AL MARGEN || Avilés y los ‘chalanes’ que se cansaron de militar en el PRI

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Ante las recientes renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, el excandidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez soltó una frase que dibuja perfectamente una de las razones de fondo de la debacle priista entre sus militantes. En la red social Twitter, Avilés espetó: “El que es chalán es chalán… aquí o allá… sea rojo o sea verde…”. Instalado en la arrogancia y quizá sin querer, el también diputado local dibujó exactamente la razón por la que su partido perdió estrepitosamente no sólo los comicios, sino también gran parte de su base social y su militancia en la entidad. 

En efecto, la semana pasada se realizó una reunión entre militantes y representantes populares emanados del Partido Verde con el gobernador Salomón Jara. Ahí aparecieron dos personajes que hasta entonces se habían considerado priistas, los cuales se sumaron a otros más que también han dejado las filas tricolores en el pasado reciente para integrarse a esa fuerza política aliada a Morena. Las reacciones no se hicieron esperar, desde aquellos que lamentaron la decisión de sus ex compañeros de partido, hasta aquellas que rayaron en el franco insulto. Pero de entre todas ellas resaltó la postura Avilés, quien tildó de “chalanes” a los que se fueron. 

En esto, habría que preguntarse si no en medio de la ira Avilés fue traicionado por sus propias emociones. ¿Por qué llamar “chalán” a alguien? Un chalán, todos los sabemos en México, es un ayudante. En la albañilería, un chalán es el peón, que se encarga de las tareas más pesadas y menos relevantes; en prácticamente todos los demás oficios se les denomina así a las personas que son aprendices o que no poseen ninguna categoría dentro del escalafón técnico. 

En lo político y en lo partidista, igual que en todos los demás trabajos, se supone que esos rangos son de formación y de entrenamiento. Así, si el término chalán se equiparara a lo político entonces estos serían quienes llevarían a cabo las tareas básicas: activismo, propaganda, rutas y promoción del voto. Y, paradójicamente, se supone que esa fue una de las razones de mayor peso por las que fue designado Alejandro Avilés como candidato a la gubernatura: porque al haber sido un militante de base, se supone que había “chalaneado” lo suficiente como para conocer todos los estratos de la estructura electoral y ser aceptado por todos. 

La memoria es muy corta, pero cuando fue anunciada su candidatura, propios y extraños dentro del PRI reconocieron que Avilés era un elemento aglutinador de todas las corrientes internas, por haber sido alguien que recorrió todas las estructuras y todas las responsabilidades dentro del partido. Así lo dijeron prácticamente todos los militantes distinguidos del priismo en la entidad. Y lo expresaron además porque Avilés representaba la contracorriente al sentido cupular y patrimonialista con el que se había manejado el partido en el sexenio que concluía: mientras el gobierno estaba en manos de una sola familia que se sentía con una especie de derecho de sangre para gobernar, él representaba el encumbramiento de las bases a través de su candidatura. 

Avilés no podía sustraerse de la inercia de su partido, y parecía ser el dique de contención a ello: durante la administración de Alejandro Murat, un puñado de familias —sí, de familias— se encumbraron en el poder y establecieron las prioridades del partido: todos debían trabajar para que los integrantes de esas familias siguieran ocupando los cargos relevantes. En algunos casos por la vía de los cargos en la administración pública; otros, por la vía de los procesos electorales, y los más encumbrados a través de la vía plurinominal. 

Todos debían trabajar para que esas familias ocuparan los cargos, como si éstos fueran los tiempos de la España borbónica que distinguía entre criollos y peninsulares como referente esencial para el reparto de las responsabilidades públicas, y como si unos fueran los designados para las tareas públicas a partir del linaje y no del trabajo de campo, y los “chalanes estuvieran exclusivamente destinados a ser los ejecutantes de las tareas esclavizantes para que los elegidos de arriba gozaran de los ya conocidos privilegios.

¿QUE SE VAYAN…?

Quizá no lo pensó demasiado y Avilés lo soltó como una más de las puntadas de creatividad que ha demostrado tener para enviar mensajes en las redes sociales. El problema es que el arrebato venía cargado de una verdad que les está explotando en la cara. Es hoy imposible explicar por qué los únicos espacios con los que cuenta el PRI en Oaxaca —y ni se diga en la anterior administración— son ocupados por los hijos, los hermanos, las esposas y los socios de la cúpula priista, y no por militantes de base. 

Evidentemente, eso es algo que les está haciendo mucho daño. Más allá de si Rafael Vichido fue o no un militante priista relevante, si hizo o no trabajo político para su ex partido —que sí lo hizo— y que si son intereses económicos lo que hoy lo están moviendo a cambiarse de partido, lo cierto es que el diagnóstico va mucho más allá de él. 

Implícitamente, es lo que está demostrando el gobernador Salomón Jara al incluir en la administración pública a toda una pléyade de personajes que nunca habían tenido un espacio más allá del chalaneo de los partidos: silenciosamente, está haciendo la reivindicación con sus aliados de abajo, que el PRI nunca supo hacer. Ahí pesaron siempre más los apellidos, los linajes y el ius sanguinis, que la militancia real que se forma en la fila para acceder algún día a las responsabilidades públicas. Por eso el gobierno de Alejandro Murat fue como fue —lleno de frivolidades—, y terminó como terminó —en la derrota.

Quizá en este punto el PRI debía de ser más modesto en la autocrítica y reconocer los errores, no de la dirigencia actual, sino de sus manejadores del pasado. Hoy Avilés, Javier Villacaña y demás están recogiendo un desastre que ellos no provocaron, pero del que sí están conociendo las consecuencias. Debían preguntarse con seriedad cuál sería su postura si a ellos les llamaran ligeramente “chalanes” cuando han entregado su vida y sus convicciones políticas a una causa que ha encumbrado inmerecidamente a muchos, pero que al mismo tiempo ha despreciado reiteradamente a mujeres y hombres que han dado todo para ver ganar a su partido, aunque al final los dejen en las mismas. 

Este tendría que ser el punto de abandonar la soberbia y reconocer que ellos son lo que son, y están donde están, gracias al trabajo de los chalanes y de todos los militantes y simpatizantes de su partido. A ellos no habría que despreciarlos sino reconocerlos, máxime hoy que enfrentan un acelerado proceso de desmantelamiento orquestado desde el poder. Asumir la postura fácil de “no te necesito” y apartarse de cualquier forma de autocrítica, simplemente revela el estupor que silenciosamente les provoca no que los abandonen sus militantes distinguidos, sino los elementos a los que incluso en la devastación continúan menospreciando. 

Avilés no debía olvidar su origen. Es justo lo que lo hace ser ese personaje querido y aceptado por sus propios militantes. Chalanear no es indigno. Lo indigno es servirse del trabajo de los demás y ni siquiera tener pudor para reconocerlo. En fin… 

EPITAFIO 

Más allá de los arranques y las poses políticamente correctas, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial deberían establecer con precisión cuáles fueron las razones por las que le cambiaron la medida cautelar a Juan Vera Carrizal y, sobre todo, qué están haciendo para garantizar que no se sustraiga de la justicia. El derecho penal no se aplica por mayoría de razón. No bastan posturas ni indignaciones, sino acciones para dar certidumbre de que el juicio continuará hasta resolver las cuestiones de fondo.

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Ratifica Gobernador del Estado, la alianza legislativa y municipal con el Partido Verde en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó este día un encuentro de trabajo con legisladores federales y locales, así como con autoridades municipales del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca. Ahí, el Ejecutivo estatal refrendó su compromiso de trabajar codo a codo con las y los representantes populares emanados de este partido, para hacer realidad en Oaxaca los principios y metas de la Cuarta Transformación y del proyecto de gobierno que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y por el Diputado Federal José Antonio Estefan Gillessen, las y los diputados locales integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca manifestaron su respaldo a las iniciativas y propuestas presentadas por el Titular del Ejecutivo ante el Congreso, ya que éstas representan la ruta política y legislativa por la que el pueblo de Oaxaca votó en los comicios del año pasado.

Por su parte, el Mandatario estatal hizo patente el compromiso de trabajar con las y los concejales oaxaqueños emanados del Partido Verde, ya que dijo que sólo con una ruta conjunta de trabajo y esfuerzos podrá cambiarse el panorama desde las propias comunidades. Recalcó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades municipales pues dijo que ese es un factor esencial en la construcción de una auténtica gobernabilidad y desarrollo para las comunidades oaxaqueñas.

En el encuentro el Gobernador Jara Cruz reconoció la importancia y solidez de la alianza política con el Partido Verde, y celebró el marco de unidad y acuerdos en el que las autoridades municipales y representantes populares del PVEM trabajan día a día a favor de Oaxaca. Esto garantiza, dijo, un trabajo conjunto perdurable y consistente para lograr la transformación que tanto anhela el pueblo de Oaxaca.

AL MARGEN || Ley de Austeridad: una norma redundante… pero paradójicamente necesaria en Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Recientemente el gobernador Salomón Jara Cruz presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana. Aunque su contenido en realidad no establece más que algunas disposiciones legales adicionales a las ya existentes en el marco jurídico local, lo cierto es que ante las circunstancias parecía apremiante que una ley venga a recordarle a todos los integrantes de la Administración Pública Estatal cuáles son las responsabilidades, obligaciones y límites en el cumplimiento de sus funciones.

En efecto, en la exposición de motivos de dicha Ley, el Gobernador establece que ésta tiene como finalidad alinear los esfuerzos de la administración estatal a los principios y metas establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Si bien es cierto que las consideraciones —y el contenido en general de la Ley de Austeridad— son más teóricas e ideológicas que operativas, lo cierto es que pareciera que el remarcar estos principios y normas resulta algo necesario ante los excesos, el dispendio y la frivolidad con que se han conducido muchos servidores públicos estatales a lo largo de varios sexenios. 

Vale la pena revisar algunos puntos fundamentales de esa iniciativa.

En primer término, no está demás señalar que prácticamente todo el contenido de la Ley de Austeridad podría conceptualizarse en lo que se conoce como “normas programáticas”. ¿Por qué? Porque teóricamente éstas son concebidas como “normas que no contienen proposiciones imperativas ni establecen mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limitan a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o a declarar derechos cuya consagración definitiva, dotando a las normas declarativas de eficacia plena, se deja a la intervención posterior del legislador secundario”.

Y es que resulta que ésta Ley de Austeridad Republicana no establece nuevos parámetros de austeridad, de honestidad, de control del gasto público o de la contratación de bienes y servicios, sino que más bien remarca y refuerza un junto de disposiciones y principios ya existentes tanto en la Constitución federal como en la local, así como en leyes estatales como la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras. 

En ese sentido, recalca el cumplimiento puntual de la austeridad en diversos rubros: en la no contratación de bienes y servicios no indispensables; el no “derroche” —así dice— de recursos como agua, telefonía o energía eléctrica; la compra de materiales no indispensables; la no contratación de seguros de retiro o médicos; o, entre otras, la prohibición de la compra o arrendamiento de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos. 

En este último rubro, la iniciativa dispone que sólo podrán realizarse operaciones de compra o arrendamiento de vehículos, cuando las unidades no rebasen el valor comercial de cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente… algo así como 450 mil pesos netos. Por lo que puede preverse que, de convertirse esta iniciativa en ley, la administración pública estatal no poseerá ni arrendará vehículos más allá de sedanes compactos, porque la disposición no ancla el límite de valor a la operación de arrendamiento sino al valor de mercado del vehículo.

NORMAS PROGRAMÁTICAS 

En otra porción, la ley hace referencia al “tráfico de influencias” aunque no lo define, y tampoco establece una sanción especial que las ya habidas en otras normas vigentes. En el artículo 9 establece: “Los contratos que hayan sido suscritos con empresas que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho, de conformidad con el marco normativo aplicable.” 

No dispone qué norma será la específicamente aplicable, ni qué autoridad será la competente para declarar la existencia de ese tráfico de influencias, actos de corrupción o lesivos para la hacienda pública, aunque en las líneas siguientes lo resuelve a través del marco jurídico y las instituciones ya existentes al establecer: “La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente”.

Además, en un ejercicio que podría parecer redundante pero que resulta hasta didáctico para un gabinete conformado por personas que en su mayoría han sido ajenas a la administración pública, la Ley establece ciertos límites que ya existen en otras normas pero que aquí son remarcados quizá para que no los olviden. 

Además de algunos de los puntos antes mencionados, en el artículo 15 se establece por ejemplo que: “Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de los entes públicos. Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehículos (fracción II); No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de reposición (fracción VI); Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo (fracción VII) …” 

Asimismo, hay varias disposiciones relativas a la prohibición de que los ex titulares del Poder Ejecutivo gocen de recursos económicos, materiales y humanos a cargo del erario. No hacen ninguna referencia a una disposición contenida en el último párrafo del artículo 75 de la Constitución local relativa a ese mismo rubro, la cual dispone que “una vez concluido su periodo, la persona que haya ocupado el cargo de Gobernador no tendrá derecho a haber de retiro alguno, así como tampoco a prestaciones o beneficios humanos, materiales o económicos provenientes del erario estatal”. En su tiempo como diputado local (año 2017), esa disposición fue adicionada por iniciativa del actual Secretario de Gobierno Jesús Romero López.

Finalmente, y pareciera que para que a nadie se le olvide, la Ley de Austeridad remarca diversas obligaciones y prohibiciones, algunas de ellas que parecieran lógicas en exceso, pero no por ello irrealizables. Por ejemplo, subraya el deber de brindar un expedito y buen trato a la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones; la prohibición de acudir al trabajo ebrio o de ingerir bebidas embriagantes en su centro de trabajo; o una a la que han sido muy proclives los funcionarios antes y ahora: recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

EPITAFIO 

La citada Ley establece una prohibición en particular que les debería retumbar a varios que hoy en día, a nombre del Gobernador y presumiendo incluso lazos de parentesco, intentan acaparar plazas de trabajo de todos los niveles en la administración estatal. La fracción V del artículo 20 dispone: “Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.” Ahí, la infracción no la comete quien pide el espacio, sino quien lo concede. ¡Aguas a todos aquellos que se están dejando llevar por ese tipo de peticiones supuestamente a nombre del Ejecutivo!

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AL MARGEN EXPRESS || Acerca Salomón Jara la posibilidad de un ejercicio real de la Revocación de Mandato

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Este 14 de diciembre el Gobernador Salomón Jara Cruz envió al Congreso del Estado una iniciativa en materia de revocación de mandato. Siguiendo una evidente lógica cuatroteísta, el Mandatario propuso al Poder Legislativo hacer más asequible a la ciudadanía a ejercer su derecho a revocar el mandato del Titular del Ejecutivo. Este mecanismo de democracia directa ya estaba comprendido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, pero en parámetros que, como el propio Ejecutivo lo reconoce, eran inalcanzables para la ciudadanía. Y eso es lo trascendente de esta iniciativa. 

En efecto, es claro que las implicaciones democráticas y políticas de esta iniciativa serán trascendentales no sólo para el Gobernador Jara —que al tercer año de su gestión seguramente alentará a la ciudadanía para que solicite al órgano electoral una consulta sobre si se le revoca el mandato a él como Mandatario— sino para los gobernantes siguientes. 

Acercar este mecanismo de democracia directa a la ciudadanía, mal utilizado puede ser un instrumento de populismo. Pero si la ciudadanía oaxaqueña se empodera —como debería ocurrir—, entonces esta será una herramienta democrática fundamental para exigirle a los gobernantes un mejor y más eficiente ejercicio de gobierno, so pena de revocarle el mandato si no cumple con los imperativos de la ciudadanía.

Vale la pena observar cómo define, y qué requisitos establece la Ley de Participación Ciudadana vigente para la revocación de mandato, y cuáles propone el Gobernador Jara. En su artículo 28, la norma vigente establece que “la revocación de mandato es el mecanismo de consulta a la ciudadanía del Estado, a fin de que este se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la destitución del cargo público del Gobernador del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo.”

Luego, en el artículo 29 señala los requisitos: “Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:

“I. Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; II. Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado;

“III. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Estatal; IV. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad; y

“V. Se presente la solicitud en la forma y términos que marque esta Ley ante el Instituto.”

LA INICIATIVA 

Ahora bien, en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Jara se reconoce que, además de ser materialmente inalcanzables, los parámetros actuales de la revocación de mandato en Oaxaca desalientan la participación ciudadana. 

Y por esa razón —entre otras modificaciones, entre las cuales se encuentra la emisión de una Ley de Revocación de Mandato, y la derogación de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana—, propone una reforma a la fracción III del Apartado C del artículo 25 de la Constitución local para establecer lo siguiente: “…El proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a) Será convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos trece distritos electorales locales y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada uno de ellos.”

Luego, la iniciativa señala que la propia ciudadanía puede recabar las firmas para solicitar la revocación; que ésta se realizará 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, siempre que no coincida con la realización de comicios municipales o estatales; y que para ser válida se requiere la participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, procediendo sólo con mayoría absoluta.

Vale la pena recalcar la importancia y la trascendencia política de esta reforma: en el ámbito del deber ser, y en las circunstancias actuales —y si no ocurren acontecimientos extraordinarios durante la gestión del gobernador Jara—, es muy probable que este mecanismo sea poco riesgoso para el actual gobierno, porque durante un buen tramo del periodo seguirá gozando del voto de confianza que en general la ciudadanía le da a Morena —y más en Oaxaca a AMLO. Pero sin duda será un elemento de presión para los siguientes gobernantes oaxaqueños, a los que ya no les tocará la coyuntura de gobernar en el contexto del lopezobradorismo, y que se enfrentarán a una ciudadanía que, irremediablemente, seguirá en la senda de robustecer su participación en la vida democrática.

Hasta hoy, ningún Gobernador ha tenido el incentivo de estar presionado a hacer una gestión gubernamental correcta, porque no hay mecanismos para retirarlos del poder; y porque los que existen —como la revocación de mandato actual— son francamente imposibles de ejercer por los altísimos parámetros que establecen para su procedencia.

Ojalá que este no termine siendo un elemento más de propagandismo o de populismo, y que la administración del gobernador Jara tenga la determinación de dejar sembrado el mecanismo como una herramienta a favor de la ciudadanía para las futuras generaciones y los siguientes gobernantes —sean o no emanados de Morena—. 

Veremos. 

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AL MARGEN || Bases: ¿hubo ‘venta nocturna’? ¿Quién del gobierno de AMH cargará con la responsabilidad?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

En las dos conferencias mañaneras que ha realizado ya en su calidad de Gobernador, Salomón Jara Cruz ha insistido en que el exgobernador Alejandro Murat no respetó los únicos acuerdos que habían tomado en el marco de la transmisión de poderes, para que no se entregaran más plazas de base en la administración estatal; para que no se otorgaran más patentes para fedatarios públicos; y para que no se autorizaran más concesiones de transporte público. Y aunque el Gobernador no fue específico en los datos dados a conocer, vale la pena revisar la información pública gubernamental existente, para que con eso podamos deducir algunas conclusiones respecto a las basificaciones.

En efecto, el gobernador Jara dijo que en términos globales la burocracia estatal creció en un 37 por ciento. Aunque no ofreció mayores datos, sí es posible saber cómo ha evolucionado el número de plazas de base otorgadas al menos en los últimos seis años. En el portal de transparencia del Gobierno del Estado, en lo relativo a la Secretaría de Administración, existen tablas publicadas que, año por año, van dando cuenta del ritmo de crecimiento de los servicios personales en general, y concretamente del personal basificado.

Así, por ejemplo, la información pública gubernamental establece que al 15 de diciembre de 2016 había 10 mil 681 trabajadores de base; la siguiente tabla publicada hace un corte al 31 de diciembre de 2018, estableciendo que para entonces había 10 mil 962 trabajadores basificados; al 31 de diciembre de 2019 este número creció a 11 mil 291; y que al 31 de diciembre de 2020 había ya 11 mil 641. Al 31 de diciembre de 2021 había 11 mil 937 trabajadores basificados. Y que al 30 de septiembre de 2022 esta cifra alcanzaba los 12 mil 265 empleados de base.

De todo esto, resulta interesante subrayar que la información pública gubernamental hace su último corte sesenta días antes del final de la administración del gobernador Murat. En una nota del diario El Imparcial se refiere que “de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración, al cierre del cuarto trimestre del 2020 reportó un total de 13 mil 586 trabajadores de base, adheridos al STPEIDCEO, quienes son los únicos que cada sexenio aseguran sus puestos en las diferentes dependencias gubernamentales”, dice la nota.

¿Qué significa esto? Que, si contrastamos los dos últimos datos referidos, resulta que en los dos últimos meses de la administración del gobernador Murat se otorgaron 1 mil 321 nuevas plazas de trabajo. Fuentes de la propia Secretaría de Administración, refieren que al final del gobierno muratista se cambió la modalidad de confianza a base a 846 trabajadores. E independientemente de revisar si esos cambios de modalidad fueron legal y válidamente realizados, aun así, habría 475 plazas que habrían sido de nueva creación únicamente en esa ventana de los sesenta últimos días de la gestión de Murat Hinojosa.

¿EN QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD? 

Por un lado, y por una sola cuestión de línea del tiempo, en la última titular formal que fue Mariana Nassar Piñeyro; y por el otro, por la persona que durante ese último tramo fungió como encargado a raíz de una cuestión de salud que padeció la ahora ex titular de la Secretaría de Administración, y que responde al nombre de Raúl Arzate Libien.

Todo esto tendrá que ser revisado y contrastado a partir del posible quebranto a la Ley Federal de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios que entró en vigor en 2016, y que para el rubro de servicios personales (es decir, el personal contratado por el gobierno con cargo al gasto corriente) establece que los gobiernos estatales tienen el deber de observar que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, “tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: a) El 3 por ciento de crecimiento real, y b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando…”.

¿Qué significa esto? Que al existir esta disposición las entidades federativas no pueden legalmente autorizar el crecimiento desmedido de su personal contratado, aun cuando contaran con la suficiencia presupuestal para ello, ya que de existir excedentes la propia ley prohíbe la discrecionalidad en su disposición, y más bien señala cuál debe ser la prelación en el destino de esos recursos. 

Y por eso no sólo se estaría cometiendo una serie de delitos si esas plazas fueron traficadas —vendidas— por funcionarios de la administración anterior, sino que incluso de no haber mediado un pago, de todos modos, se habría generado un quebranto a normas vigentes con las consecuencias —administrativas y penales— que todo ello habría de conllevar para las personas que las autorizaron.

Al final esta parece una oportunidad importante para ordenar y transparentar ese rubro del gasto público estatal, que hasta ahora sigue constituyendo una enorme interrogante para toda la ciudadanía. Igual que en lo relativo al otorgamiento de fiats y de concesiones del transporte público deberán poner la mayor atención para que esta oportunidad no termine en un fracaso más —porque hay muchos en los haberes locales— que impida que quien infringió la ley pague las consecuencias de sus actos. Veremos.

EPITAFIO 

¿Y las demás bases? Nos lo preguntamos porque la Consejería Jurídica y la Secretaría de Administración deben revisar con detalle no sólo la explosión demográfica de basificados en la administración centralizada, sino también en varias dependencias descentralizadas que tienen sus propios sindicatos y sus propias basificaciones. Si revisan bien, ahí se van a encontrar muchas, pero muchas sorpresas.

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AL MARGEN || El reto de Jara: armonizar pluriculturalidad con el desarrollo

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Luego de varios meses de relativa prudencia/silencio, ayer Salomón Jara rindió protesta ante el pleno de la LXV Legislatura y luego realizó un evento político en el Auditorio Guelaguetza, de la capital oaxaqueña. Ahí, finalmente, estableció la que dijo que será la hoja de ruta de su administración, estableciendo algunos puntos que vale la pena ser retomados y contrastados durante los primeros meses de su gobierno. De entre todos, sobresale la convicción por privilegiar leyes, acciones y políticas que reconozcan y estimulen la composición pluricultural de la sociedad oaxaqueña, así como acciones tendientes a depurar la administración pública para lograr un verdadero desarrollo para las ocho regiones oaxaqueñas. El reto parece mayúsculo. ¿Por qué? 

En efecto, durante su alocución frente a un Auditorio Guelaguetza prácticamente lleno, el gobernador Jara estableció algunos puntos que, dijo, serán prioritarios para su gobierno y que a todas luces se ubican más en el ámbito de los anhelos y de la delineación de su plan de desarrollo, que de acciones y programas de gobierno en concreto. Retomamos algunos puntos establecidos por el nuevo Mandatario: 

“Nuestro objetivo es transitar de un modelo de estado de derecho monocultural, de perfil occidental y neoliberal, a un nuevo modelo de estado intercultural de derechos. Vamos a sentar las bases para que nuestros pueblos preserven su identidad y, al mismo tiempo, se integren en condiciones de igualdad y con autonomía para lograr la prosperidad y el bienestar que merecen.

“Otra de nuestras guías será la perspectiva de género. En Oaxaca, lamentablemente dos de cada tres mujeres viven en situación de pobreza; condición que, al combinarse con factores como la etnia, escolaridad, edad y violencia, profundizan la brecha histórica de desigualdad. Por esa razón, la transformación de Oaxaca no será real si no se logra la igualdad sustantiva que les permita a las mujeres tener autonomía, mejores oportunidades y una vida libre de violencia (…) mi gobierno no tolerará la violencia feminicida ni permitirá que persista la impunidad”.

Luego, el gobernador Jara estableció una serie de parámetros en materia de corrupción, los cuales se asemejan claramente —igual, en el tono de anhelos— a los principios de la llamada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador: ninguna tolerancia a la corrupción, a la impunidad o a los excesos de los funcionarios, así como fiscalización puntual a los recursos gubernamentales. No estableció cuáles serán los mecanismos o las acciones por implementar, pero prometió “un gobierno popular, humilde, austero, honesto, cercano a la gente y capaz de atender las necesidades de los grupos más desfavorecidos”, sin lujos ni privilegios.

ARMONIZAR EL DESARROLLO 

Sobre los retos relacionados con el desarrollo económico de las regiones, el Gobernador Jara estableció parámetros que, de cumplirse, serán de amplio beneficio para la población desde una perspectiva distinta a la “monocultural” que hasta ahora se había conseguido. Vale la pena recuperar los puntos relativos a ese tema, establecidos en el discurso inicial de la gestión del gobernador Jara Cruz:

“Llegó la hora de implementar un modelo de desarrollo incluyente que, en cada una las distintas regiones, tome en cuenta las necesidades de todos los pueblos y comunidades, y les permita salir de su histórica situación de abandono”.

“Nuestra cultura y la riqueza de nuestros pueblos será la base de un nuevo futuro de bienestar, justicia y desarrollo incluyente.”

“La política de desarrollo económico integral y sustentable en las ocho regiones, la cual buscará promover las vocaciones productivas de cada una de ellas, fortalecer la producción local y colocar los productos oaxaqueños en el mercado nacional e internacional, para convertirnos en el motor económico del sur de México.

“Nuestro gobierno está decidido a convertir a Oaxaca en referente del desarrollo económico nacional. Bajo este eje estratégico están agrupadas las siguientes políticas de desarrollo económico:

“La política para la reactivación y el desarrollo turístico.

“La protección del medio ambiente. las acciones para sanear nuestros ríos, garantizar el abastecimiento y promover la gestión integral de los recursos acuíferos.

“Los proyectos estratégicos del corredor transístmico.

“Las políticas de desarrollo agropecuario”.

Estas —dijo el gobernador Jara Cruz— serán las bases sobre las que se sostendrá el gobierno de la transformación en Oaxaca.

Independientemente del contraste entre anhelos y realidades, vale la pena subrayar y reconocer que, en el esbozo de la visión y acciones de gobierno del gobernador Jara, no están presentes elementos que podrían ser tentadores —por demagógicos— aunque riesgosos —por radicales— para la estabilidad social de una entidad como la nuestra; y que más bien, se plantea una visión ecuánime de la realidad oaxaqueña. ¿De qué hablamos? De que el gobernador Jara no cayó en garlitos, como por ejemplo el de la visión chovinista que sugiere que todo lo malo viene de afuera; o del proteccionismo y la cerrazón frente a los elementos básicos de la economía de mercado, como mecanismos de preservación de lo propio.

Es justo ahí donde se encontrará el mayor reto de esta administración: armonizar las condiciones de mercado y —como el mismo Gobernador la denominó— la visión occidental del desarrollo, con el respeto a la diversidad y a la preservación cultural de las comunidades indígenas en las ocho regiones. 

No es una tarea imposible, pero al menos es una visión que en Oaxaca no había sido delineada —ni en el anhelo— por gobierno alguno, pues más bien todos plantearon encaminar sus acciones hacia procesos que despojaban y aculturizaban a las comunidades y regiones para ser atractivas a los modelos puramente occidentales. 

El reto es mayúsculo y, ojalá, nada de esto se quede únicamente en la promesa o en el discurso. Tendrá que echar mano de todas las herramientas de diálogo y gobernabilidad para lograrlo, porque no sólo se tratará de moderar los efectos y los alcances de la economía pura de mercado, sino también de convencer a las comunidades que son posibles formas alternativas de desarrollo. Proyectos como la conclusión de las autopistas, el tren interoceánico o los parques eólicos, hoy tienen su mayor obstáculo en los recelos mutuos. Generará un antes y un después para Oaxaca, si el gobierno de Salomón Jara logra cambiar esas condiciones.

EPITAFIO 

Dicen que, al final, sí hubo “piñatazo” notarial de final de sexenio. En los nombres y los antecedentes de los supuestos beneficiarios hay muchísimo de las calamidades e intereses que el nuevo gobierno prometió combatir frontalmente. Esa será la primera prueba para ver si la administración entrante tiene convicción de no permitir más excesos, compadrazgos y tráfico de influencias, o si el discurso cuatroteísta es pura demagogia.

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