Adrián Ortiz Romero Cuevas
Para cualquier gobierno, la elaboración de su Plan de Desarrollo debiera ser un asunto de primera importancia, no para cumplir con la ley, sino para establecer sus metas y prioridades, así como para marcar la ruta para el cumplimiento de sus compromisos de campaña. En el caso de Oaxaca no le están dando la importancia debida a este proceso. O al menos no pareciera ser así. Las versiones públicas de los documentos relacionados con su elaboración, así como la convocatoria a la participación de los sectores sociales, académicos, profesionales y comunitarios, así lo indica.
En efecto, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) es un mandato constitucional. Así lo establece la Carta Fundamental y por esa razón es uno de los muchos temas que no quedan al arbitrio ni a la visión de un grupo político. En el caso de la administración actual, el Gobernador del Estado estableció su elaboración como un asunto prioritario y así lo dejó ver desde antes del inicio de su administración, al modificar la estructura orgánica del antiguo Comité de Planeación para el Desarrollo y convertirlo en un Instituto, con nuevos alcances respecto a las tareas normativas que tenía la antigua dependencia.
Como directora del nuevo Instituto de Planeación, el Titular del Ejecutivo nombró a la ex presidenta Municipal de Huajuapan de León Juanita Cruz Cruz. Dentro de los plazos que establece la ley, esta dependencia instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo, que la propia Ley Estatal de Planeación contempla como organismo encargado de la elaboración del Plan, y el pasado 20 de enero presentaron las Bases para su elaboración.
Según la información publicada en la página http://www.ped.oaxaca.gob.mx, desde el pasado 25 de enero comenzaron a realizarse los foros regionales, que concluirán el próximo 6 de febrero. Luego, de acuerdo con las Bases, del 7 al 24 de febrero se realizarán los foros temáticos, en los que se desglosarán temas como gobierno, seguridad, medio ambiente, infraestructura y servicios públicos y demás. Lo sorprendente es que ni siquiera en la versión pública de dicho documento se establece con precisión qué dependencia será la responsable para la elaboración de cada foro temático, ni dónde ni cómo se realizará cada uno de ellos.
Del mismo modo, llama la atención que contrario a lo que debe ocurrir, el documento en el que se contienen las Bases para la elaboración del PED no se establece cuál será la metodología para hacer concordantes las propuestas con las metas planteadas, ni éstas con los mecanismos de evaluación generalmente aceptados en los ámbitos nacional e internacional. De hecho, esta es una cuestión que debiera ser parte esencial del documento porque existen obligaciones expresas tanto en la Constitución federal como en la del Estado de Oaxaca, respecto a ello.
De hecho, no se hace referencia a si utilizarán, por ejemplo, la metodología de la Matriz del Marco Lógico, y más bien parecen obviar esta definición al hacer énfasis únicamente en el ciclo presupuestario como base para la planeación. Y ahí, incluso, fallaron los elaboradores del documento al repetir en el mismo ciclo la fase de presupuestación (ver página 3 de las Bases).
Esto, a pesar de que la fracción XXXII del artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación define con exactitud que el ciclo presupuestario “corresponde al conjunto de actividades de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del presupuesto que se ejerce en el ejercicio fiscal, en concordancia con los objetivos de los planes del Sistema Estatal de Planeación”.
Era sólo cuestión de copiar y pegar las fases. Pero ni así atinaron a hacerlo de forma correcta.
CONSULTAR A LOS PUEBLOS
Un acierto innegable en dicho documento —porque evidentemente no todo puede ser malo, ni al revés— es el establecimiento expreso de que el documento final del PED estará alineado a las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y que a su vez también buscarán hacerlas concordantes con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas.
Ahora bien, al final del documento en el que se contienen las Bases para la elaboración del PED se establece que: “Las Asambleas Comunitarias, se realizarán entre el 17 y el 24 de febrero, de acuerdo con la fecha que determinen las comunidades consideradas para tal fin:
“1. La Nación Triqui, y
“2. El Pueblo Afromexicano.
“Si alguna comunidad está interesada en que se lleve a cabo una Asamblea Comunitaria para el proceso de participación ciudadana del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028 en su territorio, podrá solicitarla a la Dirección General del Instituto de Planeación para el Bienestar.”
En el contexto actual, en el que el Titular del Ejecutivo tiene como una prioridad recuperar y revalorizar la presencia de los pueblos y comunidades indígenas como actores centrales de la gobernabilidad y el desarrollo de la entidad, resulta poco afortunado reducir a los más de 400 municipios indígenas en los que existen al menos 16 etnias distintas, a la participación de sólo dos de ellas sin determinar además cómo y en qué condiciones estarán acreditadas para participar.
El pueblo afromexicano, por ejemplo, está compuesto por varias comunidades de la región de la costa, que no son homogéneas entre sí. Y qué decir de la nación triqui en la que confluyen además varias organizaciones con amplia influencia social y política en la región de la mixteca. Además, si se iba a considerar la participación de los pueblos y comunidades indígenas —porque además de ser un mandato constitucional, así se establece de manera expresa como una prioridad cuando el documento detalla los objetivos de los foros regionales, temáticos y sectoriales (página 10)— debió considerarse una mayor proactividad por parte del organismo encargado de la elaboración del PED, y no dejar simplemente abierta la posibilidad al pueblo o comunidad que llegase a manifestar su interés por participar.
Al final, parece que están aún a tiempo de hacer un buen documento, y establecer objetivos e indicadores claros. Corroborar que el proceso fue elaborado correctamente, y las políticas públicas fueron adecuadamente implementadas, será la meta cuando en el futuro este documento, y los resultados del gobierno en la política social que establezcan, sea evaluado por el Coneval, y por la Auditoria Superior de la Federación.
Esa será la hora de la verdad.
EPITAFIO
El décimo segundo párrafo del artículo 137 de la Constitución de Oaxaca dispone: “Por lo que respecta a los Municipios del Estado, estos serán evaluados por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.”. ¿Cuántas evaluaciones de esta naturaleza hizo el órgano de fiscalización en los últimos seis años? Cero. Sí. Cero.
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