Ciclovías: pueblo bicicletero

Carlos R. Aguilar Jiménez

Al estilo de Ámsterdam donde parte de la movilidad urbana se realiza a bordo de bicicletas, la Secretaría de Movilidad (Semovi) en Oaxaca copiando lo que hacen ciudades de primer mundo, pretende hacer de la ciudad de Oaxaca, un pueblo bicicletero, estableciendo ciclovías en vialidades de alta movilidad estorbando, el de por si, lento desplazamiento de vehículos de motor al estrechar calles o eliminar carriles de circulación para dar espacio a dos o tres ciclistas y, si bien la intención podría ser ventajosa, la realidad es otra porque Oaxaca no es una ciudad plana como Ámsterdam, Berlín, Madrid o la CDMX, porque es de subida-bajada de norte a sur con incontables elevaciones, colinas y cerros donde las bicicletas se desplazan fácilmente de bajada. Subirlas es una pesadilla.

Establecer ciclovías es más tendencia política que hará quedar bien en discursos al gobierno estatal respecto de su supuesta preocupación por el ambiente, calentamiento global o la Covid-19, pero que en la realidad no sirve, porque quienes utilizan bicicletas son apenas el dos por ciento de quienes se transportan en la ciudad, y lo hacen jóvenes con todo el vigor y enjundia, no así personas mayores sin la misma vitalidad, temple muscular o pobreza económica, para subirse al frágil vehículo de dos ruedas impulsado por músculos, en lugar de una motocicleta o automóvil, sin considerar que además la bicicleta sirve únicamente si no se transporta alguna carga extra pesado o voluminosa, si a donde uno se dirige no importa llegar sudado, apestoso, excitado y cansado. Las bicicletas, si bien son uno de los mejores inventos para desplazarse sin utilizar combustible, resultan vehículos que transportan únicamente al tripulante, no puede haber pasajeros y además, como señala el periodista Alfredo Martínez. de Aguilar: “Hay un rechazo general y ácidas críticas a la insensibilidad y opacidad de Arturo López Sorroza, titular de Semovi al tenerse la percepción popular que se trata de la imposición de una ocurrencia” porque es obvio que al estrechar calles en la colonia Reforma, Camino Nacional, Centro Histórico y las que sigan, la de por sí difícil circulación de vehículos en la ciudad será cada vez peor, porque la mayoría de personas que tiene que desplazarse por la ciudad lo hacemos en automóvil, autobús o motocicleta, incluso en el nefasto moto taxi manejado por algún póngido, siendo apenas el dos por ciento quienes utilizan bicicleta y, la mayoría, excepto quienes los hacen por necesidad: albañiles u obreros, los defensores de la bicicleta son hípster, alivianados, fundamentalistas verdes y lo hacen por diversión, ejercicio, deporte o regodeo, no para transportarse a su trabajo o donde tengan que ir; a esos lugares van en su moto Harley, su Audi o BMW, pero no en bicicleta. Las bicicletas son para deporte o entretenimiento Las ciclovías del programa “BiciRutaOaxaca” de un programa nacional de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), son ocurrencia desafortunada para la movilidad de vehículos en Oaxaca, mas útil sería eliminar el estacionamiento del periférico o Carretera Internacional.        

Nuevo ayuntamiento

Carlos R. Aguilar Jiménez

Como cada tres años al iniciar un nuevo ciclo del Ayuntamiento en Oaxaca de Juárez, las expectativas e ilusiones de los habitantes del municipio de la capital son elevadas, principalmente ahora, cuando, como en la fallida administración anterior se espera lo máximo de las autoridades o por lo menos cumplan con lo prometido, resultando siempre más de lo mismo o peor, en el último trienio porque si bien son pocos quienes entienden la conducta de políticos y todavía les creen, los escépticos informados, siempre dudan porque su técnica es: mentir para ser populares, no obstante, con el beneficio de la duda se espera de cada nueva administración municipal lo mejor.

Terminó el primer trienio de la autodenominada 4T, que si bien para los devotos seguidores del presidente de la República, su ideología sería la misma en todos los cargos de elección popular como en el municipio de Oaxaca, la realidad, como se ha demostrado, es diferente porque si obtuvieron el triunfo electoral, no se debió a méritos, trayectoria política, pundonor o promesas de campaña, sino a la inercia del aura mística de AMLO, que mientras esté en el poder su avasalladora popularidad hará ganar a todos los candidatos de su partido, como era el PRI antes, así que al asumir el cargo las autoridades municipales este inicio de año tienen la responsabilidad de reivindicar a su partido con quienes los eligieron, demostrando capacidad, conocimiento de causa, inteligencia y especialmente hábil manejo político para resolver conflictos, evitando la torpeza, improvisación e indolencia del Ayuntamiento saliente, que nunca se ganó la “H” de honorable, quienes no cumplieron con lo prometido, sino que además, como nunca había sucedió en los últimos 50 años, por primera veza dejaron de pagar salarios y aguinaldos a trabajadores, quienes tuvieron que bloquear la ciudad para conseguir su sueldo, sin considerar problemas con basura, seguridad, bacheo, semáforos, cultura o ciencia y tecnología donde se nombró para vergüenza de Oaxaca, ocupara el cargo a quienes ni idea tienen de conceptos básicos de ciencia, como una ex subdirectora de Ciencia y Tecnología de cuyo nombre afortunadamente no me acuerdo, quien solicitó al Observatorio Astronómico observar con un grupo al planeta rojo, astro que para todos es Marte, enterándose después que no, porque para la ex subdirectora, se trataba de un planeta de una constelación mística, de otra dimensión o de un universo paralelo, que astronómica y científicamente no existe, no aparece en ningún catálogo estelar ni mapa celeste, demostrándose así el paupérrimo conocimiento científico y supersticiones de quien debía ser alguien con conocimiento básico de ciencia, tecnología o filosofía científica, de tal manera que, la expectativa de cambio y reivindicación, no únicamente en ciencia, sino en seguridad, servicios, salud, turismo, cultura deben ser superiores en este Ayuntamiento a las de la tristemente célebre alcaldía saliente hasta ahora en plena impunidad y desprestigio total para los oaxaqueños y la 4T fracasada.     

Inhabilitar personajes

Carlos R. Aguilar Jiménez

Si para bien de los devotos creyentes cristianos adheridos a su fe católica, la Virgen María en advocación de Guadalupana es en México hiperdulía derivada de ser Madre de Jesucristo, designada: Virgen María, Santa María, Madona o Virgen de Guadalupe, el Nuevo Testamento dice poco de su vida. Mateo indica que casó con José, quien al descubrir que estaba embrazada, “resolvió repudiarla en secreto” pero un ángel le informó que había concebido por obra del Espíritu Santo, siendo aceptada y dando a luz al Hijo de Dios, no de José, convirtiéndose en divinidad sustancial de la religión cristiana, que según expandía el Imperio Romano, se imponía con el mejor argumento teológico a los pueblos paganos, esto es con pólvora, espadas y sangre, hasta llegar a la Nueva España.

500 años después de la Conquista y 200 de la consumación de la Independencia, el gobierno con su ideología del gimoteo, de gimotear por todo lo ocurrido en el pasado, reivindica la cultura del Imperio cruel, sanguinario y despiadado de los Mexicas, exigiendo perdón al Papa y a la Corona Española por abusos cometidos y, quitando de su pedestal la estatua de Cristóbal Colon que por décadas reconoció la exploración marítima de este personaje genovés (no era español) que encontró lo que hoy es América, aunque no lo supo, y será sustituida por una escultura que representa una indígena americana, sin reconocer y agradecer que fue gracias a Colón, pero especialmente a Hernán Cortés, que los mexicanos dejaron de ser paganos, idolatras o herejes adoradores de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tonatiuh o Tláloc, para convertirse a la auténtica, verdadera y única religión de la Tierra, la galaxia y el Universo, venerando, en lugar de nuestros dioses indígenas, a un Dios de Medio Oriente, que no tiene relación con culturas mexicas y prehispánicas, por lo que si pretenden despreciar a Colón, lo mismo se debiera hacer con lo demás que trajeron españoles católicos, comenzando con convertir los templos cristianos en bibliotecas o teatros, de la misma forma que el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, (invento español) debería sustituirse por alguna fecha sagrada de los mexicas o aztecas, como la escultura de dios Tláloc ubicada en la entrada del Museo de Antropología de CDMX, que debería, según la ideología del actual gobierno, quitarse para llevar a donde nadie la vea y avergüence, como el monumento a Colón y, en los próximos tres años, todos los personajes históricos que no sean indígenas, pobres, mexicanos o fieles devotos católicos o del gobierno que discrimina o descalifica lo que no le conviene, eligiendo lo que dé popularidad con actos y ocurrencias que entusiasman a sus militantes, como hicieron los jerarcas católicos españoles al quitar a los dioses prehispánicos para imponer los suyos, comenzando con la virgen de Guadalupe que sustituyó y suplantó a fuerza de pólvora y sangre indígena, a Tonantzin, divinidad asociada con Cihuacóatl o Coatlicue, venerada y adorada en el Cerro del Tepeyac, donde ahora está la Basílica de Guadalupe, cuyo nombre en Náhuatl significa: Nuestra madrecita venerada. Impuesta por la Virgen de Guadalupe inventada por España.    

Anaya representa las contradicciones panistas frente al derecho indígena

Quién sabe si el candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés, conozca cuando menos algunos de los antecedentes de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Las promesas hechas en una comunidad de Chiapas, con respecto a que como presidente apostaría al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hace pensar que no. Vale la pena repasar este tema que debiera ser sustantivo en esta campaña presidencial pero que, como muchos otros, ha pasado prácticamente desapercibido y ahora que es abordado, se ha planteado con tal vaguedad que hace suponer todo menos que quien lo abordó, no sabe ni entiende de qué habla.

En efecto, desde Las Margaritas —comunidad que en 1994 fue testigo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ reconoció que se le falló a los pueblos indígenas en sus derechos y demandas y que “la paz es mucho más que la ausencia de conflicto porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el equipo de prensa del candidato presidencial panista, al encabezar una concentración ciudadana en esta región del país, Anaya Cortés cambió el discurso “y se comprometió con los más necesitados del país”. Tras recordar que aquí se dio el levantamiento zapatista, en enero de 1994, el candidato presidencial apuntó:

“Estar hoy aquí en Las Margaritas, en Chiapas, me obliga a recordar que este movimiento hizo que todo México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y ese movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas, que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país”.’ Se comprometió a hacer realidad los acuerdos de San Andrés, que garantizan progreso y desarrollo, y dijo que cuando sea Presidente los pueblos indígenas serán los primeros.

¿Sabrá Ricardo Anaya de lo que habla? Pues de entrada parece contradictorio y oportunista asegurar que se cumplirán los Acuerdos de San Andrés, cuando el Partido Acción Nacional ha sido uno de los opositores históricos del reconocimiento de la pluriculturalidad en México, a partir de que ellos sostienen que el principio de igualdad entre todos los habitantes del país es el que debe regir tanto en las relaciones entre particulares, como en las relaciones de supra a subordinación que existen entre el Estado y los ciudadanos.

Si bien el principio de igualdad es importante como forma de reconocimiento en las relaciones entre las personas, también lo es que el principio de la pluriculturalidad de la composición social del país, ha sido piedra angular en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien, ese reconocimiento inició constitucionalmente cuando a principios de la década de los noventas, se estableció en el artículo 4 de la Constitución, el segundo párrafo del actual artículo 2 constitucional, lo cierto es que ello fue derivado más de la adecuación constitucional derivada de la firma por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, que de la intención del Estado mexicano por reconocer en sí mismos los derechos de los pueblos indígenas mexicanos.

SAN ANDRÉS

En 1994 estalló la guerra en Chiapas, declarada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del gobierno federal que entonces encabezaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Así iniciaba la Primera Declaración de la Selva Lacandona, mediante la cual el EZLN declaró la guerra: “Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”

La guerra y el profundo efecto político que tuvo en el gobierno federal el alzamiento zapatista, derivó en la instauración de los Diálogos de San Andrés, de los que emanaron los llamados Acuerdos de San Andrés, mediante los cuales el gobierno federal se comprometió a modificar la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, incluyendo el de la autonomía y la libre determinación. Este compromiso fue incumplido en varias ocasiones durante el gobierno del presidente Zedillo.

Y luego vino Vicente Fox, del PAN, quien como candidato presidencial dijo que el problema de Chiapas podría ser resuelto “en quince minutos”. Esa declaración, desinformada y bravucona, tuvo que ser honrada mediante el envío de una nueva iniciativa de reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, a principios de su gobierno. Nuevamente, la redacción final de la reforma fue rechazada por los pueblos indígenas al no cumplir con las expectativas de ver reflejado el contenido de los Acuerdos de San Andrés.

El punto medular, es que en el nuevo artículo 2 de la Constitución federal, no se reconoció la autonomía plena que exigían los pueblos indígenas, y por ende las libertades y los derechos reconocidos quedaron anclados a los límites generales establecidos por la Constitución. Quienes justificaron la pequeñez de dicha reforma, afirmaron que otorgar plena autonomía a los pueblos indígenas podría ser el parteaguas de un proceso secesionista. Incluso, por eso mismo, el artículo 2, que contiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, inicia con una prevención velada sobre la unidad nacional: “La nación mexicana es única e indivisible”.

IGNORANCIA

Ahora bien, ¿sabrá Ricardo Anaya todo este contexto y, sobre todo, estará dispuesto a llevar a los hechos las palabras fáciles que soltó aparentemente sólo para presentarse como un candidato presidencial sensible y aliado de los pueblos indígenas? Sería ideal que lo hiciera. Sin embargo, más bien parece que fue una declaración fácil, para tratar de ganarse la simpatía de ese sector poblacional que ha estado relegado de la discusión nacional y al que nadie ha atendido ni volteado a ver en estas campañas presidenciales.

Exigirle más a quien gane: lo indispensable luego del 1-J

Faltan 32 días para la elección presidencial, y hasta ahora parece haber una tendencia electoral difícil de revertir. Hay quienes, frente a esa realidad, se resisten a aceptar lo que parece inevitable; y hay otros que ven el 1 de julio como una meta y no como el inicio de una ruta que, por las propias condiciones del país, no será fácil. Si la tendencia cambia, o se modifica, lo que todos debemos tener claro es que a partir del día siguiente de la elección, los mexicanos deberíamos mostrar madurez y preocupación no por nuestro partido o preferencia electoral sino por nuestro país, exigiéndole más a quien gane la elección.

En efecto, han pasado casi 60 días desde que iniciaron las campañas presidenciales, y lo cierto es que hasta ahora el ayuno de ideas ha sido casi total entre los candidatos, que a pesar del ruido y las acusaciones que han cruzado durante las largas semanas de la campaña, hasta el momento no han logrado estructurar ni los más elementales esbozos de las respuestas que el país necesita en algunos de los temas más trascendentes.

No hay respuestas concretas relacionadas con la inseguridad, con la violencia o con el enorme problema que vive el país por la falta de Estado de Derecho. Los candidatos, en general, no han sido capaces de responder estructuradamente por qué la economía se mantiene estable sin crecer, y mucho menos qué harían para lograr un cambio positivo, sobre todo en este momento en el que la economía nacional se encuentra presionada no por decisiones gubernamentales sino por factores externos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o la volatilidad del tipo de cambio que presiona a productos como los combustibles o las importaciones, que están directamente relacionadas con la paridad peso-dólar, entre otros.

En esa lógica, es evidente que entre la diversidad de candidatos hay diversas posturas. Se encuentran, por un lado, las propuestas llenas de chabacanería y ocurrencias como las de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección, y por eso ha dado saltos al vacío al plantear propuestas como la de mutilar las manos a los políticos corruptos, o la de infligir legalmente castigos y penas inhumanas y degradantes a quienes cometan algunos delitos. El Bronco dice, quizá con cierta razón —pero fuera de toda lógica—, que sus propuestas son eco de lo que la propia ciudadanía le ha dicho durante su campaña.

Luego, hay otra franja de candidatos con cierta idea, pero sin competitividad. Ahí encontramos lo mismo a José Antonio Meade, del PRI, y a Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD. Aunque hay diferencias notables entre uno y otro de experiencia profesional y en la administración pública, lo cierto es que ambos han tratado de hacer esbozos generales sobre las soluciones que proponen para el país. El problema es que ambos cargan con el cuestionamiento de fondo relacionado con el hecho de que durante los 18 últimos años, los partidos que postulan a uno y a otro han sido gobierno en México, y no han podido enfrentar los temas sobre los que ahora ellos pretenden plantear soluciones.

De hecho, ni con el tema de la corrupción, ni con el de la inseguridad, ni con el relacionado al bajo crecimiento económico, los candidatos de ambos partidos han logrado hacer propuestas creíbles y asequibles a la realidad actual. Más bien, ambos cargan con varios de esos cuestionamientos.

Desde el hecho mismo de que Ricardo Anaya ha sido cuestionado por el origen de su fortuna y de varios negocios inmobiliarios presuntamente realizados por empresas fantasma, hasta la realidad de que José Antonio Meade ha sido funcionario de tres administraciones consecutivas, y ha tenido ante sí —sin hacer más— la posibilidad de enfrentar los escándalos de corrupción que ahora dice que va a perseguir.

Al final, parece que ambos comparten el hecho de que son aparentemente estructurados pero con un vacío de legitimidad que los ahoga en la falta de competitividad electoral que hoy demuestran.

¿Y AMLO?

Acaso, el que ha planteado las propuestas menos estructuradas es Andrés Manuel López Obrador. Su fortaleza actual como candidato presidencial, en realidad, ha radicado en el hecho de que ha sabido capitalizar la desesperanza de la gente por la reiteración de gobiernos fracasados y de problemas que no han podido ser resueltos. Lleva más de una década en campaña; pero a pesar de eso, muchas de sus propuestas y planteamientos para enfrentar —y eventualmente resolver— algunos de los grandes problemas nacionales, siguen siendo una incógnita.

En ese sentido, un editorial de Bloomberg Bussinesweek (https://bit.ly/2IWB5gk) establece coordenadas precisas de lo que hasta ahora se conoce de sus propuestas —más incógnitas que coordenadas concretas—, y lo que debería exigírsele a López Obrador como candidato presidencial, y como eventual triunfador de la elección del 1 de julio:

“Pero las soluciones de López Obrador son vagas. Habla de una amnistía para los traficantes de drogas, sin decir lo que significaría. Su respuesta a la corrupción aparentemente es predicar con el ejemplo. La victoria en esa lucha de alguna manera pagará un gasto social ambicioso. Sus asesores tratan de aplacar los temores sobre su deseo de revertir las reformas económicas de Peña Nieto, pero el candidato no parece estar escuchando.

Su mandato al frente de la Ciudad de México sugiere que es un progresista moderado, aunque no da marcha atrás a su populismo a medida que su liderazgo se solidifica. Garantizar los pagos de cultivos, congelar los precios de la gasolina en términos reales, limitar la participación extranjera en la industria del petróleo y gas, aumentar los beneficios de las pensiones, apoyos a los jóvenes y, en general, expandir el rol económico del Estado significa problemas fiscales para un país con una creciente deuda. Igualmente alarma su punto de vista sobre la Suprema Corte, el INE y la sociedad civil en general. López Obrador dice que si gana la elección dará a los votantes la oportunidad de sacarlo del cargo cada dos años. Eso no sustituye a los controles y equilibrios, y al gobierno competente y ordenado.

EXIGIRLE MÁS

Es demoledora la conclusión de dicho editorial: “El esfuerzo del PRI por restaurar su dominio casi ha colapsado en una nube de disgusto electoral. Sin embargo, pasar de un régimen de un solo partido a otro basado en una sola persona no es la forma de reparar la confianza en el gobierno. El éxito de México depende de una mayor reforma a la economía y la construcción de instituciones sólidas de gobernabilidad democrática. Los votantes no deberían exigir menos.” Algo que, en el ideal, tendríamos que comenzar a hacer los ciudadanos a partir del 2 de julio, cuando las militancias y las preferencias electorales se terminen, y volvamos a la realidad de un país de cabeza por problemas —hasta ahora— sin ninguna solución planteada.

Operativos contra vehículos con placas foráneas: algunas coordenadas sobre el fracaso de esta medida

En el último bimestre de 2017, el gobierno estatal presentó un programa emergente de regularización para los vehículos emplacados en Oaxaca, que tenían adeudos en el pago del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos. Al iniciar el año 2018, la administración estatal puso en marcha un segundo programa a partir del cual, quienes estuvieran al corriente en el pago de los impuestos de sus vehículos de motor, recibirían un beneficio que disminuiría sensiblemente la carga fiscal sobre los mismos. Todo parecía ir bien, hasta la reciente implementación de operativos policiacos —ilegales— para hostigar a quienes circulan en la entidad, pero tienen emplacados sus vehículos en otros estados.

En efecto, durante la semana previa se denunció sistemáticamente en redes sociales, que en diversos puntos de la entidad se realizaron operativos, encabezados por la Policía Vial Estatal, para verificar la concordancia entre la procedencia geográfica de las placas de circulación de los vehículos de motor, con el origen de la licencia del conductor del vehículo. La laxitud de los operativos permitía que, en medio de esas verificaciones, prácticamente por cualquier motivo el conductor fuese sancionado con la imposición de infracciones, e incluso la retención del vehículo por la falta de portación de placas, licencia, tarjeta de circulación, entre otros.

A partir de ello, de inicio deben quedar claros algunos puntos. El primero, y más importante, es que en realidad la expedición de las placas vehiculares y tarjeta de circulación, es una facultad que de forma originaria tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que desde hace años delegó a las entidades federativas en el marco de la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Por eso, igual que como operó la tenencia vehicular hasta su desaparición como impuesto federal —que era materialmente cobrado por los estados, y el ingreso se acreditaba contra los recursos que la federación debía transferirle a la entidad federativa—, la expedición de placas quedó en manos de los estados a pesar de ser un asunto originalmente federal.

Ahora bien, si tomamos como referencia algunos intentos más o menos similares al actual, tendremos que entonces regresar al año 2011, cuando el gobierno estatal exploró por primera ocasión la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca, y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.

Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, como se apuntó en párrafos anteriores, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal —los que son conocidos popularmente como “de servicio público federal”—, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.

COBRO, IMPOSIBLE

Ahora bien, ¿por qué en 2011 el gobierno estatal —a través de la Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública— no pudo aplicar sanciones a quienes tenían emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, pero portar una licencia de conducir expedida por la autoridad de Oaxaca?

Evidentemente lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: intentar la configuración de la evasión fiscal a partir del origen del emplacamiento contra quién emitió la licencia de manejo que portaría el conductor, significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, el cual se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

Además de eso, tienen otro problema: el acto de molestia. En realidad, parece que quienes estos días han intentado generar una especie de terrorismo fiscal relacionado con el origen de las placas de circulación en los vehículos, no ven que todos sus operativos son en esencia ilegales. No tendrían forma de acreditar válidamente la forma en que ejecutaron un acto de molestia en contra de particulares, ya que no existiría ninguno de los elementos válidos para ello.

No podrían acreditarlo, a partir de que en la gran mayoría de los casos no existiría un acto previo del particular que diera pie al acto de molestia por parte de la autoridad. En un retén, por ejemplo, no se necesita ir infringiendo ninguna norma ni reglamento vial para ser de todos modos detenido y molestado por la autoridad. En el caso de los operativos para detectar conductores ebrios, las autoridades judiciales han determinado que el acto de molestia es válido ya que éste resulta ponderadamente superior frente a los riesgos que implica el hecho de que existan conductores peligrosos, por ebrios, frente al volante. Sin embargo, eso no sería ni cercanamente similar si lo que intentaran acreditar es que el acto de molestia ocurrió para una verificación administrativa o fiscal.

Lamentablemente, como la autoridad sí sabe que tendría todos esos trastabilleos jurídicos si decidiera llevar frontalmente a juicio la portación de placas de otras entidades federativas, lo que hace es utilizar rutas alternas: detiene a los conductores, los amedrenta con el origen de las placas y la licencia de conducir, y luego aprovecha para verificar que los documentos estén “en regla” para tratar de aplicar cualquier cantidad de infracciones.

CULPABLE O NO…

Al final, lo logran porque hay muchos conductores indolentes que transitan con sus vehículos sin placas, sin tarjeta de circulación o, lo que es más común, sin la licencia de conductor que, no sin alegar, les permitiría brincar el cerco policiaco puesto para espantar a los parroquianos e incrementar la expedición de infracciones y vehículos remolcados a los corralones. Para esos efectos, “la licencia de Dios”, con la que muchos conducen su vehículo, no es salvedad para ser infraccionados.