AL MARGEN || Pueblos indígenas oaxaqueños: ¿El siguiente gobierno sólo continuará con la política de dádivas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.

En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.

Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.

¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.

¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.

¿UNA MINORÍA?

En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas, aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas. 

Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.

Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.

El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.

EPITAFIO 

Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.

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Imagen: Heriberto Paredes / Gatopardo

AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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AL MARGEN || Oaxaca: algunas impresiones del debate

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La tarde de ayer 15 de mayo se realizó el único debate entre candidatos a la gubernatura de Oaxaca que, dadas las circunstancias, estará en condiciones de realizar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque el ejercicio intentó poner en la picota algunos de los temas sustantivos más importantes para el debate electoral, lo cierto es que tanto la organización del debate, como las propuestas y las posturas de los aspirantes, le quedaron mucho a deber a la ciudadanía oaxaqueña. Veamos algunas impresiones.

  1. El formato. Es cierto que la autoridad electoral tiene el deber de procurar la equidad en los tiempos y las formas en las que participan todos los candidatos. Sin embargo, siguen sin encontrar la fórmula que equilibre un ejercicio de debate en el que no prive la rigidez y el acartonamiento. No hay un debate verdadero, cuando no se ponen las condiciones mínimas para que el contraste de ideas pueda ser sustantivo entre los candidatos, y para que los temas no se desvíen —accidental o deliberadamente— en el intercambio personal entre los aspirantes. La ciudadanía escuchó ataques inopinados entre ellos; fue testigo de más silencios que ideas frente a cuestionamientos sobre propuestas y políticas de gobierno; y los candidatos ofrecieron una cantidad inmensa de lugares comunes con los que intentaron sustituir —y esconder— su falta de proyecto frente a los problemas de la entidad.
  2. La conducción del debate. Fue la periodista Carolina Hernández Solís, de Código Magenta, la encargada de moderar el debate. ¿Lo destacable? Que el formato aprobado por la Comisión Temporal de Comunicación del IEEPCO era tan rígido, que era por demás improbable que hubiera algún imprevisto. Hubo un control estricto —y qué bueno— de las cámaras y los micrófonos frente a los intentos de los candidatos por rebasar los tiempos o las formas de sus participaciones, y por eso en la conducción del debate no hubo sorpresas. ¿Lo cuestionable? La moderadora del debate se equivocó en varias ocasiones al nombrar a los candidatos y no fue capaz de argumentar algo fuera de lo contenido en el guion que previamente le proporcionó la autoridad electoral.
  3. La foránea conducción del debate. Un punto relevante: no es chovinismo ni mucho menos, pero valdría la pena que el IEEPCO considerara la invitación a actores locales —periodistas, académicos, intelectuales, etcétera— para moderar los encuentros entre candidatos. Es increíble que se siga prefiriendo a personas traídas de otras entidades, por ese solo hecho, cuando eso resulta más costoso y no otorga ninguna garantía respecto a que la persona conductora del debate conozca el ambiente, los personajes y el contexto político —tanto de los partidos y candidatos, como de la entidad— del encuentro que va a moderar. Ayer se dio una demostración más de las consecuencias de esa tozudez por preferir a personajes foráneos, frente a una posible oferta local de conducción que no sería nada despreciable.
  4. Los ataques. Alejandra García Morlán y Natividad Díaz Jiménez fueron a jugar su papel de atacantes. Lo hicieron incluso sin que mediara provocación por parte de los candidatos punteros en las encuestas e iban preparadas para eso, más que para debatir ideas y propuestas. Es entendible su postura —mas no justificable— en el contexto de que ambas necesitan alcanzar una votación mínima decente que les permita seguir vivas en sus partidos rumbo a las elecciones federales de 2024 donde buscarán capitalizar lo poco o mucho que puedan hacer aquí. Quién sabe si los ataques vertidos en el debate les reditúen en algo frente a los electores. Pero lo que sí demostraron es su preferencia por el pleito frente a las ideas.
  5. Los “punteros”. Tanto Salomón Jara como Alejandro Avilés, de Morena y el PRI-PRD respectivamente, iban preparados para dar y recibir ataques, pero sobre todo para ser blanco de los candidatos de los otros partidos. Jara se dedicó a esquivar los señalamientos de todos los aspirantes bajo el guion exacto de la 4T: prometer a los oaxaqueños lo mismo que ha dicho siempre el eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y omitir todos los demás señalamientos y cuestionamientos. Le cuestionaron la presencia de sus hermanos —aspecto que sí debe cuidar si no quiere terminar siendo un émulo de la llamada ‘familia real’ de la UABJO—, los antecedentes de sus operadores políticos y de su trabajo legislativo. Él, incluso en momentos en tono socarrón, sólo esquivó los ataques y sólo en algún momento lanzó un discreto ataque a Avilés. Éste por su parte fue más abierto en los señalamientos a Jara, pero tuvo que resentir las consecuencias naturales del desgaste y los errores del gobierno actual, que le fueron adjudicadas a él por ocupar esa posición tan paradójica de ser el candidato del oficialismo oaxaqueño, que hoy se ve más cargado en la preferencia hacia Morena que hacia el PRI.
  6. Los disparates. Al candidato indígena independiente Jesús López Rodríguez le urge que alguien le dé un curso básico de derecho constitucional, o que al menos le expliquen que: a) la pena de muerte está prohibida expresamente en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; b) que por esa prohibición expresa en todo el país, sería imposible volver a legislarla; c) que legislar lo anterior no sería tarea de un Ejecutivo estatal, como lo que él aspira a ser, sino del Congreso; d) que Oaxaca ya es un estado libre y soberano; e) que su sola idea de “independizar” a Oaxaca —idea que nos queda claro que no ha pensado en su dimensión real— es una peligrosa semilla de separatismo que traería mucho dolor y miseria para los oaxaqueños; f) que, independientemente de que lo sepa o no, el artículo 2 de la Constitución federal, garantiza que la nación mexicana es única e indivisible por lo que esa propuesta es, además, un disparate; g) que no está mal que hable de una nueva Constitución, pero lo que es lamentable es que confunda eso con un nuevo Estado oaxaqueño o, aún peor, con un nuevo país. Si no tiene ideas asequibles, y si en él priva la ignorancia, debería asesorarse mejor para no hacer quedar las candidaturas indígenas como una burla para la inteligencia de los oaxaqueños, porque con sus disparates no sólo queda mal él sino esta novedosa —aunque claramente despreciada hasta por la ley— figura democrática.
  7. No hay ganadores. Acaso el más prudente y claro en sus ideas fue el candidato indígena independiente Mauricio Cruz Vargas. Fue el único que no se enganchó en ataques y estableció algunos puntos de referencia, desde la perspectiva del indigenismo y el asambleísmo de los pueblos oaxaqueños, que debían ser considerados por cualquiera que gobierne Oaxaca.

EPITAFIO

En el debate se habría agradecido que los candidatos explicaran temas como las cuentas pendientes en sus respectivas gestiones como servidores públicos; o en qué sanciones administrativas terminaron los faltantes en la Secretaría de Agricultura, o episodios como el del uso de un avión gubernamental por particulares. Se supone que esos señalamientos tuvieron como consecuencia procedimientos administrativos hoy concluidos. ¿De verdad los hubo? ¿O todo fue parte —también— de arreglos políticos? 

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En Morena, con Salomón Jara, se premia la corrupción

SaJa

+ Su paso por Sedapa fue marcado por acciones indebidas


No parece haber algo que pueda detener la ruta de Salomón Jara Cruz como candidato a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador. Para el tabasqueño, Jara representa fielmente los intereses de su nuevo partido, que no son otros que los de sumisión y preservación del clientelismo y fanatismo político que plantea como proyecto de nación. Sólo quien no conoce al futuro abanderado de Morena, podría creer que representa el “cambio verdadero” que promete en su proselitismo. Por eso mismo vale la pena recordar algunos detalles de su atropellado paso por el servicio público estatal.

En efecto, Salomón Jara fue, como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del gobierno estatal, el signo de la persistencia de todo lo que este gobierno decía no querer ser. Durante su gestión como titular del área encargada del desarrollo rural, todos los rubros asignados a esa dependencia estuvieron en el total abandono, cuestión que vino siempre acompañada de un escandaloso manejo discrecional y sectario de los recursos para la producción alimentaria en la entidad. incluso, a Jara Cruz se le cuestionó siempre su abierta participación en asuntos políticos, que sin ningún rubor lo distraían los asuntos públicos que le habían sido encomendados.

Así, Salomón Jara Cruz fue siempre cuestionado, y reiteradamente se exigió su salida de la administración estatal por el daño que le provocaba a las tareas que le habían sido encomendadas, porque su gestión siempre estuvo marcada por las acusaciones de abandono al campo y a los sectores a los que la ahora Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura debe atender en la entidad. De hecho, en Oaxaca durante los casi tres años que Jara estuvo al frente de esa dependencia, fueron sistemáticamente desoídas todas las exigencias de grupos sociales, organizaciones campesinas y demás que denunciaban la inoperancia de esta dependencia con Jara al frente.

Del mismo modo, desde el Congreso de la Unión, y también desde dependencias del gobierno federal, se acusó sistemáticamente a la Secretaría que encabezaba Jara Cruz, de ser una dependencia que no tenía capacidad para ejercer y comprobar los recursos que exigía la Federación. Sólo así podía entenderse que sólo en 2011 la Sedapa se viera obligada a devolver alrededor de 600 millones de pesos; y que derivado de ese subejercicio, para el ejercicio 2012 —todavía con Jara al frente— el Presupuesto de Egresos de la Federación hubiera contemplado y aplicado un recorte presupuestal de 400 millones de pesos. Esto, es evidente, impactó en mil millones de pesos que en los últimos años se dejaron de invertir en el ya de por sí deteriorado campo oaxaqueño.

Jara Cruz, además, fue siempre cuestionado porque durante su gestión como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, intentó repartir los recursos económicos destinados al campo y el desarrollo de las actividades productivas antes señaladas, no entre quienes verdaderamente demostraban capacidad técnica, sino entre quienes pudieran y quisieran “compartir ganancias” con él.

EVIDENCIAS DE CORRUPCIÓN

Desde aquellos años en los que Jara era funcionario, señalábamos en esta columna irregularidades importantes en programas como el PESA, en los que resaltaba la corrupción de Jara Cruz. ¿Qué es el PESA? Es el Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, que otorga recursos para la operación de Agencias de Desarrollo Rural, que son las encargadas de llevar a cabo procesos ordenados de combate a la dependencia alimentaria, y fomento de producción suficiente de comestibles derivados de la tierra en las regiones en que se encuentran presentes. Apuntábamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad ascienden a más de 350 millones de pesos anuales.

¿Qué intentaba hacer Jara Cruz al respecto? Decíamos que, en el caso de Oaxaca, actualmente operan 52 Agencias, cada una de ellas tiene un presupuesto de operación de alrededor de un millón y medio de pesos anual, y tiene capacidad de gestionar proyectos productivos para la activación del campo por unos 4.5 millones adicionales. Al hacer cuentas, señalábamos, podemos darnos cuenta que sólo este fondo implica unos 350 millones de pesos, que son los que fundamentalmente pretende acaparar la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos —reconocidos y validados por todas las instancias nacionales e internacionales involucradas—, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo servirían para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias.

Asimismo, sobre Jara siempre pesaron los cuestionamientos de haber ejercido los recursos de esa dependencia con un evidente favoritismo a quienes le generaban un clientelismo político. En su momento, a Jara se le cuestionó que casi la totalidad de los recursos que entregó como titular de Desarrollo Rural estuvieran encaminados a las organizaciones que integraban el llamado Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y Transporte, que desde aquel entonces ya era uno de los brazos sociales del Partido de la Revolución Democrática, y que después fue una clientela tomada por el senador Benjamín Robles Montoya.

Mientras Robles y Jara fueron perredistas, esa fue una de sus formas de operación que, sin embargo, marginó a innumerables organizaciones y grupos organizados para beneficiar únicamente a sus principales clientelas. A la salida de Jara del gobierno, y del PRD para organizar las estructuras electorales de Morena, una parte de esas organizaciones siguió trabajando con él aunque gracias a los apoyos que se generaban desde el gobierno para aceitar la maquinaria electoral que todos ellos representan, y que se van a jugar la sucesión —junto con sus respectivos candidatos— en los comicios del próximo junio.

LA MORAL MORENA

Esa es la carta con la que jugará el Movimiento de López Obrador en los comicios locales. Garantiza, quizá, la sumisión al líder y el cumplimiento de sus intereses. Pero dados los antecedentes, no sería ningún buen signo para Oaxaca como posible gobernante.