AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento. 

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué? 

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS 

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista. 

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO 

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin… 

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¿Dónde está la Sección 22?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Resulta pertinente la pregunta, porque desde el inicio de la pandemia —hace casi dos años— la Sección 22 del SNTE ha tenido una presencia prácticamente nula, tanto como grupo de lucha social que como gremio magisterial. Aunque el oficialismo intenta vender como logros suyos la aparente gobernabilidad y los ciclos escolares completos a pesar de la pandemia, lo cierto es que la dirigencia sindical del magisterio oaxaqueño tiene razones suficientes para estar desaparecida.

En efecto, en Oaxaca hoy existe gobernabilidad y trabajo del sector educativo en aparente calma. Desde hace más de dos años no han ocurrido movilizaciones masivas de los trabajadores de la educación y, a pesar de la pandemia, se dice que existe regularidad en el trabajo docente en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación básica y media básica, que se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad educativa estatal y de la Sección 22. 

Junto a ello, se presume que el buen manejo político y administrativo de la educación ha dado como resultado una relación de concordia entre el gobierno y el magisterio, y que por esto éste último no se ha movilizado ni ha suspendido labores a lo largo de los últimos ciclos escolares. 

¿Qué tan cierto es esto? Es evidente que la 22 no se ha movilizado en mucho tiempo; pero esta verdad no necesariamente está ligada con una gestión gubernamental eficaz, sino con el hecho de que el magisterio parece tener muy pocas ganas y motivos para continuar una jornada de movilizaciones. ¿La razón? Que, por un lado, tiene la gran mayoría de sus demandas laborales y políticas resueltas; y, por el otro, que tampoco tiene necesidad de hacer presencia política porque hoy son aliados de una administración federal cuyo partido —Morena— tiene eventualmente ganados todos los procesos electorales a los que acudirá este año y que —como el de Oaxaca— son de interés del sindicato magisterial.

Y es que en mayo de 2019, como si fuera el regalo del gobierno federal a la CNTE en el día del maestro de ese año, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, que resultaron formidables para los intereses del llamado “magisterio democrático”, pues en ellas se declaró la muerte de todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación, con lo cual se convalidó el triunfo del magisterio, que siempre ha pretendido mantenerse ajeno a cualquier tipo de disposición que modifique su situación laboral y sus mecanismos de ingreso, siempre que éstos no les den una carta abierta a ellos. Y eso fue justo lo que lograron con la reforma educativa —contrarreforma— aprobada por el Congreso federal en 2019.

Básicamente, la nueva legislación federal elimina todos los requisitos relacionados con la evaluación de la educación; garantiza la subsistencia de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, así como la contratación de todos los egresados de ellas, y únicamente norma los mecanismos de ingreso y ascenso al servicio docente, pero elimina todo lo relacionado con la evaluación de la educación en sentido sancionador. Es decir, asciende y mejora su situación laboral quien cumple con ciertos requisitos. Y quien no, simplemente se queda en el espacio educativo que ya tiene ganado. Algo inmejorable para sus intereses.

GRAN REGALO 

El Decreto que contiene la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019 contiene la claudicación del Estado mexicano en favor del magisterio. Dice el transitorio segundo: “A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

“Hasta en tanto el Congreso expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic) —Ley publicada en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año—, queda suspendida cualquier evaluación ypermanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros (sic), los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Luego, los transitorios tercero y cuarto no dejan duda sobre la rendición del Estado frente al magisterio: “Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio (…) A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

¿Qué significa? Que la 4T no dejó piedra sobre piedra respecto al antiguo sistema de evaluación, y les regaló un nuevo panorama en el que silenciosamente el sindicato magisterial ha ido retomando el control administrativo de la educación. Aunque formalmente nada dice sobre el reconocimiento de la presencia sindical en la gestión de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la educación, es evidente que volvió a poner al SNTE —y a la CNTE— en el pináculo de la política educativa nacional.

Luego, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —sí, así se llama—, garantiza el reabastecimiento constante de nuevos integrantes del sindicato magisterial, al formalizar la contratación de los egresados de las normales. El artículo 35 así lo constata: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a (sic) las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la SEP, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas (…) de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley…”

¿Qué significa? Que al menos la CNTE y la Sección 22 no tienen ya razones para mantenerse en la lucha. Fueron satisfechas todas sus demandas sustantivas. Todas. Y si eso no fuera poco, además tienen más de 40 diputados federales provenientes de todo el país. Y la pandemia les permite justificar el hecho de que ya ni siquiera se celebren asambleas seccionales. Así, tanto silencio no es producto de una buena gestión gubernamental estatal, sino resultado de la capitulación del Estado frente a sus demandas. 

EPITAFIO 

En ese contexto de derrota aplastante, ¿alguien sabe qué pasó con el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? Porque la reforma educativa de AMLO tampoco es lo que exigía el magisterio oaxaqueño. Lo raro es que ahora ya no dicen ni pio… 

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La CNTE abre su juego: fustigando los foros, va por la derogación —sin diálogo— de la reforma educativa

Un abrazo fraterno a mi colega y amiga Carolina Espina, ante el fallecimiento de su señor padre. Respetuosamente.

Hoy queda claro que Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni al SNTE ni a la CNTE para ganar la elección presidencial, pero que se rodeó de ellos —a pesar de que son el agua y el aceite— para afianzar el consenso social que ya tenía a su favor. Lo hizo aduciendo la derogación de la reforma educativa. El problema es que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y por eso hoy —que todavía no llega al poder, pero que ya cogobierna fácticamente con la administración federal saliente— cuando intenta dialogar con sus aliados electorales, está recibiendo sus primeras dosis de realidad. La reacción violenta de la CNTE en Guerrero no es sino preámbulo —anunciado— del enorme problema al que se enfrentará por el destino de la reforma educativa.

En efecto, el pasado domingo uno de los foros convocados por el Presidente Electo para recabar propuestas y definir la nueva política educativa del país, fue cancelado luego de que un grupo magisterial irrumpiera y se desataran hechos violentos, agresiones con sillas y otros objetos, en un centro de convenciones de Acapulco.

Maestros de la CETEG —organismo espejo de la CNTE en aquella entidad—, marcharon y llegaron al recinto, acusando que ahí había integrantes del “charrismo sindical”, que aprobaron la reforma educativa; esto, en referencia a maestros del SNTE. Los de la CETEG quitaron vallas, subieron al templete, y lanzaron gritos en contra del SNTE y la exdirigente Elba Esther Gordillo; en respuesta, maestros de la sección 14, comenzaron a corear el nombre de su organización, y de ahí pasaron a los insultos y luego a los golpes, por lo que dicho foro fue cancelado.

Para muchos esta fue una reacción inusitada. En la interpretación lineal, se pensaba que al haber una promesa y un eje discursivo concreto y aceptado —la cancelación de la reforma educativa— por los simpatizantes magisteriales de Morena tanto en la CNTE como en el SNTE, lo único que debían hacer es construir juntos las rutas para llegar a ese resultado, y luego establecer los mecanismos y las reglas bajo las cuales se va a regir el magisterio nacional luego de quedar cancelada la reforma educativa.

El problema es que nadie en Morena vio —porque no quiso ver— que el diálogo y la concertación entre las dos facciones magisteriales es imposible, y que sus diferencias son históricas. No había forma de prever entendimiento cuando las discordancias de la CNTE y la SNTE no tienen su origen en la reforma educativa y, acaso, ésta no ha sido más que una simple coyuntura de coincidencias.

De hecho, ayer el portal Diálogos Oaxaca reportaba que a pesar de que Oaxaca es de una las entidades dominadas por la CNTE, es de las que menos propuestas ha aportado a la plataforma de la consulta educativa denominada “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que promueve el gobierno electo de López Obrador. Hasta la fecha, indica la información, se han subido 48 mil 171 ideas a la página “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” que, junto con los foros que se realizan en el país desde el 27 de agosto, tiene como objetivo la construcción de la política educativa que implementará el próximo Gobierno federal. Del total, Oaxaca registra sólo 50 propuestas, es decir el 0.1 por ciento, en el portal en las cuatro categorías: educación básica, educación media superior, educación superior y otros servicios educativos.

¿Cuál es la razón? La misma nota lo aclara: la Sección 22 acordó realizar un Congreso Político para integrar sus propuestas en la materia y remitirlas de forma directa al Gobierno electo y no a través de los foros organizados por el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma. “El mecanismo no es exactamente los foros. En los foros lo que hemos ido a manifestar es nuestro posicionamiento político, sobre todo, sobre las consecuencias o los desastres que ha dejado la reforma educativa”, señala la nota, al tiempo de establecer que la disidencia considera que los foros impulsados por Moctezuma son insuficientes, pues una consulta tiene que abarcar la totalidad de los maestros, no sólo los que puedan llegar a los encuentros o registren sus propuestas en la plataforma.

Es decir, que para ellos los foros educativos ni son un mecanismo constructivo, ni son relevantes.

HOY, IGUAL QUE SIEMPRE, IRÁN POR TODO

La postura actual de la Sección 22 en Oaxaca, y de la CETEG en Guerrero —ambos, referentes de la CNTE— eran previsibles. Aquí escribimos el 4 de abril: “Si AMLO se convierte en Presidente, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales, o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

‘¿Qué querría la CNTE y la Sección 22?’, nos preguntábamos en aquel entonces. Y la respuesta hoy, cobra puntual sentido: “Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que deje sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.”

Esto es exactamente lo que estamos viendo: grupos políticos que están de acuerdo en la meta inicial (la derogación de la reforma educativa), pero que no están dispuestos a aceptar consensos y tampoco a negociar sus posturas. Ellos no quieren diálogo con el SNTE ni con el gobierno, siempre que uno u otro no estén dispuestos a plegarse a sus consideraciones. Por eso, el foro educativo que se supone que fue creado para recabar propuestas y construir la vía alternativa, para la CNTE no es sino un espacio de denuncia política en el que no caben las propuestas, porque éstas deben emanar de un proceso distinto en el que sólo ellos pueden dictar las condiciones.

DESTINO: EL CAOS

Evidentemente, ni el gobierno de López Obrador ni el SNTE querrán plegarse a las condiciones, o a la visión educativa o política de la CNTE. Unos y otros conocen el valor de sus respectivas porciones de legitimidad. Y por eso, la reforma educativa no parece tener otro derrotero que el del caos, la confrontación y la reiteración de escenarios violentos como el que vimos hace algunos días en Acapulco; o acciones legislativas impulsadas por los diputados federales de la CNTE, que más allá de su planteamiento político no son sino una invitación velada para que las autoridades de la SEP —las actuales y las próximas, obligadas a cumplir y hacer cumplir, mientras viva la actual legislación educativa— violen la ley.

La CNTE no cede: vela armas en espera del decreto derogatorio de la reforma educativa… que no llegará

Ha habido un debate intenso respecto al futuro incierto de la reforma educativa, aunque la realidad sigue siendo una sola: todas han sido promesas, pero ninguna ha venido acompañada de acciones o coordenadas concretas. El Presidente Electo ha reiterado su promesa de cancelarla; sin embargo, hasta el momento no hay luz alguna sobre cuál será el camino para cumplir su promesa. Mientras, la CNTE vela armas esperando el cumplimiento de su exigencia. El problema es que una reforma de tal magnitud no se deroga de la forma simplista con la que pretenden presionar al Presidente Electo y a Morena.

En efecto, la Coordinadora sigue con el dedo en el renglón respecto a la derogación inmediata de la reforma educativa. El fin de semana CNTE en la Ciudad de México lanzó una advertencia al Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.  Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CDMX apremiaron al Presidente Electo y a la bancada de Morena en el Congreso, a cancelar la reforma educativa en su totalidad.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, afuera de la oficina donde despacha López Obrador, quien no se encontraba en el lugar, Roberto Gómez, director Político de la Sección 9, afirmó que al nuevo Gobierno no le “conviene” iniciar funciones con un conflicto magisterial. Tras entregar un pliego de peticiones en el despacho de López Obrador, Gómez pidió a Morena en la Cámara de Diputados utilizar su mayoría absoluta para aprobar un punto de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades a frenar la evaluación docente.

“No vamos a descansar hasta que la reforma educativa sea abrogada. ¿Qué les pedimos a las nuevas instancias? Que esto se lleve a cabo antes del 1 de diciembre. ¿Qué cosa le planteamos al nuevo Gobierno? Que no se eche la bronca encima, que se resuelva antes del 1 de diciembre, tienen tres meses los diputados (…) Yo creo que lo que le conviene a este nuevo Gobierno es que empiece a gobernar sin el problema magisterial”, señaló.

Luego de anunciar que hoy martes se discutiría un “punto de acuerdo” en la Cámara de Diputados federal para lograr la cancelación de la reforma educativa —cuestión que técnicamente resulta imposible de cumplir por la vía de un punto de acuerdo—, Gómez señaló que en la Cámara baja hay legisladores de Morena solidarios con la CNTE y que han participado en sus movilizaciones.

“Se va a llevar al Pleno, seguramente va a haber debate, pero nosotros esperamos que, así como votaron a favor de darle licencia al Gobernador de Chiapas (Manuel Velasco), también se tomen ellos el tiempecito para votar con la mayoría que ya tienen a favor de este punto de acuerdo, que plantea la suspensión de la evaluación educativa y punitiva en lo que respecta al ingreso, la promoción y la permanencia (…) Posteriormente, van a presentar otros puntos de acuerdo con temas específicos, como son la reinstalación de los compañeros cesados y para demandar la libertad de los compañeros presos; ésa es la dinámica que ellos plantean llevar a cabo”.

Esta postura, es la primera que constata el largo anuncio hecho con relación a que la CNTE asumiría una postura intolerante respecto a un tema sobre el cual no ha habido referencias aún de cómo sería abordado.

DEROGAR LA REFORMA, ¿CÓMO?

Los profesores de la CNTE hacían referencia a un punto de acuerdo. Aunque ésta, en realidad, es una herramienta del derecho parlamentario mediante la cual se eleva una petición, exigencia o posicionamiento de parte del Poder Legislativo ante los Poderes del Estado, Órganos constitucionalmente autónomos y entidades federativas, con el objeto de conminarlos a realizar o abstenerse de alguna conducta o cuestión administrativa.

Aunque ésta es una postura institucional que emana del Poder Legislativo, lo cierto es que los efectos de un punto de acuerdo carecen de cualquier evento vinculante, y mucho menos podría tener el efecto de un acto formalmente legislativo. Además, vale la pena considerar que la suspensión —acto parcial, administrativo— de la reforma educativa o al menos de la evaluación docente, tendría que ser una decisión tomada en conjunto por el Titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, y de un órgano constitucionalmente autónomo denominado “Instituto Nacional de Evaluación de la Educación”, y no del Legislativo, que carece de toda injerencia en los actos administrativos que recaen en el ámbito del Ejecutivo.

Ahora bien, vale también la pena considerar otra cuestión: la reforma educativa se encuentra establecida en la Constitución de la República. Sabemos que Morena tiene la mayoría en las dos cámaras integrantes del Poder Legislativo federal, y también cuenta con la mayoría en la mayoría de las Legislaturas estatales. Con ello, queda claro que no tendrían ningún problema en lograr la aprobación de una modificación al artículo tercero constitucional, incluso en el contexto del proceso dificultado de aprobación de una reforma constitucional. Más bien, el problema sería que conseguir una reforma de esa magnitud llevaría tiempo para que pasara por ambas cámaras, y luego fuera asimismo aprobado por 17 legislaturas locales. Por eso, aún en el caso de que hubiera voluntad a favor de la derogación de la reforma, no sería fácil que esto ocurriera en el plazo que se están proponiendo los integrantes de la Coordinadora.

De hecho, desde febrero la CNTE dejó clara su postura respecto a qué esperaba de la reforma educativa, y su destino frente al triunfo de AMLO. En aquel entonces, frente a la postura de AMLO de enviar una iniciativa abrogatoria al Congreso, dijeron: “Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora, en un comunicado.

¿Qué se puede esperar frente a la realidad? Que la esperada derogación de la reforma educativa no llegue ni sea tan rápida como pretende la Coordinadora, y que ese será uno de sus pretextos para mantener vivas sus protestas. Es un tema previsible.

DE MEDIOS Y COMPARECENCIAS

La semana pasada comparecieron en el Congreso los secretarios de Sinfra, Economía y algunos funcionarios más. De todos, el único que tuvo un resultado positivo en los medios fue Fabián Sebastián Herrera Villagómez. El diputado Dónovan Rito comentaba que le faltó muy poco para cortar oreja y rabo ante los diputados y ante los medios le fue muy bien porque fue el único que cumplió la encomienda de Comunicación Social de dar una conferencia de prensa al terminar la comparecencia. Los demás prefirieron evitar a los medios y el resultado fue bastante negativo. Muchos funcionarios no acaban de entender que es mejor hablar de frente en una conferencia organizada, que salir huyendo de los reporteros o una entrevista de banqueta multitudinaria dónde los riesgos son mucho más críticos.

Estado-magisterio: discusión sobre la reforma educativa, ¿comenzará a correr en carriles distintos?

Con la instalación de la LXIV Legislatura federal comenzó a correr la cuenta regresiva para conocer tanto el destino de la reforma educativa actual, como las nuevas directrices que marcarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los grupos a los que están consultando, para sustituir la actual reforma por un proceso de evaluación distinto al actual. Aunque la consulta y los foros educativos están en proceso, el espacio vacío que está dejando la incógnita sobre el destino de la reforma educativa del gobierno saliente, ha comenzado a generar rutas distintas en los derroteros posibles, que muy probablemente terminen enrareciendo —o descarrilando— la posibilidad de una segunda reforma educativa aprobada y aceptada en consenso.

En efecto, desde hace algunos días comenzó la realización de los foros relacionados con la realidad educativa. Dichos foros, fueron convocados por el Presidente Electo para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. “El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio”, dijo el propio López Obrador, cuando habilitó una página web (http://porunacuerdoeducativo.com) en la que se establece que cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta.

Según la convocatoria a dichos encuentros de discusión sobre el futuro de la educación en el país —uno de esos foros nacionales se realizará en las instalaciones de la UABJO, en Oaxaca—, esto ocurre por el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, y argumentan que para ello es necesaria la participación de la sociedad; para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural”. Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; serán en total 32 (uno por estado) y se prolongarán hasta el 29 de octubre.

Esos foros han tenido el contenido esperado. Por ejemplo, según información del encuentro celebrado hace algunos días en Puebla, se dijo que los participantes –trabajadores de la educación— plantearon al próximo Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, homologación de pagos para los docentes de los estados y evaluación apoyada por capacitación. Éste prometió que en la próxima administración federal habrá apertura a la participación social y no habrá más reformas educativas sin diálogo de todos los involucrados: maestros, tutores, alumnos y expertos.

De acuerdo con la información, Moctezuma Barragán también dijo que otras cuestiones que planea hacer la próxima administración, son un plan educativo incluyente, fortalecer las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional, revalorar al magisterio y respetar su autonomía, proveer de alimentos a las escuelas de educación básica marginadas, suspender cuotas para mantenimiento de las escuelas, garantizar que estudiantes no sean rechazados de las universidades públicas, brindar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior de escasos recursos, entre otras estrategias.

CAMINOS DISTINTOS

Lo hemos apuntado aquí, y es algo bastante claro: tanto el SNTE, como su expresión interna disidente, la CNTE, tienen un consenso claro respecto a qué se debe eliminar de la reforma educativa. Ambos sectores coinciden en que el problema central se encuentra en la evaluación al personal docente, y concretamente en el hecho de que la consecuencia de esa evaluación pueda llegar a ser el cese del trabajador cuando repruebe cierto número de evaluaciones en forma consecutiva.

A pesar de que parece haber cierta claridad en ese sentido, lo cierto es que la disipación que existe respecto al tono y las propuestas que se están socializando en los foros educativos —que hasta ahora no han dejado ver que el gobierno electo tenga un derrotero y una propuesta definidos para socializar con los sectores a los que se les está consultando, y que más bien parece que los foros serían una especie de “buzón de quejas y sugerencias” pero con formato de encuentro de la sociedad— en cualquier momento puede motivar que la radicalización de las posiciones, o de las “propuestas alternas”, marque un rumbo distinto al posible para la evolución de esa reforma.

Pues, tal y como lo hemos apuntado, lo único que no podrá ocurrir es la cancelación lisa y llana de la reforma actual, pero sin la sustitución de otra redacción que garantice constitucionalmente el derecho a la educación de calidad que ya tienen los niños y jóvenes mexicanos que se instruyen en escuelas gubernamentales.

En esa lógica, vale la pena repensar las posturas que han mantenido tanto el SNTE, como la CNTE, respecto a la “reforma de la reforma” en materia educativa, y los riesgos que implican las posiciones radicalizantes que eventualmente podrían tomarse en el camino rumbo a la modificación de la Constitución federal y las leyes que actualmente rigen la evaluación educativa.

A este respecto se ha referido el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, quien recientemente apuntaba en Excélsior (https://bit.ly/2oyFBoy) lo siguiente: “parece que los militantes de la CNTE, que alguna vez estuvieron enojados con el presidente electo hoy le dan el sí, pero con ciertas condiciones. En el otro lado, sin quedarse atrás, el SNTE también quiere que se olviden sus mohínas y regresará al carril de subordinación corporativa ante el nuevo jefe; claro, con algún provecho.

En este punto es donde radica el peligro de que una discusión, aparentemente consensada sobre la eliminación de los efectos de la evaluación docente, se desvíe a otros temas que no podrían establecerse en la ley. Pues Ornelas apunta las exigencias de la CNTE: “Líderes representantes de varias facciones de la CNTE se reunieron en la Cuidad de México el sábado 25 de agosto. Tras horas de discusión, acordaron desplegar un “Manifiesto a la Nación”, en el que exigen al Presidente electo: 1) abrogar la matriz constitucional de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias; 2) desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3) eliminar al Servicio Profesional Docente; 4) desechar el Nuevo Modelo Educativo; 5) frenar la Reforma en Normales; 6) acabar con la autonomía de gestión; 7) prescindir del Sistema nacional de información y gestión educativa; 8) desmantelar al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y regresar el control de la nómina a los estados; 9) finiquitar los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo; y, 10) que el próximo gobierno federal repare los daños, resuelva las consecuencias y costos provocados por la aplicación de la ley educativa.

DISCUSIÓN SIN VÍAS POSIBLES

El SNTE, por su parte, sostiene un conjunto de propuestas abstractas que más bien parecen encaminadas a que el nuevo régimen les permita seguir siendo el sindicato cogobernante que siempre han sido. Lo que preocupa, en el fondo, es la inconsistencia del gobierno electo, que no deja claro hacia dónde se pretende conducir la discusión. Ello permitirá la apertura de carriles paralelos en los que esta discusión podría terminar en las fauces del radicalismo o el detrimento de los derechos de quienes sí merecen —independientemente de cómo— educación de calidad en las escuelas de gobierno.