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Corrupción: es necesario dejar atrás el autoengaño y reconocer su dimensión

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+ ASF reconoce daño que provoca al Estado, corrupción en procesos electorales

Dentro de todas las formas existentes de manifestación de la corrupción en México, hay una que sigue siendo toral e inatendida: la que se produce como consecuencia, y alrededor de los procesos electorales. Este es un problema mayor de nuestra democracia, y es lo que en gran medida explica la multiplicación de las manifestaciones de la corrupción en nuestro país, desde los ámbitos más modestos hasta las altas esferas nacionales. Sin embargo, en la medida en que prevalezca la simulación y el autoengaño, continuará esta carrera disparatada rumbo a la autodestrucción, en general, de nuestras instituciones.

En efecto, por todo el país hay muestras de corrupción institucional. En el ámbito nacional, el mayor escollo que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es justamente el de los cuestionamientos por corrupción. Aunque fue un candidato carismático y bien recibido —le ganó a Andrés Manuel López Obrador por un amplio margen de votos, que desde el inicio hizo incuestionable su victoria electoral—, y que además logró en un periodo corto de tiempo el consenso político necesario para impulsar un ambicioso paquete de reformas, lo cierto es que nada le hizo más daño que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y, sobre todo, la incrustación de la duda en el colectivo social sobre la existencia de actos sistemáticos de corrupción, desde que era Gobernador del Estado de México.

Todas esas dudas se cristalizaron en un referente que hoy es funesto: el noviembre de 2013 se estableció la existencia de una mansión, propiedad de la familia del Presidente de la República, que habría sido adquirida como el pago de favores relacionados con la construcción de obra pública, por parte de una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. Quienes documentaron la información, establecieron cómo el constructor fue ganando terreno en las contrataciones de obra en el gobierno del Estado de México, y luego en el gobierno federal, al mismo tiempo en el que ocurrió la contratación de la obra para la construcción de la casa de la esposa del Presidente, la cual además fue pactada en condiciones por demás preferenciales respecto a cómo se establecían los precios y las cláusulas generales en el mercado de la construcción.

Esto, independientemente de cómo fue explicado por el Presidente y su familia, dejó sembrada la duda respecto a la posibilidad de que Peña Nieto estuviera incurriendo en actos sistemáticos de corrupción. Ello se alimentó con la cancelación de la obra que le había entregado precisamente a Juan Armando Hinojosa, y luego se fue constatando reiteradamente con las evidencias de la corrupción sistemática en la mitad de los gobiernos estatales del país, que fueron solapados por Peña Nieto hasta que le parecieron insostenibles políticamente.

Así, por ejemplo, casos como los de los Duarte en Veracruz y Chihuahua, y los de muchos otros mandatarios estatales a los que se les han descubierto galopantes signos de corrupción, pusieron en claro el tamaño del problema que enfrentaba el gobierno de Peña Nieto, no nada más por sus propios problemas sino por haber tolerado e incluso encubierto todo lo que estaba pasando frente a sus propios ojos sin que aparentemente ellos lo registraran.

Luego se supo que el gobierno federal sabía perfectamente lo que pasaba, pero que en gran medida todo había sido tolerado por la necesidad de su partido de seguir ganando elecciones. En el fondo, el problema de los procesos electorales ha sido más profundo y corrosivo de lo que imaginábamos, pero lo realmente grave es que pareciera que continúa existiendo ese pacto tácito entre todas las fuerzas políticas para no dejar de tolerar la corrupción mientras haya el espacio para que eso se involucre con los procesos electorales.

CORRUPCIÓN SISTÉMICA

Habría que preguntarse por qué ha sido prácticamente imposible eliminar la corrupción del sistema político y, en general, de las relaciones que establece el Estado con los particulares en todas sus vertientes. Acaso, en esa lógica hay pocas manifestaciones tan claras y contundentes como la que acaba de hacer el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien establece en qué dimensión se encuentra este problema, y hasta dónde ha corroído la estabilidad del propio gobierno.

En esa lógica, el auditor Juan Manuel Portal ha señalado que el origen de la corrupción se encuentra en gran medida en los propios procesos electorales. “Las desviaciones mayores que hemos observado (…) no encontramos mayor justificación el que, a parte de que se lo robaron, son tales cúmulos de dinero lo que se puede ir a campañas electorales”, ha señalado enfáticamente.

En ese sentido, el auditor superior insistió en que el gasto electoral sea menor y que exista un mayor control de los spots en radio y televisión. “Debemos cuidar que el gasto electoral sea menor, es impresionante lo que se gasta, y es legal”, comentó, “ojalá se pudiera reducir el tiempo de las campañas, ojalá hubiera controles como que el tiempo de radio y televisión lo pague el INE, nada de cada quien contrata”.

Una vez que los recursos federales son entregados a los partidos, no existen mecanismos de fiscalización que permitan a la auditoría revisar en qué se gastó ese dinero, señaló el funcionario. “No hay forma de demostrar los gastos en campaña, es como el soborno, ¿cómo comprueba un auditor un soborno?”, mencionó, “salido el dinero del banco y en efectivo es imposible seguir la huella, no hay forma”.

A todo esto habría que sumar muchas de las cosas que forman parte de esos procesos electorales, como la compra y venta indiscriminada de votos; los ríos de dinero en efectivo que circula en el país durante los procesos electorales, que incluso llegan a niveles preocupantes para el fisco por el nulo control que puede tener de la circulación de dinero en efectivo justamente cuando ocurren esos periodos, y la determinación de los partidos políticos por no entrar al establecimiento real de controles —ontológicos y deontológicos— relacionados con su propio comportamiento durante los periodos de campañas.

Por eso habría que entender que el primer paso para el cambio de la situación actual del país, y del enojo social que hoy pesa sobre la sociedad, pasa por el reconocimiento del tamaño de la corrupción, y la necesidad de dar pasos firmes sobre ello. No es suficiente seguir pensando en la lógica de los buenos y los malos, en los que los primeros se asumen como puros y acusan a los otros de conversos, como si con eso fuera suficiente para terminar con los problemas que enfrenta el país. No es sólo una entidad, ni un ayuntamiento, ni el gobierno federal: debería ser todo el aparato gubernamental, quien debería reconocer la dimensión de esto, y tomar las medidas antes de que el enojo social desborde la tensa situación en la que nos encontramos.

¿Y LAS MEDIDAS?

Por eso hay que ver esta situación como un problema que no se aísla ni se segmenta entre las esferas del gobierno. No será suficiente el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como tampoco ha sido suficiente el endurecimiento de las sucesivas leyes electorales que han regido al país. De todos modos, como la parte subjetiva del problema no ha cambiado —gobernantes, partidos, candidatos, políticos, y sus financiadores que están dispuestos a todo con tal de no cambiar—, entonces seguimos teniendo soluciones demagógicas que simulan voluntad pero que en el fondo contribuyen a perpetuar la ignominia.

A pesar del cadalso de Javier Duarte, México sin voluntad vs la corrupción

 

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+ Las entidades federativas sin controles efectivos; el SNA no muestra eficacia

Parecería hasta una burla afirmarlo, pero todavía unos días antes de dejar la gubernatura de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa era, institucionalmente, uno de los 32 hombres más poderosos de la geografía nacional. Ello es una muestra de que a pesar de la aparente voluntad del gobierno federal por perseguir y castigar a los gobernadores y funcionarios corruptos, en realidad la gran sacudida institucional que necesitaría el Estado mexicano sigue sin llegar, y que sigue siendo más fuerte —para bien o para mal— la presión política del gobierno federal, que el cada vez más deslucido y maltrecho Sistema Nacional Anticorrupción, que aún sin haberse puesto en marcha ya parece un producto constitucional que nació muerto.

En efecto, Duarte era Gobernador Constitucional de una entidad; ostentaba un poder público emanado y convalidado por el voto popular, y tenía bajo su control una de las entidades federativas económicamente más poderosas en el país. Gobernaba a plenitud a pesar de las reiteradas denuncias por corrupción y desvíos; la Auditoría Superior de la Federación se quejaba amargamente de no poder hacer más en contra del mandatario veracruzano. Y hasta hace pocas semanas, el gobierno federal no había dado ninguna señal de querer intervenir en la preocupante situación de aquella entidad federativa. ¿El caso Duarte será un incentivo contra la corrupción?

Pues, de hecho, la caída de Duarte se explica en unos cuántos días, y en eso tuvo mucho que ver la presión política que ejerció en su contra el gobierno federal, más que los efectivos controles constitucionales y legales de combate a la corrupción, o lo que pudieran hacer las instituciones encargadas del ejercicio del gasto público o las encargadas de la fiscalización de los recursos.

Básicamente, Duarte de Ochoa fue obligado a pedir licencia cuando el Presidente de la República entendió que, o protegía al Gobernador a cambio de la propia estabilidad política de su gobierno, o lo entregaba a la justicia como forma de lavarse la cara frente a los mexicanos, y demostrar algo de voluntad por el combate a la corrupción. Ello convalidó, silenciosamente, el hecho de que la presión política del Presidente —que, en sentido contrario, puede fungir como un manto protector contra las acciones del mismo Estado— sigue teniendo más influencia y poder en México que las instituciones del Estado.

Duarte a esas alturas era ya indefendible, y por esa razón el gobierno federal lo único que hizo, con su licencia y con los expedientes penales que se abrieron, fue confirmar que todas las denuncias de corrupción existentes en su contra, tenían una base judicial. De hecho, fue la sociedad mexicana —sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones y hasta las redes sociales— quienes mucho tiempo antes habían demostrado el talante autoritario y corrupto de Duarte de Ochoa, y sólo hacía falta que la autoridad estableciera un criterio frente a esas evidencias.

Desde antes ya se había hablado de las amenazas de Duarte contra la prensa, del brutal dispendio de recursos económicos del gobierno veracruzano, de la existencia de redes de corrupción y blanqueo de recursos; de la ostentosa vida del Gobernador y de su familia, y de la forma abierta en la que utilizaba al gobierno en un sentido claramente patrimonialista, al margen de cualquier temor relacionado con la justicia, con su futuro e incluso con su prestigio luego que dejara de ser Gobernador.

¿Qué hizo el gobierno federal? Atender al llamado a la justicia, pero de acuerdo a su calendario. Por eso, no es mérito del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estar procesando y haber capturado a Duarte, en una aparente ‘cacería’ de la PGR: lo hizo quizá un año y medio después de que se constatara la calaña del ahora ex Mandatario, y de que existieran evidencias que permitieran la integración de denuncias penales por la posible comisión de diversos delitos.

Además de todo eso, lo persiguió laxamente durante sus primeras semanas como ex Mandatario, y sólo apresuró su búsqueda y localización cuando se le atravesó el calendario electoral del Estado de México, en el que uno de los temas principales de la agenda de los partidos de oposición era justamente la impunidad prohijada a Duarte en su fuga.

¿Y LOS DEMÁS?

Hoy Javier Duarte está en prisión y es el ejemplo negro nacional del mandatario corrupto al que lo alcanza la justicia. Sin embargo, para que eso pasara tuvo que haber una descomunal presión de la sociedad, y la demostración brutal de que la fuga y la impunidad de Duarte eran directamente proporcionales a la caída en los índices de popularidad del presidente Peña Nieto y, lo más importante, de las preferencias electorales del PRI rumbo a la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México, y las elecciones presidenciales de 2018, en las que se ve muy complicado que el PRI pueda refrendar el triunfo en la Presidencia de la República.

Sin embargo, al margen de todo eso la cuestión que sigue pendiente, es saber si el gobierno federal hará lo mismo con otros ex Mandatarios que también son señalados de corrupción. El asunto se vuelve relevante no sólo cuando se aprecia el contraste entre la vida de lujos, excesos e impunidad que envuelve a los Gobernadores, y la vida de resto de las personas; sino que hoy, además, esos lujos son directamente proporcionales al nivel de deuda y de los problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, de cara a la reducción presupuestal que se viene para el año próximo.

Esa crisis generalizada del país —que no fue causada únicamente por los gobernadores, pero que sí forman parte del cúmulo de problemas que enfrentan los estados del país y el gobierno federal— hará sufrir a muchas personas; y todo se ahondará cuando comiencen —si no es que ya iniciaron— a verse los estragos que están causando la irresponsabilidad, la corrupción y los excesos cometidos por muchos gobernadores, en el ejercicio de sus funciones. El mexicano común está particularmente agraviado no sólo por la crítica situación en que subsiste, sino también porque durante mucho tiempo se ha prometido combate a la corrupción pero se ha procurado exactamente lo contrario.

Por eso el gobierno federal está urgido de procesar a Duarte, y quizá, si tiene voluntad, también lo esté de ir en contra de otros mandatarios que están directamente detrás de Duarte en la lista de procesados: Roberto Borge, César Duarte y Guillermo Padrés, entre otros que podrían no estar tan visibles —como es el caso del ex Gobernador de Oaxaca— pero que también enfrentan señalamientos por posibles actos indebidos. Y lo que sería realmente relevante es que no sólo tuviera voluntad política sino que estableciera los controles que ahora no existen, y que permitieron que Javier Duarte llegara al extremo de la ignominia que lo tiene también al borde de la prisión.

PARADOJAS

Por todo eso, resulta también muy preocupante el doble rasero del combate a la corrupción: por un lado se persigue implacablemente a algunos corruptos sólo para quedar bien con la ciudadanía, pero por el otro extremo, y al mismo tiempo, se entorpece por todos los medios posibles, y en una auténtica conspiración de la partidocracia contra el propio Estado, el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿O cómo se le puede llamar a la demora de más de un año en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, en el Senado?

 

Manoseando a la ASE, inhiben el desarrollo del sistema anticorrupción

 

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+ Ciudadanía enojada; Legislatura podría enfrentar controversia federal

La semana pasada, la diputada del PAN Eufrosina Cruz Mendoza presentó una iniciativa que no tiene otro objetivo que la remoción de los integrantes de la Auditoría Superior del Estado. A pesar de que esta intención pudiera ser relativamente comprensible a la luz del nuevo régimen gobernante en la entidad, lo que en realidad despierta dudas es cómo en la LXIII Legislatura parecen estar desoyendo el llamado ciudadano sobre el combate a la corrupción, prefiriendo el cumplimiento de su agenda particular de temas. Esto tiene mucho de fondo y no hace falta más que entender el contexto de la iniciativa panista para comprender la dimensión del problema.

En efecto, en días pasados la Cruz Mendoza, presentó una iniciativa en la que propone una reforma constitucional para cambiar el nombre de la Auditoría Superior del Estado a “Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”. Según parece, en la iniciativa la única modificación es el cambio de nombre del órgano de fiscalización. Sin embargo, en sus artículos transitorios se prevé la designación de nuevos Titulares para esa Entidad.

Así, queda claro que el objetivo de la iniciativa no era propiamente el cambiar el nombre de la Auditoría, sino concretamente remover a los responsables de llevar a cabo de revisión y fiscalización superior, coincidiendo con el cambio de gobierno en el Estado. Y pudiera parecer que, en ese contexto, el abanico de posibilidades políticas se abre desde la idea de remover específicamente a Carlos Altamirano Toledo, hasta la también nada despreciable posibilidad de generar un nuevo órgano de fiscalización sexenal, con integrantes cercanos al nuevo régimen.

En todo esto, el recurso fácil podría apuntar a señalar que en estos años la ASE ha sido un órgano de fiscalización testimonial. Sin embargo, en esto habría que diferenciar entre los conflictos de interés —personales y políticos— que enfrenta el auditor Altamirano Toledo, con la tentación —porque esta no es una posibilidad— de hacer pagar institucionalmente a la Auditoría Superior por el cambio del régimen gobernante en la entidad. ¿De qué hablamos?

De que con todo y lo que se diga, como institución, la Auditoría Superior es un órgano bien calificado del que, además, se le reconoce la complejidad de la tarea que enfrenta en Oaxaca, al ser el órgano de fiscalización con más entes fiscalizables en el país (653, entre municipios, poderes del Estado y órganos autónomos) y ser, a su vez, la auditoría superior estatal que recibe menos recursos en todo el país, para el cumplimiento de sus funciones.

Así, por ejemplo, para la OCDE el Estado de Oaxaca cuenta con un órgano confiable para llevar a cabo la tarea de revisar y fiscalizar la gestión financiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos constitucionales y Municipios, pues para otorgar dicha calificación se analizó el marco jurídico, la capacidad técnica, que se traduce que cuenten con el personal adecuado —al margen del titular de la ASE—, con experiencia y capacitación necesarios para analizar la información que le presenten lo sujetos auditados, su grado de autonomía frente a los poderes estatales, entre otros elementos.

CONTRASENTIDO

En Oaxaca hay un periodo de espera, que parece no tener para cuándo, respecto al proceso de armonización de la legislación estatal con la federal, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. En las reformas constitucionales y legales que serán necesarias para su implementación, el órgano de fiscalización superior jugará un papel preponderante al asumir diversas funciones y capacidades que serán propias de ese nuevo entramado institucional.

En ese sentido, queda claro que además de los cuestionamientos que tiene la iniciativa de reforma impulsada por la diputada Mendoza Cruz, por su evidente intención política de solo remover a los integrantes actuales de la ASE, el Congreso del Estado estaría también evadiendo la responsabilidad de entrar de lleno a los trabajos necesarios para el establecimiento constitucional y legal del Sistema Estatal Anticorrupción, y sólo estaría atendiendo una agenda particular de algunos partidos interesados inicialmente con remover a Carlos Altamirano Toledo y, quizá, con tratar de ganar espacios a través de un nuevo reparto de posiciones, pero sin abordar lo relativo al Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo que resulta aún más grave es que este parece, además, un contrasentido frente a la propia ciudadanía, y al Presidente de la República, que hace apenas pocos meses se inconformaron por el intento de varios gobernadores —Quintana Roo y Veracruz— de heredar a funcionarios afines en esas áreas para tratar de generar un espacio de no-fiscalización y, por ende, de impunidad; y la reacción del Presidente que, obligado por las circunstancias, se vio en la necesidad de emprender una controversia constitucional para evitar que dichos gobernadores se abstuvieran de intervenir en los órganos autónomos de sus entidades hasta que no se llevara a cabo la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

CASTIGAR A LAS INSTITUCIONES

Carlos Altamirano debe dejar de ser titular de la ASE, y debieran buscar la vía política para conseguirlo. Eso está claro prácticamente desde su designación. Sin embargo, pensar en que para lograr ese objetivo pueden manosear a las instituciones, resulta un cuestionamiento y una irresponsabilidad similar, que en realidad resulta en un castigo de fondo a las instituciones del Estado en Oaxaca.

Sistema Nacional Anticorrupción duerme, y a Tenorio lo exculpan

Germán Tenorio

+ Ocupan mismo mecanismo con que URO exculpó a sus funcionarios

Mientras la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción chapalea en el fango legislativo federal, en Oaxaca pareciera que el grupo gobernante tiene prisa por comenzar a vacunar con impunidad a sus integrantes acusados de corrupción. A eso apunta la prisa por exonerar, a priori, a Germán Tenorio Vasconcelos, de cualquier quebranto cometido durante su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca. En realidad, están utilizando una vía muy parecida a la que el ulisimo ocupó para dejar tranquilos a varios de sus funcionarios.

En efecto, ayer TIEMPO daba a conocer que tanto la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como la propia Secretaría de Salud, emitieron sendos documentos a través de los cuales liberan de toda responsabilidad o faltante en la dependencia durante el tiempo en que fungió como Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

En el primero de los documentos —de los cuales ayer daba cuenta este diario—, la Contraloría reconoce que sobre Tenorio Vasconcelos no existe ninguna inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de carácter estatal. Ello se refuerza con un segundo documento, emitido por Hugo Alberto Espinosa Morales, subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el cual hace constar que Tenorio Vasconcelos no tiene adeudo o faltante alguno relacionado con recursos financieros y patrimoniales durante el tiempo que ostentó los cargos antes descritos en los Servicios de Salud.

¿Qué indican estos dos documentos? La certeza jurídica —que no legitimidad— de que para el gobierno de Oaxaca, Tenorio no tendría responsabilidad alguna por la cual responder ante alguna instancia administrativa o judicial, de entrar su gestión a una verdadera revisión. Esto no significa que, en los meses o años siguientes, no se le pudiera iniciar algún procedimiento sancionador. Pero esos dos documentos sí son elementos importantes a su favor para establecer que, independientemente de cualquier revisión, a él ya se le habría liberado de responsabilidad por su desempeño como servidor público.

¿Qué intentan hacer? Algo muy parecido a lo que, en su momento, hizo el gobierno de Ulises Ruiz con la gran mayoría de los funcionarios de su administración, que manejaron recursos económicos sensibles y que, de una u otra forma, habrían podido tener un destino distinto al que originalmente le habría sido asignado.

En su momento, el gobierno de Ruiz, con la colaboración incluso de las instancias de fiscalización, habrían emitido documentos más o menos similares de reconocimiento de no adeudos o faltantes a favor de distintos funcionarios, con los que ya no hubo posibilidad de continuar los procedimientos administrativos en su contra por el supuesto “saqueo” que luego acusó Perla Woolrich como titular de la Contraloría estatal.

CON LA LEY A FAVOR

Respecto al enriquecimiento ilícito, el Código Penal establece sanciones importantes que, sin embargo, ni a los “saqueadores” de Ulises Ruiz se les pudo aplicar. ¿Qué dice? El artículo 217 bis A señala que comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, aumente su patrimonio, sin que pueda justificar la procedencia lícita del mismo, respecto de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Incluso, como aparente señal de dureza, el precepto señala: “respecto de los bienes que se acredite que fueron obtenidos de manera ilícita, serán decomisados a favor del Estado y pasarán a formar parte del fondo para la procuración de justicia y administración de justicia por partes iguales”.

¿Cómo se le podría aplicar una sanción —necesaria, aunque surrealista— como ésta, a un funcionario como Germán Tenorio, sobre quien el Estado oaxaqueño ya no tiene ninguna presunción ni investigación en curso respecto a presuntas conductas indebidas en su desempeño como servidor público, y al que incluso ya le extendió documentos que materialmente le servirán como una especie de “finiquito” y de liberación de toda responsabilidad en su desempeño?

Todo esto cambiará cuando entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, que pretende establecer parámetros distintos, se supone que más estrictos, para revisar el desempeño de los servidores públicos, así como lo relacionado con la situación de su patrimonio.

El pequeño gran problema es que, como si todo esto fuera una gran burla para los ciudadanos, los partidos y los diputados —alentados por quienes se resisten a que este sistema tome forma y colme la demanda de los ciudadanos de no más impunidad frente a la corrupción—, la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción está verdaderamente atorada en las cámaras federales, y como ésta no existe, hasta ahora las entidades federativas tampoco tienen puntos de referencia para comenzar a delinear cómo serían sus propios sistemas estatales en la materia.

¿Al final qué queda? Impunidad por todos lados, y ex funcionarios felices porque no tendrán que rendir cuentas por su desempeño como servidores públicos.

¡REPRESIÓN!

Es lo que quisieran gritar los menguados profesores de la Sección 22 que aún protestan en Oaxaca. No lo tendrán. La —aparente— tolerancia excesiva que ayer les tuvo la Policía Federal es una muestra clara de ello. Buscan provocar y hacerse presentes de cara a los comicios del 5 de junio. Eso explica todo.

El sistema nacional anticorrupción: el trauma de la “casa blanca”

Corrupción

+ Que las normas avancen, pero que haya compromiso con honestidad

Es tan amplio el cambio que promueve la reforma que establece el sistema nacional anticorrupción, que esto no puede explicarse en otra causa que el impacto tan profundo que tuvo el escándalo de la corrupción por la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Si debemos lamentarnos por la pobre actuación de quienes investigaron el conflicto de interés en ese asunto, también debemos reconocer que ese fue el parte aguas de un cambio jurídico y político que puede ser trascendental para las décadas siguientes. Sólo falta que haya voluntad y decisión para no abandonar esa ruta.

En efecto, en noviembre de 2014 el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui dio a conocer el resultado de una investigación que los llevó a corroborar que la esposa del presidente Peña Nieto había adquirido una casa, a precios y condiciones preferenciales, con uno de los constructores más beneficiados por Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México, y luego en su gestión como Titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto generó un escándalo de proporciones nunca vistas en el país, que por primera vez obligó a un Presidente en funciones a someterse a una investigación sobre su actuación y posible conflicto de interés.

Ese último concepto, el de conflicto de interés, era en México conocido, pero nunca había sido factor de una crisis política. Desde siempre se ha sabido —porque hasta parece parte de la cultura política mexicana— que desde el poder se toman decisiones para beneficiar a amigos, a compromisos políticos, a familiares y hasta a sí mismo, en una práctica que hemos conocido como “dedazo”, “compadrazgo”, “amiguismo” y, a veces, como “tráfico de influencias”, “prestanombres”, “empresas fantasma” y “negocios fachada”, entre otros.

Todos tienen la peculiaridad de ser nombres para un solo tipo de actos: el conflicto de interés que se genera cuando una persona funge al mismo tiempo como autoridad y como beneficiaria —o intermediaria— en un negocio con particulares. Esto ha sido ampliamente conocido, aunque la cultura política ha permitido y hasta fomentado ese tipo de prácticas, porque en los tiempos del régimen de partido hegemónico, la corrupción era una de las formas de inclusión, de tolerancia y hasta de permisividad con los propios y con los contrarios, en aras de mantener eso que era conocido como la “estabilidad política”.

De hecho, nunca se habría imaginado que un Presidente mexicano en funciones pudiera ser sometido a un escándalo como esos, primero porque hasta hace pocos años nadie se hubiera atrevido a exhibirlo; segundo porque el Presidente era visto como un verdadero monarca con un reinado de sólo seis años; y tercero porque todos habrían sabido que, en otros tiempos, la posibilidad de hacer tambalear habría sido mínima, y la consecuencia de enfrentarlo habría sido mayúscula.

Y aunque este no fue un caso exitoso del todo —la periodista Carmen Aristegui fue sacada del aire con su exitoso noticiero radiofónico en la cadena MVS, y el Presidente fue exonerado por el subordinado que lo investigó— sí generó un cambio profundo que ahora debe ser empujado lo más posible para que al menos ese sea el gran dividendo de este innegable escándalo de corrupción.

¿QUÉ ES EL SNA?

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en principio porque es, en mucho, producto de la acción social manifiesta de diversas maneras, directas e indirectas, concatenadas en una expresión de inconformidad y hartazgo ante las cotidianas revelaciones de excesos y actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos o privados. En esto, es notable la revelación de la llamada “casa blanca” y de los otros escándalos de funcionarios federales que surgieron tras la publicación del conflicto de interés en que había incurrido el propio Presidente de la República.

En segundo término, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio propio. El incluir en el Título Cuarto constitucional a los particulares vinculados con “Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción” da cuenta de ello.

Cierto es que la mera inclusión de estas reformas no es garantía absoluta de que las prácticas apartadas de la ética se erradiquen de nuestra realidad, toca a los legisladores la parte más compleja para la generación de un real sistema, el tejido fino que permita la articulación de fines, alcances y estructuras con el soporte legal y funcional que le dote de eficiencia y eficacia. El Congreso de la Unión sólo cuenta con el plazo de un año para generar la legislación secundaria que obliga la reforma, pero el verdadero reto será la construcción del andamiaje operativo que armonice las responsabilidades y facultades de las diferentes entidades que integrarán el sistema.

Tres son los frentes principales que deberán observarse: la prevención, la contención y la sanción y ello demandará la integración de un subsistema muy fino que será el corazón de todo el aparato y sin el cual difícilmente será eficaz en su funcionamiento y resultados. El sistema anticorrupción demanda, además de un marco normativo sólido, claro y sin ambigüedad, los mecanismos indispensables para la obtención de los elementos de juicio necesarios, tanto para la detección oportuna, como para la acción consecuente.

En el fondo, parece que el Presidente, orillado por las circunstancias y presionado por la sociedad mexicana de una forma nunca antes vista, decidió lanzar el SNA de una forma tal que sea un verdadero parteaguas. Aún continúa en el Poder Legislativo la discusión sobre cómo se establecerá la legislación secundaria, que será lo que establezca todas las formas y candados que se deben establecer para combatir la corrupción.

GENERAR CULTURA

Lo que hace falta también establecer, y ese no es un problema de normas sino de cultura, es lo relacionado a dejar de ver la corrupción como parte de nuestro entorno y convertirla —como debió haber sido siempre— en un asunto repudiado, rechazado y perseguido por la propia sociedad mexicana, que ya no debería tolerar más el intercambio de democracia por estabilidad, o de corrupción por estado de cosas. Sin ese ingrediente, podríamos tener el mejor sistema anticorrupción del mundo, y no avanzar. Algo así como lo que ocurre en materia de procesos electorales.