Aurelio Ramos Méndez

Los periodistas propensos a incurrir en conductas antiéticas pervertidoras de su oficio, tales como mentir, calumniar, manipular y sesgar datos, enjuiciar de manera sumaria y poner su pluma a disposición del mejor postor, dejarán de hacerlo el día que se topen de frente con la ley, no con cándidas recomendaciones de un defensor de las audiencias o un código de ética tan coercitivo e inhibitorio como un llamado a misa.

Viene a colación este aserto a propósito de la emisión por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias –ya en proceso de consulta pública–, los cuales implican un retroceso de más de tres décadas en la regulación de las relaciones de los medios con sus audiencias.

Estas directrices, en efecto, requieren ser modificadas no en el sentido que reclama el coro de sus impugnadores mediáticos, sino para elevar su drasticidad y obligar al gobierno asumir su rol de garante de una genuina libertad de expresión y del derecho a la información, y hacerlos realmente útiles para la sociedad.

Como era previsible en un ámbito de periodismo alebrestado, las orientaciones han levantado polvo debido entre otras cosas a que establecen la mínima obligación de las empresas de radio y televisión de instituir un defensor de las audiencias y un código de ética, en un esquema de autorregulación equivalente a poner a Julián Quiñones cantar sus propios goles.

Desde el trámite legislativo de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hace un año, un sector considerable de la opinión pública esperaba que esta norma pudiese propiciar un avance hacia la asunción de mayores responsabilidades profesionales, rigor ético y, en general, profesionalización de los periodistas. Sueño guajiro.

El contenido de dicha ley y el inicio de su operación por la CRT han disipado toda esperanza de depuración gremial, saneamiento mediático y despeje de la turbia atmósfera periodística. 

Lo que viene es el reforzamiento de la normatividad y la autorregulación que propugnaban los comunicadores –la UPD entre otras organizaciones– a finales de los 80, algunas de cuyas expresiones fueron la creación, en consonancia con la tendencia internacional, de códigos de ética y defensorías del lector, de conmovedora ingenuidad y total inocuidad, en varios medios, el primero El Economista en 1993. 

¡Premio a quien recuerde un caso, uno solo en las últimas tres décadas, en que las disposiciones del código o las observaciones del ombudsman hayan sido determinantes para la corrección de una cobertura, el resarcimiento de un daño reputacional, algún “usted disculpe” o una denuncia de connivencia entre medio y fuente, en especial el gobierno de turno, o del disfraz como noticia de la publicidad!

Mal podría haber semejante muestra ilustrativa, si como defensores de los lectores en la mayoría de los casos fueron habilitados directivos milusos, que sin pudor hacían un refrito del código del pionero en esta materia en nuestro idioma, el español El País, y conjuntaban todas las funciones regulatorias.

Es decir, que ellos “redactaban” el código, fungían como “defensores”, y como directivos autorizaban los materiales para su publicación, vía por la cual terminaban como “corresponsables” de los yerros y anomalías. Desopilante ficción.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión –1200 afiliados– ya dijo que, si bien hay “temas que preocupan”, la propuesta de lineamientos no entraña censura alguna, mas ni siquiera esta postura de los presuntos afectados ha ayudado a morigerar las exigencias del coro fácil que, vociferante, advierte de coerciones a la libertad de expresión y límites al derecho a la información.

Sobre este último punto, la presidenta Sheinbaum adelantó que en breve el gobierno federal emitirá un “decreto para la transparencia”, en la administración pública, tendiente a evitar que las dependencias reserven información de manera discrecional. Pero los objetores de los lineamientos, como Gabino Barreda andando en la borrachera, nomás no entienden razones.

A los concesionarios les preocupa en especial que las sanciones en caso de incumplimiento pueden alcanzar uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario o programador; las tildan de “en exceso elevadas”. ¡Caramba! 

Cualquiera que haya visto la fastuosidad –las camionetas de alta gama, los trajes, las viandas, el enjambre de escoltas—en la tradicional comida anual de la radio y televisión convendría en que el monto de la multa es apenas justo… Mal no les va a los barones de esta industria.

También consideran que los lineamientos son ambiguos y propician discrecionalidad, pues permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, lo cual –afirman—desvirtúa los mecanismos de autorregulación y anula al defensor de las audiencias, porque queda subordinado a la autoridad.

Sin verbalizarlo de modo explícito, apenas de manera tácita pero inequívoca, los concesionarios buscan despojar al Estado de su facultad reguladora. 

Impugnan la introducción de un recurso de inconformidad –“¡amenaza a la libertad de expresión!”– que permite al gobierno revisar las decisiones de los defensores, porque aspiran a ser ellos quienes –vía su defensor de bolsillo y su código a modo—definan qué es información falsa o descontextualizada.

O sea, quienes dispersan la información falsa o fuera de contexto, o carente de éste, buscan mantener bajo su férula la capacidad de determinar la calidad de la información. ¡Que viva la autorregulación!

Del lado del gobierno, la presidenta Sheinbaum demandó pluralidad. “Es importante que se den los distintos puntos de vista”, dijo. Pero ya vimos lo que pasó en tiempos en que, por su iniciativa, los medios abrieron sus puertas a las distintas visiones de la vida política.

Valga para ponderar la patraña de ser juez y parte en el proceso de la comunicación, recordar esos tiempos en que los periódicos –al margen de la actual polémica sobre las audiencias, competente sólo a medios electrónicos– acogieron la pluralidad con una noción harto pobre del concepto. 

Incorporaron a sus páginas editoriales a representes de los partidos políticos, de quienes incluso exhibían sus cargos partidistas, asterisco de por medio, al pie de sus escritos. “Fulano de tal, secretario de Acción Deportiva, o diputado o senador del PRI, el PAN, o del PFCRN, del partido del ferrocarril”, por ejemplo. 

Se trataba de personajes que nada aportaban al debate público en el campo del periodismo, pues en sus trabajos obviamente sostenían las mismas posiciones que en los espacios naturales de su actividad política, la plaza pública o las tribunas legislativas.

Y medio hubo –El Periódico de México—que inauguró la moda de tomar por bobos a los lectores, anotando incluso los géneros periodísticos en cada publicación, como signo de calidad: Noticia, Crónica, Reportaje, etcétera… Algo de lo cual todavía quedan resabios en el mercado de diarios y revistas. 

Para no ahondar en la necedad que ha hecho carrera, la supuesta imposibilidad de separar información y opinión.

“Hay que reconocer que el periodismo moderno rara vez presenta una frontera absoluta entre hechos y opiniones. Un conductor puede contextualizar una noticia, un analista puede interpretar un dato y un entrevistador puede cuestionar una declaración pública”, escribió el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo.

¡Pues seamos menos modernos, pero más respetuosos con las audiencias, porque de que se puede hacer tal separación, se puede!

RESCOLDOS

La existencia en México de cárteles que controlan territorios y que tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier persona, es la razón por la que ni el sistema judicial ni el sistema político de nuestro país funcionan. Esto dijo Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Alguien debería decirle a este deslenguado que, asimismo, los cárteles existen debido al descomunal volumen de gringos adictos a drogas que son caras porque su gobierno las ha declarado ilícitas. Y que el dinero de esos viciosos les confieren a los cárteles inmenso, incomparable poder económico, capaz de sobornar a quien se les ponga enfrente, en uno y otro lado de la frontera común.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Aurelio Ramos Méndez

Más de un año le llevó al acucioso, perspicaz y muy atento escritor, historiador y periodista Héctor Aguilar Camín percatarse de que “el Estado policiaco”, que según él y sus adláteres rige en nuestro país, salió a “buscar en las yerbas marginales de la pradera a un presunto miembro de la tribu huachicola, para presentarlo como el huachicolero mayor”, Ernesto Ruffo Appel.

El emblemático político tricachuchista –del PAN, PRI y Somos México—fue investigado ¡durante más de un año! antes de ser detenido y encarcelado, acusado de haber contrabandeado por lo menos 15 millones de litros de hidrocarburos, con daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos, noticia de la cual está claro que no se enteró el director de Nexos, a quien Carlos Salinas le llenaba de oro la faltriquera. 

Ruffo estaba siendo indagado desde antes del 22 de julio de 2025, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó tal noticia no mediante filtración o chisme –“trascendido”, lo denominan ciertos medios cultores del “periodismo con carácter”—sino en conferencia de prensa.

En una columna titulada Ruffo y la arbitrariedad legalizada, el historiador criticó la semana pasada cómo es que “estando la pradera llena de huachicoleros impunes, todos de Morena”, el gobierno detuvo a Ruffo, “un adversario político, histórico por el PAN y actual, por la pertenencia al consejo del nuevo partido de oposición, Somos México”.

El texto de ese Día con día fue inspirado por otro columnista –Gil Gamés—también convencido de que el arresto de Ruffo fue inopinado, como si el 16 de julio los jefes de las fuerzas de seguridad se hubiesen reunido por la mañana y uno de ellos hubiera preguntado “¿hoy, a quién detenemos?”, a lo cual otro hubiere respondido de bote pronto: “¡A Ruffo!”.

Gamés motivó a Aguilar Camín y éste a su vez estimuló a Sergio Sarmiento, quien hasta tomó como acápite para su columna un párrafo –“Lo de Ruffo es un exceso, un abuso de la ley y una advertencia. La arbitrariedad es el mensaje”– del escritor chetumaleño, y así, como en bici tándem y acompañados por otros de su jaez pedalearon el tema. Sarmiento de plano le confirió al bajacaliforniano la condición de “preso político”.

Al historiador, confeso nostálgico de los apapachos de Salinas, Gamés lo sedujo con un párrafo del tenor siguiente: 

“Mientras en un operativo de alta gama detuvieron a Ruffo, Rocha Moya (el gobernador de Sinaloa) asoma la cabeza y dice que él está tranquilo en su casa, que como la Martina allí se ha estado sentado, no se ha movido de ahí”.

Mintió Gamés e indujo a la mentira a Aguilar Camín. El sinaloense no asomó la cabeza de manera simultánea con el desarrollo del “operativo de alta gama”, sino una semana antes, cuando despejó la atmósfera saturada de falsedades sobre su paradero e informó que él ha permanecido en su casa de Culiacán. 

Lapso semanal que sería irrelevante, si no fuera porque denota grave, deliberado y muy elocuente enredo de fechas y circunstancias, conveniente para la sucia maniobra de intentar hacer creer que se actúa en contra del prianista porque ahora, además, es integrante del Consejo Ciudadano de Somos.    

A tan afamados escritores, Gamés y Aguilar Camín, les parece trivial que a Ruffo se le haya investigado justo el tiempo que la Martina demoró en pasar del concubinato a la deslealtad, pues –a decir de la ranchera– ella entregó su amor a los 15 y a los 16 cumplidos una traición le jugó al concubino ausente.

Alguien debió al menos haber intentado convencer al fabulador e ideólogo de la derecha de que el primer gobernador dizque no priista –formalmente era del PAN, pero para llegar al gobierno de BC fue “inflado” por el PRI de Salinas–, y que en modo alguno de trata del súbito arresto de un inocente.

Si el peón de la democracia salinista de hace 37 años está libre de culpa, esto es algo que deberán decir los tribunales, no los intelectuales orgánicos del sexenio 1988-94. Por ahora cabe solo presumir que, como investigador, se necesitaría ser harto chambón para fallar en una averiguación que insumió más de doce meses. 

En otras palabras, hay razones fundadas para presumir que a Ruffo lo tienen prendido de su parte más vulnerable.

Los columnistas confabulados para defender a este político buscan sembrar la idea de que fue detenido injustamente por su adhesión al partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo. Lo que debieran preguntarse es por qué fue convocado en marzo a integrar dicho Consejo, si hasta las piedras –menos, claro, Aguilar Camín, Gamés y Sarmiento—sabían que sobre él pesaban fundadas sospechas de que contrabandeaba hidrocarburos.

Sarmiento buscó equiparar al icónico panista con Hilario Ramírez, el saltimbanqui exalcalde de San Blas, Nayarit –PAN, “independiente”, Panal–, quien sin ambages confesó que como munícipe del blanquiazul “sí robé, pero poquito”. 

“La procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó en octubre de 2025 que las pérdidas por contrabando de combustible ascendían a 600 mil millones de pesos”, escribió el brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego, y minimizó el daño estimado del bajacaliforniano a las arcas públicas:

“4,456 millones de pesos serían así sólo 0.7%, y los 106.8 millones (por evasión del IVA), 0.02%. ¿De verdad es Ruffo el líder de la mayor red de huachicol fiscal?”.

Respuesta: Quizá no. Tal vez también sólo robó poquito.

RESCOLDOS

El que sabe, sabe. José Carreño Carlón, exvocero oficial y ahora oficioso de Carlos Salinas, celebró brincando en una pata el que “quedó nublado por delitos de alto impacto –que ocuparon la agenda informativa—el costoso despliegue propagandístico de la semana para presumir grandes avances en el combate al crimen”.

Despliegue propagandístico –ilustró– consistente en “titulares de diarios, entradas de noticieros, invasión de redes socio-digitales y columnas que celebraron la reducción de homicidios y la captura de miles de delincuentes”.

Frente a tanta sagacidad, se impone preguntarle al exvocero presidencial ¿de dónde tan conocedor de las estrategias de manipulación informativa desde el poder? ¿Sabe por experiencia propia de lo que habla?

Y, además, cual es la razón por la que festejó este fracaso, pues en el colmo de la ruindad, henchido de felicidad, añadió:

“Pero no pudieron contra la carga de noticias que reafirman la percepción extendida de omnipresencia criminal, fuera de control. Quedó viva una sensación de inseguridad insuperable con cifras y gráficas”.

El fundador de diarios por encargo y con dinero público para lavarle la cara a Salinas y su dinastía, dijo, sin sonrojarse, que el actual régimen “ha uniformado la información y los encuadres de buena parte de medios, como no se veía acaso desde Díaz Ordaz”.

Falso. Si época hubo en que se uniformaron la información y los encuadres mediáticos esa fue el salinato, cuando desde la campaña electoral fueron cooptados algunos de los periodistas más destacados, ya fuese por su talento o por el medio que representaban. Joaquín López Dóriga, por mencionar solo uno.

Instalado en la más cínica falacia, Carreño Carlón aseveró que lectores y audiencias tienen ahora “la experiencia de un sistema más libre de comunicación pública en décadas pasadas”.

Y que “aún en las épocas más oscuras de control de los medios” por los gobiernos, “los periodistas desarrollaron habilidades para ejercer sus libertades informativas, como ahora se persevera en varios medios”.

Hay que creerle al comunicólogo del prianato cuando dibuja una estampa propia de las dictaduras sudamericanas de los 70, cuando las juntas militares nombraban interventores en diarios, radios y televisoras, y los periodistas debían ingeniárselas para burlar la censura. 

Hay que creerle porque sólo él sabe a quiénes les confió el triste encargo de representar los intereses del gobierno en los medios durante el sexenio 1988-94.

RESCOLDOS

Flaco favor le hicieron a Ruffo, el expresidente Fox y los exgobernadores panistas Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez. Conformaron un frente dizque en defensa del presunto huachicolero mayor, pero se concretaron a exigir que el proceso judicial en contra de éste se conduzca con plena transparencia y estricto apego al Estado de derecho. O sea, exactamente lo que el gobierno tiene que hacer, no como concesión ni por encono sino porque así lo marca la ley. ¡Ni modo que el proceso sea ilegal y opaco! Lo que debieron haber pedido es que la ley se tuerza a su favor, porque una ayudadita canalla es lo que el bajacaliforniano necesita para salvar su pellejo.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.