+ Extremos ante el espejo: Javier Corral y árbitro electoral
Cada una de las cuatro conversaciones telefónicas del Gobernador de Oaxaca, dadas a conocer la mañana del pasado lunes en un noticiero radiofónico de la capital del país, tenía un objetivo específico. Más allá de la polémica por el contenido de las grabaciones, quedan por lo menos dos aspectos que muestran claramente los resabios que tiene nuestro sistema democrático: el primero relativo a la legitimidad de quienes integran el órgano electoral que funge como árbitro de la contienda política, y el segundo, respecto a la legitimidad del espionaje como herramienta política, y como medio de probanza de ilegalidades o inmoralidades en que incurre el adversario.
En primer término, es evidente que cada una de las conversaciones telefónicas difundidas, tenía finalidades específicas: las dos en las que el gobernador Ulises Ruiz habla con el coordinador de medios de la campaña priista, Raúl Castellanos, pretenden evidenciar el uso del canal oficial a favor de la causa tricolor, y posibles arreglos con periodistas del Distrito Federal.
Por otro lado, la conversación que sostiene con el candidato Eviel Pérez Magaña, trata de abonar a la polémica generada por las acusaciones de la empresaria Aurora López Acevedo. Empero, en la que interviene el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría, revela el aspecto que habrá de ser más controversial de todo este asunto: ¿Por qué el titular de un organismo autónomo, mantiene ese tipo de comunicaciones y tratos con una autoridad de la que debería estar institucionalmente desligada?
En realidad, lo grave a nuestro juicio, es lo que se centra en el Titular del IEE. Esta gravedad se desprende del momento, de la función de dicho Instituto, e incluso del choque entre la realidad y la naturaleza misma que dio origen a los órganos electorales estatales y federales actuales.
Veamos. Los institutos electorales nacieron a mediados de la década pasada, como un triunfo de los partidos políticos y los ciudadanos sobre el control que tenía el Estado de los procesos electorales y sus resultados. A partir de 1988, se posó sobre cada proceso comicial, un cuestionamiento cada vez mayor sobre la manipulación, el uso de recursos públicos para favorecer al entonces partido oficial (el PRI), y sobre el fraude en el conteo de votos.
A raíz de ello, nació la llamada “ciudadanización” de los órganos electorales. Con ello se buscó dar certeza sobre los procesos. Ya no eran agentes del gobierno y partido gobernante quienes controlaban el proceso electoral, sino integrantes de la sociedad que, en teoría, ni tenían cercanía o compromisos con el poder, que no eran designadas en el cargo por el gobernante en turno, y que por tanto tendrían la posibilidad y el deber cívico de actuar con mayor imparcialidad, equilibrio y objetividad que sus antecesores.
Esos antecedentes chocan hoy frontalmente respecto al IEE. Para nadie es sano mantenerse tanto tiempo en el mismo encargo, y expuesto a las tentaciones que ofrece el poder. José Luis Echeverría dejaba ver, incluso antes de esas revelaciones, que actúa como un empleado del gobierno y el partido en turno. Pero hasta antes de la difusión de las grabaciones referidas, nadie del oficialismo o la oposición en el Congreso del Estado, había tratado al menos de poner en el centro del debate público este problema.
Hoy, todos se dicen sorprendidos por la actitud de sometimiento que demuestra el Presidente del órgano electoral frente al Gobernador del Estado. Ayer, todos lo notaban pero nadie lo denunciaba. Y finalmente, todos seguirán en sus posiciones actuales. Es un signo claro de lo aparentes, pero domadas, que están esas instituciones autónomas que, se supone, son las garantes modernas de nuestra democracia.
PROBLEMA MORAL
Sin embargo, el otro frente es también inaceptable. Independientemente del contenido y las personas que en ella participen, es inadmisible cualquier forma de intervención ilegal, y difusión, de conversaciones telefónicas entre particulares. Esta es la parte de la discusión que hoy evaden y justifican, quienes hace apenas unos años condenaban este tipo de maniobras agresivas. El caso más paradigmático es, seguramente, el del actual diputado Javier Corral Jurado. Este personaje es hoy el ejemplo perfecto de cómo, en su persona, las posturas éticas dependen no de las convicciones, sino del momento y la conveniencia política.
Ayer, en un artículo publicado en el diario El Universal, Corral afirmaba lo siguiente: “Estoy plenamente convencido de que la divulgación de conversaciones telefónicas que revelan la comisión de delitos e involucran o comprometen a servidores públicos en actos de corrupción o de inmoralidad, constituyen un asunto de ineludible deber para el ejercicio periodístico…”
Pero hace seis años, el mismo Corral opinaba lo contrario. En otro artículo, publicado el 31 de Octubre de 2004 en el diario Así es Tamaulipas, y rescatado ayer por la edición electrónica de la revista etcétera, se lee lo siguiente: “He sido un defensor de la vida privada de las personas. Cuando se violenta ese espacio personalísimo, esa agresión me lastima y me levanto solidario con las víctimas. No distingo calidades, ni partidos, porque estoy absolutamente convencido que esa conducta es contra todos. Hace años, esa vulnerabilidad de inocentes me lanzó con todo a luchar por un marco regulatorio para imprimir responsabilidad social al ejercicio de la Libertad de Expresión (…) Tengo documentados cientos de esos atropellos. Cruzan a pillos e inocentes. En la mayoría de los casos son estratagemas distractoras de la atención pública sobre asuntos fundamentales, ‘cortinas magnetofónicas’ con las que se desvía hacia la morbosidad a la volátil visión ciudadana (…) Muchos de los que hoy fustigan la práctica deleznable de interceptar indebidamente conversaciones telefónicas, ayer festejaron la acción. No debemos enderezar nuestro rechazo según la víctima…”
INCONGRUENTE
¿Dónde quedaron aquellas convicciones de las que hace apenas unos años alardeaba el diputado Corral Jurado? Sus contradicciones e incongruencias son evidentes. Porque a pesar de lo que las grabaciones constaten o pongan en evidencia respecto a sus adversarios, éstas son un medio inmoral, ilegítimo, antiético e inaceptable para hacer política. Son tan bajos los unos como los otros.
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