Intereses al interior de la Segego evitan el retiro de indígenas triquis del corredor de Palacio de Gobierno

Carina García /Libertad-Oaxaca.info

Desde hace 9 años, las medidas cautelares a favor de un grupo de indígenas triquis fenecieron, por lo que la Secretaría General de Gobierno (Segego), se encuentra en la obligación de aplicar el «Estado de Derecho», para retirar a estos grupos del corredor del Palacio de Gobierno, ubicado sobre las calles de Valerio Trujano y Guerrero.

Sin embargo, la dependencia no ha ejecutado las acciones correspondientes debido a una serie de intereses que han fraguado  funcionarios de la Segego desde el interior de la misma.

El pasado 29 de agosto del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidió no renovar los permisos para que los indígenas triquis expendieran sus productos artesanales debajo del corredor del Palacio de Gobierno.

Lo anterior como parte de sus medidas cautelares que incluyen entre otras cosas el pago de comidas, rentas de casas habitación además de otorgarles un «apoyo» económico, despensas, todo ello a cuenta del erario público.

El documento de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, del 29 de agosto de 2013, les informó que decidieron no ortorgar su solicutud de ampliación del objeto de dichas medidas.

Lo anterior en el sentido de exhortar al estado Méxicano para que se ortogue permisos a los beneficiarios para vender sus productos artesanales en el corredor del Palacio de Gobierno de Oaxaca a beneficio de los grupos liderados por Lorena Merino, Reyna Martínez, Jesús Martínez Flores y Mariana Flores López.

A través de denuncias se dio a conocer que existen  funcionarios, desde directores hasta subsecretarios, de la Segego, involucrados en la protección a los triquis a los cuales se les paga derecho de piso, pero además se han generado negocios ilícitos.

Incluso se tiene detectado que ya no son los triquis originales de San Juan Copala, las que expenden sus productos, sino que esos lugares bajo los portales lo rentan a personas que no pertenecen a la región sino de municipios como el de Oaxaca de Juárez y Xoxocotlán.

Por lo que, desde el gobierno de Gabino Cué los indígenas triquis debieron abandonar el Palacio de Gobierno, sin embargo, al igual que en este sexenio no se aplicó el «Estado de Derecho» ante una serie de intereses económicos.

La guerrilla y los triquis: juntos, pero no revueltos

+ Desprecio e incomprensión de caso Copala, clave

Como en pocas ocasiones suele ocurrir, el Comité de Prensa y Propaganda del EPR, respondió a los señalamientos hechos hace algunas semanas por integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. En su misiva, el grupo armado deja en claro que sus pronunciamientos no tienen por objeto tomar partido del conflicto en la zona triqui; pero también hace señalamientos que resultan ser fundamentales para comprender de mejor modo, un conflicto en el que todos los victimarios indígenas tienen también la calidad de víctimas, y en el que el gobierno (en sus tres ámbitos) ha hecho nada para detener esa interminable espiral de violencia.

Vayamos, en primer término, al contexto. El pasado 23 de noviembre, militantes del MULTI que se mantienen apostados en las afueras del Palacio de Gobierno, en la capital oaxaqueña, señalaron lo siguiente: “Es necesario decir que fechado en noviembre 16, el EPR en un comunicado difundido a nivel nacional nos acusa de mentir respecto a las denuncias que hemos tenido que realizar por las agresiones que ha sufrido nuestro pueblo y sus habitantes…

“¿En qué les molesta (al EPR) nuestro proyecto?, ¿por qué la indignación hasta ahora? Nosotros tenemos una larga lista de compañeros muertos y heridos; entre ellos nuestro máximo dirigente, Timoteo Alejandro. Todos ellos, gente humilde y sencilla; gente del pueblo al que ustedes dicen defender: todos estos crímenes no merecieron ni siquiera unas palabras de repudio de su parte”, recriminaban, al tiempo de desechar las acusaciones que, según ellos, señalaban al MULTI como uno de los responsables del asesinato del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.

De acuerdo con notas periodísticas de ese momento, la organización triqui también le recriminó al EPR que el asesinato de su líder —Timoteo Alejandro— no haya ocasionado tanta indignación, pues al igual que Heriberto Pazos, “con aciertos y errores trabajó siempre por el pueblo triqui. Sin duda, con sus calumnias tratan de intimidar a quienes se han solidarizado con nuestra causa hasta el día de hoy para que se alejen de nosotros. Quizá lo logren, quienes nos acompañan están en libertad de hacerlo”.

A esto, en un comunicado dado a conocer la mañana de ayer, el EPR dijo que “para nosotros y para nuestro pueblo es dolorosa la muerte de un ser humano por motivos políticos y sociales realizada a manos del Estado y nos es aun más doloroso cuando se da entre los mismos compañeros de clase ya sea por ignorancia y lo más grave aun cuando se da por una incomprensión de la lucha y la falta de capacidad para dar las alternativas recurriendo a la división, calumnia y la venganza…”

“No mencionamos a Beto Pazos porque exista una razón ‘especial’ o estemos ‘contra ustedes’ sino porque fue un luchador social más, asesinado. Lo que nos ha llamado la atención es precisamente la facilidad con que el Estado puede involucrar a organizaciones o a miembros de ellas en una lucha fratricida y como al amparo de ‘usos y costumbres’ es el deseo de venganza y no de justicia el que orienta los pasos de una conducta.”

Además, el EPR dijo que el asesinato de Heriberto Pazos, como el de los luchadores sociales y militantes tanto del MULT como del MULTI, tienen como común denominador la responsabilidad del Estado. Al tener esa causa en común, el grupo armado los llamó a no dejarse llevar por supuestas o reales contradicciones. “Busquemos el camino de la unidad, esa debe ser nuestra tarea unida a la entrega con la que los luchadores sociales se han caracterizado toda su vida”, dicen en el comunicado.

DIVISIÓN Y VIOLENCIA

Es claro que el EPR comprende perfectamente el contexto en el que ocurre el conflicto de Copala, así como las vías de solución que deberían aplicarse para lograr una paz efectiva. Entiende también en qué radican las acciones gubernamentales. E incluso pone en evidencia la falta de comprensión y conocimiento oficial de toda la problemática que envuelve a la región. ¿De qué hablamos?

En primer término, hablamos de que esa organización armada tiene perfectamente entendido que la zona triqui es un territorio ideal para la incubación subversiva, pero que, sin embargo, la distancia entre el eperrismo y cualquier posible expresión armada en la región, está perfectamente establecida.

En ese sentido, es claro que todas las condiciones sociales de atraso, pobreza y marginación, combinadas con la inestabilidad política, e incluso con las disputas por cuestiones étnicas o territoriales, dan como potencial resultado el surgimiento de violencia relacionada con cuestiones de insurgencia armada. Y por eso, en un primer momento, parece claro que la zona triqui no le es ajena al EPR.

No obstante, otros puntos establecen cuestiones más de fondo. El EPR, por ejemplo, llama al MULTI a comprender que el primero y más profundo de los problemas a los que se enfrentan, y que ha aprovechado el gobierno para profundizar la violencia y las disputas en la zona, es precisamente la falta de unidad y las marcadas aversiones que existen entre ellos.

Es claro que, más allá del eperrismo o de cualquier otro factor, e incluso de la voluntad de solución que pudiera llegar a manifestar el gobierno de Oaxaca, o el federal, mientras no haya identidad en los problemas y adversarios comunes que enfrentan los triquis, y continúe la violencia ejercida por ellos contra sí mismos, el conflicto que desde hace décadas ahoga a toda la región no tendrá solución alguna.

Finalmente, el mensaje de fondo del EPR hacia el MULTI, parece ser también extensivo hacia el MULT y hacia todas las organizaciones que en algún modo han sido objeto de actos de represión, hostigamientos o ataques directos: el verdadero adversario de todos, es aquel que desde las posiciones del Estado los reprime, o utiliza la fuerza para tratar de mitigar problemas que sólo se resolverán cuando haya una verdadera atención y rescate social de las regiones marginadas.

ASUNTO INCOMPRENDIDO

Todo eso es lo que no comprenden quienes, ingenua o engañosamente, pretenden hacer creer a la ciudadanía que en tres o seis años podrán ponerle fin al conflicto de la zona triqui y de Copala. La disputa entre los habitantes de esa región tiene implicaciones mucho más profundas que las que hasta ahora se pueden ver. Habrá que ver si el Gobierno del Estado atiende las cuestiones de fondo, o simplemente sigue administrando el conflicto.

 

Copala: conflicto que sirve para hacer circo a los partidos

+ “Ayuda humanitaria” y “cerco”: nada para proveer a víctimas

El pasado martes, una “caravana humanitaria” cargada con más de 20 toneladas de víveres, provisiones  y medicamentos, se dirigió a la comunidad autónoma de San Juan Copala, para tratar de hacer entrega de esos productos, a unas 700 familias que se encuentran en una suerte de estado de sitio, por parte de un grupo paramilitar. El grupo que organizó la brigada, fue acompañado por representantes gubernamentales con el objeto de garantizar su integridad. Aún con la presencia policiaca, y las banderas de paz, nadie pudo ingresar a la zona de conflicto. Esto es que, además de ser un conflicto grave el de Copala, también resultó ser el escenario perfecto para la materialización de un grosero circo entre dos fuerzas políticas adversas.

Como bien se sabe, San Juan Copala se erigió en municipio autónomo desde 2007. El rompimiento con el esquema institucional habido en dicha comunidad, fue una de las tantas secuelas que dejó el conflicto magisterial y popular ocurrido el año previo, pero también se incrustó como un punto particular de algidez entre los grupos que, añejamente, se han disputado el control territorial y los recursos económicos y naturales de la zona triqui.

Así, ante el avance de los grupos de influencia contrarios al gobierno estatal y al priismo, que tomaron como bandera política la de la autonomía de Copala, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui —organización plenamente identificada con el Partido Revolucionario Institucional— implementó una suerte de “estado de sitio” en la comunidad referida. Esto incrementó gravemente el nivel de violencia en la zona. Esa circunstancia, a la luz de los hechos, se convirtió en un evidente foco de atracción no para quienes buscan ejercer la labor de ayuda humanitaria, sino también para los grupos que buscan lucro político.

El pasado 28 de abril, un primer grupo trató de romper el cerco paramilitar a través de una caravana con ayuda humanitaria. En ésta, viajaban activistas sociales, observadores de grupos civiles de derechos humanos, y representantes de algunos medios informativos. Más que el llevar consigo ayuda humanitaria, su objetivo era el de recabar información y testimonios sobre la violencia en la zona, para hacerlos públicos a través de la prensa mexicana y extranjera, y agregarlos así a la larga lista de focos rojos que hacen llamativa a Oaxaca para ciertos sectores “alternativos” de la comunidad internacional.

Lo que ese grupo encontró, fue una lluvia de balas. A pesar de los riesgos advertidos en la zona, los integrantes de la caravana se enfilaron hasta las inmediaciones de Copala, donde fueron emboscados. Ahí, cayeron muertos dos activistas, la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, y el ciudadano finlandés, Jyri Jaakkola.

Este hecho multiplicó la preocupación y la atención nacional e internacional sobre Copala. La agresión se inscribió también en el proceso electoral que ocurre en Oaxaca. Y más allá de las acusaciones múltiples sobre la falta de medidas de seguridad que hicieron posible el ataque a aquellos misioneros, y las raíces ancestralmente desatendidas de esas afrentas entre los triquis, lo que se dejó ver de inmediato fue el interés político que el hecho despertó en grupos políticos que hasta entonces seguramente ni siquiera tenían conocimiento de la problemática real que prevalece en la comunidad de San Juan Copala.

UN CIRCO

¿Por qué asegurar que lo ocurrido el pasado martes no fue más que un circo? Porque de antemano se podía prever que el resultado, y sus efectos, serían justamente los que ocurrieron. Apenas unas semanas después de ocurrido el ataque contra los misioneros humanitarios, el coordinador de los diputados federales por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que encabezaría una segunda caravana a esa región, para “romper el cerco paramilitar que desde hace meses -el gobierno estatal- mantiene alrededor de dicha comunidad”.

En efecto, lo que buscaba el diputado Encinas Rodríguez, era justamente no llegar a su destino. Lo que, por su parte, se buscaba desde el oficialismo, era lo mismo. Y todos jugaron a un mismo y perverso juego. ¿Por qué? Porque la Ubisort, que es la organización que se mantiene posesionada paramilitarmente de la zona, tiene una entera identidad con el priismo y, por ende, con el gobierno estatal.

Así, de haber querido lograrlo, los representantes gubernamentales podrían haber emprendido las tareas necesarias para desarticular el cerco y permitir el paso de dicha caravana. Del mismo modo, si la comisión humanitaria hubiese querido verdaderamente traspasar las barreras de violencia que existen en la zona y cumplir la finalidad aparente —y loable—, de llevar ayuda a quienes permanecen en estado de sitio, se habría valido de otros mecanismos. Nadie hizo nada. Porque todos querían circo.

El oficialismo quería circo, porque tanto desde las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, se valieron de todas las circunstancias para demostrar a los misioneros, que la zona en conflicto es impenetrable e insegura. Y la instancia encargada de la política interna del Estado, se desvivió “recomendando” la no incursión en la región.

Pero el grupo del diputado Encinas también fue a buscar una bandera política a costillas de una misión humanitaria. A nivel internacional, se entiende que ante conflictos en los que corre peligro la vida de personas por falta de alimentos, agua o medicamentos, se puede acudir a diversos mecanismos de intermediación —la Iglesia Católica, la Cruz Roja, etcétera— que tienen un alto grado de legitimidad en esas tareas. Los marchantes decidieron no buscar la interlocución de nadie (y quizá incluso, ante lo evidente de la causa política, ninguno de los organismos mencionados se habría prestado a tal labor) e ir solos a conseguir sus recompensas políticas.

AYUDA ARRUMBADA

Al final, el resultado fue nada. Los marchantes, en efecto, no pudieron llegar a la zona de conflicto. Y desde el gobierno estatal se hizo nada para contener la violencia y permitir su arribo. Los vaticinios políticos se cumplieron. Y la ayuda humanitaria fue entregada a la representación católica de Huajuapan de León. Así, si el objetivo era el envío de la ayuda humanitaria, bien pudieron haber hecho eso desde el principio, y evitarse el viaje y la bulla. Pero los triquis no interesan a nadie. Lo que importa es la ganancia política que se pueda seguir obteniendo, o medrando, a través de ellos.

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Zona triqui: ¿Y la justicia, por qué no les llega nunca?

+ La dejadez oficial: punto generador de la añeja violencia
El 7 de abril de 2008, murieron abatidas a balazos dos jóvenes indígenas de la zona triqui, en una emboscada similar a la ocurrida hace unos días en el camino a San Juan Copala. Las dos mujeres, fueron atacadas con armas de alto poder, y ultimadas por ráfagas de arma de fuego que impactaron el automóvil en el que viajaban. El hecho tomó relevancia, porque esas dos víctimas eran locutoras de una estación radiofónica comunitaria denominada “la voz que rompe el silencio”. Hoy, ese hecho, como todos los ocurridos en la zona, continúan en la más completa y vergonzosa impunidad.
Las dos mujeres triquis asesinadas, respondían al nombre de Teresa Bautista Flores, de 24 años de edad, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20 años; en un hecho abominable para casi cualquier persona, pero casi “normal” para los gobiernos estatal y federal, ambas fueron masacradas cuando viajaban en un vehículo de motor, en medio de la turbulenta zona de Copala.
La versión oficial de los hechos, dada a conocer por el gobierno de Oaxaca meses más tarde, apuntó a que el automóvil en el que viajaban Teresa Bautista y Felicitas Martínez, fue confundido con el de otras personas, a las que el comando armado buscaba para ejecutar; sobre el gobierno de Oaxaca, y el federal, recayó el señalamiento de diversos organismos nacionales e internacionales de observación y protección a periodistas, en el sentido de que esa versión era poco creíble, dado que las dos mujeres fungían como locutoras de una estación radiofónica comunitaria, y que esa pudo haber sido la causa de la ejecución.
Ninguno de los dos gobiernos, pudo nunca responder a ese cuestionamiento. El gobierno de Oaxaca, en aquellos momentos, minimizó el hecho, y asumió la postura de que aquellas muertes no eran más que parte de la ola violenta que azota a la región; el gobierno federal, casi al mismo tiempo, respondió turbiamente que Teresa Bautista y Felicitas Martínez eran amas de casa, y no “periodistas”, como las organizaciones civiles nacionales e internacionales trataban de ubicarlas, y que por tanto, la fiscalía especializada de atención a delitos cometidos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República, no tenía por qué intervenir en el asunto.
Lo cierto es que, entre las excusas de unos y las de los otros, nadie indagó el hecho. Varios días después de ocurrida esa ejecución doble, diversos sectores de la prensa que se edita en la capital del país, tomaron en consideración del hecho y exigieron investigaciones. Nada fue suficiente para lograr resultados. La Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró que realizaba las investigaciones correspondientes, aunque luego de ser atraída la investigación por la PGR, de todos modos los resultados de las indagatorias nunca lograron corroborar que las versiones, los móviles y los señalados, correspondían a la realidad. Hasta hoy, no existe un solo detenido por aquella emboscada.
Así, el caso de Teresa Bautista y Felicitas Martínez se vino a sumar a una larga lista de impunidad. Anterior a esos hechos, se tiene el registro de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, quienes salieron de El Rastrojo para dirigirse a San Marcos Xinicuesta, el 5 de julio de 2007 y a la fecha se ignora cómo y dónde están. Sólo en lo que va del presente año, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, ha denunciado el asesinato violento de unos 15 activistas.
El MULT igualmente reporta que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada. A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.
Así, la lista de agresiones, asesinatos, emboscadas e impunidad podría hacerse simplemente interminable. Cada una de las organizaciones cuenta sus propios muertos. Y, así, uno tendría que preguntarse: ¿En dónde ha estado, todo este tiempo, el gobierno?

AUTORIDAD AUSENTE
Si la emboscada ocurrida el martes pasado, hubiera sido un hecho completamente aislado, que ocurriese en una zona no caracterizada por la violencia, entonces podría considerarse con todo rigor que es imposible prever un hecho tan fortuito como aquel. Sin embargo, aún cuando puede ser medianamente válida esa imposibilidad de previsión en este caso, lo cierto es que la región es una zona permanente de conflicto, en la que la autoridad ha estado ausente, y ha fallado en su deber de fomentar la paz, perseguir los delitos y procurar la justicia a los particulares.
Si otras hubieran sido las circunstancias y las personas emboscadas, la agresión ocurrida hace unos días no habría sido más que una estadística. Ahí tenemos que en los últimos años, docenas de personas han sido acribilladas en las mismas circunstancias —y quizá, incluso, por los mismos grupos paramilitares—, sin que la autoridad hiciera algo efectivo no sólo para encontrar y castigar a los responsables, sino también para poner remedio de fondo a los conflictos y la violencia que ahí son comunes.
Por esa razón, este no es un asunto de sólo perseguir delincuentes, sino de enfrentar las responsabilidades de fondo con la trascendencia que hasta hoy ha estado ausente. Se haría parcialmente justicia si ahora el gobierno tiene la posibilidad de hallar y procesar a quienes asesinaron a los activistas de derechos humanos, como también lo sería si hallaran a los homicidas de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, o a los secuestradores de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.

¿JUSTICIA TOTAL?
La justicia sería parcial aún con la aprehensión de los autores materiales e intelectuales, porque una solución integral al conflicto tendría que implicar también la pacificación de la zona, el desarme de los grupos, y la realización de acciones para atender socialmente a las comunidades para preservar la paz a través de la presencia preventiva de corporaciones policiacas. Esto no sabemos cuándo, e incluso si algún día ocurra. El gobierno debe dejar de ver este como un asunto electoral, y asumir su responsabilidad por la dejadez, la ineptitud de sus funcionarios, y la larguísima impunidad que éstos han fomentado.
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Violencia en zona triqui: nadie se espante; es la impunidad

+ Problema real: la violencia, y no las disputas entre grupos

La tarde del martes, un convoy fue emboscado mientras se dirigían, en una misión humanitaria, al municipio autónomo de San Juan Copala, ubicado en la región mixteca de Oaxaca. Según los reportes dados a conocer hasta la tarde de ayer, fueron dos activistas los que perdieron la vida; uno de ellos era de origen finlandés; las tres organizaciones que se disputan el control territorial y político de la zona, se deslindaron de los hechos; algunas organizaciones internacionales de paz condenaron enérgicamente la agresión; y el Gobierno del Estado, una vez más, se limitó a lamentar los hechos y prometer resultados en sus investigaciones ministeriales.

Es indispensable, en primer término, comprender a cabalidad el contexto en el que se origina este hecho. La triqui, es una zona indígena que a lo largo de más de tres décadas, ha vivido azotada por los conflictos y las disputas territoriales entre grupos políticos y de reivindicación indígena. En los últimos años, ese nivel de violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Esto, a pesar de los aparentes intentos del gobierno estatal por lograr acuerdos de paz.

Esto, como es evidente, no ha ocurrido. Y, al contrario, la región triqui nunca dejó  de ser un territorio icónico para los movimientos sociales y políticos. Prueba de ello, es la declaración, anunciada en enero de 2007, de que San Juan Copala se erigiría como el primer municipio autónomo del territorio oaxaqueño. Esta era apenas una de las tantas consecuencias desatendidas, que tuvo el conflicto magisterial y popular ocurrido un año antes en la entidad.

Sin embargo, la violencia en esa zona apareció mucho tiempo antes, y no ha cesado. Antes y después de la declaración de autonomía de San Juan Copala, en la zona se han vivido feroces enfrentamientos entre tres organizaciones que intentan tener el control de la región, de sus habitantes, y del mundo de dinero que ellos representan. Una de esas organizaciones, es el Movimiento Unificador de Lucha Triqui; otra es la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui; y una tercera, que es una escisión de la primera: el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. Por las manos de esas tres organizaciones, recurrentemente han corrido ríos de sangre inocente, que a nadie le ha interesado saldar, y mucho menos investigar para hacer justicia.

En este marco, se puede asegurar que ninguna instancia estatal tiene cifras exactas de cuántas personas han muerto en esa interminable lucha por las aversiones étnicas y políticas habidas en la zona triqui; parece claro que los altos índices de violencia rebasaron por mucho, y desde hace bastante tiempo, cualquier posibilidad de mediación o pacificación a través de la sola invitación al diálogo. Esta última política ha tenido tanto eco, como la de los llamados a misa.

Lo más lamentable de todo, es que mientras la cifra de indígenas triquis muertos violentamente por esas disputas políticas se incrementa casi todos los días —independientemente de que los caídos tengan o no que ver con las organizaciones o los conflictos que ahí se dirimen a balazos—, todas las autoridades siguen perdidas en un mar de evasivas, justificaciones y deslindes sobre toda esa violencia, que debía ser dimensionada de manera distinta, y que debía generar una profunda preocupación a un gobierno que, sin embargo, ve esos odios casi como un asunto “normal”.

LOS CAÍDOS SON PERSONAS

Desde que ocurrió la emboscada de la misión de paz, hace dos días, todas las instancias y grupos involucrados, han buscado el modo de evadir sus responsabilidades, y han tratado de sacar ventajas políticas sobre el hecho.

Ahí está, por un lado, el Gobierno del Estado, que se ha mostrado más preocupado por deslindarse del hecho, que por emprender acciones concretas para indagar el hecho y para dar garantías de paz en la zona. Por su parte, la Sección 22 del SNTE —que fue uno de los principales impulsores políticos del municipio autónomo de San Juan Copala— resolvió, sin más, que es el gobierno estatal el responsable de la masacre. Y las tres organizaciones sociales con presencia en la zona, disimuladamente, han buscado también el modo de tomar distancia de los hechos, y condenarlos.

Estas posturas son, por decir lo menos, aberrantes. Todos los pronunciamientos tienen como preocupación de fondo, el hecho de que en la emboscada murió un activista europeo; que el hecho motivó el pronunciamiento a nivel internacional de organismos como Amnistía Internacional. Y que ahora la presión política para dar cauce a los problemas de violencia que ocurren en la región triqui, no sólo se centrarán en contra del gobierno estatal, sino que ésta también alcanzará al gobierno federal. Y que, por si fuera poco, las tres organizaciones de lucha social indígena con presencia en la zona, serán indagadas y señaladas por una violencia que, hasta ahora, unas y otras han ejercido libremente.

Hasta ahí, nadie parece preocuparse por lo verdaderamente importante: que los caídos el martes pasado son, al igual que los centenares de muertos habidos en la zona durante las añejas hostilidades, personas que colateralmente se convirtieron en víctimas de las disputas políticas que nadie ha querido ni ha podido remediar. Y que, mientras las balas deciden el presente y futuro de la región, docenas de miles de indígenas ven cancelados hasta sus derechos y garantías más básicas como las de la paz, la salud, educación y demás.

Quizá ahora que la violencia abatió a personas extrañas a la región, y que la mirada internacional se puso nuevamente en Oaxaca, comience a haber la voluntad (hasta ahora extraviada) de atender la zona. Propios y extraños deberían abandonar la obtusa idea de que esta es una guerra entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, o entre socialismo y capitalismo. Los muertos son personas, a las que también mató la dejadez y la impunidad. Y eso es lo realmente preocupante.

¿DINERO SUCIO?

Ayer, en su columna de Milenio Diario, el periodista Joaquín López-Dóriga señalaba que la investigación federal al despacho Álvarez Puga y Asociados, tiene preocupados a varios gobernadores que tenían contratados sus servicios, y no precisamente de outsourcing. Todo apunta, entonces, al gran negocio que algunos hallaron, en la forma legaloide, de convertir el dinero público en privado. Por eso, aquí y allá, hay algunos que tiemblan.

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