AL MARGEN || ¿Qué dice la Constitución sobre la posible ausencia absoluta del Titular del Poder Ejecutivo?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Las Constituciones establecen diversos mecanismos y supuestos para garantizar la estabilidad del poder público. Una de las razones que justifica la existencia de los textos constitucionales radica en el hecho de que éstos norman las relaciones entre los poderes y las instituciones del Estado, y dan certidumbre respecto a quién, cómo y bajo qué supuestos se detenta el poder en una situación extraordinaria. Tal es el caso de la Constitución federal mexicana frente a la posibilidad —esgrimida por el propio Presidente— de que éste llegara a fallecer o a separarse del cargo por una afección de salud. De paso, vale también la pena revisar qué dice al respecto la Constitución de Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hospitalizado por varias horas. La tarde de aquel día, la Secretaría de Gobernación informó que el Titular del Poder Ejecutivo Federal fue sometido a un cateterismo cardiaco, derivado de estudios preventivos que se realiza cada seis meses a consecuencia del infarto que sufrió en 2013. La dependencia además informó que el mandatario federal ingresó a las 10:30 horas, al hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizarse un chequeo rutinario “consistente en pruebas de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y una tomografía”.

Luego se informó que seguramente el Presidente volvería el sábado a sus actividades habituales, y ese mismo día el Mandatario apareció en un video donde habló de la existencia de un “testamento político” dada la posibilidad de morir por los problemas cardiacos que lo aquejan desde hace años. “Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad”, señaló.

¿De verdad es necesario un “testamento político”? Dada su vocación de caudillo, es posible que un testamento político de AMLO sería necesario para dejar instrucciones sobre qué deben hacer sus subalternos en caso de fallecer. Sin embargo, el mecanismo para evitar el vacío de poder está perfectamente establecido en la Constitución de la República, y es claro en cuanto a su redacción.

Dice el artículo 84 de la Constitución federal que En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Y luego, respecto al Secretario de Gobernación designado como Presidente por ministerio de ley, el precepto continúa diciendo: “Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.”

Al primero que tendría que nombrar, como una forma de responsabilidad política y para garantizar la estabilidad y la continuidad constitucional del poder público, debería ser al siguiente Secretario de Gobernación, para que si ese Presidente Provisional llegara también a faltar, pudiera seguir subsistiendo el mecanismo sucesorio establecido en la propia Constitución.

López Obrador lleva ya más de tres años como Presidente. Por lo que en el caso de faltar fallecer o dejar el cargo por cualquier razón, aplicaría lo que establece el quinto y sexto párrafo del artículo 84. ¿Qué dicen? Que “cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

“Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.”

Y finalmente el artículo 85 establece en su párrafo tercero que “cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.” Esto, por si un problema de salud lo llevara a un estado de incapacidad que lo hiciera dejar el cargo por un periodo corto de tiempo.

De ahí que el “testamento político” debe ser eso: un documento con otras instrucciones que no son las relativas a la sucesión de su cargo. Porque eso ya está perfectamente establecido en la Constitución.

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿qué dice la Constitución de Oaxaca sobre la posibilidad de que un Gobernador se separe del cargo? El artículo 72 de la Constitución local establece una serie de supuestos por demás interesantes:

“Las faltas absolutas de Gobernador serán cubiertas con arreglo a las disposiciones siguientes: I.- Si la falta ocurriere estando reunido el Congreso en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, inmediatamente procederá a la elección de Gobernador Interino Constitucional por el voto de las dos terceras partes de la Asamblea. Se considerarán, como falta absoluta, los siguientes casos:

“A) Muerte, incapacidad grave y abandono del cargo por más de treinta días; B) Cargos de responsabilidad oficial, revocación de mandato o delitos de orden común calificados por el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado; C) Haber solicitado licencia por más de seis meses, salvo que ocupe otra función en el Gobierno Federal; D) Renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado; E) Por virtud de una resolución de destitución emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

“II.- Si la falta ocurriere estando la Legislatura en receso, se reunirá a más tardar dentro de los siete días siguientes, sin necesidad de convocatoria, y sólo para el efecto de hacer la elección en los términos de la fracción anterior; presidirá las sesiones el Presidente de la Diputación Permanente;

“III.- El Gobernador Constitucional Electo conforme a la fracción I, convocará a elecciones de manera que el nuevamente electo para completar el término legal, tome posesión a más tardar a los seis meses de ocurrida la falta;

“IV.- Si la falta se presentare en los últimos tres años del periodo constitucional, se elegirá Gobernador Constitucional en los términos de la Fracción Primera, el que deberá́ terminar el periodo respectivo;

“V.- Si por cualquiera circunstancia, no pudieren reunirse la Legislatura o la Diputación Permanente y desaparecieren los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado que lo substituya, se hará cargo del Ejecutivo del Estado y convocará a elecciones de diputados y Gobernador, las cuales se efectuarán a los treinta días de que se haya producido la desaparición; los diputados electos instalarán la Legislatura a los quince días de efectuadas las elecciones, y el Gobernador tomará posesión a los quince días de instalada la Legislatura;

“VI.- Si hubiere completa desaparición de Poderes del Estado, asumirá el cargo de Gobernador Provisional cualquiera de los dos Senadores, en funciones, electos por el Estado, a juicio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en los términos de la parte conducente de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. El Gobernador Provisional electo tomará posesión del cargo tan pronto como tenga conocimiento de su designación y procederá́ a la integración de los Poderes en la forma establecida en la fracción anterior, debiendo tomar posesión los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el mismo día en que lo haga el Gobernador; y

“VII.- Si no obstante las prevenciones anteriores, se presentare el caso previsto por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, el Gobernador Provisional que nombre el Senado deberá convocar a elecciones de diputados al día siguiente de que tome posesión del cargo; estas elecciones deberán efectuarse a los treinta días de la convocatoria, y la Legislatura deberá quedar instalada dentro de los veinte días siguientes; y una vez en funciones la Legislatura, procederá como está prevenido en la fracción primera de este artículo.”

Así, si mañana el Gobernador solicitara licencia para asumir un cargo federal —rumor que está presente en los corrillos políticos, y cuyo supuesto está contemplado en la Constitución— el Congreso del Estado tendría que nombrar a un Gobernador Interino en los términos ya señalados en la fracción IV del citado artículo.

EPITAFIO

¿Cómo estarán de tensos los recelos y los intereses —visibles y oscuros— alrededor de la construcción del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que nada más y nada menos que el Secretario de la Marina tuvo que sentar a los líderes de los sindicatos de transportistas, para dejar clara la posición gubernamental respecto a las obras que se realizan?

Al Margen || La pulverización partidista en Oaxaca: una circunstancia calculada

Adrian Ortiz Romero Cuevas

Una de las circunstancias que determinará la elección de junio próximo en Oaxaca, es el contraste entre la pulverización actual de algunas fuerzas políticas, y la fortaleza y buena salud que denotan las otras. Aunque pareciera que la atomización de fuerzas y estructuras electorales es un hecho fortuito, en realidad todo responde a una concepción —política y administrativa— perfectamente calculada.

En efecto, hoy los triunfos y las derrotas electorales no se explican de forma distinta a como se hacía en antaño: como bien dicen quienes conocen y entienden de estructuras electorales, al final cada elección bien puede explicarse como un asunto de números. Esto se traduce en quién logra generar una estructura electoral suficiente, para garantizar cierta cantidad de votación en una jornada electoral. Quien lo hace, tiene posibilidad de ganar y —aunque pareciera una verdad de Perogrullo— quien no lo hace, simplemente no tiene forma de ganar.

Esa estructura no se hace en un día, y tampoco al inicio de las campañas proselitistas. Los andamiajes electorales se crean —lamentable, pero ciertamente— desde el propio diseño y concepción de la administración pública, y desde las aspiraciones del propio gobernante. 

Si éste no tiene interés y vocación por la cuestión política y electoral, no concebirá su gobierno a partir de la necesidad de crear estructuras encaminadas a cultivar el voto popular. Al contrario: cuando sí tiene interés, desde el propio gobierno estimula la creación de esas estructuras, y las alimenta con insumos que van desde recursos económicos hasta programas sociales.

La realidad en Oaxaca es contrastante: mientras la actual administración federal está concebida desde la médula para servir fundamentalmente como una maquinaria con fines electorales, en el caso del gobierno estatal la actual administración nunca se concibió como un mecanismo traducible en votación para el partido gobernante. Y en esas condiciones, es un espejismo, y una mentira flagrante, si quiera suponer que hoy, a estas alturas, alguien tiene capacidad de crear cualquier viso de estructura electoral, porque éstas se crean con voluntad y recursos desde mucho tiempo antes de los procesos electorales, no con saliva y al cuarto para las doce.

Ese es el verdadero contraste entre los caminos que siguen Morena y el PRI en la elección de Gobernador en Oaxaca. Independientemente de las reyertas internas entre morenistas —que sí existen, y que son abiertas dada la horizontalidad natural del movimiento lopezobradorista—, es evidentemente que en ese sector político no adolecen del problema de la pulverización, y menos de la falta de estructuras electorales. 

Al margen de quién sea el candidato, cómo sea la campaña, y cuántos recursos tengan para desahogar lo que falta del proceso electoral, es claro que como fuerza política gozan de cabal salud porque tienen una maquinaria electoral que funciona a la perfección, y que todos los días es alimentada estructuralmente. El gobierno federal cotidianamente alimenta a su clientela masiva, a través de mecanismos de estimulación, que pasan por el suministro de todos los programas sociales que entregan dinero en efectivo directamente a cada persona. A la par de ello, administran temas como la vacunación y diversos elementos clientelares que garantizan el número de votos que están proyectando —más de un millón en Oaxaca. 

Por eso hoy a Morena le tiene sin cuidado que las clases medias y altas —que traducidas en voto son menos abultadas de lo que consideramos— se inconformen y protesten por sus excesos y burdas maniobras administrativas con fines electorales. Saben que en la base de la población —la que vive en pobreza, y que cada día crece—, tienen garantizada una votación que les permitirá llegar tranquilamente al día de la jornada electoral, sabiendo que pase lo que pase van a ganar.

EL CONTRASTE 

El gobierno en Oaxaca tiene mucho tiempo sin concebirse como una estructura capaz de suministrar votos. El modelo no es reciente, sino que ha subsistido en por lo menos las últimas dos administraciones. ¿Qué pasa? Que, por un lado, la estructura gubernamental no ha tenido como objetivo mantener afianzadas a sus clientelas electorales y, por el otro, ha tenido líderes políticos que no han tenido como prioridad afianzar un trabajo partidista verdaderamente de bases.

¿A qué nos referimos? A que las instancias gubernamentales estatales que pudieron haber servido para la estimulación del voto, o están presupuestalmente vacías, o fueron destinadas a otras funciones que no son las que valen para los ánimos electorales. Hoy en día no existe en la administración estatal un mecanismo que dote de aditivos a las estructuras partidistas. Por eso en cada proceso electoral —de diputados, de autoridades municipales, etcétera— cada uno de los candidatos es responsable de crear, sobre las rodillas y con recursos salidos de quién sabe dónde, su propia estructura electoral, que casi siempre es insuficiente para hacerle frente a la bien aceitada maquinaria con la que estructuralmente sí cuentan los candidatos de Morena.

Eso es lo que explica tantas derrotas en la última década para los partidos de donde emanaron las sucesivas administraciones estatales. El gabinismo, con todo y la ola de respaldo ciudadano con la que contó en 2010, perdió los comicios de Gobernador seis años después. Y la actual administración, vista desde la perspectiva partidista, tampoco tiene un futuro halagüeño. En la suma y resta de votos, y en la revisión de si verdaderamente cuentan o no con estructuras suficientes para tener al menos una posibilidad de ganar la elección, queda claro que salen reprobados, independientemente de quién sea el candidato.

Por eso hoy, cualquier posibilidad de hacer un papel al menos decoroso en los comicios, tendría que pasar por el consenso de una candidatura que sumara a varias fuerzas políticas. El priismo, el panismo, el perredismo y demás, están pulverizados —y varios de ellos enfrentados internamente, pero ocultos en su verticalidad con la que aparentan una unidad que sólo es de dientes para afuera— en cuanto a sus respectivas votaciones, y se enfrentan a una fuerza política avasallante (Morena) que sí tiene pleitos internos, pero en la que su unidad no es decisiva para el resultado electoral. 

EPITAFIO 

El gobierno federal trabaja día y noche alimentando una estructura que, más allá de la euforia y los falsos liderazgos que hoy intentan venderse y regodearse en todos los frentes, generará un resultado favorable para Morena. Todo lo demás, es demagogia.

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AL MARGEN || Entre los recién ungidos candidatos en Oaxaca, persiste un prolongado ayuno de ideas

  • Morena y PRI, guardan ominoso silencio sobre el proyecto -si es que existe- que tienen para Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

En teoría, están definidos los nombres de los dos candidatos emocionalmente más importantes, que aparecerán en la boleta electoral por la gubernatura de Oaxaca el primer domingo de junio. El problema es que, el hecho de que ya estén políticamente fijados Salomón Jara Cruz y Alejandro Avilés como abanderados de Morena y el PRI, en nada cambia la compleja realidad oaxaqueña en la que se vocifera mucho, pero en la que paradójicamente nadie dice nada sobre un proyecto de gobierno, o sobre una visión concreta de Estado para la entidad.

En efecto, a finales de diciembre Morena definió a Jara Cruz como su candidato para la gubernatura. Lo hizo en medio de un proceso interno en el que las decisiones fueron totalmente verticales, y en el que los mecanismos electivos fueron cupulares, opacos y avasallantes para todos los demás aspirantes, que en algún punto supusieron que sí se realizaría un proceso basado en reglas y procedimientos sostenibles y democráticos. 

En la contraparte, en el PRI, la semana pasada se hizo el anuncio político en la Ciudad de México —porque la formalización de la unción según ocurrirá en el transcurso de la presente semana— de que el candidato a Gobernador por ese partido será el diputado local Avilés Álvarez. De nuevo, el Revolucionario Institucional definió su candidatura en medio de un proceso interno en el que, igual que en Morena, las decisiones fueron totalmente verticales, y en el que los mecanismos electivos fueron cupulares, opacos y avasallantes para todos los demás aspirantes, que en algún punto supusieron que sí se realizaría un proceso basado en reglas y procedimientos sostenibles y democráticos. 

Luego de sendos anuncios, ocurrió en cada partido aquel viejo fenómeno conocido como “la cargada”. Propios y extraños abandonaron sus posiciones previas —coincidentes o discordantes con la definición cupular— para volcarse en manifestaciones de felicitación y apoyo a los candidatos recién ungidos. En la apariencia, y en ambos partidos, pareció momentáneamente quedar atrás cualquier viso de recelo, de divisionismo y de encono, para ondear la bandera de la unidad en torno al recién elegido abanderado —en ambos casos, definido por quién sabe quién—, y manifestar con euforia que esa será —cualquiera de las dos— la candidatura triunfadora en la jornada electoral.

En ese contexto, resulta alarmante la incapacidad autocrítica en uno y otro partido. ¿Por qué? Porque es claro, y preocupante, que hasta el momento nada se ha dicho sobre la visión de mediano y largo plazo que cualquiera de los dos candidatos tiene para Oaxaca. En ese contexto, el ciudadano razonable —porque sí los hay— que está esperando la definición de su voto, con base en argumentos o planteamientos de gobierno, e incluso en promesas o palabras melodiosas dichas por cualquiera de los aspirantes.

El problema es que pareciera que Oaxaca y los planteamientos serios son lo menos importante. Es verdaderamente abominable que hoy se diga con tanta ligereza que tal o cual partido eligió al más tunante de sus militantes como candidato, justo para poder enfrentar al más marrullero de los integrantes de la fuerza política contraria, ahora ungido como su abanderado. ¿De verdad ese es el nivel de rapacidad al que ha llegado el ejercicio político en Oaxaca, como para aceptar y normalizar —sean válidos o no— esos argumentos y esa visión sobre el futuro que le espera a Oaxaca? 

Pareciera que hoy que la honorabilidad, la decencia o la congruencia son factores que le juegan formalmente en contra a cualquiera que desee figurar en política —incluso es hasta objeto de burla—, pero no así lo que en una sociedad sana tendrían que ser defectos indeseables de un político que hoy, aquí, se celebran, se aplauden y hasta se adulan.

¿Y OAXACA? 

Uno y otro son personajes ampliamente conocidos en Oaxaca. No uno más que otro porque esos, y todos los demás casos, han sido parte de esa casta que pervive de forma crónica de las actividades relacionadas con el gobierno y la política, y que incluso se siente con el derecho de sangre, o de ralea, para controlar la actividad gubernamental y las decisiones que inciden en la vida de todos los oaxaqueños, como si tuvieran alguna virtud superior a la de cualquier otro oaxaqueño con similares derechos políticos.

Hoy frente a ello, se mantiene con validez la pregunta: ¿Qué pretenden, no para sus intereses o para su visión respecto al control del poder, sino para Oaxaca? El problema es que, sobre eso, nadie dice nada. No sorprende, porque sería exactamente lo mismo frente a la pregunta de por qué militan en sus respectivos partidos: esgrimirían respuestas retóricas, pero vacías de cualquier tipo de contenido ideológico, político o incluso de experiencia en la actividad de gobierno para el bien de la ciudadanía. Es así porque al calor de la disputa electoral por el poder, vociferan su priismo o morenismo hasta la médula —para el caso, da lo mismo—; pero en el fondo desconocen —y tampoco les importa— si su aparente militancia tiene algún sustento, o incluso si están interna y honestamente convencidos con ella.

En todo esto, ¿tendrían que convencernos, o al menos tranquilizarnos, las decisiones tomadas por los dos mencionados partidos? Si tenemos algún interés directo con respecto a alguno de ellos, probablemente sí. Pero de lo contrario, tendríamos que estar sumamente preocupados, porque tanto la definición de Morena como del PRI están basadas en aspirantes que jamás han dicho qué pretenden, o qué pueden y quieren hacer a favor de Oaxaca, más allá del solo hecho de ganar la elección y llegar a la gubernatura.

¿Les importa la lacerante realidad social de pobreza, marginación y discriminación que priva en Oaxaca? ¿Qué plan tienen para combatir esos flagelos? ¿Tienen algún interés en atender —en la Constitución, y en las acciones de gobierno— las ancestrales demandas de los más de 400 municipios oaxaqueños que se rigen por sus propios sistemas normativos internos, y que son pueblos indígenas con una cosmovisión, lenguaje y formas propias de organización? ¿Tienen algún plan alterno a la frivolidad que ha privado en las últimas administraciones, en las que se cree que con oropel, ocurrencias, caprichos y acciones cosméticas se resuelven los perennes problemas que enfrenta la entidad? ¿Qué perspectiva tienen para la entidad, más allá de ver ganar al PRI o a Morena? ¿Qué idea y visión tienen de sus respectivos partidos, ideologías y programas de gobierno? ¿De verdad tienen alguna noción?

Lo grave es que Oaxaca y sus problemas siguen ahí, y sobre ellos —no respecto a la política partidista— prevalece un prolongado ayuno de ideas. Un preocupante silencio, y una cada vez más clara apatía, respecto a lo que debería ser el tema central no de la elección, sino de la discusión política hoy, ayer, mañana, hace cinco años y en los próximos seis, veinte y cien: el profundo atraso en que se encuentra Oaxaca, y la postergación constante de las discusiones de fondo, para siempre privilegiar los intereses, la politiquería y las sumas y restas entre grupos. Todo, siempre, en detrimento de Oaxaca.

EPITAFIO 

Todos muy contentos. Todos muy alegres. Viva el nuevo candidato. Viva la unidad. Viva el partido… Pero ni el nuevo ungido, ni sus eufóricos aduladores, ni los hijos pródigos de su partido —que ahora abundarán—, ni nadie, cambia la terca realidad. ¿Sí lo ven? 

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PRI en Oaxaca: ubicar las expectativas más allá de la gubernatura

Adrián Ortiz Romero Cuevas

En la fecha límite establecida por la ley, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para la selección y postulación de su candidata o candidato a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Lo hizo para cumplir el requisito y, pareciera, lo hizo más por asumir el compromiso que porque verdaderamente exista una expectativa electoral favorable a la causa priista en la entidad. Del propio documento se desprenden algunas premisas que apuntan a que al PRI le preocupa Oaxaca, pero no por lo que pase en el presente año, sino en el mediano y largo plazo.

En efecto, la convocatoria lanzada el lunes no contiene ninguna sorpresa: establece el procedimiento para el registro de candidaturas, los requisitos que deben cumplir los y las aspirantes, y los plazos en que se desahogarán las fases de una eventual precampaña, hasta la posible realización de la convención de delegados, que ocurriría el 10 de febrero para definir quién será el abanderado priista a la gubernatura del Estado. 

Todo se basa en supuestos, porque en la convocatoria también se establece la posibilidad —potencial— de que se registre un solo aspirante como precandidato, y éste sea declarado como único. En tal caso se pasaría directamente a la fase de precampaña —que duraría veinte días, del 20 de enero al 10 de febrero—; de ahí a la declaratoria de validez del proceso interno. Y la Convención de Delegados serviría únicamente para llevar a cabo la entrega de la constancia de candidatura “en la que se ratificará —dice la convocatoria— la candidatura en votación económica sin la necesidad de quórum de los convencionistas”. Evidentemente, dicho acto sería, sobre todo, la ratificación política y la presentación pública del ya ungido candidato priista.

¿Por qué hablar de supuestos? Porque, por un lado, ha quedado claro que el PRI tiene un abanico bastante reducido de opciones para la elección de su posible abanderado y muy pocos bríos para realizar, entre su militancia, una precampaña que pueda generar alguna expectativa de revitalización de sus filas; y porque, en el otro extremo, las miras de la cúpula priista en realidad parecen estar puestas en un momento posterior: el proceso electoral de 2024. 

Si se considera que constitucionalmente los partidos políticos son el mecanismo prácticamente único de acceso a los cargos de elección popular —pues las candidaturas independientes siguen siendo una aspiración en el sureste mexicano—, y que todo ello quedará reservado para 2024 —porque la elección del presente año es sólo de Gobernador—, entonces la preocupación de fondo en la cúpula del tricolor es quién, o qué grupo político, heredará o mantendrá el control del membrete priista más allá del 2022.

A todos les queda claro que, a estas alturas, la elección de este año es un proceso descontado, al menos para el tricolor. Entre lo formal y lo fáctico, es evidente que todos los intereses y las expectativas están puestas en el proceso interno de otro partido —Morena— para la definición de su candidato, y que incluso ya hay un número importante de priistas —muchos de esos que, hasta hace poco, sostenían tener una militancia arraigada hasta la médula— que tienen los ojos puestos en lo que ocurra alrededor de la disputa entre Salomón Jara y Susana Harp por la candidatura morenista a la gubernatura, para ofrecer el mismo humo de la ingeniería y las supuestas estructuras electorales, gracias a los que obtuvieron cargos y prebendas en los tiempos de bonanza priista. 

Y es que, en realidad, entre ellos la militancia se diluye y la codicia por los cargos domina, porque tampoco hay tanto qué negociar —y qué repartir— dentro del tricolor, ya que en el presente año sólo una candidatura irá a la boleta, y esa ya la tienen perdida. Ninguna encuesta da al menos un viso de que las preferencias electorales en Oaxaca puedan cambiar entre enero y junio próximo; y ningún aspirante tricolor parece tener la chispa y el empuje necesario entre la ciudadanía como para advertir al menos la posibilidad de un viraje, e incluso de una elección competida con cualquiera que resulte el candidato de Morena.

LA HERENCIA 

Existen algunas premisas que valdría la pena validar, en el contexto de la definición de una posible candidatura única. Una de ellas —advertida denodadamente hasta hace no tanto tiempo por la facción priista que comanda el diputado Alejandro Avilés—, es que independientemente de quién fuera el aspirante favorito de la cúpula priista, ellos tenían el control de la mayoría de los integrantes registrados para participar en la Convención de Delegados, y que por ello cualquier definición cupular tendría que pasar por una negociación con ellos. En el supuesto, ¿los integrantes de ese grupo tendrían aún el combustible suficiente para manipular la Convención de Delegados, al grado de contrariar a quienes realmente toman las decisiones desde lo más alto de la cúpula priista de Oaxaca, y del país?

Otra premisa que habría que validar, es si quien se convierta en candidato a Gobernador será quien luego herede la titularidad del PRI oaxaqueño. Eso fue justo lo que ocurrió en 2010 luego de que el PRI perdiera la gubernatura de Oaxaca por primera ocasión. El entonces derrotado candidato priista Eviel Pérez Magaña fue quien heredó el control del membrete tricolor, y vaya que él —y sólo él— le sacó provecho a la derrota: en los años siguientes fue dirigente priista, Senador de la República y aspirante a la gubernatura en 2016, para luego brincar a la entonces Secretaría de Desarrollo Social como subsecretario —gracias a la negociación para que claudicara en su aspiración a la gubernatura—, y finalmente ocupar la titularidad de esa Secretaría de Estado en el último tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Con ese antecedente, es claro que quien sea ungido como abanderado en 2022 será quien se quede con la herencia del priismo oaxaqueño. Y es evidente que, aun perdiendo la gubernatura, el actual grupo dominante no querrá perder la puerta de acceso a los cargos públicos a través de la dirigencia priista oaxaqueña. Por eso, se habla con tanta insistencia de que Germán Espinosa Santibáñez es el más viable para convertirse en candidato del tricolor; no porque tenga carisma o arrastre entre la militancia, o porque pueda ser el más carismático de los aspirantes a la gubernatura —sin calificar si lo es o no, porque su medición cualitativa y cuantitativa como candidato, ocurrirá en los meses próximos—, sino porque es un integrante orgánico, y de toda la confianza, del actual grupo gobernante, a quien sí le pueden encargar esa herencia sin el riesgo de que pretenda una ruta independiente, o traicionarlos.

Las miras están puestas en 2024. Entienden el desgaste natural del Presidente de la República. Saben que para entonces Andrés Manuel López Obrador será todo menos candidato. Y que eso plantea un escenario electoral distinto, en el que sí estarán en juego todos los demás cargos: diputaciones locales y federales; las senadurías y un conjunto inmenso de presidencias municipales. Eso es lo que en Oaxaca nadie quiere perder. Y es lo que, nada más y nada menos, está en juego en la definición actual del abanderado priista.

EPITAFIO 

Antier y ayer hubo reuniones en la Ciudad de México. Ya se tiró la línea desde la más alta cúpula priista. Y sólo falta que todo eso se materialice en cambios en el gabinete y los anuncios respectivos.

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