¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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¿Tiene futuro el Proyecto Interoceánico de Salina Cruz?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El proyecto del Tren Interoceánico, que se desarrolla entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, representa uno de los mayores retos, y uno de los mayores dilemas, para el Estado mexicano. De su conclusión depende no sólo el éxito de la presente administración federal, sino también el desarrollo en el mediano y largo plazo del sureste del país. El conjunto de obras se enfrenta a interrogantes relacionadas no con la posibilidad de que técnicamente logren ser concluidas, sino con la capacidad del gobierno mexicano de generar condiciones reales de gobernabilidad y de Estado de Derecho para lograr su conclusión antes de que obras similares en la región centroamericana le ganen en atracción, viabilidad y practicidad a este proyecto que cruzará el Istmo de Tehuantepec para unir el Océano Pacífico con el Golfo de México.

En efecto, la historia del puerto está ligada a su actividad como puerta de entrada a mercancías y productos del exterior transportados por vía marítima. Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX el sitio utilizado como puerto fue la Bahía denominada como Ensenada la Ventosa —una playa al oeste de Salina Cruz—, en la que incluso se encuentra un faro cuya construcción se atribuye al conquistador Hernán Cortés, junto el astillero en el que armó la flota con la que exploró el que ahora es conocido como Mar de Cortés, el Golfo de California. 

A partir de 1870 los barcos comenzaron a llegar a Salina Cruz, en cuyo periodo también se ubica su fundación como población, compuesta fundamentalmente por pescadores provenientes de Tehuantepec, que extraían sal para venderla en los pueblos adyacentes. Ya antes, en la década de los 50s del siglo XIX, las condiciones geográficas del Istmo de Tehuantepec habían sido exploradas por ingenieros norteamericanos, en el contexto de los estudios que dieron paso a la negociación del Tratado McLane-Ocampo, firmado en 1859 entre los gobiernos mexicano y estadounidense de los presidentes Benito Juárez y James Buchanan, respectivamente. 

No está de más anotar que, de haberse ratificado dicho tratado, nuestro país habría concedido a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; y en el que, entre otras cuestiones, el gobierno mexicano se habría comprometido a no imponer derechos a las mercancías estadunidenses que circularan por el mencionado paso interoceánico, salvo las destinadas a consumirse en México.

Así, derivado de los estudios hechos por los norteamericanos, en 1871 el gobierno juarista dispuso que la aduana se trasladara de Tehuantepec a Salina Cruz porque ésta resultaba más práctica y amplia. Al año siguiente, Juárez firma un contrato con la Compañía de Ferrocarril Nacional de Panamá, para que sus barcos ingresaran a los puertos ubicados en Soconusco, en el Estado de Chiapas; y a Puerto Ángel y Salina Cruz en el litoral oaxaqueño. En los registros históricos de Salina Cruz está establecido que, en su calidad oficial de puerto, el Barco Winchester fue el primero que arribó el 13 de julio de 1872. 

Al ver incrementada su actividad portuaria, y manteniendo la atención en la necesidad de conectar al Pacífico con el Golfo de México, en 1878 comenzó a construirse el Ferrocarril Interoceánico, durante el primer periodo presidencial del General Porfirio Díaz, concluyéndose en 1894. Dicha obra inicial, presentó problemas técnicos que fueron corregidos a partir de la firma, en 1899, del acuerdo para la construcción de los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con la empresa norteamericana Pearson. Para ese efecto, se constituyó una empresa denominada Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. 

En el año de 1900 se inició formalmente la construcción del Puerto, obras que incluían, a saber: las escolleras o malecón, el muelle, el dique seco, el faro, la estación eléctrica, las grúas, los patios y un conjunto de chalés, que se añadieron a la edificación de la ciudad, con las obras de urbanización que persisten hasta la actualidad. Por eso, la pequeña población zapoteca antiguamente compuesta por pescadores y vendedores de sal fue trasladada a su ubicación actual, pues originalmente ésta se hallaba donde hoy se encuentra la dársena de maniobras. Y finalmente el 23 de enero de 1907 el general Porfirio Díaz inauguró el conjunto de obras del puerto y ferrocarril de Salina Cruz.

¿HAY FUTURO? 

En el contexto de la Revolución Mexicana el puerto de Salina Cruz perdió relevancia, hasta quedar prácticamente en el abandono. El general Lázaro Cárdenas lo reactivó, pero no volvió a tener la preeminencia que se le proyectó inicialmente, y nuevamente fue rebasado por otras regiones portuarias. Aunque desde siempre se conoce la importancia y la ubicación privilegiada del Istmo —tiene una distancia entre mares de alrededor de 300 kilómetros—, no se le volvió a dar relevancia hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió reactivarlo como proyecto estratégico de desarrollo. 

Los problemas no son sólo domésticos, sino regionales, y deben considerarse con esa dimensión e importancia. En lo interno, el proyecto actual del Tren Interoceánico se enfrenta a retrasos provocados por las constantes presiones que ejercen las organizaciones de transportistas y materialistas de la región, además de los no pocos problemas que está generando el acaparamiento de tierras en los alrededores de la amplia zona a desarrollar. La especulación de terrenos para desarrollos turísticos y para establecimiento de infraestructura privada relacionada con la zona portuaria, están despertando ambiciones inimaginables, a la par de la nociva presencia —que no es sólo privativa de la región, o de Oaxaca, sino que está en todo el país— de la delincuencia organizada.

En lo regional, se encuentra el hecho de que Honduras tiene ya muy avanzado un corredor logístico que unirá, mediante una carretera, el Atlántico con el Pacífico, en una suerte de canal seco de casi 400 kilómetros. De acuerdo con información del diario español ABC, el propósito del corredor es conectar Puerto Cortés, la principal infraestructura portuaria de Honduras, en la costa atlántica, con el puerto salvadoreño de La Unión, en el Pacífico. Todo depende que El Salvador culmine las obras faltantes para activar esta vía como un corredor interoceánico que competiría directamente con el Istmo de Tehuantepec. Existe, además, otro proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, que en 2013 se intentó impulsar con capital chino. Aunque inicialmente fracasó, el dictador Daniel Ortega insiste en que éste se construirá, aunque no existen datos sobre algún avance en la planeación de la obra.

Ante este panorama vale la pena preguntarse: ¿De verdad el gobierno del presidente López Obrador está viendo el proyecto interoceánico del Istmo con la relevancia y preocupación que merece? Sin duda, es la obra más trascendente, necesaria y útil de todos los proyectos estratégicos y de infraestructura que ha impulsado su administración.

El problema es que pareciera que la administración federal enfrenta tantos retos y dilemas —como eficientar la construcción de las obras; o reconocer y atender los riesgos relacionados con la inseguridad, el crimen organizado y el Estado de Derecho en la región, entre varios otros—, que sería muy paradójico y desconcertante que una obra realizada en territorio centroamericano le terminara nuevamente negando el papel protagónico que debió siempre tener el Istmo de Tehuantepec como alternativa al transporte marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

EPITAFIO 

Debe haber Estado de Derecho, como premisa para garantizar la integridad y la seguridad de los trabajadores de la información en Oaxaca. Ese sería el paso inicial para abrir una discusión más compleja y profunda —a la que en cinco años la vocería del gobierno estatal nunca quiso entrar— sobre qué rol y utilidad debe tener ejercicio del presupuesto de publicidad gubernamental para bienestar de todos los periodistas, antes o a la par que de las empresas informativas.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento. 

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué? 

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS 

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista. 

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO 

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin… 

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AL MARGEN || AMLO y Loret: el problema es que no hay Estado de Derecho

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El Presidente de México se equivoca en la apreciación de que sí tiene derecho a interpelar a cualquier otro ciudadano —sea o no periodista—, porque el país que gobierna tiene un problema gravísimo, transversal, que radica en la debilidad (¿o inexistencia?) del Estado de Derecho. En un auténtico panorama en el que estuviera garantizada la integridad y la seguridad de todas las personas, el diálogo entre dos entes de poder —un gobernante y un periodista— sí podría ser equitativo incluso en la interpelación. Pero en México estamos lejos de ello.

En efecto, a lo largo de más de 15 días el Presidente se ha mostrado iracundo por la revelación periodística de que su hijo y su nuera habitaron una casona en la ciudad de Houston Texas, en los Estados Unidos, cuyo propietario es un alto ejecutivo de una empresa petrolera para la que ella trabaja, que a su vez es contratista de Petróleos Mexicanos y que durante la actual administración ha recibido millonarias extensiones a los contratos que tiene firmados con la empresa petrolera del Estado mexicano. 

Durante todo ese tiempo, ni el Presidente ni su hijo han alcanzado a dar una explicación coherente y clara de por qué no existe conflicto de interés, ni posible tráfico de influencias, en las evidentes conexiones que existen entre la familia del hijo del Presidente con la empresa petrolera estadounidense; el uso de la casona —que no queda claro aún si fue a título oneroso o gratuito— y los negocios que en ese mismo periodo ha realizado con el gobierno mexicano. Aunque la presunción de inocencia continúa a favor de José Ramón López Beltrán, es claro que de todos modos ese enredo lo sitúa —por lo menos— en lo que dice la conseja popular de no hacer cosas buenas que parecen malas.

El Presidente, sin embargo, optó por una postura aparentemente ultra progresista. Se dijo ajeno al problema —aunque se percibe muy enojado— y prefirió cuestionar el origen de los recursos que según ha percibido el periodista que encabezó la difusión del reportaje que reveló las condiciones en las que vive su hijo en los Estados Unidos. Afirmamos que la postura presidencial fue aparentemente ultra progresista, porque el Primer Mandatario decidió no guardar las acartonadas formas del presidencialismo tradicional mexicano, y optó por increpar al periodista: primero lo insultó y descalificó —como hace cotidianamente con todo aquel que no coincide con sus ideas—, pero después fue más allá al afirmar que Loret es financiado por sus adversarios. 

El punto cúspide de este periplo ocurrió el pasado 11 de febrero cuando dijo que “alguien” había dejado “un papelito” en Palacio Nacional con los montos que según percibió Loret en 2021 de las empresas para las que trabaja. Quizá el Presidente quería demostrar que a él no lo asusta un periodista, y que tiene los elementos y las agallas suficientes para también cuestionarlo. Difundir sus ingresos, según la lógica presidencial, revelaría que él es parte de una oligarquía que está intentando hacer todo para desestabilizar el movimiento social que él encabeza. Algo así como que Loret es parte de la clase “fifí” que no quiere que el “pueblo” —ese amasijo amorfo que él encabeza, y que bien puede ser todo o nada— asuma el control de las riquezas y los bienes que debían beneficiar a todos los mexicanos y no sólo a una minoría. Hasta ahí, la lógica presidencial parecía perfecta. 

Lo habría sido si en México no hubiera tantos periodistas hostigados, amenazados y asesinados. Y como si México no fuera tierra fértil para los grupos criminales que no quieren a los periodistas y que, en general, no quieren a nadie… y que por eso extorsionan, lesionan, secuestran y matan impunemente a todo aquel que no coincide con sus intereses.

NO HAY ESTADO DE DERECHO

Fue Loret pero pudo haber sido cualquier otro, y el resultado habría sido el mismo. El Presidente exhibió sus supuestos ingresos —porque no tiene forma de asegurar que Loret gana lo que él dice que percibe— y con eso lo puso en la mira de todos aquellos que ven en México tierra fértil para la maña. Al afirmar que gana 35 millones de pesos al año lo convierte en automático en blanco fácil y certero para quienes roban, asaltan, extorsionan, secuestran y matan por dinero. Porque en México cualquier persona con ingresos superiores a la media, es un objetivo permanente de la delincuencia.

Ahí es donde la engañosa postura ultra progresista de AMLO chocó con la realidad. Quizá en cualquier país de primer mundo, donde todos absolutamente tienen garantizado el respeto a su integridad, dos entes representantes de poderes sí pueden increparse públicamente sin poner en riesgo su persona o a sus familias. 

Sí, aunque en un país de primer mundo, en donde cada quien entiende su papel y sus límites, aún frente a un posible ejercicio excedido del oficio periodístico, un Presidente no sería el primer promotor de descalificar a un ciudadano a partir de sus ingresos, y menos haber obtenido esos datos, y exhibirlos, utilizando —y abusando— el acceso a información confidencial —como los ingresos y datos fiscales de un ciudadano— que le permite su cargo. Eso, aquí y en todos lados, se llama abuso de poder.

Por eso la decisión de López Obrador de confrontar a la prensa a partir del origen de sus recursos, constituye una peligrosa estratagema que alimenta los peores vicios de nuestra sociedad. Y es que, si el estado de derecho se define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos; y que asimismo exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal, queda claro que en México eso no se cumple.

Por eso al increpar a un periodista, el Presidente lo pone en riesgo, pues lo coloca en una situación en la que el Ejecutivo federal no sólo deja de ser garante del ejercicio de la libertad de expresión, sino que es uno más del amplio grupo de personas a las que no le gusta que se piense y se publique libremente. Al atacarlos y luego exhibir sus ingresos, el Presidente pone al periodista —a cualquier persona, de hecho— en una doble posición de indefensión, pues por un lado repudia las libertades que le permiten ejercer su oficio, y lo pone como blanco de quienes son capaces de cometer cualquier delito —la delincuencia organizada— con tal de arrebatarle su patrimonio a una persona.

EPITAFIO 

Al final no es Loret. Es que AMLO parece que ya no entiende que, en muchos sentidos, México es tierra de nadie.

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¿Tiene AMLO la necesidad y el derecho de increpar e insultar a medios y periodistas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El Presidente de la República entró en un terreno resbaladizo cuando decidió increpar —e insultar— a medios y periodistas, frente a la revelación de investigaciones que dan pautas sobre posibles actos constitutivos de conflicto de interés, y potencialmente de corrupción, en que presuntamente incurrieron sus familiares directos. Lejos de ganar la discusión sustantiva con ese engañoso mecanismo de defensa, e incluso de evadirla, el presidente está irremediablemente destinado a tropezar con las piedras de la intolerancia que él mismo está sembrando.

En efecto, hay un cúmulo de preguntas que vale la pena intentar responder, comenzando por la relativa a por qué nadie le dice al Presidente que, de entrada, incurre en el más simple de los errores del pensamiento: la falacia ad hominem. Este argumento que, por su forma o contenido no está capacitado para sostener una tesis, que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de ésta. Para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona.

Así, como el primero de los elementos que vale la pena repensar, es necesario considerar si el derecho al cuestionamiento —valido, evidentemente— que tiene el Presidente de la República, en su calidad de ciudadano, en realidad intenta emparejar un debate que muchos consideran desigual; o si en realidad lo que intenta es tratar de enmascarar la discusión sustantiva relativa al patrimonio y posesiones de uno de sus hijos, a través del cuestionamiento a los medios y los periodistas que investigan y, con aciertos o errores, e incluso con sesgos e impulsos políticos, dieron a conocer la información que hoy incomoda al Presidente. 

En ese sentido, valdría la pena preguntarse de qué lado resulta desigual el debate entre un Presidente y un periodista. Al respecto, es claro que muchos de los que apoyan la postura del Ejecutivo federal de cuestionar a comunicadores como Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga, e incluso a Carmen Aristegui, sostienen que la razón presidencial es válida en la medida de que con ello intenta emparejar un debate que reiteradamente es desigual a favor de los comunicadores. ¿Por qué el Presidente se debe quedar callado, sostienen, frente a los ataques de Loret o López Dóriga? 

Dicen ellos que el Presidente también es ciudadano y que como tal, tiene derecho a devolver el cuestionamiento a quienes denodadamente ponen interrogantes a la gestión del Mandatario; máxime, cuando —dicen— esos periodistas han sido financiados por los actuales adversarios del Presidente. Frente a esos argumentos, ¿de verdad eso le da derecho al Presidente no sólo a cuestionar el trabajo periodístico, sino directamente a adjetivar en contra de algún comunicador y poner su integridad en riesgo al incitar a sus seguidores a repetir el insulto, e incluso la agresión abierta? 

Parece que las fronteras entre uno y otro caso son claras, con sólo mirar el mismo problema desde la perspectiva contraria. El Presidente es el representante político y constitucional de todos los habitantes de un país, pero un periodista tiene una audiencia que le puede ser fiel o no, pero que siempre es opcional. Mientras que a un comunicador se le puede anular cambiando la televisión de canal, yendo a otra página web, o sintonizando otra estación radiofónica, el Presidente cuenta con una representación política y tiene a su favor la más poderosa tribuna mediática del país, desde la cual en buena medida gobierna todas las mañanas. 

¿PILA, PIRA O QUÉ? 

Es evidente que el Presidente tendría todo el derecho, como ciudadano y como servidor público, de cuestionar las investigaciones de un periodista, e incluso refutarlas. Para eso han ido en progresión derechos como el de la libertad de expresión en su modalidad de derecho de réplica. Ni el comunicador ni el medio informativo tienen la verdad absoluta, y por eso es un derecho oponible el de contrastar información y el de exigir que un medio publique datos o acontecimientos omitidos accidental o deliberadamente respecto a la actuación de una institución o servidor público.

En esa lógica, queda claro que el problema actual del Presidente frente a los medios y periodistas críticos, no es que intente cuestionar su actuación e investigaciones, sino que lo hace desde la lógica equivocada. Pues si bien tiene todo el derecho a decir y demostrar que mienten, y exhibirlos, el Presidente decidió encararlos a partir del insulto y del dilema sobre la moralidad de sus trabajos periodísticos respecto a su movimiento político. Así, quien está a favor del movimiento lopezobradorista o de la 4T, actúa correctamente aunque mienta; pero quien está en contra del Presidente es moralmente cuestionable, aún cuando sus investigaciones y datos publicados sean verídicos. 

Ésta última afirmación no implica que el trabajo de Loret, de Aristegui o de quien sea, publicado hasta ahora sobre la actuación y posibles conflictos de interés en que incurren integrantes de la familia del Presidente, sea veraz y técnicamente pulcro. Eso en realidad parece que no importa. Si, en la lógica de AMLO, ellos están en contra del Presidente entonces merecen ser cuestionados, e incluso insultados sin medir no sólo las consecuencias contra ellos —que también son ciudadanos— sino contra el ejercicio de derechos determinantes para una democracia como el de la libertad de pensamiento y expresión. ¿Por qué? Porque la Constitución del país —y todas las demás normas que contienen derechos para las personas— prohíbe cualquier forma de condicionamiento —y más desde el sector público— a la libertad individual y colectiva de pensar y decir lo que les venga en gana, siempre que esto sea lícito.

Así, pareciera pues que la llamada conferencia mañanera del presidente es hoy una pira o una pila bautismal, según sea la conveniencia o el ánimo del Mandatario. Quien cuestiona el movimiento o los intereses del Ejecutivo federal, o quien simplemente dejó de coincidir con ellos a pie juntillas, es quemado en una hoguera irremediable de insultos, intolerancia y repudio. Pero quienes apoyan al movimiento, así lo hagan con zalamería, mentiras o ataques a los comunicadores críticos, son cálidamente redimidos, son bien vistos por el régimen, e incluso son premiados con cargos públicos. 

EPITAFIO 

Al final, el Presidente puede cuestionar las afirmaciones de otra persona —sea o no comunicador—, porque hacerlo forma parte de sus derechos como ciudadano, y todos tenemos los mismos derechos. Pero hacerlo desde su calidad de Presidente de México, con argumentos ad hominem y bajo un esquema de que lo que le conviene al régimen es correcto, y lo que no es condenable, revela la irracionalidad del sentido ético y político del mandatario, y las debilidades democráticas que ya se asoman en un poder que por definición no es eterno —acaba el 30 de septiembre de 2024— pero que ya pretende ser totalitario. 

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¿Dónde está la Sección 22?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Resulta pertinente la pregunta, porque desde el inicio de la pandemia —hace casi dos años— la Sección 22 del SNTE ha tenido una presencia prácticamente nula, tanto como grupo de lucha social que como gremio magisterial. Aunque el oficialismo intenta vender como logros suyos la aparente gobernabilidad y los ciclos escolares completos a pesar de la pandemia, lo cierto es que la dirigencia sindical del magisterio oaxaqueño tiene razones suficientes para estar desaparecida.

En efecto, en Oaxaca hoy existe gobernabilidad y trabajo del sector educativo en aparente calma. Desde hace más de dos años no han ocurrido movilizaciones masivas de los trabajadores de la educación y, a pesar de la pandemia, se dice que existe regularidad en el trabajo docente en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación básica y media básica, que se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad educativa estatal y de la Sección 22. 

Junto a ello, se presume que el buen manejo político y administrativo de la educación ha dado como resultado una relación de concordia entre el gobierno y el magisterio, y que por esto éste último no se ha movilizado ni ha suspendido labores a lo largo de los últimos ciclos escolares. 

¿Qué tan cierto es esto? Es evidente que la 22 no se ha movilizado en mucho tiempo; pero esta verdad no necesariamente está ligada con una gestión gubernamental eficaz, sino con el hecho de que el magisterio parece tener muy pocas ganas y motivos para continuar una jornada de movilizaciones. ¿La razón? Que, por un lado, tiene la gran mayoría de sus demandas laborales y políticas resueltas; y, por el otro, que tampoco tiene necesidad de hacer presencia política porque hoy son aliados de una administración federal cuyo partido —Morena— tiene eventualmente ganados todos los procesos electorales a los que acudirá este año y que —como el de Oaxaca— son de interés del sindicato magisterial.

Y es que en mayo de 2019, como si fuera el regalo del gobierno federal a la CNTE en el día del maestro de ese año, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, que resultaron formidables para los intereses del llamado “magisterio democrático”, pues en ellas se declaró la muerte de todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación, con lo cual se convalidó el triunfo del magisterio, que siempre ha pretendido mantenerse ajeno a cualquier tipo de disposición que modifique su situación laboral y sus mecanismos de ingreso, siempre que éstos no les den una carta abierta a ellos. Y eso fue justo lo que lograron con la reforma educativa —contrarreforma— aprobada por el Congreso federal en 2019.

Básicamente, la nueva legislación federal elimina todos los requisitos relacionados con la evaluación de la educación; garantiza la subsistencia de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, así como la contratación de todos los egresados de ellas, y únicamente norma los mecanismos de ingreso y ascenso al servicio docente, pero elimina todo lo relacionado con la evaluación de la educación en sentido sancionador. Es decir, asciende y mejora su situación laboral quien cumple con ciertos requisitos. Y quien no, simplemente se queda en el espacio educativo que ya tiene ganado. Algo inmejorable para sus intereses.

GRAN REGALO 

El Decreto que contiene la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019 contiene la claudicación del Estado mexicano en favor del magisterio. Dice el transitorio segundo: “A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

“Hasta en tanto el Congreso expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic) —Ley publicada en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año—, queda suspendida cualquier evaluación ypermanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros (sic), los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Luego, los transitorios tercero y cuarto no dejan duda sobre la rendición del Estado frente al magisterio: “Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio (…) A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

¿Qué significa? Que la 4T no dejó piedra sobre piedra respecto al antiguo sistema de evaluación, y les regaló un nuevo panorama en el que silenciosamente el sindicato magisterial ha ido retomando el control administrativo de la educación. Aunque formalmente nada dice sobre el reconocimiento de la presencia sindical en la gestión de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la educación, es evidente que volvió a poner al SNTE —y a la CNTE— en el pináculo de la política educativa nacional.

Luego, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —sí, así se llama—, garantiza el reabastecimiento constante de nuevos integrantes del sindicato magisterial, al formalizar la contratación de los egresados de las normales. El artículo 35 así lo constata: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a (sic) las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la SEP, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas (…) de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley…”

¿Qué significa? Que al menos la CNTE y la Sección 22 no tienen ya razones para mantenerse en la lucha. Fueron satisfechas todas sus demandas sustantivas. Todas. Y si eso no fuera poco, además tienen más de 40 diputados federales provenientes de todo el país. Y la pandemia les permite justificar el hecho de que ya ni siquiera se celebren asambleas seccionales. Así, tanto silencio no es producto de una buena gestión gubernamental estatal, sino resultado de la capitulación del Estado frente a sus demandas. 

EPITAFIO 

En ese contexto de derrota aplastante, ¿alguien sabe qué pasó con el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? Porque la reforma educativa de AMLO tampoco es lo que exigía el magisterio oaxaqueño. Lo raro es que ahora ya no dicen ni pio… 

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