Anaya representa las contradicciones panistas frente al derecho indígena

Quién sabe si el candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, conozca cuando menos algunos de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Las promesas hechas en una comunidad de Chiapas, con respecto a que como presidente apostaría al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hace pensar que no. Vale la pena repasar este tema que debiera ser sustantivo en esta campaña presidencial pero que, como muchos otros, ha pasado prácticamente desapercibido y ahora que es abordado, se ha planteado con tal vaguedad que hace suponer todo menos que quien lo abordó, no sabe ni entiende de qué habla.

En efecto, desde Las Margaritas —comunidad que en 1994 fue testigo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ reconoció que se le falló a los pueblos indígenas en sus derechos y demandas y que “la paz es mucho más que la ausencia de conflicto porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa del candidato presidencial panista, al encabezar una concentración ciudadana en esta región del país, Anaya Cortés cambió el discurso “y se comprometió con los más necesitados del país”. Tras recordar que aquí se dio el levantamiento zapatista, en enero de 1994, el candidato presidencial apuntó:

“Estar hoy aquí en Las Margaritas, en Chiapas, me obliga a recordar que este movimiento hizo que todo México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país”.’ Se comprometió a hacer realidad los acuerdos de San Andrés, que garantizan progreso y desarrollo, y dijo que cuando sea Presidente los pueblos indígenas serán los primeros.

¿Sabrá Ricardo Anaya de lo que habla? Pues de entrada parece contradictorio y oportunista asegurar que se cumplirán los Acuerdos de San Andrés, cuando el Partido Acción Nacional ha sido uno de los opositores históricos del reconocimiento de la pluriculturalidad en México, a partir de que ellos sostienen que el principio de igualdad entre todos los habitantes del país es el que debe regir tanto en las relaciones entre particulares, como en las relaciones de supra a subordinación que existen entre el Estado y los ciudadanos.

Si bien el principio de igualdad es importante como forma de reconocimiento en las relaciones entre las personas, también lo es que el principio de la pluriculturalidad de la composición social del país, ha sido piedra angular en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien, ese reconocimiento inició constitucionalmente cuando a principios de la década de los noventas, se estableció en el artículo 4 de la Constitución, el segundo párrafo del actual artículo 2 constitucional, lo cierto es que ello fue derivado más de la adecuación constitucional derivada de la firma por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, que de la intención del Estado mexicano por reconocer en sí mismos los derechos de los pueblos indígenas mexicanos.

SAN ANDRÉS

En 1994 estalló la guerra en Chiapas, declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del gobierno federal que entonces encabezaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Así iniciaba la Primera Declaración de la Selva Lacandona, mediante la cual el EZLN declaró la guerra: “Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”

La guerra y el profundo efecto político que tuvo en el gobierno federal el alzamiento zapatista, derivó en la instauración de los Diálogos de San Andrés, de los que emanaron los llamados Acuerdos de San Andrés, mediante los cuales el gobierno federal se comprometió a modificar la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, incluyendo el de la autonomía y la libre determinación. Este compromiso fue incumplido en varias ocasiones durante el gobierno del presidente Zedillo.

Y luego vino Vicente Fox, del PAN, quien como candidato presidencial dijo que el problema de Chiapas podría ser resuelto “en quince minutos”. Esa declaración, desinformada y bravucona, tuvo que ser honrada mediante el envío de una nueva iniciativa de reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, a principios de su gobierno. Nuevamente, la redacción final de la reforma fue rechazada por los pueblos indígenas al no cumplir con las expectativas de ver reflejado el contenido de los Acuerdos de San Andrés.

El punto medular, es que en el nuevo artículo 2 de la Constitución federal, no se reconoció la autonomía plena que exigían los pueblos indígenas, y por ende las libertades y los derechos reconocidos quedaron anclados a los límites generales establecidos por la Constitución. Quienes justificaron la pequeñez de dicha reforma, afirmaron que otorgar plena autonomía a los pueblos indígenas podría ser el parteaguas de un proceso secesionista. Incluso, por eso mismo, el artículo 2, que contiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, inicia con una prevención velada sobre la unidad nacional: “La nación mexicana es única e indivisible”.

IGNORANCIA

Ahora bien, ¿sabrá Ricardo Anaya todo este contexto y, sobre todo, estará dispuesto a llevar a los hechos las palabras fáciles que soltó aparentemente sólo para presentarse como un candidato presidencial sensible y aliado de los pueblos indígenas? Sería ideal que lo hiciera. Sin embargo, más bien parece que fue una declaración fácil, para tratar de ganarse la simpatía de ese sector poblacional que ha estado relegado de la discusión nacional y al que nadie ha atendido ni volteado a ver en estas campañas presidenciales.

Exigirle más a quien gane: lo indispensable luego del 1-J

Faltan 32 días para la elección presidencial, y hasta ahora parece haber una tendencia electoral difícil de revertir. Hay quienes, frente a esa realidad, se resisten a aceptar lo que parece inevitable; y hay otros que ven el 1 de julio como una meta y no como el inicio de una ruta que, por las propias condiciones del país, no será fácil. Si la tendencia cambia, o se modifica, lo que todos debemos tener claro es que a partir del día siguiente de la elección, los mexicanos deberíamos mostrar madurez y preocupación no por nuestro partido o preferencia electoral sino por nuestro país, exigiéndole más a quien gane la elección.

En efecto, han pasado casi 60 días desde que iniciaron las campañas presidenciales, y lo cierto es que hasta ahora el ayuno de ideas ha sido casi total entre los candidatos, que a pesar del ruido y las acusaciones que han cruzado durante las largas semanas de la campaña, hasta el momento no han logrado estructurar ni los más elementales esbozos de las respuestas que el país necesita en algunos de los temas más trascendentes.

No hay respuestas concretas relacionadas con la inseguridad, con la violencia o con el enorme problema que vive el país por la falta de Estado de Derecho. Los candidatos, en general, no han sido capaces de responder estructuradamente por qué la economía se mantiene estable sin crecer, y mucho menos qué harían para lograr un cambio positivo, sobre todo en este momento en el que la economía nacional se encuentra presionada no por decisiones gubernamentales sino por factores externos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la volatilidad del tipo de cambio que presiona a productos como los combustibles o las importaciones, que están directamente relacionadas con la paridad peso-dólar, entre otros.

En esa lógica, es evidente que entre la diversidad de candidatos hay diversas posturas. Se encuentran, por un lado, las propuestas llenas de chabacanería y ocurrencias como las de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección, y por eso ha dado saltos al vacío al plantear propuestas como la de mutilar las manos a los políticos corruptos, o la de infligir legalmente castigos y penas inhumanas y degradantes a quienes cometan algunos delitos. El Bronco dice, quizá con cierta razón —pero fuera de toda lógica—, que sus propuestas son eco de lo que la propia ciudadanía le ha dicho durante su campaña.

Luego, hay otra franja de candidatos con cierta idea, pero sin competitividad. Ahí encontramos lo mismo a José Antonio Meade, del PRI, y a Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD. Aunque hay diferencias notables entre uno y otro de experiencia profesional y en la administración pública, lo cierto es que ambos han tratado de hacer esbozos generales sobre las soluciones que proponen para el país. El problema es que ambos cargan con el cuestionamiento de fondo relacionado con el hecho de que durante los 18 últimos años, los partidos que postulan a uno y a otro han sido gobierno en México, y no han podido enfrentar los temas sobre los que ahora ellos pretenden plantear soluciones.

De hecho, ni con el tema de la corrupción, ni con el de la inseguridad, ni con el relacionado al bajo crecimiento económico, los candidatos de ambos partidos han logrado hacer propuestas creíbles y asequibles a la realidad actual. Más bien, ambos cargan con varios de esos cuestionamientos.

Desde el hecho mismo de que Ricardo Anaya ha sido cuestionado por el origen de su fortuna y de varios negocios inmobiliarios presuntamente realizados por empresas fantasma, hasta la realidad de que José Antonio Meade ha sido funcionario de tres administraciones consecutivas, y ha tenido ante sí —sin hacer más— la posibilidad de enfrentar los escándalos de corrupción que ahora dice que va a perseguir.

Al final, parece que ambos comparten el hecho de que son aparentemente estructurados pero con un vacío de legitimidad que los ahoga en la falta de competitividad electoral que hoy demuestran.

¿Y AMLO?

Acaso, el que ha planteado las propuestas menos estructuradas es Andrés Manuel López Obrador. Su fortaleza actual como candidato presidencial, en realidad, ha radicado en el hecho de que ha sabido capitalizar la desesperanza de la gente por la reiteración de gobiernos fracasados y de problemas que no han podido ser resueltos. Lleva más de una década en campaña; pero a pesar de eso, muchas de sus propuestas y planteamientos para enfrentar —y eventualmente resolver— algunos de los grandes problemas nacionales, siguen siendo una incógnita.

En ese sentido, un editorial de Bloomberg Bussinesweek (https://bit.ly/2IWB5gk) establece coordenadas precisas de lo que hasta ahora se conoce de sus propuestas —más incógnitas que coordenadas concretas—, y lo que debería exigírsele a López Obrador como candidato presidencial, y como eventual triunfador de la elección del 1 de julio:

“Pero las soluciones de López Obrador son vagas. Habla de una amnistía para los traficantes de drogas, sin decir lo que significaría. Su respuesta a la corrupción aparentemente es predicar con el ejemplo. La victoria en esa lucha de alguna manera pagará un gasto social ambicioso. Sus asesores tratan de aplacar los temores sobre su deseo de revertir las reformas económicas de Peña Nieto, pero el candidato no parece estar escuchando.

Su mandato al frente de la Ciudad de México sugiere que es un progresista moderado, aunque no da marcha atrás a su populismo a medida que su liderazgo se solidifica. Garantizar los pagos de cultivos, congelar los precios de la gasolina en términos reales, limitar la participación extranjera en la industria del petróleo y gas, aumentar los beneficios de las pensiones, apoyos a los jóvenes y, en general, expandir el rol económico del Estado significa problemas fiscales para un país con una creciente deuda. Igualmente alarma su punto de vista sobre la Suprema Corte, el INE y la sociedad civil en general. López Obrador dice que si gana la elección dará a los votantes la oportunidad de sacarlo del cargo cada dos años. Eso no sustituye a los controles y equilibrios, y al gobierno competente y ordenado.

EXIGIRLE MÁS

Es demoledora la conclusión de dicho editorial: “El esfuerzo del PRI por restaurar su dominio casi ha colapsado en una nube de disgusto electoral. Sin embargo, pasar de un régimen de un solo partido a otro basado en una sola persona no es la forma de reparar la confianza en el gobierno. El éxito de México depende de una mayor reforma a la economía y la construcción de instituciones sólidas de gobernabilidad democrática. Los votantes no deberían exigir menos.” Algo que, en el ideal, tendríamos que comenzar a hacer los ciudadanos a partir del 2 de julio, cuando las militancias y las preferencias electorales se terminen, y volvamos a la realidad de un país de cabeza por problemas —hasta ahora— sin ninguna solución planteada.

Operativos contra vehículos con placas foráneas: algunas coordenadas sobre el fracaso de esta medida

En el último bimestre de 2017, el gobierno estatal presentó un programa emergente de regularización para los vehículos emplacados en Oaxaca, que tenían adeudos en el pago del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos. Al iniciar el año 2018, la administración estatal puso en marcha un segundo programa a partir del cual, quienes estuvieran al corriente en el pago de los impuestos de sus vehículos de motor, recibirían un beneficio que disminuiría sensiblemente la carga fiscal sobre los mismos. Todo parecía ir bien, hasta la reciente implementación de operativos policiacos —ilegales— para hostigar a quienes circulan en la entidad, pero tienen emplacados sus vehículos en otros estados.

En efecto, durante la semana previa se denunció sistemáticamente en redes sociales, que en diversos puntos de la entidad se realizaron operativos, encabezados por la Policía Vial Estatal, para verificar la concordancia entre la procedencia geográfica de las placas de circulación de los vehículos de motor, con el origen de la licencia del conductor del vehículo. La laxitud de los operativos permitía que, en medio de esas verificaciones, prácticamente por cualquier motivo el conductor fuese sancionado con la imposición de infracciones, e incluso la retención del vehículo por la falta de portación de placas, licencia, tarjeta de circulación, entre otros.

A partir de ello, de inicio deben quedar claros algunos puntos. El primero, y más importante, es que en realidad la expedición de las placas vehiculares y tarjeta de circulación, es una facultad que de forma originaria tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que desde hace años delegó a las entidades federativas en el marco de la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Por eso, igual que como operó la tenencia vehicular hasta su desaparición como impuesto federal —que era materialmente cobrado por los estados, y el ingreso se acreditaba contra los recursos que la federación debía transferirle a la entidad federativa—, la expedición de placas quedó en manos de los estados a pesar de ser un asunto originalmente federal.

Ahora bien, si tomamos como referencia algunos intentos más o menos similares al actual, tendremos que entonces regresar al año 2011, cuando el gobierno estatal exploró por primera ocasión la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca, y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.

Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, como se apuntó en párrafos anteriores, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal —los que son conocidos popularmente como “de servicio público federal”—, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.

COBRO, IMPOSIBLE

Ahora bien, ¿por qué en 2011 el gobierno estatal —a través de la Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública— no pudo aplicar sanciones a quienes tenían emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, pero portar una licencia de conducir expedida por la autoridad de Oaxaca?

Evidentemente lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: intentar la configuración de la evasión fiscal a partir del origen del emplacamiento contra quién emitió la licencia de manejo que portaría el conductor, significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, el cual se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

Además de eso, tienen otro problema: el acto de molestia. En realidad, parece que quienes estos días han intentado generar una especie de terrorismo fiscal relacionado con el origen de las placas de circulación en los vehículos, no ven que todos sus operativos son en esencia ilegales. No tendrían forma de acreditar válidamente la forma en que ejecutaron un acto de molestia en contra de particulares, ya que no existiría ninguno de los elementos válidos para ello.

No podrían acreditarlo, a partir de que en la gran mayoría de los casos no existiría un acto previo del particular que diera pie al acto de molestia por parte de la autoridad. En un retén, por ejemplo, no se necesita ir infringiendo ninguna norma ni reglamento vial para ser de todos modos detenido y molestado por la autoridad. En el caso de los operativos para detectar conductores ebrios, las autoridades judiciales han determinado que el acto de molestia es válido ya que éste resulta ponderadamente superior frente a los riesgos que implica el hecho de que existan conductores peligrosos, por ebrios, frente al volante. Sin embargo, eso no sería ni cercanamente similar si lo que intentaran acreditar es que el acto de molestia ocurrió para una verificación administrativa o fiscal.

Lamentablemente, como la autoridad sí sabe que tendría todos esos trastabilleos jurídicos si decidiera llevar frontalmente a juicio la portación de placas de otras entidades federativas, lo que hace es utilizar rutas alternas: detiene a los conductores, los amedrenta con el origen de las placas y la licencia de conducir, y luego aprovecha para verificar que los documentos estén “en regla” para tratar de aplicar cualquier cantidad de infracciones.

CULPABLE O NO…

Al final, lo logran porque hay muchos conductores indolentes que transitan con sus vehículos sin placas, sin tarjeta de circulación o, lo que es más común, sin la licencia de conductor que, no sin alegar, les permitiría brincar el cerco policiaco puesto para espantar a los parroquianos e incrementar la expedición de infracciones y vehículos remolcados a los corralones. Para esos efectos, “la licencia de Dios”, con la que muchos conducen su vehículo, no es salvedad para ser infraccionados.

Amnistía de AMLO, es persistir en el error de calificar como ‘una guerra’, el combate al crimen organizado

Desde hace una semana, todos los personajes intelectualmente robustos que se encuentra alrededor del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han reforzado las explicaciones y razonamientos respecto a la amnistía que el tabasqueño podría darle a los implicados en los actos criminales de los últimos años, que han dejado una estela de muerte, miedo y desolación a lo largo del país. Todas sus explicaciones se fundan en el planteamiento lógico de la urgencia de la reconciliación nacional. Sin embargo, lo que equivocan es el fundamento de la amnistía, porque —quién sabe si deliberada o accidentalmente— persisten en considerar como una guerra, lo que en realidad han sido siempre actividades criminales. En esa aparente confusión conceptual, está todo lo que ninguno de los aliados de López Obrador alcanza a explicar.

En efecto, desde hace varios meses el Candidato Presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, dejó ver la posibilidad de impulsar una Ley de Amnistía que considerara a todos los implicados en actividades criminales, para ofrecerles una salida a la vida delictiva que habían ejercido en los últimos años. La medida fue aplaudida por algunos, pero evidentemente rechazada por todos aquellos que no consideran como una posibilidad que el Estado perdone a criminales en aras de un proceso de reconciliación nacional, máxime porque los delitos que se han cometido en la última docena de años, desde que el gobierno del presidente Felipe Calderón declaró una cruzada contra la delincuencia organizada —calificándola desde entonces como una “guerra”—, han sido de los más violentos y dolorosos para millones de personas en diversas regiones del país.

En ese sentido, desde que el presidente Calderón denominó como “guerra” las acciones que emprendería a través de las instituciones de seguridad pública y de las fuerzas armadas, en contra de los grupos criminales, se advirtió los riesgos de utilizar ese término, que es propio de los conflictos bélicos que ocurren entre sujetos políticamente legitimados, para denominar la persecución de delitos por parte del Estado en contra de personas que esencialmente estaban violando la ley por una razón de provecho y lucro económico, pero sin tener una base legítima o un fin social con sus acciones criminales.

De hecho, la posibilidad más aceptada para el uso del término “guerra” ocurre cuando dos naciones —que son entes soberanos— reclaman un derecho legítimo, que al no poder resolverlo por la vía diplomática, hacen uso de la fuerza bélica en el marco del derecho de guerra que es reconocido en el orden internacional. Junto al conflicto entre naciones, el término guerra también se utiliza cuando algún conflicto político escala hacia la vía violenta dentro de un mismo Estado. Es caso de las guerras civiles, las revoluciones, u otros movimientos armados que, incluso la guerrilla, tienen como fondo un interés o cuestión política que se está dirimiendo a través de las armas.

El problema es que nada de lo que ha pasado en los últimos años en México, tiene esas características. Aquí no han ocurrido movimientos armados con fines políticos, sino simplemente acciones de delincuencia organizada que han escalado a niveles escalofriantes. Aún así, hay quienes afirman que el derecho a la amnistía es legítimo, y que ello sería el camino para pavimentar la reconciliación nacional.

Ponen como ejemplo los tiempos de Juárez, en los que impulsó una amnistía general en contra de los traidores a la patria que habían respaldado al Imperio de Maximiliano. De nuevo: es cierto que el derecho a la amnistía es legítimo y es constitucional. Sin embargo, nada tiene que ver el antecedente de aludido en la restauración de la República luego del Segundo Imperio, con lo que ha pasado en México en los últimos años, en donde las acciones criminales no han tenido ninguna intención política, sino simplemente ejercer violencia y terror para obtener ganancias económicas de ello.

AMNISTÍA

Existen pocos antecedentes jurisprudenciales en México sobre la amnistía. Sin embargo, una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su quinta época, da luces importantes sobre cómo debe comprenderse la naturaleza jurídica y los efectos de la amnistía.

Dicha tesis (Semanario Judicial de la Federación Tomo LX Pág. 1017. Quinta época. Registro digital: 330276) señala que “la amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, invalida la misma condena.

“Los sentenciados a penas corporales, recobran su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de los daños y perjuicios causados.

“La amnistía tiene como característica, que a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por la sola comisión del delito o por una condena, habían perdido. Por tanto, si la condición para el reingreso al ejército, de un militar acusado de un delito, era el sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley de amnistía, tal condición ha quedado cumplida, y si no se ha formado el expediente administrativo para darle de baja, no surte efectos, por lo que la negativa para que tal militar reingrese al ejército, es violatoria de garantías.”

PERDÓN SIN JUSTICIA

Queda claro, con ello, que la amnistía tendría que ser general y por delitos políticos. Ahí está, en esencia, el quid de la reconciliación después de un periodo de conflicto político. En un caso como éste, en el que el enemigo (el crimen organizado) es por naturaleza ilegítimo, amorfo e indeterminado, emitir una ley de amnistía implicaría un doloroso “borrón y cuenta nueva” para millones de personas, que han sido víctimas de la delincuencia en todos sus niveles (desde la común, hasta los cárteles) y que quién sabe si estén a favor de una reconciliación sin justicia, como la que pretenden argumentar y justificar los partidarios de López Obrador.

La liberación del médico en el caso del niño Edward, ni revictimiza ni genera impunidad

La puesta en libertad del médico especialista implicado en la muerte del niño Edward, puede generar una polvareda de verdades a medias y presunciones infundadas que, por la salud de la convivencia entre la sociedad y la comunidad médica oaxaqueña y del país, debe disiparse lo más pronto posible. Es cierto que el médico fue puesto en libertad. Pero también lo es que, independientemente de ello, el proceso judicial no está concluido, ni tampoco está desvirtuada la acusación que formuló en su contra la Fiscalía General del Estado.

En efecto, desde las primeras horas de la tarde de ayer circuló la versión, que luego se confirmaría, de que el médico Luis Alberto P.M. habría de recuperar su libertad luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia resolvieran la apelación al auto de vinculación a proceso y el establecimiento de la pena de prisión preventiva, que un Juez de Control le había impuesto al galeno, luego de que le fuera ejecutada una orden de aprehensión por la comisión del delito de homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica, y por eso mismo fuera presentado para comunicarle la imputación y decretar su vinculación a proceso.

Esta determinación inicial del Juez de Control, fue lo que generó la inconformidad de la comunidad médica en Oaxaca y en el país, que desde el primer momento salió a protestar por el hecho de que su compañero médico hubiera sido puesto en prisión. Esencialmente, los galenos argumentaban que los médicos se preparan para salvar vidas y no para matar personas, y que por esa razón no se podía “criminalizar” la labor de un especialista que sólo hacía su trabajo. Lo cierto es que la protesta tenía como base la decisión de meter en prisión del médico imputado, pues en realidad el ejercicio de ningún profesionista —y sus consecuencias— está excluida de posibles responsabilidades frente a la sociedad, y en esa lógica el gremio médico no es ni debiera ser la excepción.

Ahí comenzó una cadena de linchamientos, que sólo desvió la atención de los temas de fondo, y alimentó la división entre la sociedad oaxaqueña. Toda la comunidad médica acusó al Fiscal General del Estado de estar actuando indebidamente, a pesar de que la función principal del Ministerio Público es la de perseguir la comisión de delitos, y formular acusaciones cuando considera que existen elementos necesarios sobre la posible comisión de un ilícito, para ponerlos a la valoración y consideración de un juez del Poder Judicial.

Del mismo modo, la comunidad médica argumentaba que no debía criminalizarse la labor profesional de los médicos, cuando en realidad de lo que se trata es de desvirtuar la acusación penal formulada por la Fiscalía y aceptada por el Juez, de que los médicos imputados actuaron incorrectamente y que, o por una negligencia, o por un acto deliberado, provocaron la muerte del menor. Incluso, en el enfrentamiento retórico hubo quien acusó a los padres del menor fallecido de estar actuando dolosamente, cuando lo cierto es que como víctimas de un delito ellos están en la postura natural, esperable, deseable y necesaria de pedir que, en justicia, se le dé a cada quien lo que le corresponda frente a este caso.

FALSAS APRECIACIONES

La comunidad médica demandaba que la Fiscalía retirara la acusación que formuló en contra del médico. Esto no sólo no iba a ocurrir ya que el propio Fiscal General dijo que eso sería algo que esa institución simplemente no haría; pero tampoco habría podido ocurrir así de forma lisa y llana, ya que las víctimas del delito presuntamente cometido también tienen derecho a exigir justicia, y a buscarla en los tribunales incluso frente a una eventual decisión unilateral del Fiscal General de retirar la acción penal ejercida ante el juez penal.

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la situación en la que se encuentre el médico, respecto a su integridad personal, lo cierto es que el procedimiento deberá continuar hasta su conclusión. Lo único que habrían revalorado en este momento los magistrados que revisaron la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el Juez de Control, es respecto a que el médico imputado no es susceptible de sustraerse a la acción de la justicia, y que por ende puede continuar en libertad durante todo el tiempo que dure el desahogo del juicio.

Por esa razón, es incorrecto suponer que lo que se hizo fue concretamente un acto de justicia, ya que hasta el momento siguen sin ser valorados todos los elementos objetivos, que al final tendrán que servir para llegar a una conclusión de culpabilidad o inocencia del médico que ayer fue liberado, y de la anestesióloga que también está procesada pero que desde el inicio pudo enfrentar esta situación en libertad. Por eso, no se puede hablar aún de justicia, porque la justicia no está sujeta a la mayoría de razón ni a las presiones sociales. Quizá hubo algún elemento social o político, de prudencia para la distensión del conflicto, lo que en parte habría motivado la resolución de los magistrados. Sin embargo, para efectos del fondo del juicio esencialmente todo esto no significa nada aún.

Por todo ello, es necesario esperar a que el caso continúe su curso, y a que finalmente sea en los tribunales en donde todo esto se dirima. Es imposible pensar, o suponer, que por una decisión inicial todo el asunto cambie el curso. También es necesario que todos, el gremio médico y la sociedad, asuman la responsabilidad y el valor civil para apostar a que sean también profesionales, en este caso del derecho, quienes en sus calidades de abogados y jueces, además de todos los peritos que deban participar, sean quienes contribuyan a esclarecer el hecho, encontrar la verdad y establecer el grado de responsabilidad que pudo tener cada uno de los implicados.

Para todos será costoso el linchamiento social al que se sometió a la Fiscalía General, a los jueces y a todos los que de alguna forma están involucrados en este hecho. Ni eso, ni la presión social, elimina el hecho de que todos estamos frente a la comisión de un acto ilícito, y a que independientemente de que éste sea doloso o culposo, de todos modos causa gran dolor a la familia y sus seres queridos, y por eso mismo debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, igual que cualquier otro caso similar cometido por cualquier otro profesional de cualquier ramo, en el ejercicio de sus habilidades y conocimientos profesionales.

NI IMPUNIDAD, NI NADA

Se ha revictimizado a los padres del menor, con el linchamiento y el señalamiento social, no con la libertad provisional del médico imputado. Esto, a su vez, no genera impunidad porque nadie ha sido exculpado de nada. A este proceso le queda aún mucho por delante.

Con todo y sus trampas, la inclusión de El Bronco en la boleta electoral, servirá para minar a independientes

Puede ser infinita la lista de motivos —políticos, jurídicos, de intereses, etcétera— que pueden explicar la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral de los candidatos presidenciales a pesar de todas las irregularidades que se acusan respecto a las pruebas ofrecidas sobre la obtención de apoyo ciudadano para su candidatura. De entre todas ellas, una que no debe ser soslayada es la de asestarle un golpe, así sea en el mediano plazo, a la apertura del acceso al poder a los ciudadanos sin partido.

En efecto, la decisión del TEPJF sobre la candidatura independiente de El Bronco ha causado todo tipo de descalificaciones, las cuales están basadas, esencialmente, en lo que se acusó desde el propio Instituto Nacional Electoral sobre las irregularidades en la integración del apoyo ciudadano que el Tribunal Electoral decidió desconsiderar para darle prioridad a su registro como candidato, aduciendo una sentencia de corte garantista para proteger el derecho a votar y ser votado de El Bronco, así como la aparente reparación ante el quebranto jurídico que el INE le habría causado al negarle la garantía de audiencia para la revisión de las (miles) de irregularidades detectadas.

Sobre esto, ayer el escritor Héctor de Mauleón refería en su columna de El Universal, los señalamientos del consejero Ciro Murayama al respecto. El Bronco, afirmaba, reunió 2 millones 34 mil 403 apoyos entre octubre de 2017 y febrero de 2018. De esos apoyos, un millón 223 mil 408 coincidieron con la lista nominal. El resto, 810 mil 995, le fueron descartados por el INE. Y es que había 266 mil 357 apoyos duplicados. 11 mil 748 se hallaban en el padrón, pero no en la lista nominal.

15 mil 938 nombres habían sido dados de baja del listado: 7 mil 44 correspondían a personas que habían muerto; 7 mil 78 provenían de credenciales no vigentes (con más de diez años de antigüedad), y 6 mil 630 no fueron encontrados ni en el listado ni en el padrón.

Mil 869 se hallaban fuera del régimen de excepción (es decir, no vivían en municipios marginados, lo que les habría permitido entregar su apoyo en papel) y 508 mil 453 apoyos adolecían de inconsistencias: “esto es, fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa control”, según explica Murayama.

Desde el primer momento, no se validaron, pues, 810 mil 995 apoyos. A Rodríguez le quedaba un universo de un millón 223 mil 408 apoyos. Dicho universo fue sometido —al igual que el de otros 31 aspirantes a convertirse en candidatos independientes— a una revisión censal. Surgieron “fotocopias, simulaciones y documentos no válidos”. 158 mil 532 no eran sino simulaciones de credencial: “cartoncillos, plantillas con pretendida forma de credencial donde se vaciaban datos genuinos de ciudadanos, pero sobre soporte falso”.

Había, además, 205 mil 721 fotocopias. Y se detectaron también 23 mil 644 apoyos en documentos no válidos: “tarjetas de descuento y licencias de manejo” (no credenciales de elector). De manera que al señor Rodríguez se le descontaron otros 387 mil 897 apoyos. Al Bronco, dice Murayama, se le dio derecho de audiencia por cinco días. Cuando se hubo revisado el 100% de los apoyos, se le dieron por buenos 14 mil 426 más. Con eso obtuvo un total de 849 mil 937 firmas.

Le faltaron 16 mil 656 para alcanzar la meta. Él alegó que no tuvo garantía de audiencia. Murayama afirma, sin embargo, que está documentado que en 12 ocasiones El Bronco y su equipo acudieron a revisar sus firmas entre diciembre y febrero, y luego durante el mes de marzo. El criterio final del INE fue que había irregularidades insubsanables en 302 mil 542 apoyos. El Tribunal determinó que la autoridad electoral no había justificado “fundada y motivadamente” su decisión, y había actuado, por lo demás, de manera unilateral. Hasta aquí la cita al texto de De Mauleón.

Lo que resulta relevante es que, con todo y eso, a Rodríguez Calderón le otorgaron el registro. ¿De verdad todo puede ser tan positivo y garantista como se aparenta?

GOLPE A LOS INDEPENDIENTES

Desde siempre se ha sabido que en México el sistema político no quiere a los independientes. Tampoco los quieren los partidos políticos, porque hasta antes de que éstos aparecieran, el monopolio del acceso al poder público estaba depositado justamente en ellos. Las candidaturas independientes se lograron luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado Caso Castañeda Gutman versus México, que obligaba al Estado mexicano a modificar su marco jurídico interno para incluir y garantizar el derecho a ser votado, de las personas que no militan en ningún partido político.

El problema es que las candidaturas independientes hoy tienen todos los escollos posibles, incluyendo a quienes hoy son candidatos presidenciales por esa vía. Un problema inicial radicó en el establecimiento de condiciones muy desiguales para la obtención del apoyo ciudadano, así como umbrales dificultados para ser alcanzados. Además de eso, se les establecieron diversos mecanismos de negación del acceso a recursos públicos, y otras circunstancias que hacían complicada la posibilidad de que cualquiera de ellos lograra juntar el apoyo requerido.

De hecho, en noviembre del año pasado más de 50 ciudadanos registraron sus intenciones de convertirse en candidato presidencial independiente. Desde entonces, los cálculos más optimistas sugerían que cuando mucho habrá uno —o una— que podría lograr juntar las más de un millón 200 mil firmas que eran necesarias —por el margen de error que podían tener en la validación del respaldo ciudadano por parte de la autoridad electoral— para poder acceder a esa candidatura independiente.

Y lo cierto es que buena parte de los obstáculos —constitucionales, institucionales y materiales— a los que se enfrentaron esos aspirantes a una candidatura presidencial independiente, fueron creados y fomentados, por los mismos partidos políticos, como parte de su feroz lucha electoral en la que quieren que no existan más contendientes ni competidores que ellos; además de que el propio balance de la forma en cómo los aspirantes a una candidatura independiente intentaron acreditar el apoyo ciudadano recibido, puso en evidencia que ellos mismos habían incurrido y fomentado prácticas indebidas e ilegales que debían ser sancionadas.

DESCRÉDITO

En ese panorama, es posible que el resultado de la elección presidencial sea lamentable para los independientes, tanto por los votos captados como por las irregularidades cometidas. ¿Y no sería eso punta de lanza para impulsar la discusión de una contrarreforma? Porque si para lograrlo el descrédito era un elemento necesario, parece que las circunstancias ya lo están dando.