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Capacitación de la comunidad jurídica, eje para la implementación del nuevo Código en materia civil y familiar

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Capacitación de la comunidad jurídica, eje para la implementación del nuevo Código en materia civil y familiar
  • Concluyeron las actividades del Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos
  • Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación”

San Bartolo Coyotepec, Oax.- La capacitación de la comunidad jurídica y la coordinación de los tres poderes del Estado, serán ejes fundamentales para garantizar una justicia efectiva con la entrada en vigor del nuevoCódigo de Procedimientos Civiles y Familiares, afirmó la titular del Poder Judicial, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, en el marco de la clausura del Foro Nacional en este tema
que reunió a especialistas, académicos y operadores.
Acompañada del presidente de la Comisión para la Implementación, magistrado Juan Carlos
Diaz Carranza e integrantes de la misma; así como del rector de la Benemérita Universidad de
Oaxaca (BUO), David Zabdiel Martínez Pérez y de ponentes, enfatizó que este cambio de
paradigma en la impartición de justicia, implica una transformación estructural que ya está en
marcha y que requiere acciones concretas para su consolidación.
Asimismo, destacó que este foro representa el inicio de una etapa permanente de formación y
profesionalización y reconoció que el éxito de este proceso dependerá del trabajo conjunto
entre instituciones públicas, academia, comunidad jurídica y sociedad para avanzar hacia una
justicia más efectiva, incluyente y cercana a la ciudadanía.
En su oportunidad, el Magistrado Juan Díaz Carranza destacó que la capacitación no se limitará
a la capital del estado, sino que se llevará a cabo también en distintas regiones de la entidad,
con el fin de garantizar el acceso a formación especializada a las y los operadores del sistema.
La declaratoria formal de clausura del evento con sede en el teatro “Macedonio Alcalá”, estuvo
a cargo del rector de la BUO quien subrayó la importancia de fortalecer el vínculo entre la
academia y las instituciones públicas.
Las conferencias del Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación”, se encuentran disponibles
para consulta en el enlace: https://www.facebook.com/TSJOAX

Cuando los derechos estorban al poder

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Cuando los derechos estorban al poder

Alberto Benítez Tiburcio

La afirmación de la ministra Lenia Batres en sesión de la Suprema Corte del día 8 de abril de este año, según la cual “todos los fines del Estado merecen protección constitucional y cualquier afectación a esos fines debe ser punible”, no es simplemente una provocación retórica ni un exceso discursivo propio del fragor de una deliberación judicial. Es algo más profundo y, por ello mismo, más inquietante: la expresión nítida de una concepción premoderna del poder que el constitucionalismo contemporáneo se ha esforzado durante más de dos siglos en desmontar. Lo verdaderamente alarmante no es la frase en sí, sino el universo conceptual que la hace posible. Porque para sostenerla es necesario asumir, consciente o inconscientemente, que el Estado ocupa un lugar central y casi sacralizado en el orden jurídico, y que los individuos, en lugar de ser titulares de derechos frente al poder, son potenciales obstáculos frente a los fines que ese poder se propone realizar.

Esa forma de pensar remite a un momento anterior al nacimiento mismo del constitucionalismo. Antes de las revoluciones modernas, el poder político se concebía como una instancia superior que organizaba la vida social conforme a fines propios. El tránsito hacia la modernidad jurídica implicó precisamente la ruptura con esa lógica: la afirmación de que existen esferas de libertad indisponibles, que no pueden ser sacrificadas en nombre de ningún objetivo estatal. Desde entonces, la Constitución dejó de ser un instrumento del poder para convertirse en límite al mismo y garantía de los derechos fundamentales. Por eso resulta tan perturbador escuchar, en pleno siglo XXI y desde el máximo tribunal de un país, una formulación que invierte ese principio fundacional y devuelve al Estado a una posición de primacía normativa.

No se trata de una discusión académica. Las ideas tienen consecuencias, y en el ámbito constitucional las consecuencias son estructurales. Si los fines del Estado se colocan como objeto de protección constitucional, entonces la Constitución deja de operar como una barrera frente al poder y comienza a funcionar como su instrumento deprotección. El desplazamiento es sutil en apariencia, pero devastador en sus efectos: transforma al derecho en un mecanismo de legitimación del poder en lugar de un sistema de control de la autoridad. Bajo esta lógica, ya no es el Estado el que debe justificar sus acciones frente a los ciudadanos, sino los ciudadanos quienes deben justificar que sus conductas no interfieren con los objetivos estatales. La carga de la legitimidad se invierte y con ella, se invierte también la lógica de la libertad.

Más grave aún es la consecuencia punitiva que se desprende de esta concepción. Sostener que cualquier afectación a los fines del Estado debe ser punible implica abrir la puerta a un derecho orientado no a la protección de derechos fundamentales, sino a la defensa del poder. En ese escenario, prácticas esenciales de una democracia constitucional, como la crítica pública, la libertad de expresión, la protesta social oel periodismo de investigación, pueden ser reinterpretadas como formas de interferencia con los objetivos estatales y por tanto deben ser castigadas. 

Aquí es donde la noción de regresión autoritaria deja de ser una metáfora y se convierte en una categoría analítica. Las democracias contemporáneas no suelen colapsar mediante rupturas abruptas o golpes espectaculares. Se erosionan desde dentro, a través de desplazamientos conceptuales que alteran progresivamente el sentido de las instituciones como lo vimos en los regímenes totalitarios del siglo XX. La historia muestra con claridad cómo sistemas formalmente democráticos pueden vaciarse de contenido cuando el lenguaje jurídico comienza a reconfigurarse en torno a la protección del poder en lugar de la protección de los derechos fundamentales. 

La afirmación que aquí se analiza encaja con inquietante precisión en ese patrón. No porque declare abiertamente un proyecto autoritario, sino porque normaliza una forma de razonar que lo hace posible. Presenta como razonable la idea de que el Estado debe ser protegido frente a la sociedad, cuando el constitucionalismo contemporáneo se construyó precisamente sobre la premisa contraria. Sugiere que los fines estatales tienen una dignidad normativa que los acerca a los derechos fundamentales, cuando en realidad esos fines son siempre contingentes, discutibles y, sobre todo, subordinados a los límites de los derechos humanos.

Lo que está en juego, en última instancia, no es la corrección o incorrección de una frase, sino la orientación del sistema constitucional. Cuando el Estado comienza a concebirse a sí mismo como sujeto de protección frente a la ciudadanía, el equilibrio se rompe. La Constitución deja de ser un instrumento de limite al poder y garantía de derechos, para convertirse en una herramienta de protección al estado. En ese desplazamiento, que puede parecer abstracto, se incuban transformaciones muy concretas: la reducción del espacio cívico, la deslegitimación de la crítica y la expansión de mecanismos de vigilancia y control.

Las democracias constitucionales no están blindadas contra este tipo de derivas. Su fortaleza depende, en buena medida, de la claridad conceptual con la que sus actores —y en particular sus jueces— comprenden el papel que les corresponde desempeñar. Cuando esa claridad se pierde y el lenguaje del derecho comienza a adoptar categorías propias de una concepción autoritaria del poder, la advertencia debe ser tomada en serio. No porque el colapso sea inminente, sino porque los procesos de erosión suelen ser graduales, casi imperceptibles, hasta que sus efectos se vuelven irreversibles.

Por eso, más que una polémica pasajera, lo que esta afirmación pone sobre la mesa es una pregunta de fondo: si seguimos entendiendo la Constitución como un límite al poder o si estamos dispuestos, quizá sin advertirlo plenamente, a convertirla en un instrumento al servicio de sus fines. Entre una y otra opción no hay un punto intermedio estable. Hay, más bien, dos modelos de organización política incompatibles. La historia ha sido suficientemente clara respecto de las consecuencias de elegir el segundo.

 

“Diálogo entre justicias”, y la otra cara de la luna

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“Diálogo entre justicias”, y la otra cara de la luna

Antonio Gutiérrez

A tono con los acontecimientos humanos del momento, diremos que en México los pueblos y comunidades indígenas están dejando de ser la cara oculta de la luna.

Como un acto de justicia es preferible no olvidarlo, la aparición de la otra cara de la luna inició el 1 de enero de 1994 y nos sorprendió su gran esplendor durante la “Marcha del Color de la Tierra” en el año de 2001.

La “Marcha del Color de la Tierra”, cargada de esperanzas, nos mostró los rostros indígenas que vinieron caminando sobre el suelo de México, su suelo; y desde entonces se inició un diálogo formal entre nosotros, y de ellos con los demás habitantes de la faz de la Tierra. 

Por eso, Diálogo entre justicias no es otra cosa, sino la continuación de un diálogo que inició por iniciativa de los pueblos y comunidades de México, hace ya mucho tiempo, sólo que ahora, a diferencia de los viajes a la luna, aquí y ahora estamos pasando del mero reconocimiento, de la simple coexistencia, a la realización de acciones concretas. 

Con los diálogos entre justicias convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estamos presenciando el renacer de nuevas y verdaderas relaciones sociales entre la población general y los pueblos indígenas, a través de la conversación entre operadores de justicia del Estado y operadores de justicia de los sistemas normativos indígenas.  

Para ilustrar el hecho, basta un esbozo. Durante el cuarto “Diálogo entre justicias” realizado en San Cristóbal Suchixtlahuaca el pasado 20 de marzo de 2026, dichos operadores se reencontraron y entraron en amena conversación. 

Y es que como ha dicho el Ministro Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, “nuestro origen nos marca”. 

Volvemos pues a la comunicación tradicional cara a cara y de boca en boca, hasta que las formas de justicia lleguen a estar en boca de todas y todos, para que juntos mejoremos nuestras formas de sociabilidad. 

Ilustran la renovación de estas viejas formas de sociabilidad la presencia y participación de las magistradas y magistrados: Mónica Zárate Apak; Celia Aspiroz García; Rocío Chong Velázquez; Brisa Albores Medina; Luz Idalia Osorio Rojas; Jahaziel Reyes Loaeza; Víctor Hugo Sibaja, ellas y ellos, con sus intervenciones, aquel día dejaron de ver la justicia indígena como un horizonte y sentaron, tal vez sin proponérselo, un nuevo precedente. 

Operadores de justicia de los sistemas normativos indígenas y operadores de justicia del Estado empezaron a reconocerse cada vez más, tras dialogar sobre un tema concreto que nos es común: la justicia vista por ambos.   

Lo mismo hicieron los jueces federales aquel día: Guadalupe Patricia Juárez Hernández; Guadalupe Servando Quiroz Ayuso; Álvaro Niño Cruz; Ulises Cuauhtémoc Reyes Martínez; Irán Francisco Vázquez Hernández; de modo que la conversación y el intercambio de experiencias entre operadores de justicia en Suchixtlahuaca fue como un sacudimiento de las indiferencias y el renacer del interés general sobre el tema de la justicia indígena entre las y los participantes. 

El doctor Víctor Leonel Juan Martínez, Director General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Corte, ha diseñado una metodología para que en las mesas de trabajo rápidamente los participantes caigan en la cuenta de que la justicia es un elemento común que nos une y que la comunidad indígena es el lugar preferido por todas y todos para el aprendizaje del bien común.  

Destaca el hecho de que a Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Corte, y a su equipo de trabajo, las comunidades indígenas los reciben con efusividad y los escuchen con atención, tal vez porque los reconocen como sus iguales, o quizá porque los pueblos indígenas están experimentando una modificación profunda en sus percepciones a partir de que en la Constitución se les reconoció como sujetos de derecho público.  

El gesto festivo y efusivo con que los pueblos y comunidades reciben a las y los operadores de justicia del Estado, se debe también, en gran medida, a que a los pueblos y comunidades no les queda la menor duda de que el Ministro Presidente de la Corte no niega que es portador de una herencia prehispánica y que sus funciones actuales son producto de una elección, de ahí su prestigio y su legitimidad.  

En la nueva Corte mexicana saben de la importancia de palpar las realidades de los pueblos indígenas si en verdad se busca reestructurar el aparato de justicia de México. 

Lo saben también la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez y los jueces y magistrados de la entidad.

Palpar es, literalmente: “Emplear el sentido del tacto para orientarse en la oscuridad”, el Diccionario dixit, y mirar la otra cara de la luna. 

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Oaxaca abre el debate jurídico sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

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Oaxaca abre el debate jurídico sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
  • En Foro Nacional, especialistas, autoridades y academia intercambian perspectivas para fortalecer la implementación del nuevo modelo 

Oaxaca de Juárez, Oax, 9 de abril de 2026.- En el contexto de transformación del sistema de justicia en México, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca dio inicio al Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación.”, el cual reúne a actores clave del ámbito jurídico para debatir los desafíos que implica la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento. 

En el emblemático teatro Macedonio Alcalá, presidieron el acto inaugural la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, acompañada del gobernador Salomón Jara Cruz; del presidente de la Comisión para la Implementación, magistrado Juan Carlos Diaz Carranza; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, diputada Eva Diego Cruz; del comandante de la Octava Región Militar, Ernesto Zapata Pérez y del rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, David Zabdiel Martínez Pérez. 

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta destacó que este proceso representa una transformación de fondo del sistema de justicia, al transitar de esquemas tradicionales, largos y complejos, hacia un modelo más ágil, accesible y centrado en las personas. 

Explicó que el modelo privilegia la oralidad, la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de ofrecer procesos más rápidos, cercanos y eficaces, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad. 

No obstante, reconoció que su implementación implica desafíos significativos en materia de infraestructura, capacitación y adaptación institucional, por lo que destacó la importancia de generar espacios de diálogo como este foro para construir soluciones colectivas. 

En su intervención, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares constituye un parteaguas en la evolución del sistema jurídico mexicano, al establecer un modelo homologado que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia en todo el país. 

En tanto, el Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF del PJEO, reconoció que el proceso de implementación del compendio legal, enfrenta desafíos significativos. 

Las conferencias se pueden seguir en el enlace: https://www.facebook.com/TSJOAX 

La corrupción y el futuro de México

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La corrupción y el futuro de México

Alberto Benitez Tiburcio

Durante años, en México la corrupción se ha abordado como un problema esencialmente moral: una desviación de conducta, una falla ética, una cuestión de voluntad política. Esa lectura, aunque parcialmente cierta, resulta insuficiente. La corrupción es también una variable estructural del desarrollo y cuenta con métricas que permiten dimensionarla a cabalidad..

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International ubica a México con 27 puntos sobre 100, en la posición 141 de 182 países. No se trata de un dato aislado ni de una simple fotografía estadística. Es un diagnóstico sistémico: empresarios y expertos perciben a México como un país con debilidades persistentes en la integridad de su sector público.

El valor de este indicador no radica únicamente en la percepción, sino en sus efectos concretos. En la economía contemporánea, la confianza es un activo determinante. Los capitales, nacionales o extranjeros, no solo buscan mercados amplios o costos competitivos; buscan certeza jurídica, instituciones predecibles y reglas que se cumplan. Cuando la corrupción se percibe como alta, el riesgo se encarece y cuando el riesgo aumenta, la inversión se inhibe.

Es ahí donde la discusión deja de ser ética para convertirse en económica.

México enfrenta una paradoja evidente. Cuenta con ventajas estructurales innegables —ubicación estratégica, integración comercial, capital humano—, pero no logra traducir plenamente ese potencial en crecimiento sostenido. La explicación no siempre es visible en los indicadores macroeconómicos, pero resulta determinante: la debilidad del Estado de derecho y la persistencia de prácticas de corrupción están anclando el desarrollo nacional.

Es en los estados y municipios donde la corrupción adquiere su dimensión más cotidiana. Trámites, licencias, permisos, contrataciones: ahí es donde ciudadanos y empresas enfrentan el verdadero funcionamiento del sistema. Y es también en ese espacio donde se erosiona la certeza jurídica, no necesariamente a través de grandes escándalos, sino mediante decisiones discrecionales que, acumuladas, generan incertidumbre.

En ese contexto, la acción del gobierno federal es indispensable, pero claramente insuficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha delineado una ruta que merece reconocimiento: fortalecer la transparencia, robustecer los mecanismos de control administrativo y avanzar hacia una mayor integridad en la gestión pública. Es una dirección correcta. Sin embargo, enfrenta una realidad compleja: la corrupción en México es, en gran medida, territorial.

La transformación de fondo no se resolverá únicamente mediante reformas federales, sino a partir de cambios profundos en las prácticas locales.

Esto implica ir más allá de la retórica. Supone rediseñar incentivos institucionales, profesionalizar el servicio público a nivel estatal y municipal, digitalizar procesos para reducir la discrecionalidad y, sobre todo, consolidar sistemas de sanción eficaces. Sin consecuencias reales, cualquier estrategia anticorrupción corre el riesgo de convertirse en un ejercicio declarativo.

La relación con el crecimiento económico es directa. Los países que han logrado contener la corrupción no solo fortalecen su legitimidad democrática; también incrementan su capacidad para atraer inversión, reducen costos operativos y aceleran su desarrollo. La integridad institucional no es un ideal abstracto: es una condición de competitividad.

México no necesita descubrir esta relación. Lo que requiere es asumirla como una prioridad estratégica. En un entorno global marcado por la relocalización de cadenas productivas, el país dispone de una oportunidad histórica. Pero el nearshoring no se materializa por decreto. Exige condiciones: certeza jurídica, estabilidad regulatoria y confianza institucional.

La corrupción no siempre es visible. Sin embargo, opera en cada inversión que no llega, en cada proyecto que se posterga, en cada empresa que decide instalarse en otra jurisdicción.

Es, en última instancia, una variable discreta pero decisiva. Mientras no se entienda en esos términos —no solo como un problema ético, sino como un obstáculo estructural al desarrollo—, México seguirá siendo un país con enorme potencial… pero con resultados limitados.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Cumpleaños 494 de Oaxaca

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Cumpleaños 494 de Oaxaca

Carlos R. Aguilar Jiménez

Este 25 de abril, se celebran 494 años del nombramiento de ciudad a un caserío que, después, se convirtió Villa, que había existido ancestralmente y poco o nada ha evolucionado, cambiado o revolucionado su arquitectura, urbanismo, civismo, solidaridad o respeto y, especialmente, la mentalidad de sus habitantes pensando casi igual que sus ancestros que cruzaron en estrecho de Bering hace catorce mil años, aferrándose a arcaicos abusos y malas costumbres que anclan e interrumpen el progreso, negándose a todo cambio y transformación, prefiriendo vivir como sus ancestros que atreverse a modificar y mejorar su entorno y la ciudad que nos dejó el glorioso virreinato.

La cuestión de la edad de Oaxaca, si existe desde hace milenios, siglos o décadas, antes ni siquiera se planteaba, porque un lugar que no evoluciona con el tiempo ni siquiera tiene edad. Si ha permanecido igual desde tiempo inmemorial, da igual que haya sido fundada o declarada ciudad hace 494 años o dos mil, estableciendo cada quien una edad en función de ideologías, que hoy deberían estar mal vistas en relación al reclamo del gobierno a España, a quien solicitan nos pida perdón cuando casi todos los oaxaqueños deberían agradecer a la corona española que sean cristianos y católicos adoradores de la virgen de Guadalupe y no fieles devotos de Cosijo o Huitzilopochtli, y que, por ser mestizos cristianos se salvarán de irse al infierno (según sus creencias católicas actuales).

Sí, se celebrara el aniversario 494 de la categoría de ciudad a Oaxaca por decreto real de Carlos V, Emperador del sacro imperio romano germánico y Carlos I, Rey de España, festejando que todo sigue igual, que el centro histórico construido por españoles, indígenas y mestizos durante el virreinato, sigue igual que entonces, donde los oaxaqueños actuales se sienten orgullosos de Santo Domingo, la Catedral, el trazo cuadriculado, de todas sus iglesias y de fiestas mestizas, como la Guelaguetza, que de ancestral no tiene nada, excepto propaganda para turistas.

Si nunca se ha salido de México, si no se conocen ciudades medievales o modernas europeas y especialmente españolas, se entendería que poco hay que celebrar, porque Oaxaca es ciudad de topes, baches, bloqueos, secuestros, extorsión de la secta 22 y normalistas, donde la civilidad y respeto no existen, como no existe el agua, seguridad, libramientos vehiculares y, el gobierno con dádivas y tinacos compra votos para mantener a Oaxaca peor que hace 494 años, cuando el Rey de España nos distinguió como ciudad. Por supuesto que habrá mañanitas, repique de campanas, tamales, atole, conciertos y jolgorio porque somos también: Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias al virreinato de la Nueva España, porque de lo que hemos hecho los oaxaqueños después de la Independencia, ni el ferrocarril de don Porfirio Díaz existe. Feliz cumpleaños Oaxaca de parte de: “Ciudadano de Antequera 1997” y “Coquitao Cosijopi 2021”, es decir, un servidor.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || ONU, del letargo al atropello

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CONTRAFUEGO || ONU, del letargo al atropello

Aurelio Ramos Méndez

¿De dónde tanto rigor de la ONU para intentar poner el haz de luz más potente del mundo sobre el tema de los desaparecidos en México, si este organismo no ha salido de su letargo de lustros ni siquiera ante el furor bélico de Donald Trump, los asesinatos masivos incluso de niños por Estados Unidos en Irán, las masacres también de infantes cometidas por Israel en Gaza o los despiadados bombardeos de Rusia sobre Ucrania?

Viene a cuento este interrogante a la vista del informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en el cual se le pide al Secretario General de este organismo en teoría multilateral pero donde sólo los chicharrones gringos truenan, que le remita de manera urgente a la Asamblea General el reporte sobre las desapariciones forzadas en México.

Tal informe, atinadamente rechazado “por tendencioso y falto de rigor jurídico” por nuestro gobierno, no fue honesto y franco sino artificioso, envuelto cual caramelo envenenado. 

Con perversidad se disfrazó en él el fin último de atropellar a México, buscar una sanción con el pretexto de los derechos humanos y darle así una bocanada de oxígeno a la oposición a la 4T.

El comité referido, algunos de cuyos integrantes son a la vez jueces y acusadores del Estado mexicano, se escudó en la patraña de que el eventual tratamiento del asunto por la Asamblea pretendería que “se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes”. ¡Ajá!

Están dichosos con la acometida de la ONU, sin embargo, los integrantes del puñado de apátridas que, con exasperante necedad acusan al gobierno federal de toda suerte de abusos y atrocidades, y de pretender replicar en México un modelo de gobierno foráneo, de la Venezuela de entonces y la Cuba de todavía.

Acusación esta última lanzada al tiempo que, ellos sí, imploran sin recato y a la vista de todo el mundo una intervención extranjera –si militar, mejor–, de EU. Ejemplar noción de la independencia y la soberanía.

Instalado en los bulos de la derecha, aquel comité lanzó una acusación asaz injusta y tendenciosa: 

“Existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

Se apoyó para ello en la información no sólo interesada y sesgada sino de plano mentirosa, acercada al organismo internacional por, entre otros… ¡los mismos que celebran el tendencioso informe de marras!

El duro señalamiento se basó en una “evaluación” del tema de las desapariciones, de la cual el grupo de la ONU concluyó que en nuestros pagos se han producido ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil.

De manera tangencial, aterciopelada, apenas para taparte el ojo al macho y con obvio afán de ocultar sus reales intenciones de desestabilización, el informe señala que tomó nota de cómo la guerra contra las drogas declarada por Felipe Calderón prefiguró condiciones para la desaparición forzada de personas.

Y arremetió:

Con respecto a algunos de los casos denunciados, el grupo recibió información fundamentada, probablemente probatoria de la participación directa de funcionarios públicos en la ejecución de desapariciones.

En su razonable y firme respuesta, nuestro gobierno rebatió esos juicios ostensiblemente mal intencionados, y dejó en claro que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. 

Lo que no significa, es obvio, que tales delitos no ocurran. Mas una cosa es que sean cometidos por delincuentes y –aceptémoslo—aún por agentes del Estado de manera individual, y otra que se trate de una política pública del gobierno de turno. 

Una política pública ejecutada desde la más alta instancia del poder gubernamental, pues durante todo un sexenio la prioridad del titular del Ejecutivo 2006-2012 consistió en combatir el narcotráfico con todos los recursos a su disposición y una secretaría de Estado en pleno, encabezada por el funcionario más cercano al mandamás, al servicio de narcotraficantes.

En un escrito conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores el gobierno de la presidenta Sheinbaum hizo notar que el comité omitió reconocer los esfuerzos de México para avanzar en la atención del problema, cuya mayor parte es herencia de Calderón y Peña Nieto. 

Y apuntó que México “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el refrán, y eso ocurrió en los medios con la respuesta de México a la ONU. 

El ambiente se llenó de imputaciones a los gobiernos actual y precedente, de los cuales lo menos que ciertos opinantes dijeron es que ambos han sido insensibles ante el dolor humano.

Y hasta hubo quien con sensibilidad paquidérmica o, peor, con sadismo, ejerció tortura psicológica sobre familiares de desaparecidos, dándoles a entender que resulta altamente probable que el familiar ausente a quien esperanzados todavía buscan, ya haya sido asesinado.

El razonamiento para esta grosera desconsideración radica en la cifra de homicidios dolosos y la visceral convicción mediática de que el malvado gobierno maquilla datos a placer por motivos electorales.

La cosa sería así: 

Del registro oficial de poco más de 130 mil personas desaparecidas de 2006 al sol de hoy, 33 por ciento no ha tenido ningún tipo de ‘actividad’ desde su desaparición; 31 por ciento sí ha tenido actividad y 36 por ciento corresponde a casos sobre los cuales hay información ‘insuficiente’…

Y si de 2019 a la fecha la cifra oficial de homicidios dolosos, maquillada hasta la inverosimilitud, es de 210 mil, y la de desaparecidos, asimismo bien rasurada, de poco más de 43 mil –33 por ciento de 130 mil–, la conclusión es simple.

Desde semejante facilismo, esto significaría que en la cifra negra de asesinados se ocultaría la diferencia –imprecisa, pero presumiblemente descomunal– entre los desaparecidos que contabiliza el gobierno y los que estima la calenturienta mente de esos analistas.

Lo que quiere decir que los desaparecidos en realidad no lo son y lo más probable es que estén muertos. ¿Había necesidad de hacer semejante deducción revictimizante? Una infamia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, deberá no sólo desatender la petición del Comité contra la Desaparición Forzada, sino exigirle profesionalidad, neutralidad política y menos prejuicio. 

Y, desde luego, solicitar la recusación de los miembros del comité que olímpicamente ejercer de investigadores, acusadores y jueces del gobierno mexicano.

RESCOLDOS

Por motivos de salud renunció a la cancillería el doctor Juan Ramón de la Fuente. Lo despidieron entre aplausos sus colaboradores. No era para menos. Tuvo un brillante desempeño. Debió atender varios conflictos de México con gobiernos inscritos en la derecha y logró atajar muchos ataques del entorno global, instigados por nuestros modernos polkos. Habla bien de él que ni los motivos de su retiro inspiraron algún gesto de nobleza de la cerril oposición… 

En los predios del salinismo ya asomaron las intenciones de empezar a forjar un perfil femenino rumbo a las presidenciales de 2030. Se trata de la excanciller Claudia Ruiz Massieu. Se necesita audacia. De su paso por la SRE nadie puede decir que fue memorable, por más que en columnas de prensa y entrevistas a modo ahora da catedra acerca de cómo conducir la política exterior y el país con el que su dinastía no pudo. Por añadidura, sus apellidos y los nombres de Raúl, Adriana, Carlos, o Mario y aun José Francisco son una mochila de piedras sobre su espalda…

Por cierto, ¿dónde está la ONU que ni una palabra ha dicho para reconvenir a Trump, quien so pretexto del cierre del canal de Ormuz a diario amenaza con borrar a Irán de la faz de la tierra y pone en vilo al mundo, en el borde de una conflagración global? ¿Cuándo este asunto será materia de atención seria por el organismo multilateral, no excusa para asearle las botas al presidente de EU?

¡Cómo ha de ser de intenso el cabildeo de la oposición allende nuestras fronteras! Hasta la habitualmente seria revista The Economist –reputada la mejor del mundo— ya piso el garlito. En su edición más reciente, arrastrada por el aluvión de falacias que esparce por el mundo nuestra derecha, lamentablemente criticó con anteojeras la economía mexicana…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Crecimiento económico y estado de derecho en México

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Crecimiento económico y estado de derecho en México

Alberto Benítez Tiburcio

¿Por qué México no crece al ritmo que podría, considerando su enorme potencial en recursos naturales, capital humano y ventajas logísticas como el nearshoring?

La pregunta no es nueva, pero sigue sin respuesta satisfactoria. México tiene prácticamente todo para ser una potencia económica regional. Es la segunda economía de América Latina, tiene acceso preferencial al mayor mercado del mundo a través del T-MEC, cuenta con una población joven de más de 130 millones de personas y una ubicación estratégica en el nuevo reacomodo global de las cadenas productivas.

Y sin embargo, no crece como podría.

Si se observa la última década, el patrón es claro: México ha crecido muy por debajo del nivel necesario para detonar desarrollo sostenido. Distintos análisis coinciden en que el país necesitaría crecer entre 4% y 5% anual de manera consistente para generar condiciones reales de prosperidad, reducir la informalidad y cerrar brechas sociales.

Para 2025, el crecimiento fue cercano a 0.6%, y para 2026 las proyecciones se ubican entre 1.3% y 1.6%. Es decir, una economía que avanza, pero sin la fuerza suficiente para transformar la realidad social.

El rezago se vuelve más evidente cuando se observa el empleo. En 2025, México generó alrededor de 650 mil empleos formales, una cifra claramente insuficiente frente a la presión demográfica. Cada año, entre 1.1 y 1.2 millones de personas se incorporan al mercado laboral. La diferencia no es técnica: es estructural.

Ese déficit explica, en buena medida, la persistencia de la informalidad y la fragilidad del ingreso en millones de hogares. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué está frenando el potencial de México? 

Una parte central de la respuesta está en un concepto que suele mencionarse mucho y entenderse poco: el estado de derecho.

El estado de derecho no es una abstracción jurídica. Es una condición económica. Significa que las normas son claras, que se aplican de manera predecible y que no dependen de la voluntad de quien ejerce el poder. Significa que los contratos se respetan, que la corrupción se sanciona, que la justicia funciona y que la autoridad tiene límites.

En otras palabras, significa certeza jurídica.

Y la certeza jurídica genera confianza. Y la confianza, a su vez, es el activo más importante de cualquier economía moderna.

Para dimensionar dónde está México en esta materia, vale la pena observar el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Este indicador evalúa a más de 140 países con base en variables como límites al poder, ausencia de corrupción, transparencia, seguridad y efectividad de la justicia.

No mide discursos. Mide realidad.

El resultado para México es preocupante: el país se ubica alrededor del lugar 121 de 143 países, y en América Latina en la parte baja del ranking, 28 de 31, apenas por encima de Haití, Venezuela y Nicaragua.

No es un dato menor. Es un diagnóstico estructural.

Existe una relación directa entre estado de derecho y crecimiento económico. La cadena es simple, pero contundente: más certeza jurídica genera más inversión; más inversión genera mayor empleo; más empleo incrementa el ingreso de las familias; ese ingreso impulsa el consumo; y el crecimiento económico fortalece la capacidad del Estado para recaudar y redistribuir mejor.

En este contexto, es relevante reconocer que el tema ya forma parte de la agenda pública. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido reuniones con el sector empresarial para fortalecer la confianza en el país como destino de inversión. Incluso recientemente ha señalado que México necesita generar mayor certidumbre para detonar su crecimiento económico.

El diagnóstico es correcto. Desafortunadamente, algunas decisiones han enviado señales en sentido contrario. La reforma judicial, en particular, ha generado dudas sobre la independencia y previsibilidad del sistema de justicia. Y en economía, la incertidumbre institucional no es neutra: se traduce en menor inversión.

No se trata de una discusión ideológica. Es una cuestión de incentivos. La inversión no responde a discursos, responde a condiciones. Cuando las reglas son claras, el capital llega. Cuando las reglas son inciertas, el capital espera. Y a veces no se va: simplemente no llega.

México tiene frente a sí una oportunidad histórica con el nearshoring. Pero esa oportunidad no se materializa por inercia. Requiere algo elemental: confianza en las reglas. Sin estado de derecho, el potencial se convierte en promesa.

México no crece al ritmo que podría no por falta de recursos, sino porque no ha logrado construir un entorno de certeza jurídica suficiente para atraer la inversión que necesita.

Y mientras esa certeza no se consolide, el crecimiento seguirá siendo insuficiente para generar prosperidad para las y los mexicanos.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Terrorismo periodístico

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CONTRAFUEGO || Terrorismo periodístico

Aurelio Ramos Méndez

La irresponsabilidad del periodismo vinculado con la oposición político-partidista, que es decir casi la totalidad de los grandes medios y los más conspicuos opinadores, ha llegado a límites inadmisibles en una democracia digna de este nombre. Límites que bordean el delito.

¿Ejemplo? La propalación, el pasado lunes 23, sin la más leve prueba y ni siquiera el sonrojo, de la escalofriante “noticia” según la cual “personas en los círculos de la política de la Ciudad de México” les sugieren o autorizan a narcocárteles realizar “matanzas de gente inocente” para imputarlas a bandas rivales.

Tan aterradora barbaridad remata la columna Evitan una trampa y una matanza, publicada por Raymundo Riva Palacio, columnista y conductor consentido de Televisa y El Financiero, y por si poco fuera con medio propio, Eje Central.

En el texto referido se desliza la idea de que la confrontación entre mafias puede desembocar en el descarrilamiento del gobierno federal, y que en esas pugnas “el grado de violencia planeada empieza a incluir matanzas de gente inocente”.

Pavoroso escenario que remite al narcoterrorismo de los 80 y 90 en la martirizada Colombia de Pablo Escobar, cuando proliferaron asesinatos de políticos –tres candidatos presidenciales–, alcaldes, fiscales, funcionarios y policías, y carros-bomba explotaron en centros comerciales, clubes sociales y salidas de misa, e incluso ocurrieron derribos de aviones comerciales con centenares de víctimas.

Mentiría quien dijera que algo de todo eso no es ya conocido por los mexicanos… 

Propalar, sin embargo, sin pruebas ni dato mínimamente creíble –salvo el aforismo según el cual todo es susceptible de empeorar–, la especie de que el infierno en que crepitamos está en curso de recrudecerse, deja entrever la perversidad mayúscula de sembrar miedo. 

¿La fuente de tan sobrecogedora información? Las mismas anónimas y al parecer inexistentes que a diario –¡a diario!– nutren la columna Estrictamente Personal: entidades de inteligencia de Estados Unidos y México… Cualquier cosa que esta coartada signifique.

¿Cumplió su harvardiano autor –profesor de periodismo y autor de libros y manuales sobre esta materia—con la más elemental exigencia de los cánones de su oficio, la corroboración con otras fuentes que avalen o desmientan los chismes que manos aviesas e interesadas le acercan al periodista? Misterio.

El delirante disparate sería desopilante si no fuera enojoso por la irresponsabilidad y ligereza con que fue difundido.

No estamos sólo ante la “volada” del año, sino de una patente demostración de terrorismo periodístico, que en modo alguno puede ser acogida en ese burladero en que está convertida en nuestros lares la libertad de expresión. 

A menos, claro, que los dueños del medio y editores del bodrio adhieran a la capitulación ética que esa precaria información implica.

Sorprende que entre el bosque de membretes de defensa y protección del periodismo, la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia ninguna voz se haya alzado para exigirle morigeración al pergeñador de semejante adefesio, cultor de la reserva de la fuente no como recurso legítimo, excepcional y justificado sino rutinario.

La espeluznante volada por fortuna pasó inadvertida en el turbión de mentiras, filtraciones, medias verdades, suposiciones, dictados de línea política y servicios de consultorías que pueblan el furioso periodismo anti 4T. Lo cual en modo alguno disminuye la inconsistencia y malevolencia de esa publicación.

La columna versó en su parte medular sobre la captura y liberación de la hila del MayoZambada, Mónica del Rosario Zambada Niebla, que en opinión de Riva Palacio “no fue un evento más” sino “el momento más delicado que ha enfrentado el gobierno de la presidenta Sheinbaum”.

La captura –afirma— derivó de una trampa tendida por un mafioso del cartel Los Chapitos, quien le dio a la Marina el chivatazo de que el esposo de la señora Zambada estaba a la mano para ser capturado, en un inmueble donde en realidad ella estaba sola. 

La intención del “pitazo” consistiría en inducir al arresto de Mónica, que sería seguido de una jornada de disturbios y violencia por cuenta de gente del jefe de Los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, pero adjudicada al Mayo, quien estaría indignado por la detención de su hija.

La magnitud de la trampa, según el periodista, se hubiera conocido si, concretado el arresto, la violencia hubiese causado la muerte de “un número elevado, no cuantificado, de gente inocente”.

El episodio provocó un “desencuentro” entre la Marina, proclive al arresto, y la Sedena, inclinada a la liberación ante el riesgo de inestabilidad y violencia…

El asunto finalmente fue resuelto, gracias a información que en tiempo real proporcionó la inteligencia estadunidense –of course–, respecto al perfil de la hija del Mayo.

Los gringos le informaron al gobierno mexicano que habían interceptado radiocomunicaciones de Iván Archibaldo pidiéndoles a jefes locales de sicarios “que se prepararan para ir a esa zona (El Salado, Sinaloa, cubil del Mayo) y atacar a personas inocentes”.

Zambada Niebla fue liberada y esta medida, en aras de evitar disturbios y pérdidas de vidas humanas, extrañamente fue aplaudida por el columnista, quien por años ha criticado la captura y liberación –por idénticas razones—del Ratón Ovidio Guzmán López, en el culiacanzo del 17 de octubre de 2019.

A estas alturas del texto, uno ya no sabe cuál maquinación es más rocambolesca, si la del chapito Archibaldo o la de El Jumbo de los reporteros –como Manuel Becerra Acosta nombraba a Riva Palacio en honor a sus voladas–, quien en este punto soltó la pavorosa “noticia”.

Dijo que queda la duda acerca de si la acción que planearon realizar los chapitos para culpar a la mayiza fue unilateral para calentar la plaza de los leales de Zambada, “o si tuvieron comunicación con personas en los círculos de la política en la Ciudad de México, que les sugirieron una matanza de gente inocente, o sólo autorizaron la operación”.

Tal como, afirma el riguroso líder de opinión (esas “personas en los círculos de la política”), “aprobaron el asesinato de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan”.

En todo caso, concluyó, en el pleito entre cárteles “el grado de violencia planeada empieza a incluir matanzas de gente inocente”.

De más está decir que este opinador, que ha hecho fama y dinero “vendiéndose” –nunca mejor usado este verbo pronominal—como un periodista con singular olfato para la noticia, está en mora de informarles como debe ser a sus audiencias.

¿Quiénes son, con nombres y apellidos, esos políticos a los que alude? ¿De qué partidos? ¿Quiénes los receptores o destinatarios de las instrucciones? ¿Cómo corroboró el periodista la filtración?

La presidenta Sheinbaum le adjudicó al colaborador de Televisa y El Financiero el título de escritor de ciencia ficción, pues “ese señor no es periodista… No tiene nada qué ver con el periodismo… Nada, nada, nada, nada. Nada”.

Hizo bien la mandataria. En este caso no cabe siquiera parafrasear la primera de las bíblicas Siete Palabras: “Perdónalo, señor, no sabe lo que hace”.

En todo caso, en manos del afamado columnista –o de la justicia—está disipar las dudas acerca de este alarmante asunto.

BRASAS

No mereció luz verde del Congreso el punto de la revocación de mandato en el plan B de la reforma electoral. Con todo, dio pie para reírse hasta descostillarse con las patrañas de algunos políticos, entre estos Guadalupe Acosta Naranjo. 

Se entiende que el presidente de Somos Mexico trate de bocetear este membrete más numeroso de lo que en realidad es. El registro oficial –y el jugoso financiamiento—bien valen una mentirijilla. Todo, sin embargo, tiene un límite…

Antes de la votación, dijo que el oficialismo buscaba adelantar la consulta al 2027 porque la Jefa del Ejecutivo intentaba meterse “a la mala” en las elecciones intermedias.

Aseguró que “nadie está pidiendo que la presidenta se vaya”; pero si ella insiste con la revocación, lo lógico será responderle “¡pues váyase!”.

Añadió, con aire de secretario general del Partido Comunista de China: “Nos va a obligar a votar porque se vaya”.

Resultaba imposible al escucharlo, no arquear la ceja y pensar en lo patrañudo y diminuto de su nuevo emprendimiento electoral.

De verdad, ¿nadie está pidiendo que se vaya, cuando a los ojos de la nación entera este ha sido el anhelo más hondo de la oposición? ¿Y, ese “nos va a obligar” a cuántos incluye?

¿Cree de verdad este grillo profesional que cuenta con votos suficientes para hacer que Sheinbaum se vaya? ¿Supone que todos los militantes de su Pyme votarían por la revocación del mandato de la Jefa del Estado?

Para mayor hilaridad, ¿piensa Acosta que alguien puede creerle que si Sheinbaum no hubiera “insistido” él y sus compinches habrían votado dichosos porque se quedara?

No nos digamos mentiras. Este héroe émulo de Mil Máscaras viene a salvar la democracia viéndoles cara de estúpidos a los mexicanos.

RESCOLDOS

Debe ser el influjo de la Semana Santa, pero el fariseísmo está en su apogeo. José Carreño Carlón dijo que circula una “versión extendida” de una orden presidencial al INE para negarle registro a Somos México. Señaló que “sería otra peligrosa clausura a la civilidad de la vida política del país, como ocurre en los despotismos”. Así dijo -ver para creer, si de déspotas hablamos—el exvocero de Carlos Salinas…

Dijo más Carreño Carlón. “La versión ha alcanzado indignada –aterrada—credibilidad a la vista de un escenario en que una persona puede disponer de todos los resortes del poder del Estado”. No tiene vergüenza. Necesitaría apenas un mínimo de pudor un salinista purasangre para abstenerse de hablar sobre cómo “una persona puede disponer de todos los resortes del poder del Estado”…

Están que trinan los usufructuarios de casi tres centenares de asociaciones civiles, debido a que el SAT les revocó la aptitud para recibir aportaciones privadas deducibles de impuestos. Sus defensores en los medios perifonean que se trata de una operación de Estado para generalizar la censura, porque en el paquete están obcecados opositores del régimen. Afirman que el gobierno premia a medios oficialistas y castiga a críticos. Y hasta sostienen, sin aportar ni un solo nombre con pruebas al canto, que no pocos medios críticos “pagan derecho de piso al gobierno” con espacio a propagandistas del régimen.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Participa magistrada Erika Rodríguez en sesión del Grupo de Inteligencia Operativo Puebla–Oaxaca

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Participa magistrada Erika Rodríguez en sesión del Grupo de Inteligencia Operativo Puebla–Oaxaca
  • Fortalecen Oaxaca y Puebla coordinación en seguridad y justicia en zona limítrofe

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de Marzo de 2026.-  La coordinación entre entidades federativas es clave para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia en regiones compartidas. En este marco, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez participó en la sesión del Grupo de Inteligencia Operativo (GIO) Puebla–Oaxaca, un espacio estratégico de colaboración interinstitucional.

Durante el encuentro, se refrendó el compromiso de fortalecer la zona limítrofe entre ambas entidades mediante el intercambio de información, la articulación de esfuerzos operativos y el avance en la atención de objetivos prioritarios con fines de judicialización.

En la reunión estuvieron presentes el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente que contribuya a la construcción de la paz y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

El Poder Judicial de Oaxaca se suma a la consolidación de una agenda conjunta orientada a brindar mayor seguridad a la ciudadanía y garantizar una justicia más eficaz en beneficio de ambas entidades.

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