AL MARGEN || Caso Yasmín Esquivel: el choque de la impostura contra un Poder especializado

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sobre el caso de plagio que la UNAM confirmó recientemente que cometió la ministra Yasmín Esquivel Mossa con su tesis de licenciatura, vale la pena poner algunos puntos de referencia esenciales. Primero, que este caso esencialmente representa un golpe moral y ético para la Ministra Esquivel. Segundo, que difícilmente podrá continuar ejerciendo legítimamente su alto cargo en el Poder Judicial Federal, dado que ésta es una instancia especializada que no depende de la popularidad entre la ciudadanía. Y tercero, que —a contrapelo de la tendencia actual— este debe ser un punto de referencia urgente para que, de una vez, el Estado Mexicano —los tres poderes, y los tres ámbitos de gobierno— reconozca la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura, y dar pasos sostenidos hacia una especialización legítima de quienes materializan sus funciones.

En efecto, vale la pena analizar punto por punto. En el primero de ellos, ayer 11 de enero la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM dictaminó que en el caso de señalamiento por plagio de las tesis de 1986 y 1987 que implican a la ministra Esquivel Mossa, se trata de una copia sustancial por parte de ella. De acuerdo con una nota de El Universal, la institución estableció que para su análisis valoró los elementos de importancia para una tesis, tales como: construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, por lo que la que presentó la ministra Yasmin Esquivel es una copia sustancial de la de Édgar Baez de 1986.

El problema es que, a pesar de haber corroborado el plagio cometido por la Ministra, a través de un comunicado la UNAM —firmado por el propio rector Enrique Graue— reconoció que “la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado” y por esa razón anunciaron que dicho caso sería turnado a la Secretaría de Educación Pública para que ésta tome las medidas que correspondan, pero incluso sin clarificar si la propia SEP tiene o no atribuciones frente a una situación como esa.

Por eso este primer punto es fundamental: no queda claro si hoy existe o no una norma y una institución que esté facultada para regular, conocer y sancionar una conducta como esa. Pero lo que sí queda claro es que independientemente de las consecuencias jurídicas y coercitivas que tenga este caso, lo que sí pesará indefinidamente sobre la ministra —y sobre la persona— Yasmin Esquivel Mossa es la censura social y ética por haber cometido una conducta que profesional y éticamente resulta inaceptable, independientemente de que hoy perviva la duda sobre los efectos jurídicos de ésta. 

CONSOLIDAR LA ESPECIALIZACIÓN 

Ello incide directamente sobre el segundo de los puntos inicialmente planteados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el más alto órgano de impartición de justicia en el país, y es por ende cabeza jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Este conjunto de órganos jurisdiccionales —y excepcionalmente administrativos, como el caso del Consejo de la Judicatura Federal— es muchísimo más amplio que sólo reducir el PJF a la Corte. Existen 32 circuitos judiciales, conformado cada uno a su vez por un conjunto creciente de Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios o de Apelación, y Tribunales Colegiados de Circuito. A diferencia de los otros poderes —Legislativo y Ejecutivo— el Judicial es un poder eminentemente especializado, que no depende de la popularidad ciudadana sino de su legitimidad y de su fuerza coercitiva como ente impartidor de justicia.

Así, si pensamos en ese inmenso conjunto de juzgadores federales y comenzamos a buscar los antecedentes profesionales y académicos de casi cada uno de ellos, en la gran mayoría encontraremos que son personas con un alto grado de especialización. Hoy en día no es exagerado suponer que, en general, el personal jurisdiccional federal cuenta con estudios superiores y de posgrado —especialidades, maestría y doctorado— por ser este Poder de naturaleza especializada.

En el PJF no importa la popularidad. Ni los ministros, ni los magistrados, jueces y demás personal judicial fueron designados por ser aceptados socialmente sino por sus capacidades y destrezas como profesionales del derecho. Todos —o la gran mayoría— están ahí por razones democráticas pero que no tienen que ver con el voto popular. Frente a todos ellos, ¿con qué legitimidad se presentará ante todo el Poder Judicial Federal, una ministra a la que la propia Universidad que le concedió el título de Licenciada en Derecho, aceptó públicamente que ella engañó a su sínodo recepcional con una tesis plagiada? 

Por eso, será muy difícil que Yasmín Esquivel pueda seguir ejerciendo con legitimidad su cargo como integrante del más importante tribunal de justicia en el país. 

Y a su vez, esto nos lleva al tercer e irremediable punto: no sólo en alguno de los poderes, sino en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, se debe ver con mayor responsabilidad la legitimidad profesional y la especialización en las funciones que se ejercen. Es muy lamentable que la dinámica actual de la administración pública federal privilegie la lealtad sobre la preparación profesional, porque una y otra deberían buscarse y preferirse a la par, sin privilegiar o menospreciar a una o a la otra. 

¿Cómo se puede hablar de un desempeño más eficaz de la función pública, o de mejores servicios públicos, cuando la propia ley no exige rangos de preparación académica mínimos demostrables para el desempeño de innumerables cargos? Incluso la Administración Pública Federal prefiere las razones de orden político para el nombramiento de la mayoría de sus integrantes que su preparación, y eso ni se diga a qué nivel se replica en las administraciones estatales o municipales; y qué decir de Poderes Legislativos como el oaxaqueño, que pervive en medio de la total oscuridad y la informalidad casi absoluta respecto a qué personas son las encargadas de desempeñar las delicadas funciones técnico-legislativas que ahí se realizan. 

Por eso la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura. Se entiende que hoy la tendencia política del régimen gobernante es exactamente la contraria. Pero lo correcto sería rechazar, censurar y castigar las imposturas entendidas como los engaños con apariencia de verdad, y la informalidad entendida conceptualmente como el hecho de ejercer una función desdeñando el imperativo de cumplir con las reglas y compromisos que ésta conlleva.

EPITAFIO 

Mientras esto no ocurra, seguiremos teniendo malos gobernantes, malas administraciones gubernamentales; malos juzgadores y, en general, un incorrecto desempeño de las funciones del Estado. Nada más. Y nada menos. 

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AL MARGEN EXPRESS || Ovidio Guzmán y la crisis del Estado de Derecho en México

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

La violenta aprehensión del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, ocurrida este cinco de enero de 2023, revela varias de las grietas más profundas del Estado de Derecho en México, a saber: 

  1. EL LLAMADO “CULIACANAZO” Y SU ANTERIOR LIBERACIÓN.

Aquel jueves 17 de octubre de 2019, se registró lo que hoy se conoce como el “culiacanazo”. Ese día fue aprehendido por primera ocasión Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín Guzmán Loera. En medio de un caos —informativo, político y de violencia— se ordenó su liberación. En los días y semanas siguientes, el Presidente y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron al menos tres versiones sobre tal decisión. De acuerdo con el diario El Universal, la primera versión fue ofrecida el mismo día, cuando Durazo dijo a Reuters que los elementos desplegados “tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal”.

La segunda fue al día siguiente, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador precisamente desde Oaxaca: “La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”.

Y luego, ya cuando fue llamado a cuentas por el Senado, Alfonso Durazo dio una tercera versión declarando bajo protesta de decir verdad frente a los legisladores: “Nadie (en el gobierno federal) decidió liberar Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento en que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán (Sinaloa) y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable. Y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal, que como se ha visto en diversos videos que no hemos tenido jamás la intención de ocultar y que con toda transparencia se hicieron de conocimiento público. Así es que los integrantes del gabinete de seguridad, mi almirante Ojeda; el general Sandoval; y un servidor tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.

Ya después, al margen de las primeras tres versiones, el Presidente aceptó que él había dado la orden de liberarlo.

La impunidad, pues, aceptada y convalidada desde Palacio Nacional. 

  • LA NEGACIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. 

No es un asunto menor que tanto el Presidente como sus subordinados justificaran ese profundo quebranto al Estado de Derecho bajo el argumento de que no existían órdenes de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Intentando justificar su incapacidad y su responsabilidad, intentaron engañar con ese argumento: si bien las órdenes de aprehensión las libra un juez —un juez federal cuando se trata de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada—, se supone que quien debe ejecutarlas es el personal ministerial. El problema es que tanto en 2019 como ahora, quien ejecutó materialmente las detenciones fue personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Éstos, a diferencia del juez y el personal ministerial, sí son subordinados del Titular del Ejecutivo. Así, decir que no había órdenes de aprehensión es tanto como involucrarse en una cadena de mentiras que no hacen sino revelar la veracidad de la versión relativa a que sin causa ni motivo legal decidieron primero liberarlo y ahora aprehenderlo.

  • LA CADENA DE DISTURBIOS. 

Quizá una de las muestras más graves de la crítica situación que se vive en el país, está en los abiertos disturbios que han ocurrido en el marco de la reaprehensión de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque se supone que en un Estado Constitucional de Derecho no hay más ley ni más violencia que la que se ejerce de forma legítima en nombre y por conveniencia del Estado mexicano. En la situación actual ese argumento ya suena a una tomadura de pelo. No es para menos, según información preliminar, luego de la aprehensión el grupo delictivo realizó 19 bloqueos, entre ellos en el aeropuerto y la zona militar No 10 en Culiacán, Sinaloa, y paralizaron prácticamente todas las actividades en varias ciudades del estado de Sinaloa, como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, entre otras. Todo, evidentemente, sin que hubiera una respuesta concreta de la autoridad. Así, ¿cómo hablar de algún tipo de Estado de Derecho?

  • LA INCAPACIDAD GUBERNAMENTAL FRENTE A PODERES CRIMINALES MAYORES.

Según el portal Infobae, uno de los episodios militares más negros en la historia contemporánea de México ocurrió el viernes 1 de mayo del 2015, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes, acabando con la vida de ocho militares y un policía federal. Esto ocurrió cuando los elementos federales perseguían al líder de ese grupo criminal llamado Nemesio Oseguera González, el temido “Mencho”.

Desde aquella ocasión, que ocurrió a la mitad de la administración del presidente Peña Nieto, no se tienen noticias de que fuerzas federales hayan intentado aprehender a ese criminal. ¿Es temor, incapacidad o contubernio? Sea lo que sea, todo ello impacta en la realidad de que hay fuerzas superiores a las del Estado en México. 

  • LA RELACIÓN —TAMBIÉN NEGADA— CON ESTADOS UNIDOS.

Siempre que hay un encuentro importante en la relación México-Estados Unidos ocurre una detención importante. La más reciente, fue la de la reaprehensión del también narco Rafael Caro Quintero, quien fue aprehendido en julio del año pasado también en el marco de un encuentro entre los mandatarios mexicano y estadounidenses. El falso dilema de la soberanía nacional se cae a pedazos cada que los vecinos se encuentran y entonces cae un importante capo de la droga. Desde siempre los servicios de información e inteligencia norteamericanos han operado en México, y hoy quién sabe qué sea peor: negar la relación hasta que la realidad desmiente; o aceptarla pero en un marco de subordinación como también ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia reciente. Sea como sea, lo cierto es que en aras de mantener un falso y viejo dilema de soberanía, se sacrifica la seguridad y el cumplimiento eficaz de la ley en el lado mexicano de la frontera.

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AL MARGEN EXPRESS || Acerca Salomón Jara la posibilidad de un ejercicio real de la Revocación de Mandato

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Este 14 de diciembre el Gobernador Salomón Jara Cruz envió al Congreso del Estado una iniciativa en materia de revocación de mandato. Siguiendo una evidente lógica cuatroteísta, el Mandatario propuso al Poder Legislativo hacer más asequible a la ciudadanía a ejercer su derecho a revocar el mandato del Titular del Ejecutivo. Este mecanismo de democracia directa ya estaba comprendido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, pero en parámetros que, como el propio Ejecutivo lo reconoce, eran inalcanzables para la ciudadanía. Y eso es lo trascendente de esta iniciativa. 

En efecto, es claro que las implicaciones democráticas y políticas de esta iniciativa serán trascendentales no sólo para el Gobernador Jara —que al tercer año de su gestión seguramente alentará a la ciudadanía para que solicite al órgano electoral una consulta sobre si se le revoca el mandato a él como Mandatario— sino para los gobernantes siguientes. 

Acercar este mecanismo de democracia directa a la ciudadanía, mal utilizado puede ser un instrumento de populismo. Pero si la ciudadanía oaxaqueña se empodera —como debería ocurrir—, entonces esta será una herramienta democrática fundamental para exigirle a los gobernantes un mejor y más eficiente ejercicio de gobierno, so pena de revocarle el mandato si no cumple con los imperativos de la ciudadanía.

Vale la pena observar cómo define, y qué requisitos establece la Ley de Participación Ciudadana vigente para la revocación de mandato, y cuáles propone el Gobernador Jara. En su artículo 28, la norma vigente establece que “la revocación de mandato es el mecanismo de consulta a la ciudadanía del Estado, a fin de que este se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la destitución del cargo público del Gobernador del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo.”

Luego, en el artículo 29 señala los requisitos: “Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:

“I. Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; II. Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado;

“III. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Estatal; IV. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad; y

“V. Se presente la solicitud en la forma y términos que marque esta Ley ante el Instituto.”

LA INICIATIVA 

Ahora bien, en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Jara se reconoce que, además de ser materialmente inalcanzables, los parámetros actuales de la revocación de mandato en Oaxaca desalientan la participación ciudadana. 

Y por esa razón —entre otras modificaciones, entre las cuales se encuentra la emisión de una Ley de Revocación de Mandato, y la derogación de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana—, propone una reforma a la fracción III del Apartado C del artículo 25 de la Constitución local para establecer lo siguiente: “…El proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a) Será convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos trece distritos electorales locales y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada uno de ellos.”

Luego, la iniciativa señala que la propia ciudadanía puede recabar las firmas para solicitar la revocación; que ésta se realizará 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, siempre que no coincida con la realización de comicios municipales o estatales; y que para ser válida se requiere la participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, procediendo sólo con mayoría absoluta.

Vale la pena recalcar la importancia y la trascendencia política de esta reforma: en el ámbito del deber ser, y en las circunstancias actuales —y si no ocurren acontecimientos extraordinarios durante la gestión del gobernador Jara—, es muy probable que este mecanismo sea poco riesgoso para el actual gobierno, porque durante un buen tramo del periodo seguirá gozando del voto de confianza que en general la ciudadanía le da a Morena —y más en Oaxaca a AMLO. Pero sin duda será un elemento de presión para los siguientes gobernantes oaxaqueños, a los que ya no les tocará la coyuntura de gobernar en el contexto del lopezobradorismo, y que se enfrentarán a una ciudadanía que, irremediablemente, seguirá en la senda de robustecer su participación en la vida democrática.

Hasta hoy, ningún Gobernador ha tenido el incentivo de estar presionado a hacer una gestión gubernamental correcta, porque no hay mecanismos para retirarlos del poder; y porque los que existen —como la revocación de mandato actual— son francamente imposibles de ejercer por los altísimos parámetros que establecen para su procedencia.

Ojalá que este no termine siendo un elemento más de propagandismo o de populismo, y que la administración del gobernador Jara tenga la determinación de dejar sembrado el mecanismo como una herramienta a favor de la ciudadanía para las futuras generaciones y los siguientes gobernantes —sean o no emanados de Morena—. 

Veremos. 

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Reforma electoral: “Vamos a darle tormento a la Constitución”

Adrián Ortiz Romero Cuevas

En la vieja tradición priista, uno de sus personajes más entrañables era el cacique potosino Gonzalo N. Santos, también conocido como “El Alazán Tostado”. Político fundador del Partido Nacional Revolucionario y excombatiente en la Revolución, acuñó varias frases que reflejan lo mejor de lo peor de las tradiciones priistas. Una de ellas, decía, era “darle tormento a la Constitución” cuando ésta no se adecuaba a sus caprichos o necesidades… y entonces en lugar de ajustarse a la ley, la reformaban. Es el caso de las dos propuestas de reforma electoral, enviadas por el Ejecutivo federal, y discutidas anoche en la cámara baja del Congreso de la Unión.

En efecto, la tarde de ayer fue subida al Pleno de San Lázaro la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha reforma consistía en la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyéndolo por una figura nueva; la disminución drástica de las prerrogativas para los partidos políticos, así como la desaparición de los organismos públicos electorales locales, entre varios otros temas. Para aprobar la iniciativa presidencial era necesario el voto aprobatorio de dos terceras partes de las dos cámaras —siendo la de Diputados, la de origen— así como la aprobación de la mitad más una de las Legislaturas locales. Como en la cámara de origen la propuesta fue desechada, toda la demás discusión legislativa quedó anulada.

Lo que les quedó fue el Plan B. Esta vía alterna consiste en una violación franca a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque lo que el presidente López Obrador no logró reformar en la Carta Magna, ahora intentará hacerlo en la legislación ordinaria que, si bien es cierto que sería contraria a la Constitución, sí buscaría entrar en vigor y cambiar el estado de cosas en materia electoral en tanto la Suprema Corte resuelve los recursos que eventualmente se presentarían en contra de dicha legislación, hasta declarar su inconstitucionalidad. Así, AMLO pretende cambiar, a fuerzas, el estatus de los principios, las instituciones y las normas electorales para cumplir su objetivo de modificar el panorama para adecuarlo a su visión, intereses y circunstancias políticas, así sea de manera transitoria.

TORMENTO A LA CONSTITUCIÓN 

¿Por qué entonces aseverar que con esta reforma le va a dar “tormento a la Constitución”? Porque pretenden avalar una inconstitucionalidad franca a través de una chicanada legislativa. Modificar la ley secundaria haría entrar al país en una nueva espiral de contradicciones y acusaciones que esencialmente volvería a alimentar a las jaurías de la polarización: quienes están a favor a pie juntillas con el Presidente avalarían la reforma a pesar de que ésta es contraria a la Constitución, bajo el argumento de que la mayoría tiene la razón; los opositores, en cambio, defenderían la legalidad a pesar de que ésta parece ser irrelevante para el sector que dice que como el Presidente tuvo 30 millones de votos entonces tiene la autorización para decidir sobre cualquier cuestión nacional como si fuera un dictador —entiéndase, como alguien que gobierna sin sujeción a la ley. 

Al final, es lamentable el desprecio a la ley. Apuestan a una modificación corrosiva que socave irremediablemente el entramado institucional electoral, para luego impulsar nuevas reformas que medianamente le devuelvan la legalidad al país. Pretenden, además, adecuar la ley a su conveniencia, como si la legislación fuera un traje a la medida y no el punto de referencia de cualquier forma de comportamiento social, como lo dicen los más básicos estándares del contrato social de cualquier nación. 

Los pasos hacia atrás son evidentes y por esa razón es importante que en los equilibrios legislativos se urja a la Suprema Corte a suspender cualquier forma de entrada en vigor de estas potenciales reformas, y a priorizar la discusión relativa a su constitucionalidad. Utilizar estos vacíos y vericuetos legaloides como una forma de burlar y bordear la Ley por parte de la bancada legislativa de MORENA, es tanto como intentar una nueva y más sofisticada modalidad de la ya conocida figura del Fraude a la Constitución, que resulta a todas luces inaceptable. 

EPITAFIO 

Es increíble el nivel de crecimiento de la burocracia estatal en los últimos seis años. Parece ser que hay más de fondo respecto a lo que hasta ahora son suposiciones sobre quién vendió, o al menos otorgó, un número exponencial de plazas durante el gobierno de Alejandro Murat. Por ejemplo: ¿cómo podrán explicar que en el último bimestre del año la nómina de la base trabajadora estatal creció en más de mil plazas? Abundaremos.

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AL MARGEN || El reto de Jara: armonizar pluriculturalidad con el desarrollo

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Luego de varios meses de relativa prudencia/silencio, ayer Salomón Jara rindió protesta ante el pleno de la LXV Legislatura y luego realizó un evento político en el Auditorio Guelaguetza, de la capital oaxaqueña. Ahí, finalmente, estableció la que dijo que será la hoja de ruta de su administración, estableciendo algunos puntos que vale la pena ser retomados y contrastados durante los primeros meses de su gobierno. De entre todos, sobresale la convicción por privilegiar leyes, acciones y políticas que reconozcan y estimulen la composición pluricultural de la sociedad oaxaqueña, así como acciones tendientes a depurar la administración pública para lograr un verdadero desarrollo para las ocho regiones oaxaqueñas. El reto parece mayúsculo. ¿Por qué? 

En efecto, durante su alocución frente a un Auditorio Guelaguetza prácticamente lleno, el gobernador Jara estableció algunos puntos que, dijo, serán prioritarios para su gobierno y que a todas luces se ubican más en el ámbito de los anhelos y de la delineación de su plan de desarrollo, que de acciones y programas de gobierno en concreto. Retomamos algunos puntos establecidos por el nuevo Mandatario: 

“Nuestro objetivo es transitar de un modelo de estado de derecho monocultural, de perfil occidental y neoliberal, a un nuevo modelo de estado intercultural de derechos. Vamos a sentar las bases para que nuestros pueblos preserven su identidad y, al mismo tiempo, se integren en condiciones de igualdad y con autonomía para lograr la prosperidad y el bienestar que merecen.

“Otra de nuestras guías será la perspectiva de género. En Oaxaca, lamentablemente dos de cada tres mujeres viven en situación de pobreza; condición que, al combinarse con factores como la etnia, escolaridad, edad y violencia, profundizan la brecha histórica de desigualdad. Por esa razón, la transformación de Oaxaca no será real si no se logra la igualdad sustantiva que les permita a las mujeres tener autonomía, mejores oportunidades y una vida libre de violencia (…) mi gobierno no tolerará la violencia feminicida ni permitirá que persista la impunidad”.

Luego, el gobernador Jara estableció una serie de parámetros en materia de corrupción, los cuales se asemejan claramente —igual, en el tono de anhelos— a los principios de la llamada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador: ninguna tolerancia a la corrupción, a la impunidad o a los excesos de los funcionarios, así como fiscalización puntual a los recursos gubernamentales. No estableció cuáles serán los mecanismos o las acciones por implementar, pero prometió “un gobierno popular, humilde, austero, honesto, cercano a la gente y capaz de atender las necesidades de los grupos más desfavorecidos”, sin lujos ni privilegios.

ARMONIZAR EL DESARROLLO 

Sobre los retos relacionados con el desarrollo económico de las regiones, el Gobernador Jara estableció parámetros que, de cumplirse, serán de amplio beneficio para la población desde una perspectiva distinta a la “monocultural” que hasta ahora se había conseguido. Vale la pena recuperar los puntos relativos a ese tema, establecidos en el discurso inicial de la gestión del gobernador Jara Cruz:

“Llegó la hora de implementar un modelo de desarrollo incluyente que, en cada una las distintas regiones, tome en cuenta las necesidades de todos los pueblos y comunidades, y les permita salir de su histórica situación de abandono”.

“Nuestra cultura y la riqueza de nuestros pueblos será la base de un nuevo futuro de bienestar, justicia y desarrollo incluyente.”

“La política de desarrollo económico integral y sustentable en las ocho regiones, la cual buscará promover las vocaciones productivas de cada una de ellas, fortalecer la producción local y colocar los productos oaxaqueños en el mercado nacional e internacional, para convertirnos en el motor económico del sur de México.

“Nuestro gobierno está decidido a convertir a Oaxaca en referente del desarrollo económico nacional. Bajo este eje estratégico están agrupadas las siguientes políticas de desarrollo económico:

“La política para la reactivación y el desarrollo turístico.

“La protección del medio ambiente. las acciones para sanear nuestros ríos, garantizar el abastecimiento y promover la gestión integral de los recursos acuíferos.

“Los proyectos estratégicos del corredor transístmico.

“Las políticas de desarrollo agropecuario”.

Estas —dijo el gobernador Jara Cruz— serán las bases sobre las que se sostendrá el gobierno de la transformación en Oaxaca.

Independientemente del contraste entre anhelos y realidades, vale la pena subrayar y reconocer que, en el esbozo de la visión y acciones de gobierno del gobernador Jara, no están presentes elementos que podrían ser tentadores —por demagógicos— aunque riesgosos —por radicales— para la estabilidad social de una entidad como la nuestra; y que más bien, se plantea una visión ecuánime de la realidad oaxaqueña. ¿De qué hablamos? De que el gobernador Jara no cayó en garlitos, como por ejemplo el de la visión chovinista que sugiere que todo lo malo viene de afuera; o del proteccionismo y la cerrazón frente a los elementos básicos de la economía de mercado, como mecanismos de preservación de lo propio.

Es justo ahí donde se encontrará el mayor reto de esta administración: armonizar las condiciones de mercado y —como el mismo Gobernador la denominó— la visión occidental del desarrollo, con el respeto a la diversidad y a la preservación cultural de las comunidades indígenas en las ocho regiones. 

No es una tarea imposible, pero al menos es una visión que en Oaxaca no había sido delineada —ni en el anhelo— por gobierno alguno, pues más bien todos plantearon encaminar sus acciones hacia procesos que despojaban y aculturizaban a las comunidades y regiones para ser atractivas a los modelos puramente occidentales. 

El reto es mayúsculo y, ojalá, nada de esto se quede únicamente en la promesa o en el discurso. Tendrá que echar mano de todas las herramientas de diálogo y gobernabilidad para lograrlo, porque no sólo se tratará de moderar los efectos y los alcances de la economía pura de mercado, sino también de convencer a las comunidades que son posibles formas alternativas de desarrollo. Proyectos como la conclusión de las autopistas, el tren interoceánico o los parques eólicos, hoy tienen su mayor obstáculo en los recelos mutuos. Generará un antes y un después para Oaxaca, si el gobierno de Salomón Jara logra cambiar esas condiciones.

EPITAFIO 

Dicen que, al final, sí hubo “piñatazo” notarial de final de sexenio. En los nombres y los antecedentes de los supuestos beneficiarios hay muchísimo de las calamidades e intereses que el nuevo gobierno prometió combatir frontalmente. Esa será la primera prueba para ver si la administración entrante tiene convicción de no permitir más excesos, compadrazgos y tráfico de influencias, o si el discurso cuatroteísta es pura demagogia.

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AL MARGEN || ¿Qué retos enfrentará Salomón Jara como Gobernador?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Con la toma de protesta del morenista Salomón Jara como Gobernador, hoy inicia una nueva etapa en la vida política de Oaxaca. Sus retos como mandatario serán relevantes en la medida en que esté decidido a modificar la línea de cacicazgos y las inercias de los tradicionales grupos de poder locales. No sólo se trata de la gobernabilidad, de la obra pública o de los problemas sociales, sino también de establecer nuevos parámetros de convivencia entre los grupos políticos y de presión que históricamente han confluido en la entidad.

En efecto, por un lado se encuentra la agenda política tradicional, y por el otro la perspectiva de fundar una nueva clase política. En la primera de las agendas, la Secretaría de Gobierno deberá recuperar el papel fundamental que perdió hace una década en la atención real de la política interna, y su nuevo Titular deberá demostrar que está a la altura de los retos que enfrentará: la conducción de la relación política con el magisterio de la Sección 22 del SNTE, y de las principales organizaciones sociales, así como lo relativo a la no menos conflictiva vida intermunicipal en la entidad. En cada uno de los casos, los desafíos son extraordinarios y todo el gobierno tendrá que contar con una agenda de riesgos actualizada y ajena a la complacencia o el autoengaño. ¿De qué hablamos? 

De que, si bien es cierto que el magisterio oaxaqueño pasa por uno de sus mejores momentos en la relación con el gobierno federal, también lo es que en la entidad ellos no abandonarán su doble posición de grupo sindical y de organización de lucha social. Así lo dejó claro ayer la dirigente magisterial Yenny Araceli Pérez Martínez, quien aseguró en conferencia de prensa que la 22 “no es moneda de cambio” y que marcharán desde el día 1 de la administración jarista, para remarcar que reanudarán la lucha social y el apoyo a causas populares.

En esencia, el magisterio tratará de recuperar su presencia en la palestra estatal no sólo para exigir interlocución con el gobierno, sino también para legitimar ante sus bases a la nueva dirigencia, aun cuando tienen cumplidas por el gobierno federal prácticamente todas sus demandas económicas, salariales y políticas. 

Ahora bien, el gobierno de Salomón Jara enfrentará grandes desafíos en su relación con las organizaciones sociales. Este —y así lo asumen sus propios integrantes— es un régimen emanado de la lucha social. Por ello, desde el inicio la administración jarista tendrá que definir: a) qué tipo de relación entablará con las organizaciones sociales; b) cómo gestionará las demandas y “techos presupuestales” que eternamente han demandado los grupos de lucha social —de los cuales varios de los ahora funcionarios han sido ampliamente beneficiados y; c) qué tanta tolerancia habrá para que los mismos que ahora fungirán como servidores públicos sigan encabezando organizaciones de esta naturaleza. El gobierno de Gabino Cué dejó amplias —y amargas— experiencias al respecto. Y por eso será una cuestión de primer orden definir qué tipo de relación tendrá el nuevo gobierno con las organizaciones sociales. 

¿UNA NUEVA CLASE POLÍTICA?

Parece —porque sólo los hechos lo constatarán— que Salomón Jara tiene la posibilidad de debutar a una nueva clase política. Para ello tendrá que impulsar liderazgos propios pero, además, tendrá que definir qué relación tendrá: a) con los anteriores grupos que gobernaron la entidad desde algunas de las fuerzas políticas que hoy están integradas en Morena; b) qué relación tendrá con la menguada oposición priista; c) qué tanta disposición tendrá para reciclar personajes y grupos a los que la ciudadanía ya reprobó en las urnas y; d) qué tanta capacidad tendrá para articular un grupo político que perdure más allá del final de su administración.

Se puede suponer que es muy temprano para pensar en ello. Sin embargo, el solo reto de dejar atrás las influencias muratistas, ulisistas y gabinistas, se antoja algo por demás relevante para la garantizar estabilidad y supervivencia del grupo jarista no frente a los grupos de poder, sino de cara a la ciudadanía. ¿Por ejemplo, qué tanta influencia tendrá Gabino Cué, a través de Jorge Castillo, en la integración del gabinete en la nueva administración? Ese mismo ejemplo se podría repetir con los demás exgobernadores y sus operadores políticos o financieros, que en el pasado dejaron pésimos antecedentes entre los oaxaqueños.

Al final, Salomón Jara como Gobernador tiene la posibilidad envidiable de tratar de impulsar a toda una nueva clase política. Contará con el apoyo del gobierno federal para culminar obras largamente esperadas por los oaxaqueños, y gozará de las garantías de estabilidad generadas también desde la federación con grupos de presión más determinantes para la entidad. Eso le quitará mucho desgaste y distracciones. Dentro de muy poco, sin embargo, su propio equipo político y de gobierno será puesto a prueba por la propia realidad. Ahí se demostrará si esas mujeres y hombres integrados al gobierno tuvieron la altura de miras suficiente como para ser parte de nuevas estructuras de poder, o si terminaron rebasados por los grupos ya existentes.

Junto a ello, hay muchos otros retos: durante los meses previos a la transmisión de poderes, el gobierno electo no dio mayor pauta de cuáles serán sus ejes o políticas más importantes, ni cuáles serán sus prioridades frente a las calamidades sociales ya conocidas que enfrenta Oaxaca. La oportunidad es proporcional a los retos, y para ello tendrá también que ir dando la pauta de qué tipo de relación entablará con los principales factores de poder en la entidad, incluida la menguada oposición priista.

Así, hoy inicia una nueva era, con una agenda atiborrada de asuntos urgentes y, por qué no decirlo, interrogantes aún sin respuesta. Oaxaca no merece ser presa de un nuevo desengaño. No tienen espacio para ello. 

EPITAFIO 

Triste situación la del sórdido priismo oaxaqueño: contrariados por sus propios atavismos y prácticas cupulares, hoy se duelen de las traiciones y del repudio de gente sin capital, pero que goza de una de sus escasas posiciones políticas. ¿De qué se sorprenden? Si se sirvieron, hasta la ignominia, de una militancia fiel y decidida que vio, una y otra vez, cómo eran preferidos los hijos de los dirigentes frente a cualquier tipo de liderazgo emergente. El mejor ejemplo —aunque no el único— son el gobernador que ayer terminó y buena parte de su gabinete, cuya conformación —igual que el caso de la diputación de la hija de Eviel Pérez— estuvo determinada por una inicua creencia de que existía algo así como un “derecho de sangre” entre priistas. Ahí están las consecuencias.

@ortizromeroc

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