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Impulsa Poder Judicial de Oaxaca la mediación comunitaria para fortalecer la cultura de paz

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  • MASComunidad fortalece la mediación desde las comunidades con facilitadoras y facilitadores capacitados.

Oaxaca, Oax., 21 de julio de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica, prevenir que los conflictos escalen y brindar atención oportuna a las problemáticas comunitarias, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca impulsa el programa MASComunidad, mediante la formación de facilitadoras y facilitadores comunitarios y la instalación de Centros de Paz Comunitarios en municipios y agencias.

La magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez destacó que esta estrategia tiene como base la participación de las localidades, a través de personas reconocidas por su población y con conocimiento de su contexto social, cultural y lingüístico, quienes son capacitadas para acompañar procesos de solución de controversias mediante un Diplomado impartido por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Dirección de Cultura de Paz de la Secretaría de Gobierno.

Afirmó que MASComunidad busca atender conflictos vecinales, familiares y comunitarios mediante el diálogo, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, promoviendo soluciones pacíficas desde el propio entorno de las personas y fortaleciendo mecanismos que puedan permanecer como estructuras comunitarias más allá de los cambios de administración.

Por su parte, la directora del Centro de Justicia Alternativa, Yadira Piedad Saavedra López, señaló que esta iniciativa, impulsada en coordinación con la Secretaría de Gobierno, permitirá acercar mecanismos alternativos de solución de conflictos a los municipios, donde se genera el primer contacto con las problemáticas sociales.

Explicó que resolver los conflictos desde la comunidad contribuye a evitar que éstos escalen hasta los tribunales y favorece la reconstrucción de relaciones entre las personas involucradas, para preservar la convivencia y el tejido social.

Los Centros MASComunidad funcionarán en espacios proporcionados por los ayuntamientos, quienes participarán en la identificación de las personas candidatas a facilitadoras y facilitadores. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para la 2ª Generación del Diplomado en Formación de Facilitadores Comunitarios y Agentes de Paz, con el objetivo de sumar personas comprometidas con la construcción de comunidades más pacíficas.

Los ciclos del poder y el retorno de la historia

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Alberto Benítez Tiburcio

Existe una explicación recurrente para la crisis de las democracias: culpar al populismo. Según esa narrativa, las instituciones se debilitan porque aparecen dirigentes carismáticos capaces de explotar el enojo social, dividir a la ciudadanía y concentrar el poder. Sin embargo, esa explicación confunde el desenlace con el proceso. Los populismos rara vez son el origen de la crisis; con mayor frecuencia son el síntoma de un deterioro que comenzó muchos años antes.

Hace unas semanas leí End Times, del historiador Peter Turchin quien concluye que las democracias empiezan a perder estabilidad cuando se rompe el equilibrio entre tres elementos que deberían reforzarse mutuamente: una prosperidad razonablemente compartida, instituciones capaces de generar confianza y liderazgos comprometidos con preservarlas. Cuando ese equilibrio desaparece, el conflicto político deja de canalizarse por las reglas y comienza a dirigirse contra ellas.

La historia demuestra que ninguna sociedad permanece estable únicamente porque su economía crezca. El crecimiento deja de integrar cuando ya no mejora la vida de la mayoría. La movilidad social se reduce, la desigualdad crece y las nuevas generaciones comienzan a sospechar que vivirán peor que sus padres. La frustración colectiva no nace exclusivamente de la pobreza, sino de la percepción de desigualdad y que el esfuerzo ha dejado de ser un camino confiable para progresar.

Al mismo tiempo, una parte creciente de la riqueza comienza a concentrarse en sectores cada vez más reducidos. El problema aparece cuando los beneficios del crecimiento dejan de distribuirse de manera suficientemente amplia como para sostener la cohesión social. Los ciudadanos dejan de creer que el mérito explica el ascenso social y empiezan a pensar que las oportunidades dependen cada vez más de pertenecer al grupo correcto.

Ese proceso suele venir acompañado por un Estado sometido a presiones crecientes. El endeudamiento aumenta, los servicios públicos pierden calidad, la capacidad de inversión disminuye y las instituciones comienzan a mostrar signos de fatiga. Conforme el Estado pierde eficacia, también pierde legitimidad. 

Es justamente en ese contexto donde los liderazgos adquieren un papel decisivo. Turchin denomina élites a estos grupos, no en un sentido económico o aristocrático, sino en el sentido clásico de la ciencia política: las personas que, desde distintas posiciones, tienen capacidad para influir en las decisiones colectivas. Gobernantes, jueces, legisladores, empresarios, dirigentes sociales o altos funcionarios forman parte de ese universo. Ninguna democracia puede prescindir de ellos. La cuestión nunca ha sido su existencia, sino la forma en que ejercen la responsabilidad que les ha sido confiada.

La desintegración comienza cuando también desaparece la movilidad dentro de esos propios liderazgos. Los espacios de decisión dejan de renovarse, las oportunidades de acceso al poder se estrechan y distintos grupos empiezan a competir por un número limitado de posiciones estratégicas. La política deja entonces de ser un mecanismo de representación para convertirse en una lucha permanente por el control de las instituciones. Cada facción intenta ocupar todos los espacios disponibles porque entiende que perder significa quedar excluida del sistema. El pluralismo se transforma en tribalismo y el adversario deja de ser un competidor legítimo para convertirse en una amenaza existencial.

Las grandes rupturas históricas no suelen originarse únicamente en la inconformidad de las mayorías, sino en la convergencia entre ese descontento social y las disputas internas de quienes aspiran a conducir el poder. La historia ofrece numerosos ejemplos. La República romana se consumió en la rivalidad entre sus propios grupos dirigentes antes de sucumbir al Imperio. Las guerras de religión francesas combinaron crisis económicas, deterioro fiscal y una feroz competencia entre facciones aristocráticas. La Revolución Francesa fue encabezada por una burguesía ilustrada que reclamaba acceso a un sistema político cerrado. Incluso la independencia de la Nueva España difícilmente puede comprenderse sin la disputa entre criollos y peninsulares por el acceso a los principales cargos del gobierno virreinal. En todos esos procesos existían agravios sociales reales, pero las crisis adquirieron una dimensión revolucionaria cuando coincidieron con una competencia cada vez más intensa entre los propios grupos dirigentes.

Las democracias no se destruyen exclusivamente por culpa de un líder, de un partido o de una ideología. Se deterioran cuando coinciden durante demasiado tiempo el estancamiento del bienestar, la concentración de la riqueza, el debilitamiento del Estado y la incapacidad de los liderazgos para aceptar reglas compartidas de competencia y renovación. Cuando esos factores convergen, la política deja de resolver conflictos y comienza a producirlos.

El populismo encuentra ahí un terreno particularmente fértil. No crea la crisis; la interpreta. Ofrece culpables visibles, respuestas sencillas y la promesa de que basta con desplazar a un grupo para corregir problemas que en realidad son estructurales. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que con frecuencia termina reproduciendo aquello que criticaba: concentra poder, debilita los contrapesos y convierte las instituciones en patrimonio de una mayoría circunstancial. 

Quizá la lección más importante sea que las democracias no sobreviven únicamente gracias a sus constituciones ni a la celebración periódica de elecciones. Sobreviven porque logran preservar un delicado equilibrio entre prosperidad compartida, instituciones eficaces y liderazgos responsables capaces de renovarse dentro de reglas aceptadas por todos. Cuando los tres comienzan a deteriorarse simultáneamente, la historia enseña que la desintegración deja de ser una posibilidad remota para convertirse en un riesgo real.

Las diferencias políticas son inevitables y constituyen la esencia de una sociedad libre. Lo verdaderamente peligroso aparece cuando los mecanismos para procesarlas dejan de funcionar y la disputa por el poder sustituye a la responsabilidad de gobernar. Ninguna democracia colapsa de un día para otro. Antes de quebrarse, pierde lentamente la capacidad de renovar sus liderazgos, de distribuir oportunidades y de convencer a sus ciudadanos de que las reglas siguen siendo comunes para todos. Es entonces cuando el equilibrio se rompe y la política comienza, silenciosamente, a volverse contra sí misma.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Huachicol y oposición

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Aurelio Ramos Méndez

Ernesto Ruffo Appel no es un militante más sino un genuino ícono dentro del PAN, pero no fue este sino Somos México, el partido nuevo tripulado por políticos decrépitos, el que lo defendió con mayor gallardía, apenas minutos después de su arresto acusado del mayor contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos –huachicol fiscal– descubierto hasta ahora, cuyo daño al erario asciende a ¡cuatro mil millones de pesos!

Es explicable. Además de su credencial blanquiazul Ruffo forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano del partido color de rosa, lo que impone la pregunta de cuál puede ser la razón –¿pecuniaria?– por la que un grupo de políticos pretendidamente reformadores invitó a sumársele al principal huachicolero del país. 

O, peor, cuántos otros integrantes de la delincuencia organizada se ocultan en el referido cuerpo colegiado, prestos a hacer política electoral, y con mucho dinero y algo de suerte en 2027 ingresar al Congreso de la Unión, varios congresos locales y diecisiete gubernaturas.

Habrá quien diga que los dirigentes de Somos encabezado por ese dechado de probidad que es Guadalupe Acosta Naranjo no son más que grillos desprevenidos. Costaría creer tan peregrina justificación.

Ni para el menos avezado de los observadores pudo pasar de noche que Ruffo estaba siendo investigado —-se difundió pública y profusamente hace más de un año—, pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo confirmó el 22 de julio de 2025.

Este funcionario dijo en conferencia de prensa que la empresa Ingemar, fundada por el emblemático panista, estaba en el centro de un entramado de contrabando descubierto por las secretarías de Defensa y Marina, y por la FGR, tras el decomiso de 15 millones 300 mil litros de derivados del petróleo. 

Por si fuera poco, la FGR citó al exmandatario a comparecer como testigo el 17 de noviembre de 2025, cuando, obviamente, éste negó las acusaciones en su contra.

Al ser Ruffo arrestado el jueves, el PAN pidió que las autoridades actúen con apego a la ley y virtualmente le soltó la mano. Somos México dio gritos y sombrerazos y exigió la inmediata liberación del presunto delincuente.

Adujo que la captura constituye una cortina de humo, un inaudito atropello, una injusticia y persecución política para esconder delitos de morenistas. Se entiende la vehemencia. Veamos.

De acuerdo con la FGR la investigación descubrió 4,238 importaciones chuecas, efectuadas a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas de Tamaulipas, estado a la sazón gobernado por el hoy prófugo de la justicia, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En 2016 el ahora presidente de Somos, Acosta Naranjo, siendo dirigente del PRD y al costo de duro conflicto interno, aunque sin miedo a la expulsión, se sumó como coordinador a la campaña de Cabeza de Vaca y fungió luego como representante de su gobierno en la capital del país.

Así las cosas, si los inciertos lectores de esta columna han escuchado por ahí que estamos ante una maniobra distractora, un súbito caso de persecución, de justicia selectiva con doble vara, ultrarrápida con los adversarios y con tortuguismo para los propios, rían de buena gana y cerciórense de lo que son capaces los antagonistas del régimen con tal de encubrir sus propias fechorías.

Y si han oído que un río de dinero del huachicol ha nutrido campañas de Morena en Sinaloa y otros estados, pregúntense si son ciertos estos dichos o si, como en el tango, nuestros políticos se hallan “en un mismo lodo, todos manoseaos”.

Lo que por ahora ha quedado claro es que mientras la vociferante oposición exigía combatir el contrabando de hidrocarburos y acusaba encubrimiento del gobierno federal, en realidad sólo emulaba al ladrón gritando “¡al ladrón, al ladrón!”, con intención de evitar que volteen a mirarlo. 

A despecho de la investigación ministerial, el exgobernador de Baja California fue convocado para integrar aquel Consejo Consultivo, formalizado en marzo pasado, y ahora tiene asiento de honor en el grupo del cual forman parte María Amparo Casar, Lorenzo Córdova, José Ramón Cossío, Rubén Aguilar, María del Carmen Alanís, Jorge Castañeda, Javier Laynes Potisek, María Elena Morera…

Y, además, Adrián Lebarón, Gustavo Madero, Federico Reyes Heroles, Carlos Medina Plascencia, Agustin Basave, Arturo Sarukhán, Carlos Navarrete, Diego Valadés, Beatriz Pages, Demetrio Sodi, entre un total de 128 asesores de ese rediseñado Jurasik Park, partido nuevo con viejas mañas.

Ruffo ha sido desde 1989 peón del salininato y pieza clave en el tablero del PRIAN. Llegó al gobierno de Baja California mediante un fraude sustentado en traiciones partidistas, maquinado por Carlos Salinas con el fin de legitimarse en el poder tras su descomunal burla de un año antes a la voluntad popular. 

Por orden de Salinas el PRI le extrajo oxígeno –dinero, cercanía al poder, estrategas, apoyo político—a su candidata Margarita Ortega Villa, al tiempo que inflaba la candidatura del panista, hasta hacerlo triunfar en las urnas. 

Sobrevino el inmediato reconocimiento del PRI sin siquiera patalear, en lo que fue el inicio de las “concertacesiones”, la oleada de triunfos amañados del PAN, destinados a garantizar el respaldo blanquiazul al defraudador del 88.

Tan ardoroso como el partido rosa en la defensa del aprehendido Ruffo fue Felipe Calderón, quien llegó a tantear los terrenos del cinismo. En 2017 lo acusó de narco y de haberle entregado Baja California al cartel de los Arellano Félix y ahora lo hizo víctima de persecución política.

“RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, escribió Calderón en 2017. Es “una justicia discriminatoria, selectiva”, dijo el viernes quien sabe si dopado o en sus cabales…

A los ciudadanos del común sólo nos cabe respirar aliviados, si reparamos en que este mega huachicolero en algún momento aspiró a ser Presidente de la República. !Uf!

BRASAS

Ya se sabe que dinero y educación, cultura o simple información no siempre van de la mano. Se comprende, por ello, que desde la más absoluta ignorancia el cavernícola Ricardo Salinas Pliego haya anunciado su determinación de cometer un acto universalmente reprobable: la quema de libros. 

Se propone, según dijo, quemar una casa llena de “libros comunistas”.

Lo anticipó en X, al contestar un mensaje del exfuncionario de la SEP Marx Arriaga, quien anunció la puesta en venta de su casa ubicada en Ciudad Juárez, con la finalidad –según dijo—de afrontar deudas hipotecarias derivadas de que no ha recibido su liquidación laboral.

Exudando primitivismo, Salinas Pliego se interesó por el inmueble y así lo plasmó en Internet: 

“Cuando el banco remate tu casa, que me busquen para comprarla, llenarla de libros comunistas y quemarla junto con ellos”.

Así dijo, como si más allá del oscurantismo, con lógica, fuera posible llenar de libros una casa, quemarla, y esperar que sólo se incinere la casa no los libros junto con ella.

A renglón seguido el abstruso y patán empresario ofreció otra muestra de su colosal incultura, esa que exhiben quienes se tragan cualquier despropósito, sin pasarlo por el tamiz del sentido común y menos de la valoración crítica: “Dicen que así se acaba con las plagas como tú”.

Obliga Salinas Pliego a pensar en su salud mental, al considerar “plaga” a un ser humano, y para mayor agravio un exfuncionario que tuvo el valor de arriesgar empleo y patrimonio en aras de su ideología, por equivocada que ésta sea. Algo que, moralmente, lo ubica a distancia sideral de despreciable evasor de impuestos. 

Aguardemos a constatar si Salinas se hará de la propiedad e incurrirá en el acto de censura extrema, destrucción de la memoria, represión del pensamiento y anticipo de persecución hasta el asesinato de seres humanos, que implica la quema de libros. Como hicieron Hitler, Goebels, Savonarola, Francisco Franco, las dictaduras sudamericanas de los 70, o hace 500 años con los códices mayas, en Yucatán, el sacerdote español Diego de Landa.

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Entre los más sedicentes defensores de la democracia pululan topos que, en realidad, intentan aniquilarla. Sobresale la abogada, analista política y panista vergonzante Natalia Torres Salim. 

Acaba de ganarse en las redes unos cuantos “me gusta” y un alud de pulgares hacia abajo, al proponer despojar del derecho de voto a prácticamente a todos los mexicanos, empezando por ella.

Dijo, con lenguaje prostibulario –“me turbo vale madre si no les pareció”–, que sólo deben votar los más preparados acerca del cabal funcionamiento del Estado. O sea, nadie, ni los doctorados en Ciencia Política.

Como si no todos los mexicanos –los seres humanos, en realidad—tuviéramos una idea, así sea confusa, en obra negra, de nuestras necesidades sociales y de lo que pensamos que es más útil para mejorar nuestro entorno, nuestra vida en comunidad. Desde recoger la basura y abrir una calle o tapar un bache, hasta orientar la educación, edificar un hospital, trazar una carretera o defender la soberanía, que todo eso es la política.

Parece no estar lejos esta abogada de abrazar la corriente gringa del household votig –voto por hogar–, impulsada por la iglesia King’s Way Reformed Church, de Arizona, la cual propone que en cada familia vote únicamente el hombre, como cabeza, en representación de todos.

A Torres Salim, quintaesencia del pensamiento que rezuma su alma mater, la Universidad Panamericana, de donde es egresada y profesora, por lo visto le gusta poco nuestro país. Algunas perlas de sus dichos:

“Me da una rabia asquerosa que este país sea lo que es. Me da ASCO que el gobierno tan deleznable que tenemos haya cerrado filas con todos, menos con quienes lo necesitan”.

 “Un país en donde todos gritan “¿Y POR QUÉ NO DENUNCIAS?” ¿CÓMO QUE POR QUÉ? Porque cuando tienes convicción, cuando haces las cosas bien, cuando levantas la voz y accionas en ese mismo sentido, en este puto país, TE MATAN. 

“Me da asco (…) Pinche país basura”.

¡Urge levantar, ya, un país a la medida y los deseos de esta exigente jurista del PAN!

RESCOLDOS

Para justicia selectiva, la FIFA. Obligó a Haití cambiar el diseño de su camiseta porque politizaba el Mundial con la imagen minúscula de una épica batalla independentista, pero consintió el despliegue de una manta argentina sobre las Malvinas y que Trump hiciera de la final un ecuménico evento político. ¡Qué bueno que así ocurrió!, en los dos últimos casos; pero de que la FIFA usó dos varas, las usó…

El irredimible grillo y ex senador Emilio Álvarez Icaza acaba de dar elocuente muestra de valor civil y de su condición de macho por los cuatro costados. La emprendió a gruesas leperadas, propias de un deforestado mental, en contra la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Algo que no se atrevería a hacerle, por ejemplo, al rudo golpeador Alito Moreno. 

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Acerca Poder Judicial herramientas jurídicas a autoridades municipales de todo el estado

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  • A través de la Escuela Judicial, imparte una jornada de actualización sobre el Manual del Alcalde 2026 y entrega ejemplares a autoridades municipales

Oaxaca, Oax., 19 de julio de 2026.- Con el propósito de fortalecer las capacidades de las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones como auxiliares de los órganos jurisdiccionales estatales, el Poder Judicial del Estado, a través de la Escuela Judicial, lleva a cabo la jornada de capacitación “Manual del Alcalde 2026”, acompañada de la entrega de ejemplares.

Estas actividades se han desarrollado en las sedes de Juchitán de Zaragoza, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Pedro Mixtepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca de Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Ildefonso Villa Alta, Santa Catarina Juquila y Santo Domingo Tehuantepec, donde también han participado integrantes de cabildos de municipios aledaños, interesados en desempeñar sus responsabilidades con mayor certeza jurídica y apego a los derechos humanos.

Durante las jornadas, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, ha destacado que el Manual del Alcalde 2026 es una guía práctica diseñada para fortalecer la gestión municipal, facilitar la toma de decisiones y promover una administración más eficiente, cercana a la ciudadanía y respetuosa del marco legal.

Asimismo, ha subrayado que las autoridades municipales desempeñan un papel fundamental en la preservación de la paz social, al ser el primer contacto entre la ciudadanía y las instituciones, por lo que el manual también fortalece la coordinación con el Poder Judicial en temas como los mecanismos alternativos de solución de controversias, el sistema de justicia y la emisión de órdenes de protección para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia.

La versión digital Manual del Alcalde 2026 se encuentra disponible para su consulta y descarga en el enlace: https://ej.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/Publicaciones.

Juquila: ¿Soberanía ambiental o veto selectivo?

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Ernesto Ruiz

“La soberanía no es un concepto de escritorio; es la facultad de los pueblos para decidir qué entra a su cuerpo y qué se queda para siempre en su tierra”.

Vandana Shiva

En el municipalismo y el derecho indígena en México se acaba de escribir un capítulo digno de análisis y discusión desde las montañas de Oaxaca. En un acto que debe sacudir a las cúpulas empresariales e incitar a la reflexión a los teóricos del derecho constitucional, la Asamblea General Comunitaria de Santa Catarina Juquila —máxima autoridad de este emblemático municipio de usos y costumbres— determinó prohibir formalmente la entrada, distribución y venta de productos de las marcas Bimbo y Barcel dentro de su territorio. La razón oficial detrás del veto es tan contundente como alarmante: el colapso de su sistema de limpia pública ante las toneladas de envolturas plásticas y metalizadas que asfixian sus arroyos, saturan el tiradero municipal y se fragmentan convirtiéndose en microplásticos imposibles de remediar.

La oportunidad, que desafortunadamente pocos tenemos, de recorrer las comunidades de nuestro bello Estado nos permite adquirir conocimiento sobre su cultura, saberes, situación actual, formas de vida y organización. Es este andar el que me permite decir que en aproximadamente el 90% de los municipios de Oaxaca existe un rezago peligroso en la gestión de residuos. Muchos sitios de disposición final se han convertido en pasivos ambientales y la mayoría de las autoridades municipales rehúyen asumir su obligación constitucional -muchas de las veces porque no les alcanza el presupuesto y hay otros ‘temas prioritarios’ que atender-¿Y qué decir del Estado, de la Federación y de las empresas productoras y comercializadoras? Estas últimas, verdaderas responsables de este fiasco, no asumen con seriedad la investigación científica para la innovación tecnológica, ni en el diseño de nuevos materiales sustentables ni en la disminución del impacto generado por los que ya existen.

No podemos sino celebrar el fondo de esta decisión. Desde hace tiempo, diversos especialistas y defensores del territorio hemos insistido en que el marco del Artículo Segundo Constitucional no es un adorno folclórico ni una concesión discursiva; es una herramienta de vanguardia jurídica. La libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios deben ser el escudo definitivo para proteger la salud colectiva y los ecosistemas frente a la invasión silenciosa de los microplásticos. Juquila ha demostrado que la soberanía comunitaria no se debate en los escritorios de la federación; se ejerce con el poder de la gobernanza comunitaria, decidiendo qué entra al territorio y qué no se debe quedar para siempre en nuestra tierra.

Sin embargo, el rigor analítico y la experiencia en la procuración de justicia nos obligan a encender las alertas y a mirar con desconfianza inteligente la letra chiquita de este fenomenal suceso. Cuando uno observa las tienditas de Juquila tras el veto, la paradoja salta a la vista de inmediato. Se fue el osito Bimbo, pero se quedaron los empaques de Sabritas; se prohibieron las papas de Barcel, pero los refrigeradores siguen repletos de botellas de Coca-Cola y PepsiCo. Las envolturas de polipropileno biaxialmente orientado de las empresas expulsadas son idénticas en su poder destructivo a las de Nestlé o a los plásticos de un solo uso de cualquier otra transnacional. Entonces, cabe hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Por qué solo ellos? ¿Qué pasó realmente tras bambalinas en esa Asamblea?

Parece que el detonante en Juquila no fue únicamente la conciencia ecológica colectiva, sino la flagrante negativa de estas dos empresas específicas a colaborar con la logística municipal en la gestión de los residuos. Mientras el ayuntamiento y el comercio local absorben los estratosféricos costos económicos y ambientales de gestionar la basura que dejan millones de peregrinos al año, las corporaciones se limitaron a levantar las ganancias de sus ventas sin aportar un solo peso o camión para mitigar el desastre de sus empaques. La Asamblea, haciendo un uso legítimo de sus facultades normativas, les cerró la puerta como una medida drástica de presión.

El riesgo de que esta histórica prohibición se quede a medias es sumamente alto. Al focalizar la sanción en solo dos marcas, la autoridad comunitaria camina por la cuerda floja, exponiendo una enorme vulnerabilidad regulatoria. Un veto selectivo corre el peligro de ser interpretado ante la opinión pública y los tribunales como un simple pleito comercial, un veto de proveedores, una revancha política local o un preocupante caso de extorsión, en lugar de consolidarse como una auténtica e integral política pública comunitaria contra la contaminación por microplásticos. Para que el precedente de Juquila sea el faro que ilumine a otros municipios indígenas y afromexicanos en la defensa de sus recursos, la regla debe ser pareja. El veneno plástico no se vuelve aceptable dependiendo de la marca que lo patrocine.

La lección que nos deja Juquila es tan clara como urgente. El camino está trazado y el Artículo Segundo Constitucional ha demostrado su vigencia para cerrarle el paso a los gigantes de la chatarra y el empaque eterno. Pero la soberanía ambiental exige congruencia absoluta, transparencia y visión de largo alcance. Si las comunidades van a legislar desde la autonomía para rescatar sus ríos y sus tierras del colapso ecológico, la prohibición debe ser general y sin concesiones. Las ventanillas de la simulación corporativa se cierran completas o no se cierran. Hoy, Juquila ha dado el primer paso, pero la gran incógnita queda flotando sobre Oaxaca: ¿Se atreverán a aplicar la misma ley a todos los demás, o nos conformaremos con una soberanía a medias donde el futuro de nuestros pueblos se siga fragmentando en partículas de plástico?

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Reconoce PJEO trayectoria y compromiso de jueces, juezas y personal jurisdiccional 

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  • Fueron distinguidos por su antigüedad, mérito profesional y resultados en el diagnóstico para la mejora continua institucional.

Oaxaca, Oax., 16 de julio de 2026.- En reconocimiento a su trayectoria, desempeño y compromiso con la impartición de justicia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca distinguió a juezas, jueces, secretarias y secretarios de Acuerdos por su antigüedad, labor profesional y los resultados obtenidos en el reciente proceso de diagnóstico para el fortalecimiento institucional y de mejora continua del servicio de impartición de justicia.

Este diagnóstico permitió evaluar aspectos relacionados con la actuación del personal, accesibilidad, eficiencia y las buenas prácticas en los órganos jurisdiccionales, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer la mejora continua, la profesionalización del personal y la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

La ceremonia tuvo lugar durante la reciente Sesión Solemne de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en el marco de la conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado, donde se destacó la labor de las y los servidores públicos que, desde los órganos jurisdiccionales, contribuyen al acceso a una justicia más eficiente, profesional y cercana a la sociedad.

Durante su intervención, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez subrayó que el reconocimiento al trabajo del personal jurisdiccional representa un incentivo para continuar fortaleciendo a la institución. “Cada esfuerzo suma para consolidar un Poder Judicial más fuerte, más profesional y con mayor capacidad para responder a los desafíos de nuestro tiempo”, expresó.

Fueron reconocidos las y los jueces Javier Luis Méndez Pérez, Noé Gómez Ríos, Miguel Hernández Bautista, Renato Aurelio Cruz Concha, Manuel Chávez Aguilar, Alejandro González Santiago, Roberto López Sánchez, Salvador Zárate Poblete, Miria Aurora Rivera Soriano, Nancy Araceli Santiago González, Maricruz Pérez Pérez, María de Lourdes Hernández Enríquez, Matilde Santos Hernández, Lucía Monserrat Lucas Aragón, Ana Miriam Mendoza Pineda y María Antonia Esteva Domínguez.

Asimismo, recibieron reconocimiento las y los secretarios de Acuerdos Bulmaro Orlando Mendoza Trujillo, Osdely Rojas García, Erhuin Toledo Gonzaga, Itzel Chacón Villareal, Eliud Martín López Sánchez, Dagoberto Israel Sánchez Martínez, Inocencia Aurora Vásquez Martínez, Heber Yahit Luis de los Santos, Edith Hernández Ortiz y Elisabeth López Diego.

Reafirma Poder Judicial compromiso con una justicia cercana y que contribuya a la paz social en el Día de la Abogada y el Abogado

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• En Sesión Solemne, el Poder Judicial entregó reconocimientos a juezas, jueces, secretarios y secretarias judiciales y tomó protesta a nuevos integrantes de la Comisión de implementación del CNPCyF

Oaxaca, Oax., 13 de julio de 2026.- Con un llamado a fortalecer una justicia más humana, cercana y eficaz, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca conmemoró el Día de la Abogada y el Abogado durante una Sesión Solemne Conjunta de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, encabezada por la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, quien destacó que la labor jurídica exige preparación permanente, rectitud y un firme compromiso con la justicia y la legalidad.

En presencia del gobernador Salomón Jara Cruz; de la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, diputada Eva Diego Cruz, autoridades civiles y militares, integrantes de colegios y barras de abogados, subrayó que las y los abogados son pilares fundamentales del Estado de Derecho, pues su labor fortalece el acceso a la justicia, protege los derechos humanos y promueve la convivencia pacífica entre las personas y las instituciones.

La titular del Poder Judicial señaló que la diversidad cultural y jurídica que distingue a Oaxaca, exige a la abogacía la responsabilidad de actuar con sensibilidad, ética, compromiso y sentido humano para que la justicia sea una realidad cercana, accesible y comprensible para todas y todos.

Hizo un llamado a renovar el compromiso con la construcción de un sistema de justicia más humano, accesible y eficaz inspirado en los valores que han dado prestigio a la tradición jurídica de Oaxaca y en los principios que rigen la función jurisdiccional. “Queremos seguir construyendo en Oaxaca una justicia que camine al lado de la ciudadanía; que responda con oportunidad; que no haya retrasos, que inspire confianza, que responda a las expectativas de la sociedad y contribuya a la paz social”, expresó.

En el marco de la Sesión Solemne se entregaron reconocimientos a 16 juezas y jueces del Poder Judicial del Estado por su antigüedad en el servicio, trayectoria y desempeño institucional; así como a 10 secretarias y secretarios de acuerdos por los resultados obtenidos en el reciente proceso de diagnóstico para el fortalecimiento institucional y la mejora continua del servicio de impartición de justicia.

Por otra parte, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Consolidación del Sistema Oral Civil, Mercantil y Familiar. Con esta integración, que incorpora de manera histórica a representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se fortalecerá la coordinación interinstitucional para impulsar las acciones necesarias que permitan la implementación del nuevo modelo.

De esta manera, se formalizó la incorporación de la magistrada Sofía Altamirano Rueda y de las juezas María de la Luz Pinacho Candelaria y Beatriz Maribel Muñoz Avendaño, por parte del Poder Judicial; del licenciado Ramiro Damián Sarabia Santiago, en representación del Poder Ejecutivo; y de las diputadas Analy Peral Vivar, Mónica Belén López Javier y Haideé Irma Reyes Soto, por el Poder Legislativo.

CONTRAFUEGO || México-Argentina, a restañar heridas

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Aurelio Ramos Méndez

El argentino es un pueblo maravilloso, prejuiciosa e injustamente estigmatizado a escala internacional como petulante, altanero y soberbio, al cual, sin embargo, ni remotamente lo representa el mentiroso periodista Eduardo Feinmann, quien por estos días pasó de la fama al ridículo al haber confesado, a modo de pueril desquite, que detesta con el alma a los mexicanos.

Imposible saber qué motivó la animadversión del comunicador de Radio Mitre, conocido desde hace tres lustros –en sus tiempos de Radio 10– como el facho cool, si bien cabe aventurar un comprensible e ingrato recuerdo –todo hay que decirlo– del estadio Azteca repleto y desclasado, apoyando no a la Argentina sino a Inglaterra en la final del México 86.

Era sólo futbol, es cierto, pero hemerotecas, videotecas y fonotecas pueden corroborar, cuatro décadas después, la absurda, vergonzosa y prejuiciosa empatía de la afición y los medios mexicanos no con el país latinoamericano con el cual nos hermanan el idioma, la historia, la cultura, la geografía y la similitud de intereses políticos y económicos, sino con la pérfida Albión.

Acicateados por los estentóreos comentaristas deportivos de la Televisa de entonces y de todavía –incluido Enrique El Perro Bermúdez, el narrador de la voz impostada modelo 1950–, más prácticamente la totalidad de los medios radiofónicos e impresos, los aficionados exacerbaron su predisposición frente al estereotipo de los compatriotas de Gardel.

Deglutieron sin masticar el cliché de que, en el asentamiento fundado por indígenas y esclavos africanos a orillas del Río de la Plata, tierra de promisión después para inmigrantes procedentes de Europa en busca de mejor suerte, hoy habita una comunidad de fanfarrones y jactanciosos.

Como de seguro ingieren sin sentido crítico el cuento de que los franceses son cultos, los ingleses flemáticos, los jarochos alegres, los pastusos de Colombia torpes, los alemanes trabajadores, los gringos incultos y los oaxaqueños nobles… ¡Como si no hubiera de todo en la viña del Señor!

En el rugiente Azteca del 86 de nada valió el espíritu latinoamericanista, la comunidad identitaria de argentinos y mexicanos, la admiración y el respeto que allá se tenía por Amado Nervo, cuya inspiración también nutrió la música más emblemática, el tango; o por el primer embajador de nuestro país (1927), Alfonso Reyes; el asilado en Buenos Aires (1933-35) José Vasconcelos, o el también asilado (1933) David Alfaro Siqueiros.

Establecida la sacrosanta libertad de elegir equipo, la antipatía de los mexicanos ochenteros no fue muy distinta de la estulticia de Feinmann y coterráneos suyos que ahora apoyaron no a México sino ¡a la potencia que busca despojarlos de las Malvinas!

Soslayaron esos pampeanos el aprecio y aun la fascinación que – ideologías políticas aparte– en nuestros lares se ha tenido siempre por una legión de artistas, escritores, políticos, periodistas, actores, músicos y diplomáticos de país austral.

Del autor de Don Segundo Sobra, Ricardo Güiraldes, que visitó México en 1912 y una de cuyas obras, El Cencerro de Cristal, guarda –según los críticos—notable similitud con el ensayo Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, al expresidente Héctor J. Cámpora, asilado casi dos años en la embajada mexicana en Buenos Aires.

O la admiración que aún hoy se tiene por el Martín Fierro, de José Hernández, materia de estudio entre la literatura hispanoamericana en las escuelas, y por Borges.

Para no hablar del alud de exiliados de las dictaduras de los 70, que encontraron hospitalidad en México y no pocos decidieron permanecer en estos lares, ni de los incontables folkloristas, baladistas, tangueros y rockeros que han actuado o residido en México. 

De Libertad Lamarque, que en nuestros pagos estreno El Choclo, al lado de Jorge Negrete, en la película mexicana de Luis Buñuel Gran Casino –sobre los abusos de las empresas inglesas y gringas en la industria petrolera anterior a la nacionalización–, a Hugo del Carril, la incomparable Susana Rinaldi, Astor Piazzola o Sandro…

O Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache, que pisó la capital mexicana en 1944, halló un amor fuera de la cancha en la periodista de Excélsior Raquel Díaz de León, con quien en un segundo viaje (1947) procreó un hijo y así extendió su sangre en tierra azteca.

Carece de justificación la actitud de los futboleros mexicanos ante la selección de Bilardo, Maradona y Valdano. Valga, sin embargo, como atenuante, el que se trató de una rivalidad deportiva. Rivalidad que, por lo visto, le dejó a Feinmann –para entonces un varón de 28 años con psique de infante– un trauma insuperable.

Esto explica por qué ahora, tras quedar exhibido como un periodista descaradamente mentiroso –no pudo probar su falacia según la cual cinco futbolistas ecuatorianos habían sido amenazados por un cartel para dejarse ganar por la selección mexicana–, en su mente se incubó el desquite y desde ahí lanzó su declaración de antipatía. 

Inspirado por la estupidez, el turiferario de los corruptísimos gobernantes hermanos Milei esparció su odio:

“¡La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos!… No solamente en el fútbol…, en todo, en todo. Nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné”. No dan la talla, pues.

Este mendaz personaje, que intentó luego borrar con el codo lo que escribió con la mano –“no solamente en el fútbol…, en todo, en todo”– diciendo que no habló en general del pueblo de México sino sólo del futbol, es el mismo que, en el empeño de pasar por modélico no ha tenido empacho en agraviar a sus colegas.

En abril de 2025, tras el deceso del Papa Francisco, criticó con acritud, ante el periodista Pedro Rosemblat, al diario Perfil y su director Jorge Fontevecchia, a propósito de un titular según el cual “El próximo Papa estuvo en el funeral de Francisco, pero nadie sabe quién es”.

–¿Eso es periodismo?, ¿eso es periodismo? –se preguntó, escandalizado, el Facho cool

Y embistió a quien es uno de los periodistas más respetados de aquellos rumbos: “¡Eso es una pelotudez! ¡Basura! ¡Una porquería! Como todo lo que hace Perfil y todo lo que hace Fontevecchia”. 

Más allá de la mendacidad de este convencido de que difundir bulos eso sí es buen periodismo, se impone de lado y lado trabajar para restañar heridas, superar malentendidos, respetar la idiosincrasia de cada pueblo y reforzar la cohesión geopolítica.

Tiene que ser así pues hoy, más que nunca, cobran valor las palabras del gaucho matrero Martín Fierro, quien habló en tiempos del arribo masivo a su patria de capitales ingleses, y los últimos coletazos de la esclavitud:

“Los hermanos sean unidos/Porque esa es la ley primera/Tengan unión verdadera/En cualquier tiempo que sea/Porque si entre ellos pelean/Los devoran los de afuera”.

En cuanto a Feinmann, bien podríamos cantarle el futbolero tango Patadura, con énfasis en los versos que recomiendan dedicarse a otra cosa por estar siempre fuera de lugar: “Piantate de la cancha/dejale el puesto a otro/De puro patadura/estás siempre en orsay”.

BRASAS

Del nado sincronizado al sainete de payasos transitaron los más furibundos periodistas anti 4T, a quienes ahora se les puede ver en el escenario dándose empellones, propinándose porrazos, chocando entre sí y escenificando caídas y persecuciones.

Dos de ellos, Carlos Loret y Raymundo Riva Palacio, les ofrecieron a sus audiencias, el mismo día y con respecto al mismo asunto, dos informaciones distintas, ambas entregadas por confidentes de altísimo rango. Se vale reir.

Loret, a quien si la imaginación pone su parte uno puede verlo con nariz sarmentosa y colorete en las mejillas, escribió en El Universal:

“Según me revelan fuentes de primer nivel, de manera intempestiva fuerzas federales acudieron al sitio donde se refugia el morenista gobernador con licencia de Sinaloa (Rubén Rocha Moya) y lo cambiaron de ubicación. Recibieron la información de que el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo”.

Riva Palacio, a quien uno puede figurárselo con saco de retazos y zapatotes multicolores, aseguró en El Financiero que tras solicitar licencia de su cargo Rocha se escondió “en un rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, bajo vigilancia especial del Ejército”.

Luego, ¡faltaba más!, soltó la primicia:

“Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado. Ahí está resguardado, en secreto”.

Al comunicador famoso por sus montajes televisivos y al autor de Estrictamente Personal los desmintieron el propio Rocha, el Gabinete de Seguridad y la presidenta Sheinbaum.

El mandatario con licencia refirió que desde el 1 de mayo “he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, y tildó de “absolutamente falso” lo que escribe Loret.

La Presidenta, tras de reiterar que en su administración no se protegerá a ningún culpable, expresó:

“Que el Gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa es absolutamente falso. El señor está en su casa y ni siquiera tiene protección federal”.

Y el Gabinete de Seguridad, refiriéndose a la supuesta movilización para que el Ejército oculte y proteja al sinaloense, asentó en un comunicado: “Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito”.

Además, “es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”.

Inútil. Cada clown defendió su versión, expresó total credibilidad a sus fuentes e hizo aprestos para seguir el sainete.

Los cánones del periodismo aconsejan que si una fuente ha intentado engañar, si se corrobora que la información proporcionada fue intencionalmente falsa, el reportero está en la obligación de revelar la identidad de tal fuente, sin incurrir por ello en capitulación ética.

Los bufones, claro, tienen otra ética.

RESCOLDOS

Empachado de sapos debe estar el exembajador gringo Ken Salazar, de quien ya sabíamos que es chismoso y ahora sabemos además que es mentiroso y cobarde. Le mintió a nuestro gobierno al asegurar que ninguna agencia de EU intervino en el secuestro de El MayoZambada. Y muestra pavor de desmentir a la administración Trump, que le adjudicó al FBI el mérito de aquella operación y hasta exhibe como trofeo la avioneta del plagio. La intromisión gringa desencadenó una confrontación entre Los chapitos –“narcoterroristas” conchabados con EU– y La mayiza, que ha dejado unos tres mil muertos. ¿Quién responde por esas vidas? 

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Desde las regiones, Oaxaca impulsa el debate nacional sobre la nueva justicia civil y familiar

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* La Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial del Estado colocó nuevamente a Oaxaca como referente nacional en los retos del nuevo modelo de justicia

Oaxaca, Oax., 10 de julio de 2026.- Con un recorrido por la Sierra Sur, la Costa y el Istmo de Tehuantepec, y bajo la premisa de que una reforma de alcance nacional debe considerar la diversidad, la pluriculturalidad y los desafíos particulares que enfrenta cada entidad, se realizó en Oaxaca el II Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dos realidades, un mismo reto. Reflexiones sobre la implementación, disparidad entre entidades federativas”.

Organizado por la Comisión para la Implementación del Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, el encuentro se desarrolló durante tres días en las sedes de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Cruz Huatulco y Salina Cruz, donde especialistas, magistradas y magistrados, académicos, litigantes, estudiantes, operadores jurídicos y representantes de distintos sectores, compartieron puntos de vista sobre el modelo que entrará en vigor en 2027.

Al clausurar los trabajos, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez reconoció la labor de la Comisión para la Implementación y afirmó que Oaxaca ha decidido anticiparse a los retos que implica la reforma. “Oaxaca no se va a detener”, expresó al reiterar que el Poder Judicial continuará impulsando acciones de capacitación y preparación gradual para que la entidad llegue en condiciones óptimas a la entrada en vigor del Código.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza resaltó que esta actividad se realiza sin intervención del presupuesto del Poder Judicial y en su mensaje de bienvenida mencionó que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos, no solo por la compleja orografía, sino por otras razones de peso: La primera, es porque las personas y comunidades indígenas demanda redoblar esfuerzo para caminar de la mano con nuestros pueblos originarios y llevar la agilidad y humanización que el Código promete a todos los rincones de nuestro estado. La segunda por el rezago estructural y tecnológico que tenemos, y la ausencia de una partida presupuestal para la inversión necesaria.

Los desafíos para el cambio

Durante los trabajos, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el Código Nacional representa mucho más que una nueva legislación: supone una transformación institucional orientada a unificar criterios en todo el país, fortalecer la oralidad, simplificar los procedimientos y garantizar una justicia más eficiente, cercana y equitativa. No obstante, advirtió que el mayor desafío será preparar a las instituciones y a quienes operarán el sistema para hacer realidad ese cambio.

Ese diagnóstico se enriqueció durante el panel “Ventajas y desventajas de operar el CNPCyF en entidades federativas como Oaxaca”, en el que especialistas coincidieron en que la implementación no puede ser uniforme en todo el país. La diversidad territorial, social e institucional obliga a diseñar estrategias acordes con la realidad de cada estado, haciendo de la capacitación, la coordinación y el intercambio de buenas prácticas elementos indispensables para el éxito de la reforma.

Asimismo, la dimensión práctica del nuevo modelo quedó de manifiesto durante la simulación de una audiencia preliminar en materia familiar, dirigida por la jueza de Chihuahua, Sabela Patricia Asiain Hernández, quien mostró cómo la oralidad, la inmediación judicial y la flexibilidad procesal permiten privilegiar la solución efectiva de los conflictos por encima del exceso de formalismos.

Entre las y los especialistas que participaron en las conferencias y paneles destacaron Alejandro Zegbe Camarena, quien presidió el Comité Redactor del Código; el doctor Yaopol Pérez Amaya; el especialista en derecho digital Erik Alejandro Grifaldo Maldonado; el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Juan Contreras Bustamante y el juez de Oralidad de la Ciudad de México, Enrique de Jesús Durán Sánchez.

Desde las regiones, Oaxaca impulsa el debate nacional sobre la nueva justicia civil y familiar

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• La Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial del Estado colocó nuevamente a Oaxaca como referente nacional en los retos del nuevo modelo de justicia

Con un recorrido por la Sierra Sur, la Costa y el Istmo de Tehuantepec, y bajo la premisa de que una reforma de alcance nacional debe considerar la diversidad, la pluriculturalidad y los desafíos particulares que enfrenta cada entidad, se realizó en Oaxaca el II Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dos realidades, un mismo reto. Reflexiones sobre la implementación, disparidad entre entidades federativas”.

Organizado por la Comisión para la Implementación del Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, el encuentro se desarrolló durante tres días en las sedes de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Cruz Huatulco y Salina Cruz, donde especialistas, magistradas y magistrados, académicos, litigantes, estudiantes, operadores jurídicos y representantes de distintos sectores, compartieron puntos de vista sobre el modelo que entrará en vigor en 2027.

Al clausurar los trabajos, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez reconoció la labor de la Comisión para la Implementación y afirmó que Oaxaca ha decidido anticiparse a los retos que implica la reforma. “Oaxaca no se va a detener”, expresó al reiterar que el Poder Judicial continuará impulsando acciones de capacitación y preparación gradual para que la entidad llegue en condiciones óptimas a la entrada en vigor del Código.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza resaltó que esta actividad se realiza sin intervención del presupuesto del Poder Judicial y en su mensaje de bienvenida mencionó que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos, no solo por la compleja orografía, sino por otras razones de peso: La primera, es porque las personas y comunidades indígenas demanda redoblar esfuerzo para caminar de la mano con nuestros pueblos originarios y llevar la agilidad y humanización que el Código promete a todos los rincones de nuestro estado. La segunda por el rezago estructural y tecnológico que tenemos, y la ausencia de una partida presupuestal para la inversión necesaria.

Los desafíos para el cambio

Durante los trabajos, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el Código Nacional representa mucho más que una nueva legislación: supone una transformación institucional orientada a unificar criterios en todo el país, fortalecer la oralidad, simplificar los procedimientos y garantizar una justicia más eficiente, cercana y equitativa. No obstante, advirtió que el mayor desafío será preparar a las instituciones y a quienes operarán el sistema para hacer realidad ese cambio.

Ese diagnóstico se enriqueció durante el panel “Ventajas y desventajas de operar el CNPCyF en entidades federativas como Oaxaca”, en el que especialistas coincidieron en que la implementación no puede ser uniforme en todo el país.
La diversidad territorial, social e institucional obliga a diseñar estrategias acordes con la realidad de cada estado, haciendo de la capacitación, la coordinación y el intercambio de buenas prácticas elementos indispensables para el éxito de la reforma.

Asimismo, la dimensión práctica del nuevo modelo quedó de manifiesto durante la simulación de una audiencia preliminar en materia familiar, dirigida por la jueza de Chihuahua, Sabela Patricia Asiain Hernández, quien mostró cómo la oralidad, la inmediación judicial y la flexibilidad procesal permiten privilegiar la solución efectiva de los conflictos por encima del exceso de formalismos.

Entre las y los especialistas que participaron en las conferencias y paneles destacaron Alejandro Zegbe Camarena, quien presidió el Comité Redactor del Código; el doctor Yaopol Pérez Amaya; el especialista en derecho digital Erik Alejandro Grifaldo Maldonado; el exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Juan Contreras Bustamante y el juez de Oralidad de la Ciudad de México, Enrique de Jesús Durán Sánchez.