+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Caos por guerra antinarco y “reñidero político” en México

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+ FCH terminó con todos los vasos comunicantes de su gestión

La tarde del pasado martes, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel, lanzó un discurso demoledor. Ante la ejecución del candidato de ese partido al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la dirigente nacional del tricolor exigió al gobierno federal respeto ante el dolor del priismo, y exigió que se entable diálogo con el gobierno federal, pero frente a los liderazgos auténticos, y más allá del oportunismo. Esta era una respuesta implacable y dolorida, a un gobierno federal que parece estar terminando con todas las posibilidades de reencauzar la principal bandera de su gestión.

¿Qué ocurrió? Que el día previo, el candidato Torre Cantú había sido ejecutado presuntamente por el crimen organizado. En ese marco, el gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó un llamado nacional, enésimo, para que las fuerzas políticas hicieran a un lado sus diferencias y asumieran una actitud de Estado para responder al crimen organizado. Los tricolores consideraron que ese llamado, que no es el primero que ocurre frente a la comisión de un delito de alto impacto, tenía como objetivo no el replantear la lucha anticrimen, sino obtener un beneficio político frente al potencial logro de una reconciliación partidista.

La apreciación no parecía del todo equivocada. Apenas unos días antes, agentes del Partido Acción Nacional habían endurecido una campaña de desprestigio en contra de los priistas. Esas acciones incluyeron la difusión de grabaciones telefónicas entre militantes del tricolor, y pretendían poner al descubierto trapacerías y la comisión de delitos electorales. Por si esto fuera poco, en las 12 entidades de la República en las que habrá comicios mañana domingo, los priistas han denunciado la utilización de recursos económicos y humanos del gobierno federal para apuntalar las campañas de los candidatos a cargos de elección popular por los partidos de oposición.

Por eso, quizá, el tricolor asumió como una posición de oportunismo el llamado presidencial ante el crimen del abanderado. En su visión, el hecho requería una respuesta implacable y no un llamado al diálogo. En la denuncia, quedó en evidencia que hasta ahora el gobierno federal ha actuado en base a sus propios criterios, sin dar paso a la autocrítica y sin atender las posiciones discrepantes que se han manifestado desde las dirigencias partidistas, las fracciones parlamentarias o los gobiernos estatales.

Por eso, asumían como una mascarada el hecho de que, ante un crimen abominable, el gobierno federal ahora sí tuviera voluntad política de llamar al diálogo a todos sus adversarios, para que de algún modo éstos legitimaran la lucha y las acciones que ha emprendido fallidamente el gobierno federal en los últimos años.

Al final, los tricolores dijeron que sólo dialogarían después del cuatro de julio, y frente a ciertas condiciones que, extraoficialmente se dicen, tenía que cumplir de inmediato el gobierno federal. Así, lo que la realidad indica es que, de nuevo, todos los problemas fueron aplazados y que sólo serán abordados cuando existan posiciones políticas menos tirantes que las que prevalecen actualmente.

¿CÒMO NOS VEN?

Pareciera que los mexicanos estamos acostumbrados a esta guerra descarnada entre fuerzas políticas y entre facciones partidistas. Pero más allá de nuestras fronteras y nuestra cotidianidad, el crimen del candidato Torre Cantú preocupó y consternó a la comunidad internacional. Llama la atención que, en este sentido, el influyente diario español El País, haya dedicado un editorial en el que emite su posicionamiento y opinión frente a la violencia e ingobernabilidad —por cuestiones de política y de criminalidad— que se vive en nuestro país.

En el texto, se lee lo siguiente: “La guerra del narco en México no solo es tremendamente cruenta -más de 25.000 asesinatos en tres años-, sino que por su misma naturaleza constituye un salvaje espectáculo que lastra dolorosamente la imagen del país. Los últimos episodios: la muerte de un candidato a gobernador de Tamaulipas, una de las 12 gobernaciones que irán a las urnas el domingo, y la de un conocido cantante de narcocorridos ponen de relieve los propósitos de los mafiosos. Pese a que el primero ha sido el peor atentado en casi 20 años, sus objetivos no eran estrictamente políticos, ni a favor ni contra el PRI, al que pertenecía el candidato, como tampoco castigar a un cantante traidor, sino avisar de que nadie está a salvo…”

Y continúa: “¿A qué se debe entonces la imparable carnicería mexicana? Hay dos escuelas de pensamiento. Una crítica a Felipe Calderón por haber desencadenado una ‘guerra innecesaria’, porque quería darle un tono decisivo a su mandato, inaugurado por una ajustada victoria electoral sobre el candidato izquierdista Andrés López Obrador, y para ello había que lanzar una vasta operación contra una red envilecedora, pero que estaba a lo suyo y no quería llamar la atención del poder. Frente a esta teoría, otra argumenta que esa red mafiosa relativamente discreta había ido extendiéndose como una hidra por el cuerpo social, y lenta pero inexorablemente estaba transformando México de conducto entre países productores -como Bolivia, Perú y Colombia- y el gran receptor, Estados Unidos, a una nación de consumidores individuales. Es difícil en este contexto, además de hipócrita, reprochar al presidente mexicano haber tomado la iniciativa de combatir esta lacra hasta sus últimas consecuencias.

“Lo gravísimo, sin embargo, es que esa guerra en la que el Estado se ha implicado a fondo no se está ganando. La intervención del Ejército para sustituir a una policía corrompida no ha hecho sino agudizar la violencia sin resultados apreciables. Y si no hay corrección de rumbo, nos hallaremos ante una tragedia no solo mexicana, sino por extensión latinoamericana. El acechante espectro de un Estado fallido es algo que hoy no se puede permitir el mundo de habla española.”

¿MALA PERCEPCIÓN?

Así nos ven desde España: igual que como nos sentimos nosotros. Es decir, que más allá de los motivos o la utilidad, lo que tenemos enfrente es una batalla de resultados desesperanzadores. Dependerá no sólo de la fuerza, sino del consenso y la sensibilidad que el rumbo cambie. No hay certidumbre frente a la posición tirante, aparente y determinante de las fuerzas políticas.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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