¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

  1. La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
  2. La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje. 
  3. El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo, que haya hecho durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
  4. La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
  5. Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
  6. Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal. 
  7. Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
  8. ¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
  9. Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego. 

EPITAFIO 

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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Poder Judicial: Sin reformas, los logros se contraen

+ Poder Legislativo: ¿de veras discutirán Presupuesto?

El diputado presidente del Congreso del Estado, Herminio Manuel Cuevas Chávez, ha asegurado que antes de que finalice la próxima semana quedará discutido, analizado y resuelto el paquete fiscal estatal para el próximo año. Por otra parte, este día el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafud Mafud rendirá su informe anual de actividades, en la que detallará los avances y logros en la impartición de justicia, y en la puesta en marcha del sistema de justicia penal bajo el modelo acusatorio adversarial.

Es evidente que, aún con los logros y avances que cada año tienen los Poderes del Estado en Oaxaca, el análisis y la discusión sobre su situación y futuro inmediato debería ir más allá de los recuentos parciales. Ambos se encuentran urgidos de transformaciones trascendentales, que no sólo fortalezcan el trabajo cotidiano, sino que además contribuyan a una verdadera democratización y modernización institucional del poder público en Oaxaca.

¿A qué nos referimos? A que, en el país, los últimos treinta años han sido de un tránsito lento pero constante de la completa hegemonía de un grupo político dominante, a ciertos destellos de auténtica pluralidad democrática en las instituciones del Estado. Esto es, que todavía en la década de los ochentas, en el orden federal el poder del Jefe del Ejecutivo avasallaba a los ámbitos legislativos y judiciales; en el Congreso, por tanto, existían “mayoriteos” pero no equilibrios de poder, ni discusiones trascendentales, y mucho menos una oposición capaz de erigirse verdaderamente en un contrapeso o en un freno para las decisiones del Presidente.

El ámbito judicial no se escapaba a esta dominación presidencial. En efecto, aún cuando en el Texto Constitucional federal promulgado en 1917, se establecía que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían electos por el Congreso a propuesta de las Legislaturas de los Estados, el artículo 96 constitucional sufrió una reforma en 1928 que consolidó, para esos efectos, la dominación presidencial en la designación de los integrantes del Alto Tribunal.

Aquella reforma, ocurrida durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, establecía que “los nombramientos de los Ministros de la SCJN serían hechos por el presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negará esa aprobación en el improrrogable término de 10 días”. Y dicho numeral, establecía una disposición que no está por demás mencionar: “Si la Cámara no resolviere dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos.” Además, quedó como facultad de la Corte elegir a los magistrados de circuito y jueces de distrito. Es decir, que de todos modos, el dominio último de toda la conformación de los tribunales federales la tenía el Presidente de la República.

Sin embargo, esa total dominación presidencial sobre el Poder Judicial de la Federación se disminuyó, en gran medida, con las reformas constitucionales de la materia ocurridas en diciembre de 1994. Fue hasta entonces que se estableció que, como hasta ahora, los Ministros de la Corte serían electos por el Senado, considerando una terna propuesta por el Presidente. Asimismo se instituyó un Consejo de la Judicatura, que incrementó enormemente el nivel de certeza y profesionalización de los juzgadores y empleados del Poder Judicial Federal.

Esos cambios, en gran medida, deben ser entendidos como rasgos de democratización de los poderes federales; pero también como ejemplos de cómo poco a poco se ha ido desproveyendo al presidencialismo de las facultades avasalladoras que tenía, sobre los demás poderes, hace apenas unas cuantas décadas.

REZAGO CONSTITUCIONAL

¿Por qué mencionamos todo esto? Porque, con ejemplos claros, podemos ver no sólo cómo, a nivel federal, el otrora omnímodo poder presidencial poco a poco se ha ido desarticulando; también podemos ver cómo, en Oaxaca, es muy poco lo que se ha avanzado en la democratización, y en una verdadera recomposición de los equilibrios y contrapesos en el poder público. Aquí, todos podemos ver que el Poder Ejecutivo continúa dominando a los demás Poderes, pero nadie parece percatarse de la situación, y mucho menos alarmarse o cuestionarse por qué no ha habido cambios institucionales en todo ello. Veamos si no.

¿Qué tiene de trascendental que el Titular del Poder Legislativo anuncie que para el 22 de diciembre estará resuelto el paquete económico del Gobierno estatal para el próximo año? Que, como ocurre en casi todas las decisiones del Congreso del Estado, es en realidad poco lo que verdaderamente se discute y se equilibra en dicha Soberanía, de las decisiones preconcebidas que se envían desde el Poder Ejecutivo.

Aunque se diga que, como en este caso, existen análisis y debates, es evidente que en realidad la capacidad de acción del Legislativo no deja de ser limitada y meramente simbólica. Lo mismo ha ocurrido con las comparecencias de los Titulares de las Secretarías; y antes con la votación, anticipadamente favorable, de una serie de reformas trascendentales durante el último año. Es decir, que el Congreso no ha podido, ni ha querido, convertirse en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

Algo similar ocurre con el Poder Judicial. No dejan de ser dignos de resaltar los logros obtenidos en el trabajo cotidiano. Pero no deja de ser cuestionable que el Poder Judicial del Estado, continúe componiéndose y rigiéndose en Oaxaca por reglas constitucionales locales, equiparables a las federales de 1928 que, para efectos prácticos, tienen 15 años en desuso.

Podrá argumentarse que más allá de eso, el Poder Judicial local es funcional y libre para ejercer sus funciones; que existe profesionalización de los juzgadores y empleados judiciales; y que no están bajo el dominio del Ejecutivo. Sin embargo, es claro que con esas reglas constitucionales casi decimonónicas, es poco lo que pueden argumentar sólidamente a su favor, en cuanto al avance democrático de la conformación de los poderes en nuestro Estado.

CUESTIONES DE FONDO

Así, estos señalamientos van más allá de lo bien o mal que los titulares actuales de esos dos poderes, han actuado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el ideal, cada uno de los Titulares actuales de los tres poderes del Estado, tendrían que ser los principales impulsores de las transformaciones democráticas que le urgen a Oaxaca. Pero, con logros parciales, siguen evadiendo esa responsabilidad, y deber democrático de avanzada.

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