Una cadena de hechos aparentemente aislados, ha ocurrido de unos meses a la fecha en Oaxaca: como en un efecto dominó, decenas de organizaciones populares de ahorro y préstamo han cerrado sus puertas, dejando cada una, a cientos de socios defraudados que luego se convierten en un problema más para el Gobierno del Estado.
¿Por qué ocurre todo eso? ¿Qué, acaso, las cajas de ahorro popular dejaron de ser un buen negocio? ¿Las sucesivas quiebras de unas y otras son consecuencia de circunstancias concatenadas o de hechos aislados? ¿Con cuántos ahorradores cuenta cada una de las cajas de ahorro que fueron constituidas y que operan en territorio oaxaqueño? ¿De qué tamaño es el problema? Y, lo más importante: ¿puede esto ser objeto de algún tipo de manipulación política, partidista o incluso electoral? Tratemos de dar respuesta a algunas de estas interrogantes.
Vayamos primero al contexto. Como bien se sabe, las cajas populares de ahorro comenzaron a surgir masivamente, como una alternativa natural a la falta de oportunidades de crédito y de rendimientos competitivos para la preservación del poder económico de los capitales, que entonces ocurría en relación a la banca comercial. Muchas de estas organizaciones populares tuvieron su punto de partida en la necesidad de ahorrar, y en la posibilidad de que otorgar rendimientos mayores a quienes ahorraban.
En Oaxaca, de entonces a la fecha, se constituyeron legalmente más de trescientas organizaciones de ese tipo. Ese número, resulta ser independiente de otras organizaciones similares que tuvieron su lugar de asiento en otras entidades federativas y que luego, en calidad de sucursales, arribaron a la entidad. Así, en números redondos, existen 300 organizaciones de ese tipo aquí iniciadas, que podrían llegar a albergar a alrededor de un millón de ahorradores, que potencialmente podrían asumirse como defraudados de acuerdo con las circunstancias.
Uno de los problemas esenciales de las cajas de ahorro popular, es que no cuentan con una regulación legal específica a nivel estatal o federal, y tampoco tienen la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni de ninguna otra autoridad financiera del país. Tal pareciera que, finalmente, tanto la relación entre el ahorrador y la organización de crédito, entre ésta y los que son beneficiarios de préstamos, y entre las cajas y sus socios frente al Estado, son meros actos de buena fe y de buena voluntad que no garantizan ni manejos pulcros de los recursos ni regulación… ni nada.
Nada de esto tendría algo de extraordinario o grave para la ciudadanía, si no fuera porque de un tiempo a la fecha docenas de cajas de ahorro han venido quebrando en una dinámica que bien podría ser la de un tipo de “efecto dominó”. Esta es una combinación de factores que finalmente no ha alcanzado a ser ni bien comprendida ni bien abordada por las autoridades, pero que sí se ha convertido en una eficaz y potencial herramienta de manipulación política para quienes pretenden hacer de esta problemática, un botín de connotaciones partidistas o electorales.
ACTIVIDAD DESREGULADA
Apuntamos líneas arriba que sólo una de las alrededor de 300 cajas de ahorro que fueron constituidas en la entidad, cuenta con la regulación y vigilancia de la CNBV. Todas las demás son un ejemplo de la desregulación y la inseguridad jurídica que, en la última de las instancias, afecta a los ahorradores que de buena fe invierten ahí los montos de dinero con los que cuentan, y que en la mayoría de las ocasiones proviene de la venta de su patrimonio, del dinero que les envían sus parientes de la Unión Americana, o de lo recibido por concepto de retiro y jubilación. El “gancho” con el que comprensiblemente muchos particulares se acercan a esas instituciones, es justamente la facilidad que otorgan —mucho más flexibles que las de la banca comercial— para ser parte de la institución, para acceder en algún momento a una línea de crédito, o para recibir rendimientos mayores a los que otorgan las instituciones bancarias.
¿Por qué inseguridad y desregulación? Porque una institución financiera que no está regulada, no cuenta con las herramientas suficientes para garantizar el dinero que ahí se invierte. Es decir, que en una caja de ahorro no regulada y constituida de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades bancarias del país, no tiene la posibilidad de garantizar los servicios de ahorro y crédito que ofrece al público. Esto se convierte en un problema cuando la institución financiera comienza a tener un manejo irregular, cuando se enfrenta a una fuga masiva de recursos, o en el momento en que se da un escenario de especulación en la que los dueños de los capitales deciden trasladarlos en grandes montos a esquemas de ahorro más seguros. Mucho de eso es lo que ocurre ahora en el caso de Oaxaca.
AHORRO, SIN GARANTÍAS
En el caso particular, el casi millón de usuarios de las cajas populares no reguladas, carecen de un esquema equiparable al del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que podría garantizar sus inversiones aún cuando la institución financiera quebrara, se descapitalizara o se enfrentara a una contingencia financiera ajena a su funcionamiento. En el caso de la banca comercial, que cuenta con la regulación de la autoridad financiera y el aval del IPAB, todas sus operaciones financieras cuentan con garantías: el crédito otorgado por la institución, proviene en gran medida de las inversiones hechas por los ahorradores. En el caso de que los primeros no paguen, los segundos no pierden sus inversiones, ya que éstas cuentan avaladas y protegidas por el Estado, debido a que las operaciones —en teoría— no son consecuencia de fraudes sino de circunstancias propias de la actividad bancaria.
Esas seguridades no existen en las cajas de ahorro. Ahí todo depende de los balances y equilibrios que procure la institución sobre sus montos de ahorro y préstamo. Si uno de los dos aspectos se desequilibra, pone en riesgo al otro. El problema es que al descapitalizarse el dinero que desaparece es el de los ahorradores, que no tienen garantía alguna sobre sus inversiones. Ahí es donde, formalmente, comienzan los fraudes.
Además de todo esto, la discrecionalidad conlleva algunas preguntas que no parecen tener respuesta. Según datos confiables de los que se tiene noticia en el Congreso del Estado, de cada 20 millones de pesos que las cajas de ahorro popular captan en Oaxaca por concepto de préstamo, sólo son vueltos a poner en circulación tres por concepto de préstamos. Eso es lo que deja en duda la confiabilidad de muchas de las operaciones, y de las razones por las que quiebran esas organizaciones. La discrecionalidad en el manejo de esos recursos, es lo que impide el otorgamiento de garantías por parte del Estado al ahorro de los usuarios; pero esa discrecionalidad, es también la causa por la que las mismas cajas de ahorro se resisten a acceder a cualquier tipo de regulación por parte de las autoridades bancarias del país.
MANIPULACIÓN POLÍTICA
Nadie sabe en realidad en qué estado se encuentran las cajas de ahorro que continúan en funcionamiento. Los propietarios o responsables de muchas de ellas, saben que en cualquier momento la situación puede variar y ellos enfrentarse a la quiebra de sus organizaciones. Al cerrar cada caja, deja una estela de damnificados, que no son más que los ahorradores defraudados que ya no pueden recuperar sus inversiones. Ante esa imposibilidad, éstos últimos se acercan al gobierno del estado para que cree fondos a través de los cuales se compense —con dinero público— el quebranto que ellos sufren por haber invertido su dinero en instituciones poco confiables.
Sin embargo, todo esto también se presta para la manipulación política. Existen denuncias serias, en el sentido de que muchas de las cajas de ahorro han quebrado por la manipulación de ciertos datos y la especulación de que las han hecho objeto. Señalan, por ejemplo, que ante el quiebre de algunas cajas, algunos personajes cercanos al Partido Convergencia o al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tienen la tarea permanente de acudir a docenas de comunidades del interior del Estado, a “poner en alerta” a los pobladores para que retiren sus inversiones de las cajas de ahorro. Les dicen que éstas se encuentran en vías de quebrar, o que su dinero será utilizado para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.
En muchos de los casos, ese es motivo suficiente para que los ahorradores retiren sus inversiones en masa. Ante la descapitalización, las instituciones se quedan sin la posibilidad de garantizar las inversiones de quienes sí confían en ellas. Al final, esto se les vuelve un problema mayor que los lleva a la inestabilidad y a la quiebra.
NEGOCIO POLÍTICO
Ahí no termina la “rentabilidad” política de todo esto. Al irse a la bancarrota estas instituciones, esos mismos grupos buscan organizar a los ahorradores defraudados para que vengan a la capital oaxaqueña a protestar ante el gobierno estatal, y a que éste les garantice las inversiones que perdieron. Mientras ello ocurre, esos grupos políticos negocian canonjías y privilegios particulares ante el gobierno, al declararse como “representantes” de los defraudados. De todos modos, en el caso de no lograr nada, ganan también al venir a provocar inestabilidad y conflictos a sus adversarios oficiales, con los bloqueos y la manifestaciones que encabezan los defraudados.
Ejemplos de todo eso existen. En 2008, los defraudados por la Caja Sacriputla protagonizaron innumerables protestas y bloqueos con tal de que el gobierno estatal les pagara por los quebrantos que ellos habían sufrido. Este año, los defraudados por varias cajas populares han hecho lo mismo. Han bloqueado Ciudad Administrativa, carreteras y cruceros importantes de la capital oaxaqueña.
También existen ejemplos de la manipulación política y las mentiras que se dicen para alimentar las especulaciones relativas al uso indebido que se le da a los recursos de esas cajas populares. La semana pasada, el portal Libertad Oaxaca publicaba lo siguiente, que reproducimos textualmente:
“El vacío legal y el contubernio que existe entre las autoridades estatales y los ‘vivales’ ha generado que cientos de oaxaqueños sean víctimas de los fraudes ejecutados por los dueños de las cajas y cooperativas financieras, acusó el ex legislador Othón Cuevas Córdova.
“Aunque dicha situación no es nada nueva, el impulsor de la iniciativa de Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Leyrascap), sostuvo que ante la falta de interés por hacer justicia los ahorradores de Sacriputla y Coofia desconocen en dónde están sus ahorros y los ‘delincuentes de cuello blanco’.
“Hay tanta impunidad que no podemos dejar de sospechar que efectivamente los vivales han encontrado en el vacío legal existente la oportunidad de hacerse del dinero de la gente más pobre. Es tal el contubernio con las autoridades que los ahorros de la caja Sacriputla fueron utilizados para cubrir las campañas del Partido Revolucionario Institucional en el 2006”, acusó.
GOBIERNO REBASADO
El gobierno estatal no ha sabido manejar ese problema. Ha sido blanco fácil de los manipuladores que buscan ganancias políticas a partir de la quiebra de las cajas: en más de un caso, han pagado sumas millonarias de dinero para resarcir a los ahorradores. No ha tenido la voluntad de regular la actividad de las cajas de ahorro. Ni siquiera cuenta con un padrón confiable de éstas. Y tampoco ha podido frenar o combatir la manipulación y especulación que, con argumentos de orden partidista, político o electoral, hacen los adversarios del PRI a costillas de los ahorradores. Todo un problema.
