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AL MARGEN || Oaxaca: algunas impresiones del debate

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La tarde de ayer 15 de mayo se realizó el único debate entre candidatos a la gubernatura de Oaxaca que, dadas las circunstancias, estará en condiciones de realizar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque el ejercicio intentó poner en la picota algunos de los temas sustantivos más importantes para el debate electoral, lo cierto es que tanto la organización del debate, como las propuestas y las posturas de los aspirantes, le quedaron mucho a deber a la ciudadanía oaxaqueña. Veamos algunas impresiones.

El formato. Es cierto que la autoridad electoral tiene el deber de procurar la equidad en los tiempos y las formas en las que participan todos los candidatos. Sin embargo, siguen sin encontrar la fórmula que equilibre un ejercicio de debate en el que no prive la rigidez y el acartonamiento. No hay un debate verdadero, cuando no se ponen las condiciones mínimas para que el contraste de ideas pueda ser sustantivo entre los candidatos, y para que los temas no se desvíen —accidental o deliberadamente— en el intercambio personal entre los aspirantes. La ciudadanía escuchó ataques inopinados entre ellos; fue testigo de más silencios que ideas frente a cuestionamientos sobre propuestas y políticas de gobierno; y los candidatos ofrecieron una cantidad inmensa de lugares comunes con los que intentaron sustituir —y esconder— su falta de proyecto frente a los problemas de la entidad.
La conducción del debate. Fue la periodista Carolina Hernández Solís, de Código Magenta, la encargada de moderar el debate. ¿Lo destacable? Que el formato aprobado por la Comisión Temporal de Comunicación del IEEPCO era tan rígido, que era por demás improbable que hubiera algún imprevisto. Hubo un control estricto —y qué bueno— de las cámaras y los micrófonos frente a los intentos de los candidatos por rebasar los tiempos o las formas de sus participaciones, y por eso en la conducción del debate no hubo sorpresas. ¿Lo cuestionable? La moderadora del debate se equivocó en varias ocasiones al nombrar a los candidatos y no fue capaz de argumentar algo fuera de lo contenido en el guion que previamente le proporcionó la autoridad electoral.
La foránea conducción del debate. Un punto relevante: no es chovinismo ni mucho menos, pero valdría la pena que el IEEPCO considerara la invitación a actores locales —periodistas, académicos, intelectuales, etcétera— para moderar los encuentros entre candidatos. Es increíble que se siga prefiriendo a personas traídas de otras entidades, por ese solo hecho, cuando eso resulta más costoso y no otorga ninguna garantía respecto a que la persona conductora del debate conozca el ambiente, los personajes y el contexto político —tanto de los partidos y candidatos, como de la entidad— del encuentro que va a moderar. Ayer se dio una demostración más de las consecuencias de esa tozudez por preferir a personajes foráneos, frente a una posible oferta local de conducción que no sería nada despreciable.
Los ataques. Alejandra García Morlán y Natividad Díaz Jiménez fueron a jugar su papel de atacantes. Lo hicieron incluso sin que mediara provocación por parte de los candidatos punteros en las encuestas e iban preparadas para eso, más que para debatir ideas y propuestas. Es entendible su postura —mas no justificable— en el contexto de que ambas necesitan alcanzar una votación mínima decente que les permita seguir vivas en sus partidos rumbo a las elecciones federales de 2024 donde buscarán capitalizar lo poco o mucho que puedan hacer aquí. Quién sabe si los ataques vertidos en el debate les reditúen en algo frente a los electores. Pero lo que sí demostraron es su preferencia por el pleito frente a las ideas.
Los “punteros”. Tanto Salomón Jara como Alejandro Avilés, de Morena y el PRI-PRD respectivamente, iban preparados para dar y recibir ataques, pero sobre todo para ser blanco de los candidatos de los otros partidos. Jara se dedicó a esquivar los señalamientos de todos los aspirantes bajo el guion exacto de la 4T: prometer a los oaxaqueños lo mismo que ha dicho siempre el eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y omitir todos los demás señalamientos y cuestionamientos. Le cuestionaron la presencia de sus hermanos —aspecto que sí debe cuidar si no quiere terminar siendo un émulo de la llamada ‘familia real’ de la UABJO—, los antecedentes de sus operadores políticos y de su trabajo legislativo. Él, incluso en momentos en tono socarrón, sólo esquivó los ataques y sólo en algún momento lanzó un discreto ataque a Avilés. Éste por su parte fue más abierto en los señalamientos a Jara, pero tuvo que resentir las consecuencias naturales del desgaste y los errores del gobierno actual, que le fueron adjudicadas a él por ocupar esa posición tan paradójica de ser el candidato del oficialismo oaxaqueño, que hoy se ve más cargado en la preferencia hacia Morena que hacia el PRI.
Los disparates. Al candidato indígena independiente Jesús López Rodríguez le urge que alguien le dé un curso básico de derecho constitucional, o que al menos le expliquen que: a) la pena de muerte está prohibida expresamente en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; b) que por esa prohibición expresa en todo el país, sería imposible volver a legislarla; c) que legislar lo anterior no sería tarea de un Ejecutivo estatal, como lo que él aspira a ser, sino del Congreso; d) que Oaxaca ya es un estado libre y soberano; e) que su sola idea de “independizar” a Oaxaca —idea que nos queda claro que no ha pensado en su dimensión real— es una peligrosa semilla de separatismo que traería mucho dolor y miseria para los oaxaqueños; f) que, independientemente de que lo sepa o no, el artículo 2 de la Constitución federal, garantiza que la nación mexicana es única e indivisible por lo que esa propuesta es, además, un disparate; g) que no está mal que hable de una nueva Constitución, pero lo que es lamentable es que confunda eso con un nuevo Estado oaxaqueño o, aún peor, con un nuevo país. Si no tiene ideas asequibles, y si en él priva la ignorancia, debería asesorarse mejor para no hacer quedar las candidaturas indígenas como una burla para la inteligencia de los oaxaqueños, porque con sus disparates no sólo queda mal él sino esta novedosa —aunque claramente despreciada hasta por la ley— figura democrática.
No hay ganadores. Acaso el más prudente y claro en sus ideas fue el candidato indígena independiente Mauricio Cruz Vargas. Fue el único que no se enganchó en ataques y estableció algunos puntos de referencia, desde la perspectiva del indigenismo y el asambleísmo de los pueblos oaxaqueños, que debían ser considerados por cualquiera que gobierne Oaxaca.

EPITAFIO

En el debate se habría agradecido que los candidatos explicaran temas como las cuentas pendientes en sus respectivas gestiones como servidores públicos; o en qué sanciones administrativas terminaron los faltantes en la Secretaría de Agricultura, o episodios como el del uso de un avión gubernamental por particulares. Se supone que esos señalamientos tuvieron como consecuencia procedimientos administrativos hoy concluidos. ¿De verdad los hubo? ¿O todo fue parte —también— de arreglos políticos?

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Con sus “recontrataciones”, los consejeros del IEEPCO dan la pauta para que de nuevo los traten como menores de edad

Es un secreto a voces que los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, alcanzaron un acuerdo para que los consejeros que están próximos a dejar sus cargos, sean recontratados ahora en el área técnica del órgano electoral. Además de ser una maniobra de reciclaje, contraria a las razones por las que la ley establece una temporalidad específica para esos cargos, de nuevo los integrantes del IEEPCO hacen todo para exhibirse como los irresponsables menores de edad que la federación quiere, para terminar de liquidar a los órganos electorales locales.

En efecto, dentro de 36 días —el próximo 30 de septiembre— concluye el periodo para el que fueron electos como integrantes del Consejo General Nora Hilda Urdiales Sánchez, Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García. Desde hace algunos días, comenzó a circular una versión relativa a que por un acuerdo entre consejeros electorales, se había determinado que una vez concluido el periodo de las tres personas antes mencionadas, éstas habrían de mantenerse en los trabajos del Instituto, pero ahora en el área de las Direcciones Ejecutivas, las cuales se encuentran bajo la potestad del Consejero Presidente. Es decir, dejarían de ser consejeros para convertirse en titulares de algunas de las áreas técnicas o administrativas del Instituto.

Esto irremediablemente generó molestia e inconformidad entre los trabajadores del Instituto, y entre todos los que tienen que ver con su función como órgano electoral, por una razón inicial: desde hace algún tiempo, se tiene noticia de que el IEEPCO atraviesa por una especie de depuración de su personal, al cual paulatinamente han ido despidiendo o disminuyendo salarios a partir de razones aparentemente relacionadas con el servicio profesional electoral, pero también con carencias económicas. En esa lógica, afirman que sería un contrasentido despedir personal técnico bajo esos argumentos, y al mismo tiempo reciclar a ex consejeros que, por la propia naturaleza del cargo desempeñado, tendrían que buscar nuevos derroteros en esas u otras áreas relacionadas con la materia electoral.

Ante estas versiones, el consejero Uriel Pérez García salió al paso pero sólo para confirmar sus aspiraciones de mantenerse en la estructura del IEEPCO. De hecho, Pérez García negó pretender ser designado como Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO. “No tengo esa intención”, le dijo a la periodista Rosy Ramales, y explicó que por el momento está enfocado en desempeñar su función como integrante del Consejo General del Instituto. Pérez García precisó que la Ley Electoral no prohíbe que cuando un consejero electoral concluya su periodo pueda ser designado como Director Ejecutivo del IEEPCO, pues solamente existe prohibición para ocupar un cargo público dentro de los órganos de gobierno en cuya elección de sus integrantes participó como autoridad electoral.

No obstante, reconoció que no descarta la posibilidad de incorporarse a su puesto de coordinador que tenía, desempeñando en sí la función de asesor en el IEEPCO (en el periodo del consejero presidente Alberto Alonso Criollo); cargo al cual, precisó, solicitó licencia por tiempo indefinido cuando asumió la función de consejero electoral del Consejo General. A pregunta expresa, dijo que su contrato es por tiempo indeterminado y que habría que revisar si debe entrar o no vía el Servicio Profesional Electoral Nacional en su rama local.

Es decir, que por lo menos él sí desea continuar dentro del IEEPCO.

RECICLAJE

El IEEPCO carece de la reglamentación necesaria para realizar con total transparencia y legitimidad, la designación de todos los integrantes de las Direcciones Ejecutivas. El Consejero Presidente tiene las facultades más importantes en cuanto a la designación de los titulares de esas áreas, aún cuando la propia ley establece que para tal efecto deberá haber un proceso de selección, que no está desarrollado ni reglamentado. Por eso, no sería extraño que por acuerdos internos, los integrantes actuales del Consejo General pudieran haber pactado la recontratación de los consejeros salientes.

Ello constituye un problema que deberían reflexionar con mayor profundidad, más allá de la oportunidad que significa el no quedarse desempleados. La Constitución y la ley establecieron la temporalidad en el cargo de consejero electoral, por la misma razón por la que todos los empleos públicos son temporales: para evitar que la perpetuación en las responsabilidades públicas se convierta en un lastre y en una amenaza para el correcto cumplimiento de la ley y los fines para los que fueron designados.

Por eso, al haber la posibilidad de brincarse esas consideraciones deontológicas, y asumir que pueden únicamente pasar por la puerta giratoria para volver a entrar inmediatamente a las responsabilidades electorales institucionales, en realidad los consejeros que pudieran estar considerando esta posibilidad, están convirtiéndose no en un activo, sino en una amenaza para la ya de por sí desgastada credibilidad de los órganos electorales en general. No es un asunto tan sencillo de legalidad pura como lo están tratando de hacer ver, pues eso en realidad implica seguir presionando al órgano electoral para que sea éste quien pague los costos sociales y políticos de no dejar sin empleo a sus ex consejeros.

Otro de los mayores problemas que quizá no ven, es que todos aquellos que impulsaron reformas recentralizadoras de funciones, como la electoral que dejó bajo la potestad del INE a todos los órganos electorales del país, en realidad están ávidos de que maniobras como estas se realicen, para que luego puedan decir con bases que le seguirán restando importancia y facultades a los órganos electorales locales por su incapacidad para conducirse no sólo con legalidad, sino con legitimidad y responsabilidad en sus funciones y límites legales y éticos.

Por eso, tanto los consejeros que se quedan, como los que se van, deben considerar con mayor serenidad todo lo que implica esta decisión que estarían ya en vías de tomar.

TRÁGICO TRANSPORTE

La semana pasada el titular de Sevitra, Francisco García López reconoció que por lo menos durante este año no entrará en funciones el sistema Sitibus. Antes había dicho que no autorizarían un incremento a la tarifa del transporte. Ahora dice que sí, pero que están valorando de cuánto sería el alza. ¿A poco no esto parece ya un cuento de terror?

Candidaturas independientes: fueron hechas para no prosperar

Ind. Oax.

+ Financiamiento raquítico, una forma de mantenerlos sometidos

Los candidatos independientes se encuentran en una franca desventaja frente a los abanderados de los partidos políticos. El sistema político abrió el espectro a las candidaturas independientes, como una forma de frenar las críticas internacionales derivadas de la sentencia Castañeda versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ésta resolvió que el Estado mexicano debía abrir la posibilidad de que candidatos sin partido pudieran contender en los procesos electorales ordinarios. La apertura fue a medias porque, por diversas razones, la figura es inoperante. Y parece buscar la condena de los independientes o a la inanición, o a lo mal habido, para poder competir.

En efecto, en Oaxaca es muy probable que existan ocho candidatos a la gubernatura, de los cuales uno será por la vía independiente. El ciudadano Juan Manuel García López será candidato independiente, en un contexto de franca desigualdad frente a los candidatos de los partidos, derivada de la forma en que estructuralmente fue concebida la vía independiente, como mecanismo de participación en los asuntos políticos del país. Vale la pena revisar los altísimos requisitos que la ley y las instituciones electorales le exigen a quienes aspiran a un cargo público por la vía independiente, y la inequitativa forma de acceso a los medios y los recursos para llevar a cabo la labor proselitista que, se supone, es uno de los pilares para la renovación de la democracia representativa.

En ese sentido, el caso de Oaxaca es particular porque la Constitución local contempla la existencia de las candidaturas independientes para cargos públicos, pero por virtud de la resolución del cinco de octubre pasado, en el que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el contenido total del decreto 1290, publicado el nueve de julio de dos mil quince, en el tomo XCII, extra, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por medio del cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Esa situación obligó al Consejo General del IEEPCO a emitir un Acuerdo (IEEPCO-CG-23/2015) mediante el cual estableció los lineamientos generales para las candidaturas independientes.

En dicho acuerdo se establece, entre otras cosas, que para que un ciudadano pueda solicitar al Instituto que se le considere como aspirante, debe entregar la constancia de la constitución de una asociación civil con las mismas características de un partido político y que tenga ya una cuenta bancaria abierta, con esas mismas características equiparadas. Luego, dice el artículo 13 del anexo de dicho acuerdo que “una vez que el ciudadano interesado obtengan la calidad de aspirante podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña…”. Es decir, debe hacer una primera campaña, totalmente a ras de suelo, realizada con recursos propios, y sin acceso a ningún tipo de medio de información, para obtener el apoyo ciudadano que, valga decirlo, tampoco es fácil de lograr en el porcentaje que señala la ley.

En ese sentido, dice el artículo 16 del citado acuerdo que para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al estado de Oaxaca, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos trece de los veinticinco distritos; en ningún caso el porcentaje de la cédula de respaldo en los trece distritos electorales será menor al 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

¿Qué significa eso? Que, en términos sencillos, quien aspira a una candidatura independiente se enfrenta a un universo de electores potenciales de alrededor de dos millones 800 mil inscritos en el padrón electoral; que debe obtener, en total, unas 56 mil firmas de apoyo, pero que debe hacerlo en al menos 13 de los 25 distritos electorales y, además, que en cada uno de esos trece distritos debe obtener cuando menos el uno por ciento del apoyo ciudadano, en cada uno.

Es decir, para conseguir su candidatura, un ciudadano sin partido debe recorrer al menos la mitad del territorio estatal, y hacer una mini campaña en la que no puede incurrir en ninguno de los actos considerados como “anticipados de campaña”, pero en la que sí debe convencer a miles de personas para que le firmen sus cédulas de respaldo ciudadano.

CANDIDATURAS MENGUADAS

Existe otro Acuerdo del IEEPCO, en el que se establecen los montos de financiamiento público para las campañas que, para variar, también es increíblemente inequitativo frente a las posibilidades de financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos.

En ese sentido, se establece como punto de referencia de la propia ley, que un partido de nueva creación tiene derecho a recibir el dos por ciento del monto global que reciben los partidos para su financiamiento ordinario. En Oaxaca, se establece, dicho monto global es de $129,961,923.64 (ciento veintinueve millones novecientos sesenta y un mil novecientos veintitrés pesos 64/100). Por ende, a un partido de nuevo registro le corresponderían $2,599,238.46 (dos millones quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 46/100 M. N.). Y se establece que, según la Ley General de Partidos Políticos, a las candidaturas independientes se les destinaría la mitad del monto asignable a un partido de nueva creación. Por ende, a todos los candidatos independientes en el proceso electoral 2015-2016 (diputados locales, autoridades municipales y a gobernador) se les entregará el fabuloso monto total de $1,299,619.23 (un millón doscientos noventa y nueve mil seiscientos diecinueve pesos 23/100 M. N.) por concepto de gastos de campaña, el cual se debe dividir entre todos para sus actividades proselitistas.

CAMPAÑAS DE SALIVA

Juan Manuel García López tendrá, por ende, 432 mil 773 pesos para los sesenta días que duren sus actividades de campaña. Esto no tiene comparación con lo que gasta cualquier candidato en un solo mitin en cualquier día dentro o fuera del tiempo de campaña. Por eso decíamos ayer que, o los independientes hacen campañas testimoniales, u optan por venderle su alma al diablo para competirle a los candidatos de los partidos.

Regular pre-precampañas demuestra pequeñez de los candidatos

PromociónPoli

+ Aspirantes no demuestran su capacidad de respeto y autocontrol

Aunque la autoridad electoral se lamente porque la ley no alcanza a regular lo que ahora se conoce como “pre-precampañas”, debiera ser un imperativo de los propios aspirantes a cargos de elección popular saber comportarse. El problema es que, libremente, casi todos los que aspiran a algún tipo de cargo público en la entidad han utilizado este tiempo como una especie de “zona libre”, al margen de lo que estipulan las normas, para hacer todo tipo de proselitismo en aras del proceso electoral que se avecina. Aunque ésta parece una conducta natural en nuestro sistema político, en realidad lo que demuestra es la pequeñez de los aspirantes a cargos públicos y el comportamiento irresponsable propio de un menor de edad.

En efecto, en las últimas semanas el IEEPCO ha tratado de regular las desbocadas campañas anticipadas que están realizando diversos aspirantes a cargos públicos. Ha intentado hacerlo con poco éxito, primero por la compleja situación que prevalece en cuanto a las normas electorales. Como no hay una regulación específica —luego de que el pasado 5 de octubre una decisión de la Corte dejara a Oaxaca sin marco jurídico-electoral gracias a las pifias de la LXII Legislatura— entonces la autoridad electoral no ha parado de trastabillar en la justificación y fundamentación de las resoluciones con las que intenta poner orden entre partidos y candidatos en la entidad.

El resultado evidente, es que el IEEPCO ha fallado estruendosamente en esa misión. Intentó, por ejemplo, meter en cintura la propaganda electoral que, hasta ahora, el aspirante a la candidatura a Gobernador por el PRD, José Antonio Estefan Garfias, ha disfrazado de portadas de revistas y de entrevistas de color; pero a pesar de las regulaciones y las sanciones que le impuso, no ha habido poder humano que logre retirar de las calles la propaganda de él y otros candidatos.

En esto la falla es doble debido a que toda sanción tiene por objeto aplicar un correctivo para quien viola una disposición, pero también tiene como propósito que los demás —que posiblemente estén incurriendo en una conducta u omisión similar— vean el escarmiento aplicado, y se abstengan de continuar haciéndolo. Nada de eso ha ocurrido, porque en todas las fuerzas políticas, sus candidatos, dirigentes y “cuadros” no han tenido el menor empacho en continuar con sus actividades de “pre-precampaña” sabiendo que, legalmente, la autoridad está impedida para sancionar diversas conductas, y evidentemente aprovechando también los huecos legales para hacer libremente todo tipo de proselitismo electoral.

Es por ello que, de distintas formas, los aspirantes a algún cargo público disfrazan también actos proselitistas aún ostentando cargos en la administración pública, o se inventan fundaciones o asociaciones civiles con evidentes fines electorales —y que además no aclaran el origen de los recursos que utilizan para sus actividades—, o simplemente realizan actos proselitistas en los que gastan en movilización, en comida, en dádivas y en organización, sin que todo eso se encuentre sujeto a ningún tipo de regulación o posibilidad de que la autoridad electoral revise lo ejercido.

Es evidente que, frente a eso, la salida fácil pudiera consistir en exigir que se estableciera algún tipo de legislación al respecto. No obstante, en el fondo más bien parece que lo que es necesario —y que no se ve por ningún lado— es la capacidad de auto regulación de los propios partidos y candidatos, para abstenerse de hacer no sólo lo que la ley les prohíbe, sino también para no incurrir en conductas que demuestren su profunda voluntad por romper el orden o la equidad que se supone que debe regir en este tipo de procesos democráticos.

NO HAY AUTOCONTROL

La explicación de por qué hay “pre-precampañas” es simple: como en cada reforma electoral la ley ha venido acotando los márgenes de tiempo y recursos económicos que se utilizaban en los tiempos de campaña, hoy los partidos y sus aspirantes siguen tratando de retrasar los tiempos con tal de tener espacios “libres” para hacer un proselitismo sin estar bajo el escrutinio de la autoridad electoral.

De hecho, si recordamos hasta hace relativamente pocos años la llamada “precampaña” no estaba regulada, y ese era el periodo que tenían los aspirantes a cargos públicos para hacer proselitismo desenfrenado, pues la ley no preveía ese periodo y por ello era tomado como un espacio franco para “posicionarse” electoralmente hablando y llegar a los tiempos formales de campaña ya avanzados en el trabajo político, y con buenos resultados en las encuestas de opinión ciudadana.

Una vez que fueron reguladas las precampañas comenzaron a buscar nuevas alternativas. El resultado de eso es la ahora llamada “pre-precampaña” que no fue sino el retraso de los tiempos para hacer las mismas actividades que antes hacían en la precampaña. En el fondo, todo esto revela algo que todos aceptan pero nadie se niega a ver en su magnitud: que por privilegiar la lucha por el poder nadie reconoce que quebranta no sólo las normas sino cualquier sentido mínimo de equidad y formalidad, en una contienda que debía tener como base el respeto a las normas.

Al incurrir en esas prácticas los partidos y sus candidatos hacen lo necesario para ganar espacio y posiciones frente a los electores, pero lo hacen a costa de presentarse ante la ciudadanía como los primeros promotores del quebranto a las normas.

En eso han incurrido casi todos los aspirantes a cargos públicos, a través de todo tipo de argucias que buscan esquivar las normas para hacer proselitismo en tiempos en los que se supone que no debía realizarse. Parece que en el fondo a nadie le preocupa que esas actitudes los ubiquen como personas incapaces de regirse a sí mismas según lo que dictan las normas, y también como oportunistas que están dispuestos a todo con tal de sacar un provecho por demás efímero.

MODERACIÓN

En esta contienda, llama la atención que el único que ha mantenido una actitud de moderación y apego a lo que debería ser el tiempo de “pre-precampaña” es Alfonso Gómez Sandoval Hernández. Éste, a diferencia de prácticamente todos, ha hecho proselitismo al margen de frivolidades y espejismos. Ello debiera ser más común en una sociedad que exige congruencia, pero que a su vez menosprecia a quien se sale de la práctica proselitista común (e indebida) de casi todos los candidatos.