales de las últimas décadas, han tenido como uno de sus puntos constantes la transferencia de facultades recaudatorias de los estados a la federación, a cambio de que ésta haga “participables” los recursos federales que captan las entidades federativas, como resultan ser el ISR y varios otros que, independientemente de cómo se recauden, son parte de las atribuciones del fisco federal, transferidas o arrebatadas a las entidades federativas.
MANIOBRAR CON EL ISR
Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el esquema de cobro del ISR, en México será irremediable la necesidad de replantear ese mismo impuesto aunque con un margen de maniobra mucho más limitado, según reconoce también la Secretaría de Hacienda. En esa lógica, como lo señala el analista Enrique Quintana, este es un tema crucial para que México no pierda competitividad fiscal respecto a los Estados Unidos y las demás naciones.
Pues, como dice el analista, hay que recordar que la tasa general del ISR que hoy se paga en México es de 30 por ciento y que las tasas a las personas físicas van desde 1.92 hasta 35 por ciento. En esa lógica, el planteamiento que ayer hizo Meade es que va a ser muy difícil reducir la proporción de la deuda pública sobre el PIB si se reducen tasas impositivas, si es que se decidiera seguir la misma estrategia que en los Estados Unidos de reducir el ISR como una forma de generar competitividad.
De hecho, las calificadoras más importantes están observantes del desempeño fiscal de México para que, en caso de que no se cumplan los compromisos en materia de reducción del déficit, se baje la calificación de la deuda mexicana. Se podría discutir si en el largo plazo es compatible una reducción de tasas con un incremento de recaudación. Pero lo que es un hecho es que una baja de tasas en el corto plazo probablemente causará una baja de ingresos. El argumento usual cuando se plantea lo anterior es que es factible reducir las tasas de impuestos sin aumentar la deuda pública… siempre y cuando se reduzca el gasto público.
Frente a este panorama, ampliamente reseñado ayer en El Financiero por el analista Enrique Quintana, establece además otras interrogantes que tendrán que responder no sólo las entidades federativas y el gobierno federal, sino también partidos, candidatos presidenciales, plataformas políticas y todos los que resultan involucrados en un tema tan complejo como éste.
¿Ahora sí irán a fondo a abatir la evasión, la elusión y las prácticas fiscales agresivas, que deprimen los ingresos de la federación? ¿Revivirán temas políticamente tan escabrosos como el de imponer Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas, como una forma de hacer más general el cobro de dicha contribución? ¿Impulsarán la transferencia —más bien, el retorno— de las facultades de cobro a las entidades federativas y los municipios, para que unos y otros comiencen a comportarse como mayores de edad y asuman sus responsabilidades en la generación de sus propias fuentes de recursos?
Al final, queda claro que si el Estado quiere tener más recursos y más competitividad, debe hacerlo de manera responsable a través de la reducción de su gasto y la eliminación de la dependencia de las entidades federativas y los municipios respecto a sus ingresos. Es un tema que parece ineludible y que tendrá su impacto justo en el año en que también se dirima la elección presidencial. Ojalá que no terminemos en la vía populista como parece que ya entró de lleno el gobierno de los Estados Unidos.
ENTIDADES, OMISAS
En esa lógica, será muy relevante la forma en que incidan las entidades federativas para esa reforma fiscal que será indispensable e irremediable. Hasta ahora su actividad ha sido pasiva y se han cobijado, en general, en la Conferencia Nacional de Gobernadores que, para esos efectos, tendría que funcionar como el escaparate para una nueva Convención Nacional Hacendaria. Los cambios que vienen son de fondo. Falta ver qué tan preparados y dispuestos están los gobernadores para ello.
