Home Blog Page 2

Cierran aldeanos San Felipe del Agua

Carlos R. Aguilar Jiménez

Atribuyéndose despóticamente derechos sustentados en sus “abusos y malas costumbres”, comuneros de San Felipe del Agua, hace años impiden brutalmente el acceso al cerro del mismo nombre, argumentando que asambleas del pueblo dictaminaron no dejar pasar a quien no sea pueblerino del lugar, con el pretexto de cuidar el entorno, violando el artículo 11 constitucional que dice: “Derecho a la libertad de tránsito”. Este derecho permite que los mexicanos nos desplacemos libremente por el territorio nacional, sin necesidad de permiso, autorización o salvoconducto, de tal forma que el gobierno debiera garantizar la libre circulación en cualquier montaña, valle, rio o playa, sin necesidad de permiso o pago, porque además no entregan recibo ni pagan a Hacienda.

Con la misma lógica los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez debieran prohibir el acceso a la ciudad, igual que a los pueblerinos del “pueblo mágico” de Capulálpam de Méndez y de todas las aldeas, caseríos y pueblos, donde para entrar exigen un pago, abusando de la gente que pretende visitar o conocer esos lugares, que en general son sucios y feos, aunque campiranos o pintorescos por donde pasa el turista extorsionado en la entrada.

Bueno fuera, que aunque no se así, si se comenzara a incendiar el cerro de San Felipe y siguieran impidiendo el acceso, dado que la mayoría de los deflagraciones se producen por causas naturales, por acumulación de electricidad estática, rayos o relámpagos, incluida la caída de micro meteoritos o por pirómanos desquiciados, de tal forma que una vez iniciado el incendio en tiempos de sequía, viento y máximo calor, este se propague incendiando todo a su paso, y es entonces cuando los abusivos comuneros de todos los pueblos y aldeas que cobran por acceso, suplican, imploran y piden ayuda del gobierno y los forasteros y hasta instalan puestos de abastecimiento a damnificados.

El Gobierno del Estado, indiferente y omiso a lo que hacen los abusivos pueblerinos, que amparados en sus “abusos y malas costumbres”, violan artículos constitucionales de libre transito en el país, permite que en San Felipe del Agua, no haya acceso libre a senderistas, corredores y para todos los habitantes de la ciudad que gustan del ejercicio y campismo, permitiendo que los póngidos comuneros de San Felipe del Agua, bloqueen el acceso a la montaña, o que cobren por entrar como lo hacen en San Andrés Huayapan y otros lugares, donde valdría el cobro si hay instalaciones artificiales construidas para entretenimiento, no y nunca, si son espacios silvestres naturales, como la montaña.

Si la condición de cobro u abuso de los pueblos sigue sin restricción alguna del gobierno estatal, en breve ya no se podrá entrar a ninguna aldea sin pagar, y estaría bien si hubiera reciprocidad: que todo aquel pueblerino, especialmente los aldeanos de San Felipe paguen por entrar a Oaxaca, o que los habitantes de la ciudad les cobren a los pueblerinos por circular en las calles y venir a comprar y surtir lo que sus pueblos no tienen ni tendrán.  

———————————-   

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.     

CONTRAFUEGO || Disolver el Congreso

0

Aurelio Ramos Méndez

Si el Congreso de la Unión sirve entre poco y nada quizá lo más conveniente para el país sea disolverlo, en aras de la austeridad republicana, y los ingentes recursos que absorbe destinarlos a la atención de los problemas sociales más acuciantes.

No es desapego o infravaloración de la democracia, sino lo que recomienda el sentido común en tiempos de vacas flacas.

El Poder Legislativo es el encargado de hacer las leyes y el principal garante de la democracia y la representatividad popular, funciones de las cuales, sin embargo, ha venido siendo despojado despacito y en silencio.

Salta esta reflexión a la luz del retiro táctico por el Ejecutivo de su iniciativa de ley en materia de desaparición de personas. Tal como ocurrió con la reforma judicial, y otros controvertidos proyectos cuyo trámite ha redundado en ninguneo de diputados y senadores.

El Ejecutivo suele jugar al amague y gambeteo con las cámaras del Congreso, pero para algunas organizaciones sociales los representantes populares de plano no existen o son un cero a la izquierda.

Los colectivos de búsqueda de desaparecidos al parecer ni siquiera se enteraron de que en 2024 hubo elecciones y fue renovado el Legislativo. Porque, hasta donde se sabe, ninguna de estas organizaciones interpeló a los aspirantes a entrar en las cámaras, sobre todo en los estados más afectados por este problema: Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, entre otros.

Les pasó de noche la elección legislativa o sus abanderados perdieron y se quedaron sin curules ni escaños. En todo caso, de otro modo no se explica el desdén que por ahora demuestran por los trabajos camerales en torno de este asunto.

La presidenta Sheinbaum cursó al Legislativo una iniciativa que suspendió enseguida, en atención al estridente escándalo generado por el variopinto conjunto de buscadores de personas desaparecidas. Compás de espera para escucharlos, como si no fue el Congreso el ámbito constitucionalmente habilitado para escucharlos y atender sus reclamos.

En el Senado y la cámara baja presumiblemente hay legisladores que conocen del grave y traumático problema, o mal pueden decirse representantes populares. Tienen la responsabilidad de escuchar todas las voces y ver el tema desde las distintas aristas del cubo.

Al desdeñar el inmediato trámite legislativo aquellos colectivos dieron a entender que aspiran a ser escuchados por la titular o algún integrante del Ejecutivo, como en los tiempos de Peña Nieto, Calderón o Fox, mandatarios de quienes en modo alguno puede decirse que no escuchaban al pueblo, pues lo escuchaban mediante Pegasus y el Cisen, pero lo escuchaban.

A juzgar por los hechos, el Ejecutivo ninguna enseñanza asimiló del azaroso destino de la reforma judicial, cuya iniciativa ventilada durante meses también fue suspendida con objeto de abrir un período de escucha a los antagonistas del proyecto.

Al igual que con el tema judicial, el riesgo con la iniciativa sobre desaparecidos estriba en el deliberado enmarañamiento por sus objetores y la posibilidad de que estos logren hacerla naufragar como es su patente intención.

Infiltrado hasta la médula por intereses obscuros, los grupos más activos tienen el claro afán de manipular el tema de los desaparecidos, con la finalidad de tundir y desprestigiar al gobierno federal. Lo denotó el pretendido hallazgo de hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, caso en el cual la apuesta de tales grupos fue alta.

La patraña de la supuesta de hornos hitlerianos buscó radicar la idea de que si las desapariciones son atribuibles al Estado responsable de la seguridad pública y si fueron hallados crematorios masivos, el mexicano es por donde se mire un estado nazi. Peor aún en el caso de los 43 de Ayotzinapa.

Cualquiera que sea el motivo de fondo que inspira las acciones de los grupos de buscadores y del Ejecutivo federal, el retiro de la iniciativa presidencial entraña un lamentable ninguneo al Legislativo. Inquietante desconsideración, si se repara en lo reiterado del recuso.

Vale por lo mismo el interrogante de si sería preferible cerrar el Congreso, vista su inutilidad ante los asuntos más trascendentes y lo escaso de los recursos económicos para solucionar algunos de los principales problemas sociales.

BRASAS

Morena es escenario de una campal entre robustos ejemplares de la delincuencia política, que luchan para evitar ser expulsados o, peor, consignados ante instancias de procuración de justicia.

Así como en la ronda infantil del grupo de elefantes que se columpiaba sobre la tela de una araña, esos personajes se defienden a empellones, codazos y patadas en las canillas, ahora que la telaraña ya no resiste más. 

Desde el ascenso al poder de esta fuerza política en 2018 y aun antes, verdaderos elefantes de la corrupción fueron trepándose uno por uno a la telaraña, la cual ahora amenaza reventarse y obliga a tirar lastres.

Ya fue echado Miguel Ángel Yunes Márquez y hay indicios para suponer que viene el turno de Alejandro Murat Hinojosa, aunque son muchos los que menos insensatos que oportunistas urgidos de impunidad todavía se columpian en la frágil red, ajenos al peligro de desfonde partidista.

Son legión los caciques, corruptos, vividores y negociantes de la política que ingresaron a Morena como contraprestación del dudoso respaldo electoral o parlamentario prestado a este movimiento. Parece llegado por fin el momento de la depuración.

Con un pasado negro en la política nacional y estatal de Veracruz, los Yunes –una dinastía bíblica– resultaban sencillamente indefendibles en su interés de obtener credencial de militantes.

A la parentela Murat se la acusa de un cúmulo de delitos. Desde el peculado en su paso por instituciones como el Infonavit, hasta el lavado de dinero mediante la compra de bienes raíces en el extranjero y el despojo de centenares de predios, casas, negocios y bienes en general, aprovechando sus posiciones en distintos órdenes de gobierno. ¿No va siendo hora ya de levantarles la canasta?

———————oo—————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.   

México libre de analfabetismo

Carlos R. Aguilar Jiménez

Hace unos días se unieron el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  (INEA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para declarar oficialmente a México, libre de analfabetismo, iniciando la campaña: “Alfabetizando transformamos y dejamos huella” presumiendo que en nuestro país todos sabemos leer y escribir, suponiendo que descifrar letras, palabras y oraciones es suficiente en el siglo XXI para triunfar en la vida y ser exitoso, como ocurría en el pasado y hasta el siglo XX, cuando saber leer y escribir era básico para desempeñarse en empleos o trabajos elementales, pero, en estos tiempos también es indispensable no ser analfabeto digital.

Saber leer y escribir sin comprender, entender y trascender textos o lecturas es ser: analfabeto funcional, porque una cosa es decodificar letras y palabras convirtiéndonos en lectores capaces de leer chismes de internet, mensajes, anuncios e instrucciones básicas, que es lo que necesita saber un obrero, campesino o cualquier trabajador elemental, y otra, muy diferente, es entender los conceptos, significados, leer entre líneas y trascender lo leído, analizando lo escrito, filosofando, comprendiendo y con espíritu critico reflexionar respecto de lo leído.

Si, que bien que todos los mexicanos sepamos leer, así ya pueden leer la boleta electoral, instrucciones para recibir la dadiva de bienestar y cumplir con las instrucciones escritas que les den sus jefes, ajenos completamente a la lectura de libros clásicos, poéticos, literarios, artísticos, astronómicos, matemáticos, históricos, de divulgación científica o cualquier tipo de libro que exija reflexión, contexto y especialmente, gusto por leer, placer por entender y saber, para ser una persona culta, docta y principalmente, educada

Saber leer y escribir es importante y es el inicio del camino hacia una formación académica en busca de un titulo profesional, una licenciatura, maestría o doctorado; es también fundamental para, por formación autodidacta, triunfar en el comercio, los negocios o cualquier actividad que requiera concentración, evaluación, y análisis de probabilidades o mercadotecnia, no obstante, con el elemental hecho de leer y escribir, sucede lo mismo que con las matemáticas básicas, porque no es lo mismo saber sumar, dividir o multiplicar que, entender calculo diferencial.

Decodificar letras para entender el silabario o palabras y frases, sirve para leer el libro vaquero, los anuncios en la calle y hasta mensajes de redes, pero es inútil si no se complementa con conocimientos de tecnologías digitales, informáticas, matemáticas, algebraicas por lo menos y, especialmente la capacidad de critica y análisis, de tal suerte que presumir en estos tiempos que todo el país sabe leer es loable si se tratara de niños de segundo de primaria del siglo pasado, pero en estos tiempos digitalizados, tecnológicos y capitalistas neoliberales, debiese presumirse superar el analfabetismo funcional, digital y saber inglés, como todos los habitantes de Dinamarca.

———————————–   

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.     

AL MARGEN || Tras los restos de Nueva Alianza Oaxaca

0

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Pudiera parecer increíble que hasta entre los grupos políticos más testimoniales existen disputas. Es lo que ocurre con el partido Nueva Alianza en Oaxaca, en donde a pesar de no contar con representación legislativa, ni con una identidad propia, ni un derrotero claro, sus militantes se encuentran metidos en una lucha intestina que no parece tener otra razón que la disputa por los restos mortales de ese partido. 

En efecto, el dirigente estatal Bersahín López López ha corrido con suerte. El partido que representa en Oaxaca hace mucho dejó de tener una base social real en la entidad, y sin embargo ha logrado mantener sus prerrogativas. Nueva Alianza nació como un apéndice político del SNTE, y pretendió ser articulado como un ariete magisterial en los procesos electorales. La realidad indica que tal objetivo nunca se cumplió en Oaxaca, porque el magisterio local ha sido disidente de su dirigencia nacional, y las fuerzas magisteriales oaxaqueñas se han ido aglutinando en otras expresiones políticas, que no necesariamente corresponden a las que se identifican con Nueva Alianza.

Aún así, Nueva Alianza en Oaxaca mantuvo su registro como fuerza política, administrada por López López, que siempre intentó —sin éxito— ser quien figurara en alguna de las posiciones de representación para ese partido. No lo logró en las legislaturas previas sino hasta la LXV Legislatura, a través de Adriana Altamirano. En un pésimo cálculo político —que más bien pareció ser una rabieta—, Bersahín López anunció que no construirían ningún tipo de alianza con otros partidos para los comicios de 2022; y se autoproclamó, a través de una asamblea que él mismo conformó, como candidato a Gobernador. 

Su campaña fue francamente intrascendente. En algunos momentos intentó friccionarse con el entonces candidato de Morena Salomón Jara que, aunque acusó recibo de sus señalamientos, decidió nunca responder a alguno de ellos. En el cálculo del morenista, contestarle significaría darle visibilidad a Nueva Alianza y reconocerle a su candidato una estatura que no tenía. Obviamente en la jornada electoral arrasó Jara, y una vez convertido en gobernador se reunió con todo tipo de actores políticos de oposición; pero nunca tuvo, y parece que ni tendrá, la disposición de recibir a su antiguo oponente del Partido Nueva Alianza.

Esa es la raíz de muchas de las fricciones intestinas en Nueva Alianza. Bersahín se dedicó a presionar a la entonces diputada Altamirano de diversas formas, para mantener provechos de la posición legislativa que habían conseguido gracias a los márgenes de votación logrados por sus candidatos a diputados en los comicios de 2021. Le vendió la falsa idea de que ella había llegado a ser diputada gracias a él, y que debía obedecer ciegamente a sus intereses. De esa actitud es de donde surgieron los señalamientos —probados ante el Tribunal Electoral de Oaxaca—, de violencia política, e incluso personal, ejercida por López en contra de Adriana Altamirano. 

Y es que, de hecho, Bersahín no logró lo que Adriana Altamirano sí: interlocución con el grupo en el poder, construcción de acuerdos y la posibilidad de espacios. La presión permanente del dirigente a la diputada radicaba en lograr que el Gobernador lo recibiera y negociara con él. Al ver que esto no ocurriría (porque es posible que ningún gobernador en los últimos tiempos haya tenido tan amplio margen de maniobra como Jara, lo cual le hace innecesario negociar), decidió imprimir fuerza a sus presiones. Lo probado ante el Tribunal Electoral no se invalida por los señalamientos de que la Magistrada Presidenta es cercana —comadre, de hecho— de la ahora exdiputada Altamirano. Como dice la conseja: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa… 

Así, la frustración se convirtió en un conflicto personal; en un cruce de acusaciones y en diversas agresiones. En eso mismo se inscribe el supuesto atentado —lleno de contradicciones e interrogantes— que sufrió López López hace algunas semanas, del que inmediatamente acusó a su ex correligionaria. Todo ello ocurrió en los días previos a la emisión de la resolución del Tribunal Electoral local, por el que se probaron en su contra los actos de violencia. La respuesta fue la acusación del supuesto conflicto de interés, y la expulsión del partido de la exlegisladora; ambas, cuestiones que aún no pasan por el tamiz de la legitimidad ante los tribunales. 

¿Qué se disputan hoy? Por un lado, los espacios políticos que no tienen ni uno ni la otra; y las prerrogativas del partido, sobre las cuales tiene el control el dirigente y de las que ha hecho una forma de vida. No hay que buscarle demasiado. Al final, el pleito es por lo poco que queda de Nueva Alianza que, en los hechos, nuevamente se quedó sin ninguna representación relevante en la escena política oaxaqueña. 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Nos leemos en: http://columnaalmargen.mx

La Suprema Corte analizará por primera vez el alcance de los derechos lingüísticos en materia de violencia de género

0

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el recurso de revisión presentado por María Fernanda Hernández Morales, activista indígena zapoteca, en el que se plantea un tema inédito en la agenda judicial mexicana: la traducción completa de una ley estatal al zapoteco para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las mujeres indígenas.

La joven es activista de Litigio Estratégico Indígena AC asociación que litiga por el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca.

El asunto deriva de un juicio de amparo promovido contra el Congreso del Estado de Oaxaca por la omisión de traducir y difundir en lenguas indígenas la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. El Juzgado Segundo de Distrito reconoció la violación a derechos fundamentales, pero ordenó únicamente traducir una versión sintetizada de la norma.

La quejosa consideró insuficiente esta medida, por lo que solicitó la revisión de la sentencia. El recurso fue admitido y atraído por la Segunda Sala de la SCJN el pasado 2 de abril de 2025, bajo el número de expediente 148/2025.

Este caso abre la puerta para que el máximo tribunal del país determine si el derecho de acceso a la información de las personas indígenas implica la obligación estatal de traducir las normas jurídicas en su totalidad y no solo en versiones resumidas.

Carlos Morales, abogado de Litigio Estratégico explica que “La resolución sentará un precedente clave para la protección de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios, y contribuirá al fortalecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia con enfoque intercultural.”

CONTRAFUEGO || Nace un führer

Aurelio Ramos Méndez

“Sobre advertencia, no hay engaño”, reza el refrán. Nadie podrá llamarse a sorpresa, si en enero de 2029 Donald Trump inaugura un tercer periodo presidencial o de plano anuncia su perpetuación en el poder, vía un golpe de Estado, sin necesidad siquiera de una ley habilitante a lo Adolfo Hitler.

El 2 de abril el megalómano, mesiánico y desquiciado presidente gringo dejó perplejo al mundo con el anuncio de aranceles al por mayor y el estallido de una guerra comercial global. El genuino golpetazo, que era para haber desatado no preocupación sino espanto, lo había asestado sin embargo 72 horas antes. 

Quedó para la historia su declaración del domingo 30 de marzo respecto a la intención de buscar un tercer mandato, con el peligro que ello significa para el género humano: “No estoy bromeando”, dijo.

“Cada vez hay más personas que me piden un tercer mandato, que de alguna manera es un cuarto mandato por la otra elección, la de 2020, que fue totalmente amañada”, añadió, develando una genuina vocación de führer

Se equivocará de manera rotunda quien no tome en serio las amenazas de este narcisista patológico de retener el mando, así sea mediante la violencia. 

Como si estuviéramos en Alemania, en 1933, espérese incluso la peor locura, si el gobernante de la principal potencia ya intentó un autogolpe de Estado para no soltar el mando.

Ensayo de lo que puede venir habría sido en tal caso, en efecto, lo ocurrido el 6 de enero de 2021. 

Ese día Trump azuzó a sus seguidores, quienes con pistolas, explosivos y rifles, y ataviados con cuernos de búfalo y piel de bisonte, tomaron el Capitolio al costo de cinco vidas.

Semejante antecedente torna ocioso presumir hoy que la Constitución, las leyes y las costumbres políticas hacen inviable la permanencia del despreciable ególatra un tercer cuatrienio en la Casa Blanca. Inviable incluso mediante la machincuepa de usar al vicepresidente JD Vance como patético “Juanito”, poniéndolo a calentarle el asiento.

Dese más bien por seguro que, si se lo propone ni el previsible fracaso de su estrategia comercial internacional a base de tarifazos o el inexorable trabajo de Cronos –finalizará su segundo periodo a la edad de 82 años—lo harán desistirse de su propósito de eternización en el Salón Oval. 

Para el cultor del “primero yo, yo, yo, y por último yo” la permanencia en el cargo resulta imperiosa, condición indispensable para intentar concretar su delirante y peligroso programa de gobierno; ese contra el cual el expresidente Barack Obama ya convocó abiertamente a la resistencia civil.

El presidente 44 de EU instó con firmeza a los estadunidenses ir más allá de las palabras y tomar acciones concretas de oposición a Trump:

“Durante la mayor parte de nuestras vidas ha sido fácil decir que eres progresista, o decir que estás a favor de la justicia social, o decir que estás a favor de la libertad de expresión, y no tener que pagar un precio por ello… 

“Ahora estamos en uno de esos momentos en los que no basta con decir que estás a favor de algo. Puede que realmente tengas que hacer algo y posiblemente sacrificarte un poco”, les dijo.

Luego criticó sin sutilezas al magnate de la pelambrera anaranjada, de quien dijo que actúa “como un aspirante a dictador que anda por ahí tratando de castigar a sus enemigos”.

En modo alguno es improbable que veamos la reedición del mitin “Salvemos América”, de aquel 6 de enero, ahora con los extravagantes supremacistas de QAnon, Tea Party, nacionalsocialistas, Proud Boys y otras linduras jugándose a fondo para atornillar en la silla al convicto de 34 delitos.

Para horror de la Humanidad y no obstante sus pavorosas, sádicas políticas, Trump podría clasificarse entre los gobernantes más longevos. Por encima de Joe Biden y Ronald Reagan, y aun de personajes como el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, que en 2018 regresó al poder a los 92 años de edad.

Y de gobernantes latinoamericanos famosos por su permanencia y ancianidad. Desde el paraguayo Alfredo Stroessner, que llegó al poder a los 42 y permaneció en él 35 años, hasta el dominicano Joaquín Balaguer, quien dejó la presidencia a los 89, o el peruano Alberto Fujimori, fallecido en septiembre pasado, que pretendía postularse de nuevo en 2026, a los 85.

Para hacerse de todo el poder en la Alemania nazi, Hitler maquinó la Ley para Remediar las necesidades del Pueblo y del Reich, ley habilitante del 24 de marzo mediante la cual se arrogó la totalidad de facultades legislativas. Hace rato que Trump avanza por ese sendero.

Un Congreso asustado le ha cedido toda la autoridad en diversos aspectos; el principal, que el paso por el Legislativo de sus órdenes ejecutivas en materia comercial –los arancelazos– sea un mero trámite.

Por mandato constitucional senadores y representantes deben discutir y discernir mediante votos el establecimiento de tales gravámenes; pero eso hoy en el país dizque de la libertad y la democracia es una extravagancia.

Las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley por el poder de la firma del delincuente-presidente.

El congresista republicano por Tennessee, Andrew Ogles, como en cualquier república bananera, ya propuso revisar la Enmienda 22 de la Constitución que prohíbe la elección presidencial en más de dos ocasiones.

La justificación de Ogles lo deja a uno entelerido de pavor: 

Que Trump es “la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos”.

El abogado del magnate, Boris Epshteyn, reveló que hace dos años escuchó a aquel decir que no piensa limitarse a gobernar sólo dos periodos, y que él, tras haber estudiado las leyes, llegó a la conclusión de que Trump “encontrará la manera” de postularse en 2028.

Con mayor fervor el desembozado neonazi y exestratega del ultraderechista mandatario 47, Steve Bannon, ya le pidió que se lance otra vez por la presidencia, y el interfecto no dijo no.

Trump incluso comentó que la elección de Vance y la inmediata cesión por éste de la silla puede ser una maniobra releccionista, “pero también hay otras”.

A todo esto, será interesante, en la hipótesis de consolidación de una dictadura, constatar cuál será la postura del piquete de mexicanos admiradores hasta la adoración del aspirante a führer y de su combo de neonazis. Porque Eduardo Verástegui no está solo.

BRASAS

Insiste no con perseverancia sino con franca necedad el empresario Ricardo Salinas Pliego en verles cara de estúpidos a los mexicanos.

Ahora salió con el chorro de babas de los motivos que tuvo para haber roto su amistad con el expresidente López Obrador.

“Solíamos ser amigos al principio y teníamos muchas conversaciones”, dijo, como si la amistad fuese no un sentimiento continuo, permanente, sino intermitente, esporádico, una relación que se practica de vez en cuando.

Con la inocencia de un recién nacido el contumaz evasor de impuestos agregó: “me di cuenta (de) cómo se aprovechaba de mí y me mentía todo el tiempo”.

Salinas P. hizo sus comentarios en una entrevista con el economista Matt Kibbe y refirió así una de las razones del rompimiento:

“Tuvimos una gran discusión al principio de su mandato sobre cómo no podía soportar que el sector privado hiciera obras de caridad. Todo se haría a través del gobierno”.

Al margen su opción preferencial no por las políticas públicas sino por la caridad, el concesionario de TV Azteca fingió ausencia de noción del tiempo o fue abiertamente mentiroso.

Dijo que dicha gran discusión ocurrió en 2021, a propósito de la iniciativa presidencial para prohibir la condonación de impuestos a las empresas y sus fundaciones.

Sólo que 2021 no era “al principio” sino a la mitad del sexenio, precisión que resulta relevante pues lleva a preguntar por qué, rotas ya sus relaciones con el Presidente, permaneció cerca de éste hasta el final del mandato.

¿Será que, logrero como es, esperaba sacar algún provecho de esa cercanía? ¿Estar cerca le permitía traficar con influencias? ¿Aspiraba a que le fuesen condonados sus impuestos? 

El deudor de ¡63 mil millones de pesos! a la hacienda pública se abstuvo de explicar por qué se mantuvo como integrante del consejo económico del gobierno obradorista, si entre él y Amlo había un abismo ideológico insalvable.

Mendaz hasta la médula, dijo que el tabasqueño “mató a miles de fundaciones que hacían todo tipo de trabajos diferentes, unas buenas, otras malas (…). Quería que todos estuvieran al servicio del Estado”.

¡Pues, claro! ¡Hasta las piedras saben que la filantropía y las fundaciones son socorridos recursos empresariales para la evasión de impuestos!

Po lo mismo un gobierno responsable tiene la obligación de exigirles a los causantes que paguen sus impuestos y hagan después con su dinero lo que les venga en gana.

****

El bien más devaluado de la temporada ha sido la palabra Joaquín López Dóriga.

No es que se cotizara muy alto, pero mantenía un nivel aceptable en el régimen de flotación de voces del periodismo.

El viernes pasado, en Milenio, Joaquín exhibió la devaluación en ciento por ciento de su palabra, que es decir de su fiabilidad.

Dijo que continuará en el ejercicio de su oficio hasta que el cuero aguante. O sea, que incumplirá su compromiso de renunciar, a pesar de que perdió la apuesta que cruzó con Gerardo Fernández Noroña.

El periodista aseguró que el presidente del Senado viajó a Francia en primera clase y éste ofreció que renunciaría a su carrera política si se demostraba que eso era verdad.

López Dóriga aceptó el desafío y perdió, pero ya dijo: “No me voy”. Pobre. Quedó como mendaz y cobardón.

RESCOLDOS

Sin audiencia y por consiguiente sin anunciantes, y peor sin publicidad gubernamental ni recursos por debajo del agua, Atypical TV ya da sus últimas boqueadas. El publicista Carlos Alazraki, dueño y director, otrora beneficiario de costaladas de dinero público, ya salió con sus colaboradores a pasar el sombrero entre los televidentes. El más dispuesto, ese dechado de simpatía que es Javier Lozano Alarcón. Sí, el compinche del ciudadano chino Zhenli Ye Gon, a quien en tiempos de Calderón le fue incautada ¡una habitación de cuatro por cuatro repleta de fajos de dólares!

aurelio.contrafuego@gmail.com

—————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Romper el silencio y decir el Derecho

Antonio Gutiérrez

Los pueblos indígenas de México han creado espacios específicos para reunirse y decir su Derecho; patios municipales, salones de usos múltiples, aulas escolares.

En esos sitos realizan las conversaciones y los diálogos, pues en la idea de mundo de los pueblos, la construcción de comunidad se realiza a través de la palabra hablada, durante las asambleas y mediante la conversación cara a cara, en las fiestas, durante las faenas, en el seno familiar, y ahora con auxilio de nuevas tecnologías, en las aulas virtuales, como son los bachilleratos comunitarios, las universidades y en general todas las escuelas. 

En todos esos sitios también es posible la conversación que nos permite decirnos de todo, hasta nuestras confidencias sobre los temas del momento.

Y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero a estas alturas, los temas del momento ya son un secreto a voces. 

Por ejemplo: sabemos que existe un desgaste descomunal de las creencias sobre las instituciones de justicia de México, y que actuaciones deficientes de esas instituciones han provocado la decepción general. 

Unos más, otros menos, pero todas y todos estamos padeciendo la falta de efectividad de los tribunales, de las salas y de los juzgados del Estado. 

No obstante, cuando vemos que todo este orden institucional se desploma, nos queda la esperanza de que los usos y costumbres normativas que han nacido de las conversaciones y de los diálogos que se verifican en los espaciosos comunitarios, siguen firmes. En Oaxaca, por ejemplo, la convivencia social se desarrolla sobre los causes de los sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres; lo que demuestra que los pueblos y las comunidades no están dispuestas a dejarse arrastrar por el caos, ni por soluciones artificiales y engañosas. 

Es un secreto a voces que estamos pasando por una crisis de justicia largamente incubada; los pueblos de México lo saben; lo saben porque no habían sido incluidos ni reconocidos como sujetos de derecho sino hasta hace unos días y porque durante siglos han resuelto sus carencias y problemas internos con sus propias normas.

Esta es una de las razones de porque los pueblos indígenas de México en la próxima elección de 1 de junio buscarán ser representados por su propia gente, es decir, por personas portadores de los usos y costumbres indígenas, pero no sólo eso, sino que elegirán a personas que se han esforzado  por armonizar las normas escritas y las normas orales para legitimar, desde el Estado, la justicia que se imparte a partir de las propias experiencias, de los conocimientos y de las propias visiones de las asambleas. 

Sobre ésta posibilidad, en Oaxaca ya se ha dado el primer paso, con la creación de la Sala de Justicia Indígena en el año 2016. El mérito de la Sala de Justicia Indígena es que 19 de noviembre de 2019, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimara correcta la primera sentencia que emitieron los magistrados integrantes de la Sala Indígena, sobre un juicio de derecho indígena promovido por autoridades municipales. 

Con esa sentencia se rompió el silencio, y por primera vez en la historia del Poder Judicial de México, la Corte mexicana convalidó y legitimo el sistema normativo interno del Ayuntamiento de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca.

 Es la razón por la que la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca se ha convertido también en un espacio para el diálogo y para la conversación cara a cara. 

Crece pues la esperanza de trastocar el viejo orden existente y hacer que las comunidades puedan ejercer su poder desde las instituciones del Estado, ya existe un marco jurídico estatal para ello; no obstante, aún le urge a México la aportación que puedan hacer, desde su interior, las voces de los pueblos y comunidades; de ahí la importancia de las convocatorias, de los foros y los conversatorios, que de un tiempo acá, se vienen realizando en los espacios comunitarios  con la participación de maestras y maestros, padres de familia, autoridades y público en general.  

Más crece la esperanza de los pueblos y comunidades cuando vemos que las candidaturas a puestos de elección de autoridades judiciales también las encabezan profesionistas del derecho que se auto adscriben como indígenas, y que, además, poseen la experiencia y los conocimientos de diversas tradiciones jurídicas.

Creemos que dichos profesionistas entienden que las autoridades y las asambleas de los pueblos, buscan siempre fortalecer las relaciones humanas para lograr soluciones cada vez más justas y equitativas. Las asambleas aceptan esas responsabilidades.

 Lo saben las personas que se auto adscriben como indígenas. Saben también que para proteger los derechos de las personas y de las comunidades es necesario buscar por diversos caminos jurídicos, incluso, abrirse paso por nuevas veredas y conocer la gran variedad de tradiciones normativas, hasta encontrar las normas que más se ajusten a la equidad y a la idea de justicia de cada pueblo, pues todo eso nos falta. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, debe reconocerse que la próxima elección de autoridades judiciales es lo que más se parece a la forma de elección de autoridades de los pueblos; a pesar de las inconsistencias y falta de claridad de los procedimientos del órgano electoral.

Se entiende, desde luego, que la próxima elección de autoridades judiciales no es una elección a mano alzada, pero es muy semejante a las elecciones que realizan las asambleas comunitarias, en las boletas sí se señalan los nombres y apellidos de las personas que han sido llamadas a servir.

Y esos nombres y esos apellidos si se pueden decir y sí se pueden compartir, por ejemplo: revisando los perfiles uno se encuentra candidatas y candidatos que son personas semejantes a nosotros.

Con el número 05 aparece Norma González Jiménez, candidata a Magistrada de Circuito del Tribunal Colegiado de Apelación (Oaxaca).

Con el número 43 Irán Francisco Vázquez Hernández, candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por el Estado de Oaxaca. 

Con el número 04 Sandra Pérez Cruz, candidata a Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 Con el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con el número 06 Camelia Gaspar Martínez, candidata a Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

 Ellas y ellos son las candidatas y candidatos portadores de un prestigio que se han labrado pulso, su primer logro es haber impulsado, en diversos foros, la reforma indígena, y por eso es que ya representan la esperanza para recobrar la confianza en la autoridad JUDICICIAL, tan necesaria para devolvernos la paz.  

En los pueblos sabemos que los pollitos, para ver la luz, rompen su propio cascaron a los veinte días de empollamiento. 

Pues ahora también nosotros, podemos imaginar el silencio impuesto como si fuera un cascaron que los pueblos y comunidades de México están a punto de romper con su voz.

Sirva esta recordación para tratar de actualizar nuestra conversación y explicar el proceso que actualmente viven los pueblos y comunidades de México, y que lo viven y lo dicen, porque han caído en la cuenta de que ya es la hora de romper el silencio y decir su Derecho.  

Nada que no sepamos, los seres humanos cuando hablamos cara a cara, tenemos la sana costumbre de compartir nuestras confidencias, nuestros secretos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, y hasta nuestros defectos compartimos. Lo hacemos tal vez, porque lo que más nos gusta, es estar juntos. 

—————————————–

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Esclavos del gobierno

Carlos R. Aguilar Jiménez

Un esclavo como cualquier cautivo e incluso un prisionero, no tiene absolutamente ninguna libertad, autonomía, libre albedrío ni posibilidad de queja o refutación respecto de lo que le ordenen sus amos o custodios, porque los esclavos no funcionan con solicitudes, peticiones, sugerencias o iniciativa propia, son casi igual que soldados, únicamente cumplen ordenes irrebatibles; condiciones de vida y trabajo que también se dan con los llamados trabajadores o empleados de confianza del gobierno federal, estatal y municipal a quienes con el pretexto de “confianza” se trata como viles esclavos, sin derechos ni amparo de la ley federal del trabajo.

Reconozcan o no, son esclavos, como ocurría en tiempos de esclavitud cuando, no obstante trabajaban en casa del amo y tenían ciertos privilegios y “confianza”, seguían siendo propiedad del amo, igual que ahora los empleados de confianza del gobierno, quienes al no tener amparo o protección legal o moral alguna, ya sea de derechos humanos, sindicales o gremios, los funcionarios igual que amos o patrones, les tratan como esclavos, exigiendo sumisión, obediencia, sometimiento y acatamiento absoluto a la hora y día que sea, obligándolos a trabajar hasta quince horas, sin consideración respecto de sus esclavos-empleados y reflexionar que el cargo es efímero y quedan siempre resentimientos o animadversión y que debían ser los jefes o funcionarios quienes dieran ejemplo de buen trato, consideración y respeto a sus subordinados, no por ley, sino por valor humano. 

Los esclavos del gobierno o empleados de confianza no tienen derecho alguno (excepto su elevado sueldo-bono) únicamente obligaciones, debiendo reportarse personal, telefónicamente o por cualquier medio a su jefe-amo a la hora que a este se le antoje, ya sea para cumplir como acarreados a un mitin político, como comparsa a alguna actividad electorera, publico en acciones cívicas, tequios populistas e incluso para desempeños domésticos en casa del jefe-amo, porque por un puñado de pesos pierden hasta su dignidad, Algunos lo hacen con gusto o ideología, pero son los menos. Y honrosamente quienes se indignan por el trato esclavista, prepotente y abusivo, renuncian.

Los esclavos del gobierno no trabajan en función de la Ley Federal del Trabajo, ni de estatutos sindicales de emancipación, porque antes de iniciar su trabajo deben firmar su renuncia, además de ser advertidos de todo el poder que tiene el gobernante que les contrata y de no reclamar nunca emancipación ante las consecuencias a que se enfrentarían, por supuesto, durante el tiempo que dure el poder, ya que al terminarse, el jefe-amo, se convierte en don nadie, anodino, como algunos jefes del pasado que al llegar al cargo público con toda pedantería escondían su incompetencia e ignorancia  y hoy no son más que insignificantes individuos que se creyeron divinidades como directores, jefes, autoridades o políticos, sin reflexionar que el cargo público es temporal y la vida es larga y los ajustes de abusos, excesos y humillaciones, se cumplen.

—————————————–

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Las demasiadas muertes

Renato Galicia Miguel

En unos años, se han muerto demasiados conocidos míos cercanos y lejanos. Amigos entrañables y gente que se ha cruzado por mi vida por una u otra razón. Duele su partida en ambos casos.

Aunque entiende uno que es parte de llegar a los 60 años de vida o más pues se entra a la recta final, no se deja de pensar que ya no se les verá, que ya no se repetirán situaciones de vida y de convivencia, fuera una simple plática en una redacción o en el metro, una borrachera, una conferencia sesuda en algún foro equis, un viaje, una entrevista.

Un viaje a Michoacán con una bola de poetas de todo el mundo a inicios de los años noventa es por lo que recuerdo siempre al escritor Hernán Lara Zavala (Ciudad de México, 28 de febrero de 1946-15 de marzo de 2025), quien en ese tiempo era director de Literatura de la UNAM. El buen Armando Domínguez fungía como su jefe de prensa y a través de éste, en mi papel de reportero de Gaceta UNAM, es como pude vivir una experiencia alucinante en Morelia. 

Como suele ocurrirme, esa ocasión también me tocó rolar con los más desmadrosos y borrachos, que eran los poetas rusos, unos roperos que tomaban el tequila como agua, y un húngaro que luego resultó ser el tercero más importante de su país y que le gustaba caminar por los barrios cabrones y tomar a pico de botella en plena calle, una situación un tanto desafiante en un estado donde el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había dejado como herencia una ley seca de todos los fines de semana.  Igual tuve el gusto de ponerme una briaga en colectivo con el escritor cubano Senel Paz y después llevarlo al mercado para que nos la curáramos.

Pero el punto álgido fue cuando, en un recorrido nocturno al lago de Pátzcuaro, me subí a la lancha hasta la madre  y por mi insolencia reporteril, me senté al lado de Hernán Lara Zavala, quien a partir de ahí me cuidó para que no cayera al agua y escuchó todo el viaje mi dolor por la entonces reciente muerte de mi cuñado Isaí Franco Miranda a los 43 años por cáncer de pulmón. Al otro día en la mañana, tenía que entrevistarlo. Andaba yo todo crudo y apenado, por eso, lo primero que intenté hacer fue pedirle disculpas, pero me detuvo en seco y me dijo: “No, hermano, para eso estamos, no te preocupes”.  Era un tipazo.

A Carlos-Blas Galindo (Ciudad de México, 1955-10 de marzo de 2025) no lo conocía personalmente, pero sí a través de la lectura cotidiana de su columna en la sección cultural de El Financiero, a cargo del máster Víctor Roura, cuando su servidor fue reportero y colaborador en ese espacio. 

Se me quedó muy grabado, en especial, su texto en que definió a los artistas Rodolfo Morales y Francisco Toledo como caciques culturales de Oaxaca, que obviamente causó conmoción y le costó no ser nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el tan degradado y manoseado MACO de hoy.  

Con el tiempo, lo conocí personalmente y lo entrevisté para la revista Tangente/ Toca tu Vida —junto con la artista multidisciplinaria Iris Atma—, cuando era director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del INBAL. Gran personaje, igual.

Son vidas que se cruzan con la de uno y que dejan huella. Descansen en paz, los másters Hernán Lara Zavala y Carlos Blas Galindo Mendoza.

—————————————–

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

AL MARGEN || En Teuchitlán nada debería ser ‘normal’

0

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hemos llegado a tal nivel de normalización de la violencia y el quebranto a la ley, que pareciera que una parte de la sociedad mexicana se siente “aliviada” porque la versión gubernamental dice que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, no era un campo de exterminio sino “sólo” de entrenamiento para el crimen organizado. En cualquier otra sociedad, e incluso en cualquier otro país, esa sola última afirmación tendría que estremecer a propios y extraños. Alrededor de ese predio, y en cualquier cosa que ahí haya o no ocurrido, el común denominador es la ilegalidad, la criminalidad y la ausencia de cualquier garantía de legalidad y de Estado de Derecho. 

En efecto, hace algunas semanas diversos colectivos de personas buscadoras de desaparecidos denunciaron que en dicho lugar había centros crematorios, restos humanos, prendas y objetos personales de cientos de personas sobre las que no se conoce su paradero. La inferencia llevó a pensar en los centros de exterminio o en los campos de concentración que hubo durante el holocausto, y otros conflictos armados en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. A lo largo de las semanas, la autoridad ha intentado moderar las versiones asegurando que no existen tales sitios, y que dicho predio era utilizado sólo como un campo de entrenamiento para criminales. En cualquier otra sociedad habría que responderse algunos cuestionamientos que aquí podrían parecer —paradójicamente— preguntas retóricas. Veamos. 

1.      La posesión del llamado Rancho Izaguirre. Versiones señalan que dicho predio les fue materialmente despojado a sus propietarios originales, a los que integrantes del crimen organizado, los orillaron mediante amenazas y violencia, a abandonar la posesión del mismo. De todo esto, seguramente, tuvieron en algún momento conocimiento las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y el resultado fue el mismo: nadie impidió que, a la mala, los dueños del inmueble fueran despojados de él. 

2.      El paradero de los supuestos “adiestrados”. Increíblemente, a pocos días de revelada la información por las personas buscadoras que denunciaron la presunta existencia del campo de exterminio, a través de un video un grupo criminal negó la veracidad de las afirmaciones y, básicamente, se plegó a la misma narrativa oficial. ¿Cuál es la realidad? Que hasta el momento existen algunos testimonios que sostienen los horrores que ahí ocurrían. Pero no ha habido una sola voz que asegure lo contrario, y que reafirme al menos con una narrativa coherente, que ahí los reclutados eran entrenados para labores criminales, pero sin agredirlos. 

3.      Que no sea un campo de exterminio, no alivia la realidad. ¿Debemos entonces estar tranquilos con la versión oficial? Pareciera que sí, pero ello también resulta insostenible. En un verdadero estado constitucional de derecho no tendría por qué haber ni centros de extermino, ni ranchos de entrenamiento de criminales. En un estado de legalidad real, ninguna autoridad podría sostenerse ante tal complicidad, ante su incapacidad por mantener el orden, o por su abierta omisión de decirse autoridad sin saber qué pasa en su municipio, entidad federativa o nación. Y aún así, sorprendentemente todos siguen en sus respectivos cargos, y sigue pareciendo un alivio lo del campo de entrenamiento, que no lo era de exterminio. 

4.      Cómplices involuntarios. El Estado está decidido a impedir, hasta donde le sea posible, que se consolide la versión del exterminio. Negándola, involuntariamente se pone una vez más del lado equivocado, igual que como cuando intentaron ocultar la realidad de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más bien, deberían abrir y ampliar la investigación al máximo posible. Ello correspondería a una visión responsable, de Estado, que fuera capaz de reconocer los hechos, repararlos integralmente, y tomar medidas para evitar su repetición. No hacerlo los ubica, así sea accidentalmente, del lado equivocado frente al largo e intrincado juicio de la historia. 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Nos leemos en: hhtp://columnaalmargen.mx