AL MARGEN || Pueblos indígenas oaxaqueños: ¿El siguiente gobierno sólo continuará con la política de dádivas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.

En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.

Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.

¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.

¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.

¿UNA MINORÍA?

En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas, aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas. 

Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.

Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.

El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.

EPITAFIO 

Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.

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Imagen: Heriberto Paredes / Gatopardo

¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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AL MARGEN || Oaxaca: algunas impresiones del debate

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La tarde de ayer 15 de mayo se realizó el único debate entre candidatos a la gubernatura de Oaxaca que, dadas las circunstancias, estará en condiciones de realizar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque el ejercicio intentó poner en la picota algunos de los temas sustantivos más importantes para el debate electoral, lo cierto es que tanto la organización del debate, como las propuestas y las posturas de los aspirantes, le quedaron mucho a deber a la ciudadanía oaxaqueña. Veamos algunas impresiones.

  1. El formato. Es cierto que la autoridad electoral tiene el deber de procurar la equidad en los tiempos y las formas en las que participan todos los candidatos. Sin embargo, siguen sin encontrar la fórmula que equilibre un ejercicio de debate en el que no prive la rigidez y el acartonamiento. No hay un debate verdadero, cuando no se ponen las condiciones mínimas para que el contraste de ideas pueda ser sustantivo entre los candidatos, y para que los temas no se desvíen —accidental o deliberadamente— en el intercambio personal entre los aspirantes. La ciudadanía escuchó ataques inopinados entre ellos; fue testigo de más silencios que ideas frente a cuestionamientos sobre propuestas y políticas de gobierno; y los candidatos ofrecieron una cantidad inmensa de lugares comunes con los que intentaron sustituir —y esconder— su falta de proyecto frente a los problemas de la entidad.
  2. La conducción del debate. Fue la periodista Carolina Hernández Solís, de Código Magenta, la encargada de moderar el debate. ¿Lo destacable? Que el formato aprobado por la Comisión Temporal de Comunicación del IEEPCO era tan rígido, que era por demás improbable que hubiera algún imprevisto. Hubo un control estricto —y qué bueno— de las cámaras y los micrófonos frente a los intentos de los candidatos por rebasar los tiempos o las formas de sus participaciones, y por eso en la conducción del debate no hubo sorpresas. ¿Lo cuestionable? La moderadora del debate se equivocó en varias ocasiones al nombrar a los candidatos y no fue capaz de argumentar algo fuera de lo contenido en el guion que previamente le proporcionó la autoridad electoral.
  3. La foránea conducción del debate. Un punto relevante: no es chovinismo ni mucho menos, pero valdría la pena que el IEEPCO considerara la invitación a actores locales —periodistas, académicos, intelectuales, etcétera— para moderar los encuentros entre candidatos. Es increíble que se siga prefiriendo a personas traídas de otras entidades, por ese solo hecho, cuando eso resulta más costoso y no otorga ninguna garantía respecto a que la persona conductora del debate conozca el ambiente, los personajes y el contexto político —tanto de los partidos y candidatos, como de la entidad— del encuentro que va a moderar. Ayer se dio una demostración más de las consecuencias de esa tozudez por preferir a personajes foráneos, frente a una posible oferta local de conducción que no sería nada despreciable.
  4. Los ataques. Alejandra García Morlán y Natividad Díaz Jiménez fueron a jugar su papel de atacantes. Lo hicieron incluso sin que mediara provocación por parte de los candidatos punteros en las encuestas e iban preparadas para eso, más que para debatir ideas y propuestas. Es entendible su postura —mas no justificable— en el contexto de que ambas necesitan alcanzar una votación mínima decente que les permita seguir vivas en sus partidos rumbo a las elecciones federales de 2024 donde buscarán capitalizar lo poco o mucho que puedan hacer aquí. Quién sabe si los ataques vertidos en el debate les reditúen en algo frente a los electores. Pero lo que sí demostraron es su preferencia por el pleito frente a las ideas.
  5. Los “punteros”. Tanto Salomón Jara como Alejandro Avilés, de Morena y el PRI-PRD respectivamente, iban preparados para dar y recibir ataques, pero sobre todo para ser blanco de los candidatos de los otros partidos. Jara se dedicó a esquivar los señalamientos de todos los aspirantes bajo el guion exacto de la 4T: prometer a los oaxaqueños lo mismo que ha dicho siempre el eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y omitir todos los demás señalamientos y cuestionamientos. Le cuestionaron la presencia de sus hermanos —aspecto que sí debe cuidar si no quiere terminar siendo un émulo de la llamada ‘familia real’ de la UABJO—, los antecedentes de sus operadores políticos y de su trabajo legislativo. Él, incluso en momentos en tono socarrón, sólo esquivó los ataques y sólo en algún momento lanzó un discreto ataque a Avilés. Éste por su parte fue más abierto en los señalamientos a Jara, pero tuvo que resentir las consecuencias naturales del desgaste y los errores del gobierno actual, que le fueron adjudicadas a él por ocupar esa posición tan paradójica de ser el candidato del oficialismo oaxaqueño, que hoy se ve más cargado en la preferencia hacia Morena que hacia el PRI.
  6. Los disparates. Al candidato indígena independiente Jesús López Rodríguez le urge que alguien le dé un curso básico de derecho constitucional, o que al menos le expliquen que: a) la pena de muerte está prohibida expresamente en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; b) que por esa prohibición expresa en todo el país, sería imposible volver a legislarla; c) que legislar lo anterior no sería tarea de un Ejecutivo estatal, como lo que él aspira a ser, sino del Congreso; d) que Oaxaca ya es un estado libre y soberano; e) que su sola idea de “independizar” a Oaxaca —idea que nos queda claro que no ha pensado en su dimensión real— es una peligrosa semilla de separatismo que traería mucho dolor y miseria para los oaxaqueños; f) que, independientemente de que lo sepa o no, el artículo 2 de la Constitución federal, garantiza que la nación mexicana es única e indivisible por lo que esa propuesta es, además, un disparate; g) que no está mal que hable de una nueva Constitución, pero lo que es lamentable es que confunda eso con un nuevo Estado oaxaqueño o, aún peor, con un nuevo país. Si no tiene ideas asequibles, y si en él priva la ignorancia, debería asesorarse mejor para no hacer quedar las candidaturas indígenas como una burla para la inteligencia de los oaxaqueños, porque con sus disparates no sólo queda mal él sino esta novedosa —aunque claramente despreciada hasta por la ley— figura democrática.
  7. No hay ganadores. Acaso el más prudente y claro en sus ideas fue el candidato indígena independiente Mauricio Cruz Vargas. Fue el único que no se enganchó en ataques y estableció algunos puntos de referencia, desde la perspectiva del indigenismo y el asambleísmo de los pueblos oaxaqueños, que debían ser considerados por cualquiera que gobierne Oaxaca.

EPITAFIO

En el debate se habría agradecido que los candidatos explicaran temas como las cuentas pendientes en sus respectivas gestiones como servidores públicos; o en qué sanciones administrativas terminaron los faltantes en la Secretaría de Agricultura, o episodios como el del uso de un avión gubernamental por particulares. Se supone que esos señalamientos tuvieron como consecuencia procedimientos administrativos hoy concluidos. ¿De verdad los hubo? ¿O todo fue parte —también— de arreglos políticos? 

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¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

  1. La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
  2. La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje. 
  3. El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo, que haya hecho durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
  4. La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
  5. Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
  6. Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal. 
  7. Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
  8. ¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
  9. Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego. 

EPITAFIO 

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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AL MARGEN || ¿Qué dice la Constitución sobre la posible ausencia absoluta del Titular del Poder Ejecutivo?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Las Constituciones establecen diversos mecanismos y supuestos para garantizar la estabilidad del poder público. Una de las razones que justifica la existencia de los textos constitucionales radica en el hecho de que éstos norman las relaciones entre los poderes y las instituciones del Estado, y dan certidumbre respecto a quién, cómo y bajo qué supuestos se detenta el poder en una situación extraordinaria. Tal es el caso de la Constitución federal mexicana frente a la posibilidad —esgrimida por el propio Presidente— de que éste llegara a fallecer o a separarse del cargo por una afección de salud. De paso, vale también la pena revisar qué dice al respecto la Constitución de Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hospitalizado por varias horas. La tarde de aquel día, la Secretaría de Gobernación informó que el Titular del Poder Ejecutivo Federal fue sometido a un cateterismo cardiaco, derivado de estudios preventivos que se realiza cada seis meses a consecuencia del infarto que sufrió en 2013. La dependencia además informó que el mandatario federal ingresó a las 10:30 horas, al hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizarse un chequeo rutinario “consistente en pruebas de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y una tomografía”.

Luego se informó que seguramente el Presidente volvería el sábado a sus actividades habituales, y ese mismo día el Mandatario apareció en un video donde habló de la existencia de un “testamento político” dada la posibilidad de morir por los problemas cardiacos que lo aquejan desde hace años. “Yo tengo un testamento político, no puedo (inaudible) un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿Cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad”, señaló.

¿De verdad es necesario un “testamento político”? Dada su vocación de caudillo, es posible que un testamento político de AMLO sería necesario para dejar instrucciones sobre qué deben hacer sus subalternos en caso de fallecer. Sin embargo, el mecanismo para evitar el vacío de poder está perfectamente establecido en la Constitución de la República, y es claro en cuanto a su redacción.

Dice el artículo 84 de la Constitución federal que En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Y luego, respecto al Secretario de Gobernación designado como Presidente por ministerio de ley, el precepto continúa diciendo: “Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.”

Al primero que tendría que nombrar, como una forma de responsabilidad política y para garantizar la estabilidad y la continuidad constitucional del poder público, debería ser al siguiente Secretario de Gobernación, para que si ese Presidente Provisional llegara también a faltar, pudiera seguir subsistiendo el mecanismo sucesorio establecido en la propia Constitución.

López Obrador lleva ya más de tres años como Presidente. Por lo que en el caso de faltar fallecer o dejar el cargo por cualquier razón, aplicaría lo que establece el quinto y sexto párrafo del artículo 84. ¿Qué dicen? Que “cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

“Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.”

Y finalmente el artículo 85 establece en su párrafo tercero que “cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.” Esto, por si un problema de salud lo llevara a un estado de incapacidad que lo hiciera dejar el cargo por un periodo corto de tiempo.

De ahí que el “testamento político” debe ser eso: un documento con otras instrucciones que no son las relativas a la sucesión de su cargo. Porque eso ya está perfectamente establecido en la Constitución.

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿qué dice la Constitución de Oaxaca sobre la posibilidad de que un Gobernador se separe del cargo? El artículo 72 de la Constitución local establece una serie de supuestos por demás interesantes:

“Las faltas absolutas de Gobernador serán cubiertas con arreglo a las disposiciones siguientes: I.- Si la falta ocurriere estando reunido el Congreso en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, inmediatamente procederá a la elección de Gobernador Interino Constitucional por el voto de las dos terceras partes de la Asamblea. Se considerarán, como falta absoluta, los siguientes casos:

“A) Muerte, incapacidad grave y abandono del cargo por más de treinta días; B) Cargos de responsabilidad oficial, revocación de mandato o delitos de orden común calificados por el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado; C) Haber solicitado licencia por más de seis meses, salvo que ocupe otra función en el Gobierno Federal; D) Renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado; E) Por virtud de una resolución de destitución emitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

“II.- Si la falta ocurriere estando la Legislatura en receso, se reunirá a más tardar dentro de los siete días siguientes, sin necesidad de convocatoria, y sólo para el efecto de hacer la elección en los términos de la fracción anterior; presidirá las sesiones el Presidente de la Diputación Permanente;

“III.- El Gobernador Constitucional Electo conforme a la fracción I, convocará a elecciones de manera que el nuevamente electo para completar el término legal, tome posesión a más tardar a los seis meses de ocurrida la falta;

“IV.- Si la falta se presentare en los últimos tres años del periodo constitucional, se elegirá Gobernador Constitucional en los términos de la Fracción Primera, el que deberá́ terminar el periodo respectivo;

“V.- Si por cualquiera circunstancia, no pudieren reunirse la Legislatura o la Diputación Permanente y desaparecieren los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Magistrado que lo substituya, se hará cargo del Ejecutivo del Estado y convocará a elecciones de diputados y Gobernador, las cuales se efectuarán a los treinta días de que se haya producido la desaparición; los diputados electos instalarán la Legislatura a los quince días de efectuadas las elecciones, y el Gobernador tomará posesión a los quince días de instalada la Legislatura;

“VI.- Si hubiere completa desaparición de Poderes del Estado, asumirá el cargo de Gobernador Provisional cualquiera de los dos Senadores, en funciones, electos por el Estado, a juicio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en los términos de la parte conducente de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República. El Gobernador Provisional electo tomará posesión del cargo tan pronto como tenga conocimiento de su designación y procederá́ a la integración de los Poderes en la forma establecida en la fracción anterior, debiendo tomar posesión los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el mismo día en que lo haga el Gobernador; y

“VII.- Si no obstante las prevenciones anteriores, se presentare el caso previsto por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, el Gobernador Provisional que nombre el Senado deberá convocar a elecciones de diputados al día siguiente de que tome posesión del cargo; estas elecciones deberán efectuarse a los treinta días de la convocatoria, y la Legislatura deberá quedar instalada dentro de los veinte días siguientes; y una vez en funciones la Legislatura, procederá como está prevenido en la fracción primera de este artículo.”

Así, si mañana el Gobernador solicitara licencia para asumir un cargo federal —rumor que está presente en los corrillos políticos, y cuyo supuesto está contemplado en la Constitución— el Congreso del Estado tendría que nombrar a un Gobernador Interino en los términos ya señalados en la fracción IV del citado artículo.

EPITAFIO

¿Cómo estarán de tensos los recelos y los intereses —visibles y oscuros— alrededor de la construcción del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que nada más y nada menos que el Secretario de la Marina tuvo que sentar a los líderes de los sindicatos de transportistas, para dejar clara la posición gubernamental respecto a las obras que se realizan?

Al Margen || La pulverización partidista en Oaxaca: una circunstancia calculada

Adrian Ortiz Romero Cuevas

Una de las circunstancias que determinará la elección de junio próximo en Oaxaca, es el contraste entre la pulverización actual de algunas fuerzas políticas, y la fortaleza y buena salud que denotan las otras. Aunque pareciera que la atomización de fuerzas y estructuras electorales es un hecho fortuito, en realidad todo responde a una concepción —política y administrativa— perfectamente calculada.

En efecto, hoy los triunfos y las derrotas electorales no se explican de forma distinta a como se hacía en antaño: como bien dicen quienes conocen y entienden de estructuras electorales, al final cada elección bien puede explicarse como un asunto de números. Esto se traduce en quién logra generar una estructura electoral suficiente, para garantizar cierta cantidad de votación en una jornada electoral. Quien lo hace, tiene posibilidad de ganar y —aunque pareciera una verdad de Perogrullo— quien no lo hace, simplemente no tiene forma de ganar.

Esa estructura no se hace en un día, y tampoco al inicio de las campañas proselitistas. Los andamiajes electorales se crean —lamentable, pero ciertamente— desde el propio diseño y concepción de la administración pública, y desde las aspiraciones del propio gobernante. 

Si éste no tiene interés y vocación por la cuestión política y electoral, no concebirá su gobierno a partir de la necesidad de crear estructuras encaminadas a cultivar el voto popular. Al contrario: cuando sí tiene interés, desde el propio gobierno estimula la creación de esas estructuras, y las alimenta con insumos que van desde recursos económicos hasta programas sociales.

La realidad en Oaxaca es contrastante: mientras la actual administración federal está concebida desde la médula para servir fundamentalmente como una maquinaria con fines electorales, en el caso del gobierno estatal la actual administración nunca se concibió como un mecanismo traducible en votación para el partido gobernante. Y en esas condiciones, es un espejismo, y una mentira flagrante, si quiera suponer que hoy, a estas alturas, alguien tiene capacidad de crear cualquier viso de estructura electoral, porque éstas se crean con voluntad y recursos desde mucho tiempo antes de los procesos electorales, no con saliva y al cuarto para las doce.

Ese es el verdadero contraste entre los caminos que siguen Morena y el PRI en la elección de Gobernador en Oaxaca. Independientemente de las reyertas internas entre morenistas —que sí existen, y que son abiertas dada la horizontalidad natural del movimiento lopezobradorista—, es evidentemente que en ese sector político no adolecen del problema de la pulverización, y menos de la falta de estructuras electorales. 

Al margen de quién sea el candidato, cómo sea la campaña, y cuántos recursos tengan para desahogar lo que falta del proceso electoral, es claro que como fuerza política gozan de cabal salud porque tienen una maquinaria electoral que funciona a la perfección, y que todos los días es alimentada estructuralmente. El gobierno federal cotidianamente alimenta a su clientela masiva, a través de mecanismos de estimulación, que pasan por el suministro de todos los programas sociales que entregan dinero en efectivo directamente a cada persona. A la par de ello, administran temas como la vacunación y diversos elementos clientelares que garantizan el número de votos que están proyectando —más de un millón en Oaxaca. 

Por eso hoy a Morena le tiene sin cuidado que las clases medias y altas —que traducidas en voto son menos abultadas de lo que consideramos— se inconformen y protesten por sus excesos y burdas maniobras administrativas con fines electorales. Saben que en la base de la población —la que vive en pobreza, y que cada día crece—, tienen garantizada una votación que les permitirá llegar tranquilamente al día de la jornada electoral, sabiendo que pase lo que pase van a ganar.

EL CONTRASTE 

El gobierno en Oaxaca tiene mucho tiempo sin concebirse como una estructura capaz de suministrar votos. El modelo no es reciente, sino que ha subsistido en por lo menos las últimas dos administraciones. ¿Qué pasa? Que, por un lado, la estructura gubernamental no ha tenido como objetivo mantener afianzadas a sus clientelas electorales y, por el otro, ha tenido líderes políticos que no han tenido como prioridad afianzar un trabajo partidista verdaderamente de bases.

¿A qué nos referimos? A que las instancias gubernamentales estatales que pudieron haber servido para la estimulación del voto, o están presupuestalmente vacías, o fueron destinadas a otras funciones que no son las que valen para los ánimos electorales. Hoy en día no existe en la administración estatal un mecanismo que dote de aditivos a las estructuras partidistas. Por eso en cada proceso electoral —de diputados, de autoridades municipales, etcétera— cada uno de los candidatos es responsable de crear, sobre las rodillas y con recursos salidos de quién sabe dónde, su propia estructura electoral, que casi siempre es insuficiente para hacerle frente a la bien aceitada maquinaria con la que estructuralmente sí cuentan los candidatos de Morena.

Eso es lo que explica tantas derrotas en la última década para los partidos de donde emanaron las sucesivas administraciones estatales. El gabinismo, con todo y la ola de respaldo ciudadano con la que contó en 2010, perdió los comicios de Gobernador seis años después. Y la actual administración, vista desde la perspectiva partidista, tampoco tiene un futuro halagüeño. En la suma y resta de votos, y en la revisión de si verdaderamente cuentan o no con estructuras suficientes para tener al menos una posibilidad de ganar la elección, queda claro que salen reprobados, independientemente de quién sea el candidato.

Por eso hoy, cualquier posibilidad de hacer un papel al menos decoroso en los comicios, tendría que pasar por el consenso de una candidatura que sumara a varias fuerzas políticas. El priismo, el panismo, el perredismo y demás, están pulverizados —y varios de ellos enfrentados internamente, pero ocultos en su verticalidad con la que aparentan una unidad que sólo es de dientes para afuera— en cuanto a sus respectivas votaciones, y se enfrentan a una fuerza política avasallante (Morena) que sí tiene pleitos internos, pero en la que su unidad no es decisiva para el resultado electoral. 

EPITAFIO 

El gobierno federal trabaja día y noche alimentando una estructura que, más allá de la euforia y los falsos liderazgos que hoy intentan venderse y regodearse en todos los frentes, generará un resultado favorable para Morena. Todo lo demás, es demagogia.

@ortizromeroc

@columnaalmargen