AL MARGEN || Alejandro Murat: la ruta posible después del 30 de noviembre

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Más que para ser candidato presidencial, Alejandro Murat Hinojosa tiene marcada la ruta rumbo a la dirigencia nacional del PRI, una vez que termine su periodo como Gobernador de Oaxaca. Las circunstancias políticas nacionales, las de su partido y las del oficialismo morenista, parecen estarle generando un panorama favorable para consolidarse como un impulsor del diálogo nacional que, hoy, está ávido de consensos pero que está inundado de polarización y señalamientos. El Mandatario tendrá que jugar sus cartas con habilidad e inteligencia para no terminar avasallado por las discordias que hoy empantanan a la política en México.

En efecto, Murat Hinojosa terminará su periodo como Gobernador el 30 de noviembre, pero entre el domingo próximo —día de la jornada electoral— y esa fecha pueden ocurrir muchas cosas. En el escenario local, la elección de su sucesor marcará la recta final de su administración. Gane quien gane, Murat tendrá que comenzar formalmente el proceso de desincorporarse del poder público en la entidad, y de preparar la entrega de la administración estatal. Lo que aquí en Oaxaca pueda ocurrir en términos electorales ha sido largamente previsto, y por eso un resultado electoral atípico sería casi imposible. Más bien, lo que Murat no parece dejar de ver es el escenario nacional, que cada vez luce más enrarecido y con menos posibilidades de consensos entre los actores actuales.

En ese sentido vale la pena revisar lo que pasa no sólo en el priismo nacional, sino también en las principales fuerzas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Morena mismo. Vayamos por partes. Pues en el lado del tricolor, es evidente que el escenario se le descompone cada día más al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. No sólo por el hecho de que no parece posible que gane una sola de las seis gubernaturas que estarán en juego el domingo próximo, sino porque si alguna vez tuvo algún acuerdo con el presidente López Obrador, éste quedó atrás. 

Hoy, además de no tener un escenario electoral halagüeño —y recordemos que siempre las evaluaciones de los líderes partidistas son los resultados electorales—, Moreno Cárdenas sufre una metralla sostenida de ataques y filtraciones provenientes de su natal Campeche pero que tienen como evidente origen el gobierno federal. La gobernadora Layda Sansores se ha dedicado a lo largo de las últimas semanas a exhibir grabaciones de conversaciones —obtenidas ilegalmente— entre Moreno Cárdenas y diversos personajes, en donde habla de extorsiones a proveedores, de cómo obtener financiamiento ilegal para campañas electorales e incluso de “cómo se debe tratar” a los periodistas.

La razón es evidente, igual que la ya conocida venganza presidencial: Moreno Cárdenas encabezó la oposición tajante que mandó al basurero la iniciativa de reforma constitucional relativa a la industria eléctrica, y ante la presión lopezobradorista endureció sus posiciones. El todavía Dirigente Nacional del PRI dejó la postura tradicional de centro izquierda del PRI y en los últimos meses ha venido coincidiendo y transitando al lado de las posiciones más intransigentes de la ultraderecha mexicana, que son las que se encuentran en la posición exactamente contraria a los ultramorenistas que cada día ganan más presencia e influencia política en el ánimo presidencial.

A ese polo de la ultraderecha se tuvo que ceñir Alejandro Moreno para hacerse fuerte en su oposición a las reformas del Presidente. No queda claro si al hacerlo verdaderamente rompió algún pacto previo con López Obrador; o si en el afán de generarse una imagen de líder opositor terminó perdiendo la posición intermedia que siempre había tenido el priismo respecto a todas sus fuerzas políticas contrarias. 

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la razón, hoy Moreno Cárdenas se ve más cerca de la oposición más pertinaz a la que, valga decirlo, el Presidente ubica no en el PRI sino en el PAN, y a la que está decidido a no darle tregua. Y a la par de eso, perdió toda capacidad de interlocución con todas las demás fuerzas y posiciones que no están en los extremos de la polarización nacional.

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Es muy probable que Movimiento Ciudadano transite solo hasta la elección presidencial. Tratará de cultivar la imagen del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas para convertirlo en candidato presidencial; y justamente intentará ser la fuerza política que aglutine a todos sectores de la política y de la población en general, los que no están ni a favor de las posiciones radicales del Presidente, pero que tampoco coinciden con la ultraderecha, que hoy parece estarle ganando la partida a las posiciones moderadas dentro del PAN. 

Ese mismo es el reto que tendrá Alejandro Murat, pero desde la sede priista, si finalmente Moreno Cárdenas no pasa la aduana del 5 de junio como dirigente, y termina de perderse entre la ira presidencial y su descrédito como interlocutor con todas las fuerzas políticas y no sólo con el PAN. A diferencia de Moreno Cárdenas, Murat ha sido constante y cuidadoso en el llamado permanente al diálogo entre todas las fuerzas políticas. No se cerró ante la posibilidad de dialogar respecto a la iniciativa de reforma eléctrica y ha evitado chocar frontalmente con el Presidente incluso cuando han tenido posiciones discordantes. Sabe que vale más como interlocutor y como ente dialogante, que asumiendo una posición como la que hoy tiene al país sumergido en el desencuentro permanente.

A Murat se le va a combinar el escenario catastrófico de su partido —que quedará sólo con dos gobernadores priistas— con la posibilidad de pervivir en la política para los próximos años como dirigente nacional. No quedan tantas cartas al interior del priismo como para pensar en un abanico de posibles sucesores. Y en la política activa no quedan muchos priistas que puedan devolver a ese partido al centro izquierda del que inopinadamente lo sacó Moreno, para tratar de sortear —fallidamente— la turbulencia a la que está siendo sometida su dirigencia, y a los malos resultados electorales que se le auguran.

Por eso, casi por exclusión, el destino más asequible para Murat Hinojosa será el de asumir la presidencia nacional de su partido, quién sabe si después del 30 de noviembre, o antes. Es un priista que, al igual que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, mantiene una interlocución sana con el Presidente; es un personaje al que la edad —46 años— le juega a favor; y que está llegando al final de su periodo como Gobernador en una coyuntura que muy probablemente le permita seguir activo en la vida política. Tendrá que cuidar el final de su administración, y orientar sus posiciones políticas hacia un diálogo alejado de los extremos y los ultras que tanto enrarecen día a día el panorama político nacional.

EPITAFIO 

Ayer le gritaron “Presidente”. Y lo será, pero de su partido, para construir desde ahí la ruta priista hacia el 2024… porque Roberto Madrazo legó al priismo en 2006 el imperativo de que nunca más una candidatura presidencial fuera construida desde la presidencia nacional del Partido. 

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento. 

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué? 

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS 

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista. 

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO 

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin… 

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Oaxaca de Juárez: Francisco Martínez Neri no tiene tiempo de sobra

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Francisco Martínez Neri llegó a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña con el tiempo encima. Hoy culmina su primer mes de trabajo, y parece inminente que las inercias y las gelatinosas expectativas sobre su experiencia de gobierno, comiencen a jugarle en contra. Todas y cada una de las dolencias —administrativas y de gobierno— de la Verde Antequera siguen ahí. Y el Presidente Municipal parece más sometido y apesadumbrado por la rutinaria cotidianidad, que por verdaderamente alcanzar a demostrar que existe un antes y un después de la malograda gestión de su antecesor y compañero militante de su mismo partido.

En efecto, por lo menos hay tres temas que son botón de muestra de lo compleja que será —y que ya es— la gestión de Martínez Neri al frente de la capital oaxaqueña. El primero es el ambulantaje, que no sólo continúa creciendo sin forma ni límites, sino que además la naciente gestión nerista ha demostrado no poder controlar. El segundo de esos temas, que es inminente, es la lucha electoral al interior de las agencias municipales que la gestión nerista corre el riesgo de perder —a manos del PRI— por falta de una correcta gestión política. Y el tercero, será demostrarle fehacientemente a la ciudadanía que su administración no repetirá los errores y los excesos de corrupción que cometió el gobierno del —en mala hora electo— exedil Oswaldo García Jarquín. Vayamos por partes.

Martínez Neri recibió una administración municipal en estado crítico, al menos por dos cuestiones que iban corriendo en paralelo. Por un lado, la profunda crisis financiera que García Jarquín sumió al ayuntamiento citadino, lo cual generó un problema amplio de gobernabilidad con sus propios trabajadores; y por el otro, con un problema de ambulantaje que también fue estimulado y determinado por la corrupción, y que simplemente no encuentran cómo resolver. 

Hay evidencias muy claras de que el enorme quebranto financiero que enfrentan las arcas citadinas no tuvo su origen en desvíos directos de recursos, sino más bien en que la administración de García Jarquín estimuló el ejercicio de cobros que nunca llegaron a las arcas municipales. Por todos lados existen versiones de constructores, empresarios, comerciantes, proveedores y demás —incluso de gente que necesitaba tramitar una licencia de funcionamiento de un comercio, de una construcción o remodelación, etcétera—, a los que se les pedía que el costo de las autorizaciones, licencias, anuencias —o simplemente de que voltearan hacia otro lado, para no ver lo que se ejecutaba— fuera entregado directamente a una persona en concreto, y con dinero en efectivo, y no depositado a las cuentas bancarias o en las cajas de cobro del Ayuntamiento.

Valdría la pena revisar: durante el tiempo de pandemia, ¿cuántos inmuebles sólo en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, fueron remodelados; ¿en cuántas de esas construcciones —incluso una que aún se desarrolla frente al atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán— los trabajos se realizan a puerta cerrada, y todo el movimiento de materiales, escombro y demás, se da únicamente después de la media noche? ¿Cuántas nuevas construcciones aparecieron? ¿Cuántos nuevos salones de eventos sociales existen en plenas calles citadinas, y permanecen en operación a pesar de la molestia de las personas que viven en los alrededores, y de que violan todos los reglamentos sobre el uso del suelo —que es evidentemente habitacional y comercial, pero no para ese tipo de giros—, contaminación visual y auditiva, y el tipo de actividades que realizan?

La cuestión es que todo eso continúa ocurriendo libremente, sin que pareciera que ya hubo cambio de autoridad municipal. Lo mismo pasa con el ambulantaje. A pesar de las maniobras que realizó la nueva administración, de todos modos los ambulantes mantienen sitiada toda la zona sur del Centro Histórico, y no fueron capaces de frenar las oleadas incontrolables de ambulantes como la que ocurrió en el tianguis del Día de Reyes, en donde hubo hasta conatos de violencia, y en donde los comerciantes informales irremediablemente tomaron con toda libertad varias calles para realizar su vendimia, sin que la autoridad municipal pudiera hacer algo para impedirlo.

Evidentemente será imposible tener el zócalo y la alameda limpios de ambulantaje, a punta de operativos policiacos. Lo que tendría que haber es un ejercicio político y de gobierno eficaz que eventualmente lograra frenar a los ambulantes. El problema es que parece que nada ha cambiado.

LA INMINENTE LUCHA POLÍTICA 

Francisco Martínez Neri enfrentará dentro de algunos días su primera aduana política. La elección de los 13 agentes municipales será una prueba determinante de la capacidad que tengan sus delegados en las tareas de gobierno. Se enfrenta nada menos que al ex edil de referencia de la capital oaxaqueña, y figura política del PRI Javier Villacaña Jiménez. Éste fue el último gran gestor político de la ciudad y sigue siendo determinante en la política citadina. Ganarle, o perder frente a él, hoy cobra un significado especial porque Martínez Neri es un símbolo de esperanza frente a la rapacidad del pasado reciente, pero Villacaña hoy es nada menos que el presidente del PRI en todo el territorio oaxaqueño.

¿De verdad los encargados de las tareas políticas y de gobierno del Alcalde citadino, se han preparado para la misión que representa ganar las agencias municipales? Nada indica que esto haya sido hecho, e incluso registrado. Sin embargo, lo cierto es que política y emocionalmente, el resultado de cada una de las elecciones de agentes municipales será importante para entender si verdaderamente Martínez Neri está logrando gobernar, o si continúa anclado en la agenda de la cotidianidad sin haberse metido de fondo en la labor de reconquistar la capital oaxaqueña para el régimen de eso que hoy se conoce como la 4T. 

Neri tiene enfrente a un adversario que entiende las labores de gobierno, de política, y de acción electoral, que no le allanará el camino para hacerse de uno de los últimos bastiones —grandes o menguados— del priismo estatal, y que entiende que si él pierde los rescoldos de la capital frente a Morena, difícilmente podrá mantener su legitimidad como dirigente del partido tricolor en la entidad.

EPITAFIO

Al final, Martínez Neri tendrá que dar un golpe de timón si quiere mantener la legitimidad, que hoy sólo le da la imaginación y la esperanza de la ciudadanía citadina sobre un mejor porvenir. Si mantiene la tibieza en el pronunciamiento de condena a la corrupción, y permite que el tiempo lave la deplorable imagen que dejaron sus antecesores, se convertirá en cómplice de lo que la gente espera que rechace. Se le hace tarde para presentar denuncias en contra de quien lo antecedió en el cargo, y se le acaba el tiempo para demostrarle a la ciudadanía que puede ser algo distinto, y mejor, de la administración que sólo dejó una enorme estela de impunidad y corrupción como legado.

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Al Margen || La pulverización partidista en Oaxaca: una circunstancia calculada

Adrian Ortiz Romero Cuevas

Una de las circunstancias que determinará la elección de junio próximo en Oaxaca, es el contraste entre la pulverización actual de algunas fuerzas políticas, y la fortaleza y buena salud que denotan las otras. Aunque pareciera que la atomización de fuerzas y estructuras electorales es un hecho fortuito, en realidad todo responde a una concepción —política y administrativa— perfectamente calculada.

En efecto, hoy los triunfos y las derrotas electorales no se explican de forma distinta a como se hacía en antaño: como bien dicen quienes conocen y entienden de estructuras electorales, al final cada elección bien puede explicarse como un asunto de números. Esto se traduce en quién logra generar una estructura electoral suficiente, para garantizar cierta cantidad de votación en una jornada electoral. Quien lo hace, tiene posibilidad de ganar y —aunque pareciera una verdad de Perogrullo— quien no lo hace, simplemente no tiene forma de ganar.

Esa estructura no se hace en un día, y tampoco al inicio de las campañas proselitistas. Los andamiajes electorales se crean —lamentable, pero ciertamente— desde el propio diseño y concepción de la administración pública, y desde las aspiraciones del propio gobernante. 

Si éste no tiene interés y vocación por la cuestión política y electoral, no concebirá su gobierno a partir de la necesidad de crear estructuras encaminadas a cultivar el voto popular. Al contrario: cuando sí tiene interés, desde el propio gobierno estimula la creación de esas estructuras, y las alimenta con insumos que van desde recursos económicos hasta programas sociales.

La realidad en Oaxaca es contrastante: mientras la actual administración federal está concebida desde la médula para servir fundamentalmente como una maquinaria con fines electorales, en el caso del gobierno estatal la actual administración nunca se concibió como un mecanismo traducible en votación para el partido gobernante. Y en esas condiciones, es un espejismo, y una mentira flagrante, si quiera suponer que hoy, a estas alturas, alguien tiene capacidad de crear cualquier viso de estructura electoral, porque éstas se crean con voluntad y recursos desde mucho tiempo antes de los procesos electorales, no con saliva y al cuarto para las doce.

Ese es el verdadero contraste entre los caminos que siguen Morena y el PRI en la elección de Gobernador en Oaxaca. Independientemente de las reyertas internas entre morenistas —que sí existen, y que son abiertas dada la horizontalidad natural del movimiento lopezobradorista—, es evidentemente que en ese sector político no adolecen del problema de la pulverización, y menos de la falta de estructuras electorales. 

Al margen de quién sea el candidato, cómo sea la campaña, y cuántos recursos tengan para desahogar lo que falta del proceso electoral, es claro que como fuerza política gozan de cabal salud porque tienen una maquinaria electoral que funciona a la perfección, y que todos los días es alimentada estructuralmente. El gobierno federal cotidianamente alimenta a su clientela masiva, a través de mecanismos de estimulación, que pasan por el suministro de todos los programas sociales que entregan dinero en efectivo directamente a cada persona. A la par de ello, administran temas como la vacunación y diversos elementos clientelares que garantizan el número de votos que están proyectando —más de un millón en Oaxaca. 

Por eso hoy a Morena le tiene sin cuidado que las clases medias y altas —que traducidas en voto son menos abultadas de lo que consideramos— se inconformen y protesten por sus excesos y burdas maniobras administrativas con fines electorales. Saben que en la base de la población —la que vive en pobreza, y que cada día crece—, tienen garantizada una votación que les permitirá llegar tranquilamente al día de la jornada electoral, sabiendo que pase lo que pase van a ganar.

EL CONTRASTE 

El gobierno en Oaxaca tiene mucho tiempo sin concebirse como una estructura capaz de suministrar votos. El modelo no es reciente, sino que ha subsistido en por lo menos las últimas dos administraciones. ¿Qué pasa? Que, por un lado, la estructura gubernamental no ha tenido como objetivo mantener afianzadas a sus clientelas electorales y, por el otro, ha tenido líderes políticos que no han tenido como prioridad afianzar un trabajo partidista verdaderamente de bases.

¿A qué nos referimos? A que las instancias gubernamentales estatales que pudieron haber servido para la estimulación del voto, o están presupuestalmente vacías, o fueron destinadas a otras funciones que no son las que valen para los ánimos electorales. Hoy en día no existe en la administración estatal un mecanismo que dote de aditivos a las estructuras partidistas. Por eso en cada proceso electoral —de diputados, de autoridades municipales, etcétera— cada uno de los candidatos es responsable de crear, sobre las rodillas y con recursos salidos de quién sabe dónde, su propia estructura electoral, que casi siempre es insuficiente para hacerle frente a la bien aceitada maquinaria con la que estructuralmente sí cuentan los candidatos de Morena.

Eso es lo que explica tantas derrotas en la última década para los partidos de donde emanaron las sucesivas administraciones estatales. El gabinismo, con todo y la ola de respaldo ciudadano con la que contó en 2010, perdió los comicios de Gobernador seis años después. Y la actual administración, vista desde la perspectiva partidista, tampoco tiene un futuro halagüeño. En la suma y resta de votos, y en la revisión de si verdaderamente cuentan o no con estructuras suficientes para tener al menos una posibilidad de ganar la elección, queda claro que salen reprobados, independientemente de quién sea el candidato.

Por eso hoy, cualquier posibilidad de hacer un papel al menos decoroso en los comicios, tendría que pasar por el consenso de una candidatura que sumara a varias fuerzas políticas. El priismo, el panismo, el perredismo y demás, están pulverizados —y varios de ellos enfrentados internamente, pero ocultos en su verticalidad con la que aparentan una unidad que sólo es de dientes para afuera— en cuanto a sus respectivas votaciones, y se enfrentan a una fuerza política avasallante (Morena) que sí tiene pleitos internos, pero en la que su unidad no es decisiva para el resultado electoral. 

EPITAFIO 

El gobierno federal trabaja día y noche alimentando una estructura que, más allá de la euforia y los falsos liderazgos que hoy intentan venderse y regodearse en todos los frentes, generará un resultado favorable para Morena. Todo lo demás, es demagogia.

@ortizromeroc

@columnaalmargen